Latinoamérica

10 de abril del 2002

Las FARC en Zurich
El terrorismo se ve según la ventana a la que nos asomamos para contemplar el atardecer

Io Grille

Las panorámicas que del exterior nos ofrecen las ventanas varían según la dirección y el ángulo de visión que nos ofrece el punto desde el cual miramos. Además también se puede matisar la percepción según la incidencia de la luz -al estilo Monet-, el nivel de contaminación de la atmosfera y el grado de ceguera. Algo similar ocurre con la definición de Terrorismo. Obviamente la palabra terrorismo, como significante lingüistico, nos lleva a una imagen que se relaciona con el ejercicio del terror, pero el terror como método de intimidación, de coherción; el uso del sufrimiento ajeno como advertencia, y el ejercicio de la violencia y la agresión en función de intereses mezquinos y ajenos al conjunto de la sociedad. En fín sobre el significado de la palabra podríamos divagar mucho. Pero es más interesante advertir las condiciones o factores que condicionan y determinan el punto de vista desde el cual se accede a una significación del Terrorismo. Entonces aparecen hilos que conectan el discurso público, sacralizado por los medios como verdad absoluta, con intereses non sanctos de los adalides de la llamada libertad occidental.  
La escena política zuriquense se ha convulsionado frente a la invitación que el Comite 1 de Mayo ha hecho a las Farc para que participen en la celebración del Día Internacional de los Trabajadores. La prensa local ha calificado este hecho como una provocación y no ha dudado en descalificar a la organización guerrillera colombiana. Los argumentos que se ha esgrimido estan relacionados con el supuesto carácter terrorista de dicha organización y las fuentes por medio de las cuales financian su lucha. Frente a tal debate, resulta conveniente insistir en algunos aspectos y opiniones, con el propósito de ayudar al esclarecimiento de situaciones presentadas de manera unilateral y sesgada, por parte de la medios de comunicación y algunos sectores políticos de la sociedad zuriquense.  
En colombia el Terrorismo lo ejerce el Estado con el apoyo de los Estados Unidos  
La definición de terrorismo que se aplica al caso colombiano se corresponde con el propósito de imponer un orden internacional unipolar, neoliberal y hegemonizado por los intereses del capital transnacional.  
La llamada "guerra antiterrorista" aplicada por los Estados Unidos en el mundo actual como instrumento de dominación e imposición ha supuesto una legislación global en la que el terrorismo se define como el ejercicio de la violencia con el propósito de desestabilzar o destruir un sistema democrático. Así mismo esta legislación determina qué y cuándo puede considerarse como democracia y como amenaza a la democracia. En eso consiste el marco legal que actualmente rige el mundo. Quién cree poseer la fuerza necesaria para doblegar a los pueblos y sus organizaciones ejerce como juez y parte en cualquier conflicto que tenga lugar en nuestro planeta y sobre todo en los conflictos en donde esten comprometidos los intereses del capital transnacional.  
El Estado colombiano actúa como garante de las inversiones extranjeras que en el periodo enero-septiembre de 2001 alcanzó un total de USD 1.730 millones de forma directa y USD 2.633 millones en portafolio que representan respectivamente el 2.9% y 4.5 % del Producto Interno Bruto colombiano - el 26.3% de estas inversiones corresponden a capital estadounidense- (fuente: Balance de Pagos y Registro de Inversiones del Banco de la República, dic.2001.).  
Ademas La deuda externa ascendía en el 2.000 a USD36 mil millones -41,3% del Producto Interno Bruto-, de los que 7,5 millones se emplean en pagar los intereses, bastante más que los 2,6 millones destinados a la inversión.  
Al mismo tiempo más de la mitad de la población vive por debajo de la línea de pobreza mientras que el 20% de la población acapara el 55% de los ingresos económicos. El 0,9% de los propietarios poseen el 40% de las tierras explotables, mientras el 66% de los campesinos son dueños únicamente del 5% de la superficie agraria.  
En este contexto el Estado colombiano es reconocido por la legalidad internacional como democrático a pesar de que sólo Durante el último año, 20 personas fueron asesinadas cada día por razones políticas, y sólo cinco de estas murieron en medio de combates armados. En este mismo año 160 dirigentes sindicales fueron asesinados. Entre enero y septiembre se cometieron 250 masacres con un saldo de 780 personas asesinadas. Además cada día dos personas fueron desaparecidas y 1025 fueron desplazadas de manera violenta de sus tierras diariamente llegando en este momento a Más de dos millones los colombianos y colombianas desplazados internos, de las cuales más del 60% corresponden a menores de edad".  
La responsabilidad de esta realidad de terror se expresa en el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia del 13 de marzo de 2002 de la siguiente manera :
"Desafortunadamente, a lo largo del año 2001, la Oficina continuó observando un notorio deterioro de la situación de los derechos humanos en todo el territorio nacional. Las violaciones de tales derechos pueden ser calificadas de graves, masivas y sistemáticas. Los principales derechos afectados siguieron siendo el derecho a la vida, a la integridad, a la libertad, a la seguridad personal y al debido proceso. El principal factor de violación de estos derechos estuvo constituido por actos de miembros de los grupos paramilitares cuya perpetración compromete, por acción o por omisión del deber de garantía, la responsabilidad del Estado.  
(Capítluo VIII, parágrafo 356)"  
De la misma manera numerosas organizaciones de Derechos Humanos han denunciado el estrecho vínculo entre los grupos de mercenarios paramilitares y las fuerzas armadas colombianas -Ejército, Policía y Fuerza Aérea-. Quizás la más explícita ha sido la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, ONG de amplio reconocimiento internacional que en carta dirigida al señor Andrés Pastrana, presidente de Colombia, y fechada en Bogotá el 7 de marzo de 2002, afirma  
"Nuestro trabajo de acompañamientos a las víctimas del desplazamiento forzado en diferentes regiones del país nos ha permitido recepcionar cientos de casos donde se muestra y demuestra el desarrollo de una estrategia militar contrainsurgente que a través de acciones encubiertas a través de los eufemísticamente llamados grupos de "Autodefensas" -paramilitares-, desarrollan atentados contra todo tipo de organización." "El reconocimiento del paramilitarismo como estrategia de Estado a partir de hechos y de constataciones hace que la responsabilidad sobre esa irregular actuación sea únicamente atribuible a un ente oficial, razón por la cual hacemos llegar a Usted nuestras Constancias."  
El desarrollo del terror como instrumento para destruir las organizaciones populares -La Unión Patriótica, partido político de oposición, fue exterminado por medio del asesinato de más de 5 mil de sus miembros-, sofocar el movimiento popular y anular cualquier capacidad de resistencia a las medidas políticas y económicas del Estado, a la vez de la instauración de un régimen jurídico -Ley de Seguridad Nacional- que criminaliza la protesta social y anula cualquier garantía constitucional para el ejercicio político de la oposición, constituyen de manera clara el Terrorismo de Estado.  
Obviamente éste sólo es posible gracias al amplio apoyo que el Estado colombiano recibe de los Estados Unidos a través de instrumentos como el Plan Colombia y la permanente ayuda militar. Colombia es el tercer receptor mundial de ayuda militar estadounidense. Actualmente son más de 400 los asesores militares norteamericanos en territorio colombiano.  
Ante esto estamos plenamente convencidos de que el Estado colombiano representa los intereses de una clase social perdida en la corrupción y el crimen y por tanto el Estado es a todas luces ilegítimo aunque cuente con la bendición de la legalidad internacional. La ilegitimidad del Estado colombiano reside además en su misma construcción, conseguida históricamente a través del uso de la violencia y la exclusión social y política.  
Como consecuencia de esto el pueblo colombiano se ha organizado de diferentes maneras para alcanzar sus reivindicaciones de Paz con Justicia Social. El movimiento armado de oposición política en Colombia es, dentro del campo popular, la expresión con mayor capacidad de resistencia a la maquinaria de terror estatal. Por medio de las armas han conseguido mantener una opinión política de oposición en Colombia.  
Esto no significa que no hayan otras expresiones de resistencia desde el movimiento social, desde el sindicalismo que se debate entre el exterminio y la renuncia a sus aspiraciones políticas y gremiales, desde el movimiento indígena, estudiantil, campesino o barrial. Sin embargo actualmente la capacidad de interlocutar frente al Estado desde una posición de fuerza reside mayormente en el movimiento armado, debido en gran parte a la campaña de exterminio, intimidación y criminalización del Estado colombiano contra el movimiento social y popular.  
Las FARC como parte de ese movimiento armado, encarnan las aspiraciones de Paz con Justicia Social del pueblo colombiano y a la vez se alimentan de ellas. Eso les otorga legitimidad como un interlocutor político del pueblo colombiano y resulta inútil descalificar dicha legitimidad, salvo en el caso que se pretenda reforzar el discurso imperialista de la llamada "Guerra Antiterrorista".  
La legitimidad del movimiento guerillero colombiano no se riñe con el legítimo derecho a la crítica y al discenso que desde la resistencia popular se ejerce con respecto a opiniones y hechos que asuman las FARC u otra de las organizaciones revolucionarias en el desarrollo del conflicto armado que tiene lugar en Colombia. Por el contrario la posibilidad de disentir se complementa con la legitimidad misma que la historia ha otorgado al movimiento revolucionario y le impone como prioridad buscar la unidad revolucionaria desde la pluralidad que se expresa en Colombia.  
En el argumento del narcotráfico juega la doble moral del mundo occidental  
La incapacidad del Estado colombiano para satisfacer las necesidades fundamentales de la población y el ejercicio permanente de la exclusión social han generado en colombia migraciones internas de multitudes de desheredados hacia las montañas y la selva en donde la única posibilidad de conseguir los ingresos necesarios para la subsistencia ha sido el cultivo de hoja de coca y amapola. Al mismo tiempo que estos olvidados le robaban tierra a la espesura de la selva, la ausencia y el desamparo del Estado favorecieron el surgimiento y el arraigo del movimiento guerrillero como ente de regulación social y política que compensaba el olvido oficial. Por eso no es gratuito que en algunas zonas en donde existen cultivos de coca y amapola tengan presencia las FARC y que además ejerzan como reguladores de la economía local, basada fundamentalmente en el comercio de la hoja de coca.  
Sin embargo vale recordar que de los 16 componentes de la droga, sólo la vieja y sagrada hoja de coca es producida en América del Sur, mientras los otros 15 elementos, legales todos, son importados de EUA y Europa. De igual manera el negocio del narcotráfico sólo es posible en la medida en que diferentes bancos de Estados Unidos y Europa permiten que las millonarias ganancias puedan ser lavadas y legalizadas para reintroducircen en el sistema económico mundial, en donde los grandes beneficiarios no son precisamente los campesinos olvidados en las selvas colombianas.  
En función de las millonarias ganancias que arroja el narcotráfico que ni los gobiernos del mundo desarrollado ni el Estado colombiano estan interesados en resolver realmente, de raíz, el problema del narcotráfico, sino que por el contrario se priorizan salidas de alcance limitado, o salidas ficticias al narcotráfico, que no sólo no ayudan en la construcción de una salida real al narcolaberinto del mundo actual, sino que además dichas salidas insisten una vez más en otorgar ganancias a las transnacionales. Es el caso de las fumigaciones que favorecen las ventas de las empresas farmaceuticas que producen los químicos con los que se envenenan los campos colombianos, y el caso del mismo plan Colombia que finalmente no deja de ser una venta de bodega de los arsenales gringos, estimulando así la producción de la industria armamentista, pilar de la economía y la politica estadounidenses.  
Contrario a esto desde el conjunto del movimiento guerrillero y del movimiento social colombiano se ha insistido en propuestas para la superación del problema de los cultivos de hoja de coca que surten el narcotráfico, propuestas que exigen la concreción de planes sociales que hagan viables la producción agrícola en otras direcciones. Así también, miles de voces han clamado por una salida política negociada al conflicto armado. Sinembargo la respuesta de la Oligarquía y el Estado colombiano ha sido la guerra, contra la guerrilla, contra los campesinos, contra el pueblo, contra los indígenas, contra la tierra y los rios, contra la selva y la montaña. Una guerra en la que lluven bombas y venenos "Made in USA".  
Entonces, quienes son los terroristas ?, quienes son los grandes beneficiarios del narcotráfico, que podrían hacer mucho para acabar con el mismo y que prefieren quedarsen con los brazos cruzados y los bolsillos abiertos? Pretender reducir el problema del conflicto colombiano a la producción y al tráfico de drogas, supone el fortalecimiento de la solución militar a los problemas sociales colombianos y cierra las puertas de una salida política negociada al conflicto armado en Colombia.  
La satanización de las FARC por parte de los mass media y de el gobierno de los Estados Unidos, señalando las FARC como una organización que sólo tiene su razón de ser en el negocio del Narcotráfico, es un mecanismo para ocultar las verdaderas razones del conflicto colombiano y es el primer paso para la intervención militar a gran escala de los Estados Unidos en campos colombianos.  
Aquí radica la doble moral que juzga, no a las FARC, sino a todos los campesinos que por el abandono y la exclusión se han visto obligados a cultivar un producto que llena las arcas de las transnacionales químicas y farmacéuticas, de la banca internacional, de las mafias empotradas en los gobiernos de países como Colombia y Estados Unidos. Frente a estos grandes beneficiarios del narcotráfico no se enfilan los cañones de la "guerra antiterrorista" de los Estados Unidos.  
Finalmente estamos convencidos que la solución política negociada al conflicto armado en Colombia , posibilitaría avanzar en la búsqueda de la Paz con Justicia Social que tanto ansía el pueblo colombiano.  
Por tanto es saludable y plausible la decisión del comité 1 de mayo, porque se distancia del discurso guerrerista y apuesta por la resolución política a los conflictos. Ofrecer un espacio a las FARC permitirá conocer las propuestas que en ese sentido tiene la organización guerrillera colombiana. Zürich. 5 de abril, 2002.