Latinoamérica

Dafne Sabanes Plou
Servicio Informativo "alai-amlatina"
Muchos argentinos vivieron un momento de alegría cuando se anunció el procesamiento de Domingo Cavallo por el caso del contrabando de armas a Croacia y a Ecuador, que tuvo lugar cuando era ministro de Relaciones Exteriores y más tarde superministro de Economía. El mismo juez lo había citado a declarar en septiembre del año pasado, cuando todavía era ministro del gobierno de De la Rúa, y nada había ocurrido. Ya sin fueros, fue sencillo para el juez detener al ex ministro y procesarlo por considerarlo partícipe necesario en el contrabando de las armas.
Grupos de manifestantes llegaron a celebrar la prisión de Cavallo frente mismo al cuartel de la Gendarmería Nacional donde estaba detenido. Mientras tanto, la consultora Ibope OPSM hacía una rápida encuesta telefónica sólo para descubrir con sorpresa que, si bien el 45,5% de los encuestados opinaba que el juez que ordenó el arresto de Cavallo no estaba actuando de acuerdo a derecho, sino por presiones del poder político, el 78,5% consideraba que el ex ministro merecía ser acusado o detenido por algún otro hecho, hasta por su gestión como ministro, independientemente del tráfico de armas.
Para la mayoría de los argentinos, Cavallo es el responsable principal del desastre económico y social por el que atraviesa el país en la actualidad, y de alguna manera, su detención significa para la gente común que está pagando por haber aplicado políticas neoliberales y monetaristas a ultranza que sólo favorecieron a las corporaciones transnacionales y al capital financiero, empobreciendo a la población y destruyendo la industrialización del país.
Los partidarios de Cavallo, la mayoría miembros de su partido político Acción por la República, sostienen que la detención tiene tintes políticos. Una denuncia periodística firmada por el prestigioso Horacio Verbitsky en el matutino Página 12, señala que el jefe de los servicios de inteligencia, Carlos Soria, se reunió en enero pasado con un grupo de jueces a los que les pidió informalmente la detención de Cavallo y de los banqueros Rohm, del Banco General de Negocios, y Escassany, del Banco de Galicia. Según versiones, estas detenciones descomprimirían las exigencias de la sociedad sobre el gobierno. Si bien nadie desmintió la reunión ni esta situación de grave ingerencia del gobierno en el ámbito de la justicia, los jueces consultados señalan que de haberse realizado tal pedido, cayó en saco roto, ya que los jueces que detuvieron a Cavallo y a Rohm, no estaban en esa reunión. No obstante, esta maniobra deja al descubierto que no se han dejado de lado las viejas prácticas del gobierno justicialista liderado por Carlos Menem en la década del 90, cuando llovían las denuncias de que el Poder Ejecutivo recurría a los jueces "amigos" para lograr fallos que lo favorecieran.
Sin soluciones ni alternativas
Pero ni la prisión de Cavallo ni el enojo de la población han cambiado el rumbo de las medidas del gobierno que continúan favoreciendo a la banca y a las grandes corporaciones. Siempre se conoció al presidente Eduardo Duhalde como un político atento al resultado de las encuestas de opinión, para encaminar sus acciones de gobierno de acuerdo al humor general de la población. Las encuestas continúan hablando, pero el gobierno justicialista prefiere acatar las presiones externas y continuar negociando con el FMI en una situación humillante, cuando de acuerdo a la consultora de Graciela Rommer, el 77% de la ciudadanía considera que habría que cortar estas negociaciones y buscar otras alternativas para solucionar la grave crisis que afecta al país.
El enviado del FMI, el indio Anoop Singh, utilizó las dependencias del Ministerio de Economía y del Banco Central como si fueran su propia casa durante los quince días que duró su visita de inspección. Hizo declaraciones a la prensa exigiendo el ajuste en las provincias, señalando que seguramente eso aumentaría el desempleo y expresando que sólo con disciplina y acatamiento podría comenzar a negociarse un desembolso de fondos para aliviar la situación argentina. Durante esos 15 días, la vida política argentina pareció girar alrededor de lo que dijera o dejara de decir el funcionario del FMI.
Si se llevara a cabo el ajuste que pretende el FMI en las provincias, las consecuencias serían un aumento importante del desempleo y una caída aún más abrupta de las economías regionales. Buena parte de las provincias argentinas sobreviven gracias a que han emitido bonos propios que circulan como moneda y es aceptada por los negocios y para el pago de servicios públicos. Con estos bonos pagan los salarios de sus funcionarios, docentes, médicos, policía y otros servicios. La mayoría de estas provincias no está en condiciones de dejar de pagar en bonos sus obligaciones en los plazos que exige el FMI. Se calcula que hacerlo significaría dejar a unas 35.000 personas desempleadas, que se sumarían a las 270 mil que perdieron su trabajo desde el comienzo de la crisis en diciembre pasado.
Estas personas, seguramente, engrosarían las manifestaciones que a diario recorren las calles y rutas de todo el país. En el mes de marzo hubo 320 cortes de rutas a lo largo y a lo ancho de Argentina, con marchas de protesta pacíficas, pero exigentes. En lo que va del año cerraron ya 90 mil comercios minoristas y en algunas provincias el desempleo ronda el 25% de la población. En la zona más densamente poblada del país, que rodea a la ciudad de Buenos Aires, el 48% de la población vive en la pobreza y el número de indigentes ha aumentado considerablemente.
Pero el gobierno de Duhalde sigue sin marcar políticas claras, ni en el campo económico, ni en el social. En este momento lo salva un acuerdo momentáneo con la Unión Cívica Radical en el parlamento, que le permite avanzar con algunas leyes, que lamentablemente sólo responden a las exigencias del FMI. Al justicialismo y al radicalismo los une la necesidad de defender los intereses de sus partidos políticos ante el temor de desaparecer como tales. En una encuesta reciente, el radicalismo apenas alcanzaba el 2% de intención de voto.
Las exigencias externas no ceden y los altos funcionarios del gobierno parecen dispuestos a cumplir con medidas que sólo aumentarán la crisis. Ya se ha escuchado decir a más de un funcionario de EEUU y de los organismos financieros internacionales que Argentina deberá "tomar una amarga medicina" para curarse de sus males económicos. No habrá consideración para este alumno díscolo, que pasó de ser modelo a ocupar el rincón de los aplazados.