Latinoamérica

Claudio Katz
Puente al Sur
Al momento de concluir este artículo la crisis ha estallado y nadie sabe cuánto tiempo de vida le queda al gobierno. La caída del ministro Remes abrió una disputa por la sucesión que abarca a todo el espectro de economistas de la clase dominante y en plena licuación de su autoridad política, Duhalde no se decide por ningún rumbo de acción.
El desbande gubernamental se origina en la profundización de la debacle económica, que ingresó en una nueva fase con el feriado bancario, el inminente cierre de entidades y la expropiación de los pequeños ahorristas. Si cuatro años de depresión provocaron el derrumbe del salario y la masificacación del desempleo y la devaluación generó el rebrote inflacionario, ahora comienza la etapa de las grandes quiebras que redistribuirán la propiedad entre los grupos capitalistas a costa de más sufrimientos y miseria popular.
Pero más importante que caracterizar cuáles son los escenarios económicos posibles y que alternativas maneja el "establishment" es desarrollar un programa de salida popular. Discutir esta opción es la prioridad del momento.
THE RESOLUTION OF THE CORRALITO
El gobierno que prometió devolver los depósitos "en su moneda original" pretendió forzar la colocación de un bono que cerraba definitivamente a los pequeños ahorristas la posibilidad de recuperar su dinero. Los depositantes recibían los mismos títulos que rechazaron en sus apelaciones judiciales y como los bonex que promovió Remes eran papel pintado, su desvalorización estaba descontada. Emitidos a 5 y 10 años por un estado en bancarrota, sólo podían cotizarse en el mercado a un precio irrisorio. El bono apuntaba a lograr la "resolution of the corralito" que exigen los banqueros, porque la inmovilización de los depósitos ya no alcanza para proteger a los bancos del drenaje de fondos que provocan las extracciones cotidianas y las sentencias judiciales. Durante los últimos cuatro meses, el gobierno continuó financiando con fondos del Banco Central (redescuentos) la pérdida de depósitos y avaló la negativa de las entidades a afrontar estos retiros con fondos propios, con la recepción de dólares de las casas centrales o con la recuperación de créditos. Si a través de este subsidio se esfumaron 20.000 millones de dólares el año pasado, durante los últimos cuatro meses la pérdida ya supera otros 1800 millones de dólares.
La entrega de este dinero a los bancos será recordada como una de las mayores estafas de la década, porque desde principio de año se asistió a entidades en venta (Galicia), quebradas (Scotiabank), lavadoras de dinero (Banco General de Negocios) y prácticamente carentes de ahorristas (Creditanstadlt). El subsidio se cortó cuándo el FMI exigió preservar las reservas, apostando a utilizarlas en la reanudación del pago de la deuda.
Con el bonex, el estado auxiliaba a los banqueros haciéndose cargo de los compromisos con los ahorristas, cómo si los depositantes hubieran colocado sus fondos en entidades públicas. La subvención inicial de la diferencia entre los depósitos pesificados a 1,4 y los créditos mantenidos a la paridad de 1 a 1 quedaba convertida en un rescate ilimitado de las entidades. A cambio del nuevo título, el estado se quedaba con carteras incobrables, repitiendo por enésima vez una estatización a pérdida del fisco. En salvatajes semejantes de México y Ecuador el estado recuperó apenas el 10% de los créditos recibidos de los bancos. Los financistas no solo limpiaban sus balances de las obligaciones que tienen con los ahorristas, sino también de los títulos públicos desvalorizados que devolvían al estado, como retribución por el nuevo rescate.
Atemorizados por el alcance de una reacción popular, los legisladores no se atrevieron a aprobar el bonex, pero ya discuten un proyecto equivalente de"ley tapón", que impedirá a los ahorristas recuperar su dinero hasta tanto no obtengan una sentencia judicial firme a su favor. Esta medida vuelve a inmovilizar los depósitos y fortifica el corralito, brindándole a los bancos el tiempo que necesitan para tramar algún nuevo mecanismo de confiscación de los depositantes.
La otra cara de este mismo proceso es la expropiación de millones de pequeños deudores, que a partir de agosto deberían comenzar a pagar sus cuotas indexadas por el CER. Hasta ahora no han recibido ninguna respuesta a sus reclamos de anulación o adaptación de este índice a la evolución del salario. Mientras Repsol o Telefónica están licuando aceleradamente sus pasivos con los dólares que traen desde el exterior, se avecina un remate masivo de viviendas, autos y pequeños emprendimientos, repitiendo lo ocurrido en los 80 con la circular 1050. Si el CER no se anula, con una tasa de inflación del 3% mensual las cuotas de 500 pesos quedarán convertidas en cargas de 30.000 pesos para el año 2008.
Para comenzar a socorrer a los pequeños ahorristas y deudores estafados por los banqueros hay que nacionalizar las entidades sin ninguna indemnización y afectando las propiedades de sus directivos y empresas asociadas. Esta nacionalización debe incluir explícitamente los bienes de los banqueros y no limitarse a reorientar el crédito, porque el sistema financiero ha dejado de existir y sólo quedan dos alternativas para reconstruirlo: la subvención o la expropiación de los financistas.
Con la caída del Scotiabank comienza la escalada de cierres que corona la pérdida de depósitos y la incobrabilidad de los créditos. Se estima que en los próximos meses desaparecerán entre el 30% y 50% de las 4580 sucursales que existían a fines del 2001 y que los despidos afectarán entre 20.000 y 40.000 de los 100.000 empleados bancarios. La soluciones sin cierres tipo Galicia serán la excepción, porque los financistas saben que se aproxima un achicamiento del sistema bancario proporcional al desplome general de la economía. Una parte de los bancos extranjeros está preparando las valijas y otro sector se queda, para apropiarse de los restos de la banca cooperativa y oficial (eventualmente fusionada para su privatización en el banco federal). Pero, además, exigirán la instauración de un sistema comparable a los paraísos fiscales, es decir libre de todo control gubernamental.
En estas condiciones de colapso no existe ninguna alternativa de solución favorable a los pequeños ahorristas y deudores que no transite por la expropiación de los banqueros. La propuesta de "crear un nuevo sistema apoyado en la banca pública y cooperativa con estricto control sobre la banca extranjera" (Plan Fénix), no aclara cómo se evitará el cierre de los bancos. Promueve la "regulación del crédito..el control del destino de los fondos", así como el manejo adecuado "de las tasas de interés. y políticas de encajes diferenciados" (idem). Pero no dice quién pagará la edificación de este nuevo régimen.
El tiempo de las promesas grandilocuentes ya se agotó y las alternativas son sólo dos: o se estatiza la banca para rescatar a los banqueros a costa del conjunto de la población o se confisca a los financistas para defender los puestos de trabajo. Sólo esta acción permitirá reparar las pérdidas de los pequeños ahorristas, impedir la ejecución de los bienes de los pequeños deudores y reconstruir el crédito para favorecer la reactivación.
UN VERDADERO "SHOCK REDISTRIBUTIVO"
Si el curso económico persiste, antes de fin de año otros 5 millones y medio de argentinos descenderán al infierno de la pobreza, elevando a 20 millones de personas el total de habitantes que no cubren sus necesidades básicas de subsistencias. El nivel actual de miseria ya supera el pico registrado durante la hiperinflación del 89 y afecta especialmente a los menores de edad. La mitad de los ingresantes al secundario abandonan el colegio, en Tucumán los chicos se desmayan de hambre en las aulas y en La Matanza uno de cada cuatro bebés nacen subalimentados. Ya existen evidencias de un deterioro del coeficiente mental de los niños indigentes como consecuencia de la desnutrición y en los hospitales públicos los enfermos pierden peso por falta de alimentación.
Luego de la devaluación que desplomó el PBI per capita de 8950 dólares a 2493 (por debajo de Perú o Panamá), "no todos estamos más pobres". Lo que se ensancha a un ritmo vertiginoso es la brecha distributiva entre el sector más rico y más pobre de la población que en 1974 era de 12 veces y actualmente se aproxima a 30 veces. La riqueza potencial del país no ha disminuido, pero la injusticia social es escandalosa. Mientras cinco millones de argentinos no consumen los productos básicos, la producción de bienes alimenticios alcanzará un récord de 99 millones de toneladas, es decir un volumen suficiente para nutrir a la población total del país multiplicada por diez. (es decir, 370 millones de personas)
El aumento de la miseria es consecuencia directa del rebrote inflacionario que siguió a la devaluación. Durante el primer cuatrimestre los precios minoristas treparon 18 %, un porcentaje que supera la estimación inicial de todo el año. La carestía afectó primero a los bienes importados, luego a los productos exportables y ahora a los servicios. En febrero-marzo la escalada se concentró en los alimentos, que conforman el 50% de la canasta de consumos de los más pobres y en marzo-abril se extendió a la vestimenta, el equipamiento y los artículos de consumo de la clase media. Cómo los remedios suben al compás del dólar, los hospitales se han quedado sin vacunas y antibióticos. El incremento de los precios transforma la erosión sistemática del salario en un desplome virulento. La devaluación le añadió un 15 % de caída adicional a los sueldos, que a fines del 2001 se ubicaban un 10% por detrás del año precedente y un 25% por debajo de los años 80. Cuándo la canasta básica se sitúa por arriba de los 1100 pesos, la mitad de los asalariados gana menos de 400 pesos.
Frente a esta hecatombe se impone recuperar el poder adquisitivo mediante un aumento de salarios. El gobierno afirma cínicamente que este incremento "provocará inflación", cuándo es evidente que la escalada de precios se ha desatando en pleno caída de los sueldos y como consecuencia exclusiva de la devaluación. Es perfectamente factible fijar un salario mínimo y universal de 600 pesos y elevar las jubilaciones a un piso de 450 pesos, porque los empresarios y banqueros que ganaron fortunas pueden absorber estos incrementos. La mejora pueden ser complementariamente financiada con impuestos a las grandes fortunas y la restauración de los aportes previsionales. Se debe gravar especialmente a los beneficiarios de la devaluación, mediante aumentos de las retenciones e impuestos a las empresarios con deudas licuadas. Además, la estatización del sistema de capitalización jubilatorio brindaría recursos adicionales y pondría fin al negociado de las comisiones, evitando la dramática pulverización de los haberes futuros que desploman junto a las carteras de las AFJP. (Administradoras de de Fondos de Jubilaciones y Pensiones)
La recaudación de los recursos para el aumento salarial no debe provenir de nuevas "líneas de crédito y redescuentos del Banco Central", como proponen algunos asesores de Duhalde (D.Carbonetto). Esta forma de financiación ha solventado el enriquecimiento de los grandes grupos capitalistas a costa de un colapso fiscal sin precedentes. Esta vez los empresarios deben aportar, en lugar de recibir los fondos requeridos para elevar los salarios. Además, no hay que hacerse ilusiones. El gobierno que empobrece a los trabajadores no mejorará los ingresos populares. Esta conquista surgirá de redoblar la lucha contra los capitalistas, que se han acostumbrado a lucrar con la reducción de los costos laborales y la aplicación de leyes laborales flexibilizadoras.
El comienzo de un "shock redistributivo" depende de esta batalla social y no de ciertas condiciones de la economía, cómo la dimensión de la capacidad ociosa o el estrechamiento de las ventas. Y la defensa de una mejora salarial frente a la inflación requiere el control popular de los precios y del abastecimiento. Apostar, en cambio, a la disposición empresaria para "recrear el consumo" conduce a nuevas frustraciones, porque a los capitalistas les preocupa más su ganancia inmediata que la eventual mejora del poder adquisitivo. Recomponer el nivel de vida de la mayoría de la población exige afectar y no apuntalar el beneficio.
Tan importante como el aumento salarial es la inmediata implementación un seguro de desocupado de 450 pesos para los tres millones de desempleados actuales. El gobierno se burla de esta necesidad al anunciar un subsidio que comenzaría a aplicarse dentro de dos meses, cubriría a la mitad de los desocupados y por un irrisorio monto de 150 pesos, achicados por la inflación. Al ritmo actual de carestía, antes de fin de año se crearán cuatro veces más pobres que los cubiertos por la subvención. El subsidio propiciado por el gobierno apunta además a abaratar el salario, reduciendo el piso de los sueldos, ya que se autoriza a las empresas a contratar empleados pagando sólo los aportes sociales o las diferencias con los niveles de convenio. El objetivo del subsidio es aumentar la explotación y por eso Chiche Duhalde ha declarado que con un seguro de 450 pesos "estaríamos creando vagos, porque hoy rigen salarios inferiores". A la señora ni se le ocurre la posibilidad de convertir ese monto en un piso salarial.
Es una afrenta contra la lucha de los últimos años apoyar el seguro del gobierno, encontrándole "aspectos positivos" o propiciando la participación en los organismos que manipularán su distribución. También es inadmisible la propuesta de fijarlo en 180 o 225 pesos que ahora alienta el asesor nacionalista del presidente (D.Carbonetto). Pero además, hasta ahora el seguro es pura promesa, porque su financiación es un misterio. Ningún empresario quiso aportar a la creación de un "fondo social" para sostenerlo, tampoco habrá préstamos internacionales y el dinero a recaudar con la suba de las retenciones ya tiene otro destino.
LA RUPTURA CON EL FMI
Toda la política económica de Duhalde se orientó con Remes a satisfacer las exigencias del FMI, cuyos voceros repiten que "Argentina debe sufrir" y "enfrentar la realidad de otro ajuste imprescindible". Singh escribe los libretos, los funcionarios lo repiten, los gobernadores lo implementan y los legisladores lo votan. Y tanto servilismo sólo apunta a evitar "el default con los organismos". En ningún momento se ha discutido la recepción de fondos frescos. Simplemente se negocia un préstamo que el FMI se hace a sí mismos para continuar con su labor de auditor.
Los hombres del Fondo exigen 350.000 despidos de empleados públicas y un mayor ajuste de las provincias, que en los últimos dos años suscribieron cinco pactos fiscales, renunciaron a fondos propios y están aplicando otro corte del 60% de sus gastos. Los acreedores también reclaman la eliminación de los bonos provinciales, que ya representan la mitad de la masa monetaria circulante en el país. La anulación de estos papeles significa cesar el pago de los sueldos y decretar la paralización definitiva de la economía del interior.
El FMI también reclama un aumento del superávit fiscal corriente, ignorando que el déficit global de las cuentas públicas se ha mantenido constante en la última década, en un nivel del 32 % del PBI semejante al vigente en la mayoría de los países desarrollados. Ni siquiera toman en cuenta que el desplome fiscal reciente no se origina en mayores gastos, sino en el descalabro de la recaudación. Este derrumbe oscila en torno al 20% o 40 % y es consecuencia directa del impacto de la recesión sobre la recaudación del IVA. Cuánto mayor es el ajuste fiscal, más se acentúa la depresión y mayor es la caída de los ingresos tributarios.
El nuevo ajuste es la condición para comenzar una nueva ronda de negociaciones con los acreedores. Aunque los títulos de la deuda ya se cotizan al 27% de su valor nominal, los tenedores de bonos no están dispuestos a aceptar gratuitamente quitas del pasivo y se disponen a iniciar juicios de cobro en los tribunales de Nueva York. Sus demandas serán ilimitadas, porque el total de la deuda que el año pasado equivalía a la mitad del PBI se ha convertido en un pasivo que supera esa magnitud, luego de la devaluación.
La única forma de romper este grillete es la ruptura inmediata de todas las negociaciones con el FMI y el desconocimiento de todos los pasivos fraudulentos. Hasta los economistas que siempre postularon la imposibilidad o inconveniencia de suspender esas tratativas, ya reconocen la inutilidad de los sacrificios para cumplir con los acreedores. Ahora afirman que carece de sentido "pedir de rodillas préstamos... en una estrategia de sumisión al FMI" y proponen negociar "sólo después de poner en marcha un plan autónomo de reacivación" (Plan Fénix). Pero han llegado a esta conclusión cuándo el colapso económico es total y ni siquiera en estas circunstancias proponen el corte definitivo con los banqueros que exige una estrategia de reconstrucción económica. Más bien imaginan un enfriamiento transitorio de las conversaciones con este organismo, a fin de retomar en el futuro las negociaciones desde una posición más ventajosa. Por eso consideran que "no se debe romper con el Fondo" (M. Del Pont), ni se "debe festejar el default" (Lo Vuolo).
Pero esta línea de acción tiene muchos antecedentes de fracaso. Fue intentada al comienzo del gobierno de Alfonsin, en Perú con Alan Garcia y en Brasil a principios de los 90 e invariablemente concluyó en una vuelta a la mesa de negociaciones con súplicas de perdón. La creencia que la misma clase social que gobierna al país "esta vez se plantará frente los acreedores" tiene tan poco asidero, como aguardar del FMI una actitud más tolerante que en el pasado. Los banqueros están demandando un gran escarmiento y la clase dominante argentina agachará como siempre la cabeza, especialmente si se acrecienta la sublevación popular. No está dispuesta a aprovechar las inmejorables condiciones internacionales para confrontar con los acreedores, que ha creado el ocaso del neoliberalismo. Y tampoco piensa recurrir a la movilización social o la solidaridad internacional para enfrentar al Fondo.
La propuesta de "encarar una política reactivante" prescindiendo del "ahorro externo marginal" y del "innecesario FMI" (C.Lozano) plantea, además, el problema de cómo utilizar los fondos que se reciclarían internamente mientras se suspenden las tratativas. El superávit comercial de 12.000 millones de dólares que se espera para este año es, por ejemplo, suficiente para financiar el seguro de 450 pesos indexados para los desempleados. Pero quiénes ahora promueven el distanciamiento con el Fondo, nunca aceptaron costear el "shock redistributivo" con el excedente comercial surgido del no pago de la deuda. Y ahora tampoco explicitan claramente si el dinero disponible se destinará a los desempleos o a la financiación de los grupos empresarios.
NI RENEGOCIACIÓN, NI SALVATAJE DE LAS PRIVATIZADAS
Las empresas privatizadas han mantenido un perfil bajo luego de la devaluación, buscando compensar la dificultad para subir tarifas con el deterioro de los servicios. Esta degradación está a la vista en los cortes de luz, las faltas de conexiones telefónicas, las demoras en la atención al público y la anulación de las inversiones. Especialmente la falta de mantenimiento en el ferrocarril ha provocado la triplicación de los accidentes fatales. Mientras negocian seguros de cambios, restricciones a la apertura de la competencia, subsidios a las tarifas sociales y reducciones impositivas, las compañías ya comenzaron una escalada generalizada de "ajustes estacionales". Para imponerlos han creado un "comité de empresas extranjeras" que ejerce presiones descaradas sobre el gobierno.
Al cabo de una década de impresionantes ganancias, la crisis ha llegado también a las privatizadas. Durante el "menemato" gozaron de una rentabilidad entre 5 o 6 veces superior al promedio de las restantes empresas radicadas en el país, pero aprovechando la convertibilidad giraron sus beneficios en dólares al exterior y no piensan afrontar ahora sus dificultades repatriando ganancias.
La crisis de las compañías proviene de la creciente morosidad (40% en Aguas Argentinas) que genera el empobrecimiento de sus clientes. En los últimos meses fueron cortados 800.000 teléfonos, devueltos 20.000 celulares y anulados miles de abonos a la TV por cable. Las tarifas son impagables, pero han quedado baratas en dólares y ya no alimentan grandes utilidades para empresas que tomaron fuertes deudas en divisas, mientras distribuían masivamente dividendos.
Los privilegios de las privatizadas impiden cualquier reactivación favorable a los intereses populares. Sólo la reestatización sin ningún tipo de indemnización permitiría remodelar el funcionamiento de los servicios en función de las prioridades de la economía nacional, abaratando tarifas y asegurando la inversión. Esta iniciativa difiere de otras dos alternativas muy debatidas en la actualidad: la estatización a pérdida y la renegociación de contratos.
La primera opción ya está en marcha desde la devolución de la compañía de agua Azurix a la provincia de Buenos Aires. Sus concesionarios taspasaron la empresa al gobierno provincial cuándo el negocio dejó de ser redituable. Y esta misma salida podría recaer sobre Aerolíneas (que tomó el grupo Marsans sin recomponer la compañía), sobre el Correo (que Macri mantiene en convocatoria sin pagar el canon de la concesión) y sobre Ferrocarriles (que especialmente Techint quiere devolver al sector público). Menos voces se escuchan a favor de reestatizar YPF- Repsol, que lucra con el floreciente negocio de saquear yacimientos ya inspeccionados. Al ritmo actual de esta depredación sobrevendrá un desabastecimiento generalizado del combustible ahora exportado. Algunos economistas hablan de renacionalizar la compañía, pero piensan que una retribución a sus apropiadores agravaría el quebranto fiscal y por eso proclaman alegremente que "vamos a endeudarnos para recuperar YPF" (D.Carbonetto).
La segunda alternativa de renegociar los contratos es defendida por quiénes estiman que "no es el momento para la reestatización" porque el "contexto político" es desfavorable (D.Aspiazu). No parecen registrar el masivo repudio de la población al fraude de las privatizaciones y tampoco toman en cuenta que con la demora de la reestatización se profundiza el vaciamiento y la obsolescencia de las compañías (como por ejemplo ocurrió con las nacionalizaciones a mitad del siglo XX).
Las irregularidades y superganancias de las privatizadas justifican la reestatización sin indemnización, porque estas empresas rompieron todos los contratos y cometieron fraudes comprobados. Pero este sostén jurídico carece de utilidad en una renegociación, porque las privatizadas no son sensibles a sus pecados, ni están dispuestas a resignar sus mercados cautivos.
¿CONTROL O MONOPOLIO DEL COMERCIO EXTERIOR?
La impresionante especulación cambiaria de los últimos cuatro meses ilustra los efectos de una devaluación sin control de cambios, ni monopolio del comercio exterior. El dólar se disparó de 1,40 a 3 pesos porque los exportadores retuvieron 3000 millones de dólares especulando con liquidar las divisas al mejor precio. No más de 20 empresas controlan este manejo del superávit comercial, recurriendo también al contrabando y a la maniobras de facturación. Pero esta vez Cargill, Dreyfus, Bunge, Repsol, Perez Companc o Techint simplemente se limitaron a desconocer los plazos legales para liquidar divisas, con la obvia complicidad de los funcionarios.
Algunos economistas que fueron entusiastas promotores de la devaluación, reivindicaron la licuación de las grandes deudas e integraron el gabinete de Duhalde, ahora estiman que un buen manejo de las retenciones alcanzaría para contrarrestar las maniobras cambiarias y evitar el impacto inflacionario de la trepada del dólar (M. del Pont). Les hubiera convenido demostrar la factibilidad de esas medidas durante su paso por el gobierno, en vez de proponerlas para una gestión futura.
Pero, además, olvidan que existe una forma elemental de contrarrestar las maniobras cambiarias que es sancionar primero a la empresa que especula, procediendo a expropiarla si persiste en prácticas ilegales. Las retenciones permiten morigerar el efecto inflacionario de la devaluación, pero no resuelven el desabastecimiento de productos exportables que acompaña a la desvalorización del peso. Por eso se necesita el control popular directo de los precios y del circuito de comercialización y una apertura de los libros contables de las empresas que permita a toda la sociedad saber cuál es la realidad de costos, precios y beneficios de cada firma.
Muchos economistas que recibieron a la devaluación como un acontecimiento promisorio o inevitable, ahora también declaran que su "manejo fue irresponsable" , porque se omitió un "plan complementario". Pero sólo en el plano hipotético se podría discutir que "una vez hecha tal cosa ... habría ocurrido tal otra". En la realidad de los acontecimientos, la devaluación produjo lo que buscó: una confiscación de ingresos populares en beneficio de los capitalistas.
Partiendo igualmente de la experiencia de los últimos meses, los partidarios de "reactivar primero y negociar después con el FMI" proponen "disciplinar a los exportadores..haciendo algo para que no fuguen" las divisas (M. del Pont). Pero este control nunca será efectivo sin el monopolio estatal del comercio exterior, porque los cambistas de las compañías exportadoras son expertos manipuladores del comportamiento del dólar. Sólo un manejo estatal bajo la supervisión directa de las organizaciones populares podría permitir que las divisas generadas por los trabajadores se utilicen al servicio de la reactivación productiva.
La crisis está provocando también un cierre de hecho de la economía, como consecuencia del derrumbe de las importaciones, que cayeron un 60% en el primer cuatrimestre. Las compras externas seguramente llegarán a un tercio del promedio de los últimos años, convirtiendo en una realidad posdevaluación el slogan de "vivir con lo nuestro". Esta restricción justifica adicionalmente el manejo estatal del comercio exterior, para asegurar la adquisición racional de importaciones evitando el despilfarro suntuario de los últimos años.
LOS ARTÍFICES DE LA REINDIUSTRIALIZACIÓN
El colapso industrial en curso empuja hacia un precipicio sin final. Las últimas estimaciones indican que luego de cuatro años de depresión, el producto bruto caerá en el 2002 entre un 10 y un 15 %. El desplome del primer cuatrimestre ha empujado el nivel de producción al promedio de los años 70 y los pronósticos más optimistas prevén que recién dentro de dos años se podría volver a recuperar el volumen alcanzado en 1998.
Por eso, la puesta en marcha un plan de reindustrialización debería basarse en un programa de obras públicas, construcciones de viviendas, hospitales y escuelas, así como la generalización de líneas de crédito accesibles para los pequeños productores del interior. Los destinatarios de este plan deben ser los desempleados, trabajadores, agricultores, comerciantes y cooperativistas, pero nunca los grandes empresarios. Durante décadas estos capitalistas recibieron prebendas del estado para montar empresas ineficientes, explotar a los asalariados y enriquecerse con el fraude fiscal de levantar armadurías en los galpones de la "promoción industrial".
La incapacidad o desinterés de los empresarios nacionales para desarrollar el perfil productivo del país ya es un dato incuestionable. Durante la convertibilidad vendieron sus empresas y transfirieron al exterior sus patrimonios y desde el inicio de la depresión han acelerado el desmantelamiento de la industria, dejando sin empleo a millones de trabajadores. La burguesía nacional conoce mejor el oficio de licuar deudas, que la actividad de generar nuevos emprendimientos. Por eso un plan de reindustrialización bajo su liderazgo o con su participación no llevará a ningún lado. Incluso las medidas de protección aduanera de la industria local -que son indispensables para defender a la pequeña empresa- no pueden concebirse para apuntalar a los grupos que provocaron la desindustrialización de las últimas tres décadas.
Los trabajadores son los únicos artífices de un plan viable de reconstrucción económica y en su lucha por prohibir los despidos, reabrir las empresas y distribuir las horas de trabajo ya han desarrollado importantes experiencias de gestión directa. Los ejemplos de Brukman y Zanon son los más conocidos de una amplia lista de empresas abandonadas por sus dueños y recuperadas por los trabajadores. En general, cuándo los operarios demuestran que pueden manejar con total normalidad las plantas, los empresarios se despiertan y promueven órdenes judiciales de desalojo. La gestión obrera es a todas luces factible, porque nadie conoce mejor el funcionamiento de una fábrica que sus propios operarios, que saben cómo manejar las máquinas, organizar la producción y distribuir los pagos de los salarios. Estas experiencias ilustran también como podría implementarse una reconversión fabril hacia la producción de los bienes primordiales, si los municipios, las provincias y el estado nacional fijaran prioridades y concentraran sus compras en las empresas gestionadas por los trabajadores.
La gestión obrera es la mejor respuesta a la inminente escalada de nuevos de empresas. Permite defender los puestos de trabajo y también alumbra los embriones de un futuro sector industrial planificado de la economía. Este segmento estatal podría actuar como el vértice de la reindustrialización, especialmente si se logran desarrollar formas de participación popular y control directo de la gestión por parte del conjunto de los trabajadores.
ESCENARIOS, ALTERNATIVAS Y APUESTAS
Hasta el momento la devaluación empobreció a los trabajadores, pero sin desatar una escala hiperinflacionaria. Los precios subieron limitadamente frente a una desvalorización del peso, que superó a todas los precedentes recientes de Rusia, México, Brasil o el Sudeste Asiático. La relación que finalmente prevalezca entre la devaluación y la inflación, definirá cuáles son los sectores más beneficiados y perjudicados de la clase dominante. Duhalde ha intentado mantener un equilibrio entre todos los grupos de "establishment", pero esta conciliación ha llegado a su fin. Las exigencias del sector que hasta ahora privilegió -los acreedores y el FMI- imposibilitan cualquier transacción.
El ajuste que exige el Fondo es tan feroz que se llevaría por delante no sólo a los trabajadores y desocupados, sino también a grandes fracciones de los capitalistas locales. Al vigilar diariamente las cuentas públicas, dictar órdenes a los funcionarios y fijar en conferencias de prensa la agenda de la semana, el Virrey Singh jugó todas la fichas en favor de los bancos y las compañías extranjeras contra los grupos empresarios locales. Por eso exigió retenciones a las exportaciones e impuestos a las pesificadas, así como la eliminación de planes de competitividad y cambios de la leyes de quiebras y subversión económica.
Difícilmente el reparto de empresas continúe procesándose solamente a través de la depresión. Ha comenzado una etapa que puede transitar por la hiperinflación e incluir en algún estadio ciertas formas de tipo de cambio fijo. Los economistas J.Gonzalez Fraga y J. Cottani trabajan a favor de la primera y la segunda hipótesis, respectivamente. La dimensión de la crisis también abre rumbos inimaginables, como la propuesta colonial de R.Dornbursch de instalar al frente del Ministerio de Economía un a equipo de FMI. Esta alternativa no es una extravagancia, sino que forma parte del proyecto estratégico del ALCA y apunta a asegurar la apropiación estadounidense de empresas argentinas o europeas (especialmente españolas).
Esta amenaza explica el creciente eco de la propuesta de suspender las negociaciones con el FMI y ensayar algún camino de reactivación autónomo, que limite la nueva oleada de extranjerización de la economía. Pero este programa defensivo -sintetizado en el "Plan Fénix"- no plantea medidas de superación de las tres causas de la crisis actual: el modelo neoliberal, la situación periférica de la economía nacional y su naturaleza social capitalista.
La única vía para actuar positiva y simultáneamente sobre estos tres frentes es la planificación, basada en la gestión democrática y la propiedad colectiva de los principales resortes de la economía. Esta modalidad permitiría sustraer del reinado del beneficio, la competencia ciega y la irracionalidad mercantil, el manejo de los sectores claves del proceso productivo. El socialismo es la respuesta a la degradación sin precedentes que soporta la Argentina. Llegó la hora de optar entre los banqueros y el pueblo, entre los empresarios y los trabajadores, entre la miseria y el bienestar. Y esta disyuntiva se resume en una sencilla elección: son ellos o nosotros.