6 de marzo del 2002

Detrás de la ruptura

Marina Menéndez Quintero, Juventud Rebelde

Los escenarios inmediatos a la ruptura del diálogo con las guerrilleras FARC son los esperados: la guerra, como era previsible, se ha agudizado en Colombia, y la paz, por ahora, parece atrapada en un callejón sin salida.
Pero esa sería una verdad demasiado sencilla para recoger toda la intensidad y la diversidad de matices que cobra el problema colombiano día a día después del reciente rompimiento: cambios cualitativos dados en la definición del conflicto podrían tener, consecuentemente, cambios en la materialización del enfrentamiento.
Ya antes de que el gobierno decretase roto el proceso negociador por el secuestro de un senador, adjudicado a las FARC, eran recurrentes los rumores en Washington acerca de un mayor involucramiento de Estados Unidos en Colombia.
Divididos entre la posibilidad de otro Vietnam —lo que representaría la injerencia directa— u otro Salvador, plasmado en una incrementada y multimillonaria ayuda financiera a las fuerzas armadas colombianas, los analistas parecían adivinar lo que se avecinaba: un recrudecimiento de la guerra que ciertos sectores de Estados Unidos alientan y aprovechan.
En la medida en que se reitera en Colombia la definición de terrorista que ya había dado la Casa Blanca a las FARC, al también insurgente ELN y a los paramilitares de las Autodefensas Unidas, suben de tono en Washington las declaraciones de quienes estiman que el Pentágono debe tener un papel más activo en la guerra.

VIVAN LAS ARMAS

Por otro lado, el operativo militar Tánatos (La Muerte), puesto en vigor por las Fuerzas Armadas dos horas después de la ruptura, para desalojar a la insurgencia de la llamada zona de distensión, ha plagado de bombas el área y hecho más azarosa la vida de la población rural asentada en esos enclaves.
Un reciente comunicado de los comandantes miembros de la Comisión Negociadora de las FARC, dijo el viernes que durante la última semana se arrojaron centenares de bombas de 250 y 500 kilogramos, causantes de incendios forestales, destrucción de carreteras, puentes y casas de campesinos así como de la muerte de tres civiles.
En el ínterin, el secuestro de una de las aspirantes en los próximos comicios de Colombia, la ex senadora Ingrid Betancourt —del que se responsabiliza también a las FARC— ha añadido tensiones al panorama bélico y político.
Declaraciones provenientes del grupo guerrillero, han advertido que el plagio de Betancourt tendría el fin ulterior de presionar por la Ley de Canje, una legislación solicitada insistentemente por las FARC para lograr la liberación de los guerrilleros confinados por el gobierno en cárceles comunes, sin estatus político.
En ese propósito, y para darle aire a una negociación que llevaba ya casi tres años con muchos pasos a favor pero sin un resultado concreto, las FARC procedieron a mediados del 2001 a la liberación unilateral de más de 300 policías y militares capturados en combate.
Entonces, la comandancia guerrillera arguyó que mantendría en su poder a una cincuentena de oficiales hasta que sus compañeros fueran liberados. Pero la demanda es todavía expectativa incumplida y ahora, más de un aspirante al legislativo, que también estará en liza en los próximos meses, suspendió sus actividades de campaña por temor a formar parte de "los canjeables".
Ello es otro punto que contribuye a hacer de la realidad colombiana una vivencia aún más dramática que el gobierno de Andrés Pastrana alega para reclamar ayuda internacional contra la insurgencia.
El periódico colombiano El Tiempo editorializó este sábado que el presidente "parece decidido a reorientar, hacia el combate al grupo guerrillero, el apoyo internacional que pidió al proceso de paz.
Según el diario, en su acostumbrada alocución radiotelevisada de los viernes, el mandatario dijo haber recibido el apoyo firme de la comunidad internacional en relación con el rompimiento de las conversaciones, pero expresó que ese respaldo no ha sido suficiente.
"Les hemos solicitado que obren con coherencia frente a la actitud terrorista de las FARC y que asuman su responsabilidad en la lucha contra el narcotráfico, que es el gran financiador de la violencia en Colombia."

DEL NARCO AL TERROR

Aunque, ante quienes alegan que Colombia necesita más "protección", el presidente W. Bush ha respondido evasivo, no debe dudarse que su actitud pueda cambiar. Incluso, es probable que una decisión congresional lo forzase a variar la óptica y dejar a un lado las trabas legislativas que, recordó, impiden desviar hacia otro fin, la ayuda concedida a Colombia desde el mandato de Clinton en virtud del enfrentamiento al narcotráfico.
Una posible fórmula conciliatoria de los dos caballos de batalla usados por Estados Unidos en Latinoamérica —el narcotráfico y, ahora, la novísima lucha contra el terror—, podría resultar la nueva propuesta del Departamento de Estado.
Tras reiterar el carácter terrorista adjudicado a las FARC, el ELN y los paramilitares, el Reporte sobre la Estrategia de Control de Narcóticos Internacionales "recordó" que esos grupos "controlan gran parte de la producción y distribución de narcóticos, logrando enormes ganancias".
Así, el informe se pronuncia por "un programa antiterrorista reforzado para Colombia en el 2002" que apoye "los esfuerzos de entrenamiento comenzados en el marco del Plan Colombia".
A largo plazo, ese podría ser el mal peor: una profundización de la "ayuda" norteamericana que no solo dotaría de más y mejores armas al ejército colombiano sino que, además, justificaría una mayor presencia de los halcones del Comando Sur enviados como asesores; la apertura quizá de nuevas bases militares como las de Manta o Tres Esquinas, o la proliferación de radares para mantener vigilados y a raya a los colombianos y a sus vecinos de la región.
En fin, una puerta abierta a Estados Unidos, ahora, con entrada más expedita.
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