2 de marzo del 2002

Ecuador: Arde el norte por huelga y represión

Kintto Lucas
IPS
Una alcaldesa del norte de Ecuador lanzó un angustioso pedido de auxilio ante la sangrienta represión militar de una huelga causada por el tendido de un oleoducto en la selva amazónica.
"Por favor, ayúdenos, por favor, ayúdenos, siguen baleando mi ciudad. Ahí cayó herido un compañero de la alcaldía", gritó a través del teléfono Guadalupe Llori, alcaldesa de Coca, capital de la nororiental provincia de Orellana.
La conversación de Llori con IPS era elocuente, pero se interrumpió unos minutos. Al restablecerse, la alcaldesa informó que los pobladores, enardecidos por la represión militar, habían incendiado las oficinas de la Empresa Eléctrica de la localidad.
Dos niños y dos adultos murieron entre el martes y este jueves por la represión, según versiones extraoficiales. Unas 40 personas fueron detenidas por el ejército, mientras que en diferentes centros de salud de Orellana han sido atendidas más de 300 personas heridas por los militares.
El Ministro de Gobierno (Interior), Marcelo Merlo, negó que la represión haya producido muertos y acusó a los gobiernos locales y organizaciones que realizan la protesta de chantajistas por exigir compensaciones a OCP Limited.
"Hay civiles heridos de bala. Los helicópteros lanzan bombas lacrimógenas contra la población. La provocación está indignando a la gente que había salido a protestar en forma pacífica. Es necesario que la gente en Quito sepa la verdad de lo que está pasando acá", afirmó Llori.
Orellana y la provincia de Sucumbíos, fronteriza con Colombia, exigen al gobierno de Gustavo Noboa que presione a la empresa OCP Limited, constructora del Oleoducto de Crudos Pesados, para que entregue 10 millones de dólares con el fin de destinarlos a obras sociales como compensación por los daños que causará la obra.
Los pobladores han cortado carreteras, tomaron pozos petroleros y ocuparon el aeropuerto de Coca, capital de Orellana, y oficinas de la empresa aérea TAME en Nueva Loja, capital de Sucumbíos.
Según información gubernamental, la protesta causó la suspensión de operaciones de 62 pozos petroleros y una refinería, lo cual ocasionó 2,21 millones de dólares de pérdida a las compañías petroleras.
El gobierno ecuatoriano declaró estado de emergencia el 22 de este mes en Sucumbíos y el día 23 en Orellana, cuando la protesta acababa de comenzar, con la excusa de proteger la frontera luego de la ruptura del diálogo de paz entre el gobierno colombiano y las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Sin embargo, Noboa afirmó el 25 de este mes que la declaración de emergencia respondía a la huelga.
Llori explicó que los gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil que realizan las protestas están abiertos al diálogo pero exigen que antes se levante el estado de emergencia y la represión.
"No podemos dialogar mientras nos están cayendo las bombas encima y quieren llevar presos a las autoridades locales que participamos en el paro", dijo la alcaldesa, sobre quien pesa una orden de captura impartida por el comandante de la IV División del Ejercito Amazonas, general Jorge Miño, a cargo de los operativos.
Los intentos de los organizadores de la protesta para dialogar con Miño el miércoles y este jueves fueron infructuosos, aseguró Luis Bermeo, prefecto (gobernante provincial) de Sucumbíos. Mientras, la presencia militar en Orellana aumentó este jueves.
El militar también ordenó la detención de varios periodistas y ordenó la clausura de la radioemisora La Jungla, a la que acusó de incitar la protesta.
Otras tres radioemisoras locales, Stereo Cumandá, Alegría y Municipal, fueron obligadas por los militares a no divulgar información sobre la represión, afirmó la presidenta de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, Elsie Monge.
En febrero del año pasado, pobladores, indígenas, campesinos, comerciantes y autoridades locales de Orellana y Sucumbíos realizaron una huelga similar para exigir obras de vialidad y electrificación, pues muchas carreteras carecen de asfalto y la distribución de energía está restringida a ocho horas diarias.
El gobierno se comprometió a realizar en tres meses las obras necesarias para solucionar los problemas de ambas provincias, de las cuales se ha extraído en 20 años 60.000 millones de dólares de petróleo, según cifras oficiales, y donde 90 por ciento de los habitantes viven en condiciones de pobreza.
Pero ha pasado un año y el gobierno no cumplió sus compromisos. Los representantes provinciales anunciaron una nueva huelga con las mismas exigencias y en apoyo a los pequeños y medianos agricultores que fueron afectados por la caída del precio del café.
"Estamos exigiendo que cumplan con los compromisos asumidos el año anterior y fomenten la producción en la provincia", dijo a radio La Luna de Quito el prefecto Bermeo.
El gobernante de Sucumbíos afirmó que, mientras las promesas siguen sin cumplirse, se permite la construcción de un oleoducto que causará graves daños ambientales y dará miles de millones de dólares de ganancia a las compañías petroleras, sin que exista una mínima compensación.
"La situación de los campesinos es angustiosa. La mayoría son pequeños productores de café que ha disminuido abruptamente su precio, y no reciben subsidios para comprar fertilizantes o créditos que los apoyen mejorar la producción", afirmó el gobernante.
Los campesinos de Orellana luchan para mejorar su producción y no verse obligados a cultivar coca, dijo a IPS Pedro García, un agricultor de la provincia.
"Queremos seguir plantando café o algún otro producto rentable, pero para eso necesitamos créditos, subsidios, carreteras para sacar la producción. Si no, terminaremos plantado coca", como ha ocurrido en Colombia, Perú y Bolivia, sostuvo.
García explicó que se acercaron "personas extrañas" que pagan por la coca cinco a seis veces más que lo que obtienen por el café.
"La coca es un cultivo más resistente, nos dan todo lo necesario para plantar, nos pagan cinco a seis veces más que el café, retiran la producción de nuestras fincas. Si el gobierno no nos ayuda, nos está empujando a plantar coca", aseguró García.
Muchos campesinos de Sucumbíos instalados junto a la frontera con Colombia perdieron su producción porque sus cultivos resultaron afectados por la fumigación de plantaciones de coca en territorio colombiano con el químico glifosato.
Los organizadores de la huelga propusieron que una comisión integrada por diputados de diversos partidos, quienes ya se reunieron con el presidente Noboa, constaten en persona la situación en Orellana y Sucumbíos y abran el diálogo con el gobierno, que se niega a negociar.
La diputada Nina Pacari, integrante de la comisión, sostuvo que la represión ordenada por el gobierno y las declaraciones agresivas de funcionarios como el ministro Merlo solo provocan más resentimiento.
"No es posible que se tilde de chantajistas a pobladores de dos de las provincias que contribuyen desde hace años con un alto porcentaje del presupuesto del Estado, mientras su gente vive en la pobreza. Las declaraciones del gobierno son injustas e inhumanas", concluyó Pacari.
Las dos provincias permanecen bajo estado de sitio y toque de queda y quienes violen las restricciones son sometidos al Código Penal Militar.