Latinoamérica

Grave violación de derechos en Guatemala

Según AI, la situación actual es semejante a la vivida en los peores años de la dictadura
Armando G. Tejeda
La Jornada

Madrid, 28 de febrero. "Estado de mafia corporativa", integrado por militares acusados de genocidio, empresarios indiferentes a la miseria y un Poder Judicial maniatado por una "red secreta" que permite la impunidad. Ante este panorama, y a seis años de la firma de los acuerdos de paz, la situación de los derechos humanos en Guatemala se asemeja a la vivida en los peores años de la dictadura militar, con el riesgo de "recrudecerse", advierte un informe dado a conocer hoy aquí por la organización Amnistía Internacional (AI).
El legado mortal de Guatemala. El pasado impune y las nuevas violaciones de derechos humanos fue presentado por Tracy Ulltveit-Moe, investigadora de AI para ese país, quien denuncia en el documento la "violencia política" que practican gobierno, militares, empresarios y multinacionales.
"Los acuerdos de paz de 1996 pretendían restablecer el estado de derecho y abordar las causas subyacentes del conflicto mediante convenios sobre los derechos y la identidad de los pueblos indígenas, sobre las garantías socioeconómicas, sobre el fortalecimiento del poder civil y sobre el papel del ejército en una sociedad democrática."
Sin embargo, "aún no se han puesto en práctica ni los elementos de los acuerdos de paz relacionados con los derechos humanos ni las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), y prácticamente ninguno de los responsables de las atrocidades masivas ha comparecido ante la justicia", señala el documento.
Por el contrario, Guatemala sigue por la senda de la "anarquía y el terror", asegura el informe, que cita como prácticas habituales contra los defensores de derechos humanos "las amenazas de muerte o las agresiones", con lo que se ha establecido algo parecido al "estado de sitio" para ese colectivo.
Los culpables del genocidio no sólo gozan de impunidad, ahora son más poderosos
La organización humanitaria hace especial hincapié en que los responsables del genocidio de más de 200 mil personas, la mayoría de la etnia maya, durante los 30 años de dictadura militar, no sólo gozan de impunidad, sino que ahora también son más poderosos. En este sentido, Esteban Beltrán, presidente de AI sección española, destacó que a diferencia de Argentina o Chile, "en Guatemala algunos de los principales acusados de este genocidio continúan en el poder, incluso uno de ellos preside el Congreso", en alusión al ex dictador Efraín Ríos Montt.
"Habiendo cometido impunemente asesinatos en masa durante los años del conflicto, los responsables no ven motivo para frenar sus actividades, sino que además se han enzarzado en toda una nueva gama de delitos de motivación económica, inducidos y encubiertos por organismos estatales, en lo que se ha dado en llamar el 'estado de mafia corporativa' de Guatemala", dice el informe, y agrega que al mismo tiempo los índices de delincuencia y violencia parapolicial "aumentan implacablemente".
Un caso expuesto "como ejemplo inequívoco de la impunidad" en Guatemala es el del asesinato del obispo Juan José Gerardi, en 1998, cometido días después de que presentara un documento que detallaba el exterminio y la política de "tierra arrasada" en las comunidades indígenas. En el marco de este caso ya murieron nueve testigos, mientras que quien fuera el fiscal especial, Celvin Galindo, se refugió en Barcelona ante las amenazas de muerte en su contra.
"A las tres horas del crimen se comenzó a manejar una hipótesis totalmente falsa, y el mismo gobierno dijo, en cadena nacional, que el asesinato del obispo Gerardi había sido por razones pasionales. Cuando fui nombrado para hacerme cargo de la investigación, en mi condicion de fiscal, supe que sería el principio del final de mi carrera; tomé el desafío con la esperanza de que iba a encontrar voluntad política de apoyar la investigación, pero me equivoqué", dijo Galindo, quien asistió a la presentación del informe, donde denunció: "estamos viviendo una violencia política de las mismas proporciones de la que se vivió en los peores años del conflito".
Asimismo, estuvo presente Denese Becker, antes Dominica Sic Ruiz, sobreviviente de una matanza de ejército y paramilitares, y luego adoptada por una familia estadunidense.
Al analizar el aparato judicial guatemalteco, AI sostiene que es "incapaz de actuar o de garantizar los derechos de los ciudadanos, y tampoco puede combatir la impunidad". Esto contrasta con la argumentación de la existencia de un estado de derecho en Guatemala, citada por la Audiencia Nacional española para desestimar el caso por la política de genocidio contra los indígenas de ese país. En cambio, existe "una red secreta" dedicada a obstruir la justicia, atacada por la injerencia política y la "corrupción generalizada.
"Hasta que se emprenda una reforma de raíz en la judicatura guatemalteca para ajustarla a las normas internacionales, y hasta que se haga llegar claramente el mensaje de que no quedará impune ningún abuso contra los derechos humanos, no puede haber una paz real y duradera en Guatemala", concluye AI.