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Confirma jueza que en 15 días citará
a De la Rúa a declarar por la violencia policial
Pesquisas sobre represión de diciembre evidencian que permanece la
impunidad militar en Argentina
Sería llamado el canciller Carlos Ruckauf, quien pidió la imposición
del estado de sitio
STELLA CALLONI CORRESPONSAL
Buenos Aires, 8 de marzo. Las investigaciones que lleva adelante la justicia
argentina para determinar quiénes son los responsables de la cruenta
represión del estallido popular del pasado 20 de diciembre, cuando cinco
personas fueron asesinadas en los alrededores de la céntrica Plaza de
Mayo y otras dos murieron en hospitales, dejan al descubierto la herencia de
la impunidad que liberó a los represores de la última dictadura.
La jueza María Servini de Cubría, quien resolvió la prisión
preventiva del ex secretario de Seguridad, Enrique Mathov y del ex jefe de la
Policía Federal, Rubén Santos, confirmó la víspera
que en 15 días citará al ex presidente Fernando de la Rúa
a declarar en esta causa por la represión policial. Mathov, en sus primeras
declaraciones aseguró que la responsabilidad de la represión no
era suya, pues él era sólo un funcionario intermedio y "todas
las decisiones fueron del doctor De la Rúa", informaron este viernes
fuentes judiciales.
Se busca determinar quiénes dieron la orden a la policía de reprimir
a los manifestantes que espontáneamente llegaron hasta la Plaza de Mayo,
frente a la Casa de Gobierno, luego de que De la Rúa declaró el
estado de sitio para enfrentar saqueos de comercios, cuando la falta de dinero
circulante por la confiscación de ahorros había agravado una situación
recesiva ya crítica.
Servini de Cubría dijo estar segura de que De la Rúa no va a evitar
este citatorio, pero en cambio ha denunciado operaciones de prensa de sectores
de la policía en su contra, para apartarla de esta causa, así
como otras maniobras para que detenga sus investigaciones sobre la fuga de dinero
de los bancos antes y durante el corralito financiero, que la llevaron
a detener y procesar al banquero Carlos Rhom.
Las investigaciones para determinar quiénes son los verdaderos responsables
de la represión del 20 de diciembre han dejado al descubierto un tema
doloroso para la sociedad argentina, el de la impunidad, que ha permitido que
continúen en las calles responsables de crímenes de lesa humanidad
durante la última dictadura (1976-83), o los funcionarios corruptos que
precipitaron la crisis terminal que hoy atraviesa el país.
En este contexto es que la diputada Patricia Walsh, de Izquierda Unida, presentó
el pasado martes un proyecto firmado por 22 legisladores de distintos partidos,
para la anulación definitiva de las leyes de Obediencia Debida y Punto
Final (1987), y los decretos de indulto (1990) a las juntas militares de la
dictadura.
En 1987, a sólo cuatro años del final de la dictadura y luego
de varios intentos golpistas, el gobierno de Raúl Alfonsín votó
estas leyes que dejaron sin castigo a miles de autores directos de graves violaciones
a los derechos humanos.
Algunos sectores permitieron entonces la iniciativa en pro de una supuesta "reconciliación"
que nunca fue, porque, como ha dicho Patricia Walsh, "ninguna ley puede tapar
la historia de una dictadura atroz ni silenciar los crímenes". La diputada
es hija del escritor y periodista Rodolfo Walsh, que pasó a engrosar
la lista de los miles de desaparecidos, después de haber escrito una
valiente carta pública contra la junta militar.
Este tema ha vuelto al tapete cuando circulan rumores sobre un posible golpe
de Estado, y por eso también toma relevancia la investigación
de Servini de Cubría, que ha llevado a prisión también
a varios oficiales de policía acusados de ser los autores directos de
los crímenes del día 20.
Corren versiones de que también se tendría que citar a declarar
al actual canciller, Carlos Ruckauf, ya que era gobernador de la provincia de
Buenos Aires en diciembre y habría sido uno de los que llamó a
De la Rúa para que impusiera el estado de sitio.
En cambio, Servini de Cubría dijo la víspera que aún no
analiza el pedido de citación de Antonio de la Rúa, hijo del ex
presidente, supuestamente "sospechoso" por haber llamado a su padre para pedirle
que no renunciara. Esta citación suena "desproporcionada" a muchos juristas,
ya que el pedido se hizo sin que se citara antes a su padre, y además
el joven nunca ocupó un puesto oficial.
También resulta desproporcionada para muchos la actitud de la cadena
Tower Records, que sacó de la venta los discos de Shakira, cantante colombiana
que es novia del hijo del ex presidente.
Para algunos analistas, esta actitud formaría parte de una campaña
destinada a desviar el enojo popular de otros hechos gravísimos que suceden
en el país, de las maniobras del sector financiero, y de la crisis inédita
que atraviesa el país. También buscaría desviar la atención
de los verdaderos responsables de la represión. Exactamente, el miércoles
un programa de televisión mostró un video en el cual algunos de
los policías procesados por Servini de Cubría disparan directamente
sobre los manifestantes.
Un testigo reconoció entre esos hombres al comisario Inspector Orlando
Oliverio, a un subcomisario identificado como Rodríguez y al oficial
principal José Luis González, como quienes dispararon a quemarropa
contra Alberto Márquez, de 57 años, y Martín Galli, de
26 años, quien sobrevivió milagrosamente.
Como agravante, los policías llegaron al lugar vestidos de civil y en
vehículos sin identificación, en los que portaban escopetas cargadas
con municiones de plomo. En la investigación se está manejando
que si bien altos funcionarios del gobierno ordenaron el despeje de la Plaza
de Mayo, no habrían dado órdenes de disparar a matar, aunque serían
culpables "por omisión" al no ordenar detener la matanza.
Precisamente, el oficial González fue procesado anteriormente por ocultar
y destruir evidencias por el caso AMIA que involucraban a un sospechoso con
vínculos policiales. Otro caso simbólico es el del teniente coronel
retirado Jorge Varando, detenido hace una semana acusado de matar de un tiro
en la cabeza a un joven de 23 años ese 20 de diciembre. Este ex militar,
que aparece disparando en el video, figura en los archivos del Centro de Estudios
Legales y Sociales como represor de la dictadura. Así, los fantasmas
del pasado no se han retirado, y están dispuestos a seguir actuando.
