Paramilitares asesinan a líder indígena en el Cauca

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LOS CABILDOS INDÍGENAS DEL NORTE DEL CAUCA, NORORIENTE, Y EL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA CRIC DENUNCIAMOS PÚBLICAMENTE

Que el día 4 de marzo del 2.002, fue asesinado SAMUEL FERNADEZ DIZU, identificado con C.C. No. 10.505.297 de Santander de Quilichao, ex gobernador y líder indígena del Resguardo de Las Delicias, Buenos Aires, quien fue retenido en contra de su voluntad por paramilitares a las 9:30 de la noche en el parqueadero de Taxis ubicado frente al CAI de la Policía, en el casco urbano de Santander de Quilichao. Al día siguiente su cadáver fue encontrado en la vía que de Santander conduce al Municipio de Caloto, con tres impactos de arma de fuego en la cabeza y uno en la pierna izquierda.

CONSIDERACIONES

Al líder indígena SAMUEL FERNÁNDEZ DIZU, le había sido decomisada la motocicleta de marca honda XL 125, placa LCI11, modelo 1.982, color naranja, el día 22 de febrero, en el casco urbano de Santander de Quilichao, por miembros de la Policía Nacional. El día de su retención y asesinato se encontraba haciendo trámites para colocar una denuncia en la Fiscalía en contra de la Policía para recuperar su motocicleta.
Desde el mismo momento en que lo intimidaron y le retuvieron la motocicleta, los agentes de la policía lo chantajearon pidiéndole plata para entregársela. Lo extraño del caso es que desde el día 22 de febrero hasta la fecha de su asesinato, la Policía no había realizado la entrega respectiva de la moto decomisada para que se investigara si estaba legalizada.
La retención en contra de la voluntad de SAMUEL FERNANDEZ por los paramilitares se da a escasos 10 metros del Centro de Atención Inmediata de Santander de Quilichao, donde regularmente hay efectivos de la Policía o miembros de los cuerpos de seguridad SIJIN, DAS o F2. Igualmente Santander permanece militarizado y nadie sabe nada como en tantos hechos anteriores sucedidos en esta ciudad.
En los últimos cinco años, tiempo en que fue implementada la ley Páez, la arremetida contra comuneros indígenas por parte de los diferentes grupos armados ha dejado 42 asesinados, 16 desaparecidos, 16 amenazados y 3 atentados a la vida.
A pesar del incremento del pie de fuerza en el norte del Cauca los niveles de inseguridad y violencia se han incrementado y el control ciudadano lo tienen los grupos armados al margen de la ley.
Por lo anterior las autoridades indígenas tradicionales hemos colocado las respectivas denuncias ante los organismos de Derechos Humanos como la Procuraduría Delegada para los derechos humanos, la vicepresidencia de la República, Defensoría del Pueblo, ONU, Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, y Exigimos que estos delitos no queden en la impunidad, para lo cual se debe ordenar de forma inmediata se investigue, juzgue y condene a los autores materiales e intelectuales de los mismos.
Responsabilizamos al Estado por la presunta complicidad de la Fuerza Pública de Santander de Quilichao, en el caso del asesinato de SAMUEL FERNÁNDEZ, así como de los casos mencionados anteriormente por el daño individual, familiar y colectivo ocasionado a los pueblos indígenas y en este caso para el pueblo Páez del Norte del Cauca.
Convocamos a la población del norte del Cauca para aunar esfuerzos en defensa de la vida y para evitar ser cómplices de las acciones violentas y violatorias de los derechos humanos que realizan indiscriminadamente los actores armados.
Reiteramos nuestro llamado a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos para que asuman un papel activo y efectivo frente a los hechos que cotidianamente ensombrecen nuestra realidad social y rompen la convivencia ciudadana.
Requerimos de los empresarios de los ingenios, de las empresas establecidas por beneficio de la ley Páez y de otras establecidas en la región para que se pronuncien frente a su responsabilidad con relación al incremento de la violencia y su real compromiso con la paz y la convivencia sin violencia.
Solicitamos del Gobierno Nacional, debido a al omisión y falta de eficacia en el control del orden público, tomar los correctivos necesarios y, en coordinación con la sociedad civil, se identifiquen las responsabilidades de los mandos tanto de la policía como del ejército.
Solicitamos, en término perentorio, de los organismos de investigación un pronunciamiento público respecto a los procesos e investigaciones de los hechos de violencia ocurridas en los últimos cuatro años en el norte del Cauca.
Finalmente, es claro para nosotros que estos acontecimientos dolorosos para nuestras comunidades y para el pueblo colombiano, son consecuencia de las medidas económicas y de la política de guerra exigida por los Estados Unidos, acogida por el poder económico y político del país y acogida por el Presidente Pastrana, por lo cual manifestamos, que dentro de nuestra cosmovisión indígena estos hechos son considerados masacres colectivas contra el pueblo Páez, lo cual está llevando a la extinción y genocidio de nuestra comunidad indígena y exigimos se de cumplimiento al espíritu constitucional establecido en los artículos 1, 2, 5, 7, 11, 13 y 22 de la Carta Magna.
ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL NORTE DEL CAUCA -ACIN CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA -CRIC-