2 de enero del 2002

Sindicalistas en Colombia: ¿Víctimas del conflicto
o de los intereses económicos?

Íñigo Herráiz
Centro de Colaboraciones Solidarias

De enero a diciembre de este año han sido asesinados en Colombia 125 sindicalistas. En la última década más de 1500. Colombia ostenta el triste record de ser el estado con mayor número de asesinatos de sindicalistas: 3 de cada 5 asesinatos de este tipo que se cometen en todo el mundo, se llevan a cabo en este país. Aunque la mayoría de estos crímenes quedan impunes, es comúnmente aceptado que detrás de ellos se encuentran los grupos paramilitares de extrema derecha. Estos "escuadrones de la muerte", que surgieron en la década de los 80 financiados por los finqueros (grandes propietarios), continúan justificando los asesinatos de civiles como parte de su lucha contra la guerrilla, cuando, en realidad, responden a otros intereses más lucrativos. Entre los beneficiarios de su actividad criminal aparecen ahora las grandes multinacionales que operan en el país.
Meses atrás, Gustavo Soler recibía en su despacho la visita de un periodista del diario neoyorquino The Nation. Acababa de asumir la presidencia del sindicato de los trabajadores de la multinacional americana Drummond Ltd. en la remota provincia de Cesar, al norte de Colombia. La entrevista tenía lugar sólo tres meses después de que su predecesor en el cargo fuera asesinado por un grupo de paramilitares. Soler reconocía entonces al reportero estadounidense que su vida corría peligro. Hoy está muerto.
De nada le sirvió aparecer en la prensa internacional. No pudo con ello disuadir a sus verdugos y ni siquiera propició que la empresa tomara medidas para garantizar su seguridad. El pasado 6 de octubre, un grupo de hombres armados le obligaron a bajarse del autobús en el que viajaba. Al día siguiente su cuerpo fue encontrado con dos impactos de bala en la cabeza. Soler y sus compañeros asesinados, reclamaban mejores condiciones de trabajo y acusaban a la compañía estadounidense de violar las leyes laborales colombianas.
Los asesinatos de sindicalistas y los turbios intereses que los motivan, tienden a pasar inadvertidos en medio de la violencia de un conflicto que genera una media superior a los 15.000 muertos anuales. Rara vez los asesinados son conocidos por su nombre; los más son simplemente una cifra a sumar a larga lista de sindicalistas asesinados a lo largo del año.
El pasado 21 de junio, Oscar Darío Soto Polo, presidente de la Unión Nacional de Trabajadores de Bebidas, fue asesinado a la salida de su trabajo en la planta embotelladora de Coca-Cola en Monteria. En esos días el sindicato que presidía, negociaba con la empresa un incremento salarial. La Unión de Trabajadores reclamaba una subida del 17% al 20%, la compañía ofrecía un 6,5%. Dos semanas después del asesinato de Soto, se alcanzó un acuerdo para una subida del 8,5%, muy lejos de las aspiraciones iniciales de los trabajadores.
Oscar Darío Soto Polo hubiera sido simplemente la víctima sindical número 62 de este año, de no ser por el oportunismo de su muerte. Un mes después de su asesinato, el Fondo Internacional de los Derechos Laborales (International Labor Rights Fund) y la Unión de Trabajadores del Acero (The United Steel Workers Union), interpusieron una demanda, en un juzgado de Miami, contra la multinacional estadounidense Coca-Cola y sus plantas embotelladoras en Colombia, acusándolas de servirse de brigadas paramilitares para asesinar, torturar, secuestrar y amenazar a los líderes sindicales.
El nombre de Soto aparecía en la querella simplemente para ilustrar la gravedad de la situación, pero ésta incluía una extensa crónica de las barbaridades cometidas por los paramilitares en las plantas embotelladoras de Coca-Cola desde 1996. La compañía negó cualquier implicación en el asunto.
Al margen de la suerte que corra la demanda, las organizaciones de derechos humanos denuncian que las empresas se benefician de las prácticas de los paramilitares y que se aprovechan del conflicto armado para reducir la presión sindical. Si no alientan estos crímenes, sí al menos los permiten o no hacen nada para evitarlos. Los sindicatos advierten que las compañías, que suelen estar al tanto de las amenazas que sufren sus empleados, no se preocupan de cuidar, en modo alguno, de su seguridad. Es más, en algunos casos, incluso ponen en peligro la vida de sus trabajadores: en zonas conflictivas se encargan de anunciar públicamente la vinculación de determinados miembros del sindicato con la guerrilla, lo que en muchos casos equivale a una sentencia de muerte.
Durante un viaje a Colombia, plasmado en un reportaje en el diario francés Le Monde, el filósofo y periodista, Bernard-Henri Lévy preguntó al líder paramilitar Carlos Castaño sobre el motivo de los asesinatos de sindicalistas. Éste le contestó: "Los sindicalistas impiden trabajar a la gente. Por eso les matamos."
¿Existe complicidad entre los paramilitares y las grandes compañías que operan en Colombia? Las evidencias abundan, pero hasta el pasado mes de julio nadie se había atrevido a denunciarlo.