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 Latinoamérica |
26
de junio del 2001
Clase obrera y protesta social en la Argentina de los '90
Nicolás
Iñigo Carrera y María Celia Cotarelo
Wayruro
En la Argentina de la última década, la lucha del campo popular
aparece atomizada. Si se toma como hecho a analizar la protesta social, se
debe partir de la revuelta producida en mayo a julio de 1989 y febrero y marzo
de 1990. En realidad, lo ocurrido en ese momento (saqueos, ollas populares,
etc) no alcanzó a constituirse en protesta ni se dirigió contra
el estado o el gobierno, limitándose a ser, principalmente, un choque
entre particulares (1). La desarticulación de relaciones sociales que
produjeron las hiperinflaciones (que vino a sumarse a las desarticulaciones
producidas anteriormente por la llamada guerra antisubversiva, la guerra de
Malvinas y la manera en que se desarrolló la salida electoral de 1983),
permitió que se aplicara con toda contundencia la política de
la oligarquía financiera, que detenta el gobierno a través de
sus cuadros militares o políticos, desde 1976. En ese primer momento
que sigue a la revuelta, lo que caracteriza a esa política es la privatización
de empresas estatales, con su efecto de «retiros voluntarios» y despidos
de asalariados; y sus efectos para los trabajadores que se manifiestan en
el incremento de la desocupación (abierta o encubierta), y la disminución
de los salarios (como relación entre lo pagado por la fuerza de trabajo
y el desgaste que se hace de ella, es decir incluyendo las condiciones en
que se trabaja, duración de la jornada, etc). Si bien hubo intentos
de resistencia a la nueva situación que se pretendía imponer
(por ejemplo, la llamada «Plaza del No» o el corte de ruta pionero
de los trabajadores de Hipasam en Sierra Grande en 1991), estos intentos estuvieron
signados, generalmente, por el aislamiento social de los obreros y el consenso
(que como bien dice Gramsci oscila entre la coacción y la corrupción)
de buena parte de la sociedad, incluyendo a muchos de esos mismos trabajadores
A fines de 1993, con el motín de Santiago del Estero, parece producirse
un punto de inflexión en las luchas populares, no porque se cierre
el período contrarrevolucionario que se inició a mediados de
la década de 1970, sino porque dentro del período aparecen indicios
del inicio de una nueva fase, que sigue a la que se abrió en 1989/90.
Entre los hechos vinculados a la protesta que se suceden en esta fase, encontramos
numerosas manifestaciones callejeras, algunas de las cuales aparecen teniendo
elementos del motín (como el ataque a las sedes del gobierno y residencias
de los políticos), las nueve huelgas generales(2), y los llamados cortes
de ruta. En ninguno de los hechos encontramos desarrollada una política
«conciente», en el sentido de que apunte a la superación de
raíz de las causas del estado en que se encuentran las fracciones sociales
involucradas (y en este sentido todos estos hechos quedarían localizados
dentro de lo «espontáneo»), pero pueden señalarse diferencias
entre ellos, que muestran un avance desde formas no sistemáticas a
formas sistemáticas. Vale la pena detenerse en describir algunos rasgos
principales del motín, las huelgas generales y los llamados cortes
de ruta, que permiten señalar las características de la protesta
en los años '90.
El motín
El motín del 16 y 17 de diciembre de 1993 se produce en las ciudades
de Santiago del Estero y La Banda. En ese año las finanzas del gobierno
santia-gueño se encuentran en fuerte déficit y los trabajadores
estatales no cobran sus salarios, o los cobran con retrasos de meses. El gobierno
provincial gestiona el envío de fondos por parte del gobierno nacional,
pero éste exige la aplicación de una política de ajuste
de los gastos públicos, que se llevará adelante por medio de
la llamada «ley ómnibus», que es aprobada por la legislatura
provincial en el mes de noviembre, e implica la cesantía de alrededor
de 10.000 empleados estatales y la reducción de los salarios para el
resto. El Ministro de Economía provincial decide reducir los salarios
de noviembre en un 50% y dejar «para ejercicios vencidos» los salarios
de septiembre y de octubre. Se ven afectados directamente pues, los intereses
inmediatos de gran parte del proletariado de la provincia. La «ley ómnibus»
es aprobada por los legisladores pertenecientes a las líneas internas
del Partido Justicialista (excepto los «juaristas») con la colaboración,
al dar quorum, de legisladores de la UCR. Es en esta situación económica
y política que se produce el llamado «santiagazo».
Delimitamos seis momentos en el desarrollo del hecho. El primero lo constituye
la marcha y concentración frente a la casa de gobierno provincial de
distintas personificaciones de categorías económicas, como continuidad
de la lucha económico-corporativa que se viene desarrollando en la
provincia desde meses antes. Se movilizan trabajadores de distintos gremios
estatales, junto con jubilados y estudiantes, que reclaman la derogación
de la «ley ómnibus» y el pago de salarios atrasados. Su protesta
contra esta medida de gobierno se dirige contra el estado en tanto empleador.
En este momento se encuentran presentes dirigentes sindicales, la mayoría
de los cuales se retirarán ante el carácter que va asumiendo
la movilización.
El segundo momento es el choque callejero con la fuerza armada del gobierno,
cuyo desarrollo marca el tránsito hacia lo que constituye el «santiagazo»
propiamente dicho. Pero lo propio del hecho es el desarrollo del choque, caracterizado
por el retroceso de la policía y el avance de los manifestantes. A
partir de entonces se produce el «santiagazo», que abarca los siguientes
cuatro momentos: el asalto y destrucción de los edificios donde tienen
su sede los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, el asalto y saqueo
de las viviendas de dirigentes políticos y sindicales, el desplazamiento
de la multitud en la ciudad y el desplazamiento a la ciudad de La Banda de
los asaltos a viviendas de dirigentes políticos. Los blancos elegidos
no son arbitrarios: se trata de las viviendas de aquéllos que impulsaron
la sanción de la «ley ómnibus», que están acusados
de actos de corrupción o que son considerados responsables de la política
económica aplicada en la provincia en los años anteriores. Ante
el retiro de la fuerza policial, la ciudad queda en manos de los manifestantes.
Estos visualizan a los dirigentes políticos provinciales -tanto de
las distintas líneas del PJ como de la UCR- como los principales responsables
de la situación de miseria en que se encuentran, acusándolos
de tener una conducta delictiva -«ladrones y corruptos». También
se observa el repudio al obispo local, y al presidente Carlos Menem. De esta
manera, comienzan a constituir un enemigo, aunque todavía en una forma
embrionaria. A diferencia del momento económico-corporativo, no se
plantea aquí ningún reclamo explícitamente formulado.
Lo que se proponen es expresar su indignación por lo que consideran
una «traición» de sus representantes a los intereses del pueblo,
mediante la destrucción de edificios y objetos que simbolizan el poder
provincial. No se proponen ocupar los edificios gubernamentales, sino destruirlos.
Ya no actúan en tanto trabajadores estatales, estudiantes ni jubilados,
sino en tanto integrantes del pueblo, es decir, excluidos del poder político.
La organización existente es elemental, la imprescindible para llevar
a cabo cualquier hecho colectivo. Militantes sindicales y políticos,
así como algunos «líderes» surgidos en el momento, proponen
distintas acciones y blancos de los ataques, propuestas que son aceptadas
por la multitud. Incluso se improvisa una asamblea, en la que se discuten
rápidamente distintas propuestas. Sin embargo, no existe ninguna organización
sindical ni política que conduzca el hecho, ni se constituye ninguna
forma de organización que pueda desarrollarse a partir de entonces.
Luego del ataque a los edificios gubernamentales, la multitud se divide en
grupos que avanzan hacia las casas de dirigentes políticos y sindicales.
El avance es iniciado en todos los casos por un pequeño grupo, al que
se van sumando los pobladores de los barrios. No se registran ataques a las
personas. Si bien en la mayoría de los casos los dirigentes no se encuentran
en sus viviendas, cuando lo están no son agredidos. El objetivo que
persiguen los «saqueadores» es el de apropiarse de todos los objetos
que encuentran, y en particular los objetos de lujo, así como destruir
o dañar las casas. En gran medida se trata, además del saqueo,
de actos de venganza y de odio, que son festejados con aplausos por los participantes
y espectadores de las acciones.
La misma noche del 16, el Congreso Nacional dispone la intervención
a los tres poderes provinciales con apoyo de todos los partidos políticos,
aprobando un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que manda gendarmes y
policías federales a la provincia. El 17 de diciembre es nombrado el
interventor federal, en momentos en que la multitud continúa apedreando
los edificios gubernamentales y manifestando por las calles. Durante la segunda
jornada se limitan a manifestar su indignación, sin que tampoco se
ponga de manifiesto ningún otro objetivo; a pesar del repudio generalizado
al gobierno, a los funcionarios y dirigentes políticos, no se formula
ningún reclamo explícito de que renuncien.
El 19 de diciembre el interventor Schiaretti fija un tope de 3.500 pesos para
los salarios «de privilegio» en la administración pública
local. Dispone también pagar un sueldo de emergencia de 500 pesos para
los 60.000 empleados públicos y de 300 pesos para los jubilados. En
síntesis, los principales rasgos de las acciones son: la oposición
al gobierno provincial -así como a otras expresiones del sistema institucional-,
por parte de los excluidos del poder político (pueblo); disposición
a la lucha; la organización sindical no cumple ningún papel
en tanto organización de los excluidos del poder político, sin
que surja ninguna organización que exprese sus intereses en tanto pueblo;
la organización de las acciones que se observa en el hecho es circunstancial,
transitoria; no se observa ningún objetivo positivo: se trata de una
acción defensiva, tendiente a evitar un empeoramiento en las condiciones
de vida y de trabajo; lo que se pone de manifiesto, ante la percepción
de que no logran impedir la política gubernamental, es un sentimiento
de indignación y de venganza; aparece una delimitación embrionaria
de un enemigo. El elemento de repudio al conjunto de los representantes de
los partidos políticos y el sistema insti-tucional que aparece en el
«santiagazo», se pone de manifiesto en la participación electoral
de los ciudadanos santiagueños (3).
Los rasgos señalados nos llevan a conceptualizar el «santiagazo»
como motín, es decir, un levantamiento de gente oprimida, que se focaliza
sobre las instituciones del gobierno o el estado. Constituye una expresión
de desesperación y venganza, en la que prevalece el elemento espontáneo.
No hay elección del momento en que va a producirse, y está en
un nivel de conciencia más bajo que cualquier tipo de hecho sistemático.
Se encuentra en el umbral de la lucha de la clase obrera, porque si bien puede
calificarse de «espontánea» lo es en tanto forma embrionaria
de lo consciente, lo que se expresa en la pérdida de «la fe tradicional
en la inmovilidad del orden de cosas que los oprimía»(4).
Los que participan en el motín de Santiago del Estero no son sólo
los trabajadores asalariados estatales, quienes son los que protagonizan el
asalto a los edificios gubernamentales. También están presentes
habitantes de los barrios más pobres de la ciudad y desocupados. Éstos
son los que protagonizan los saqueos a las viviendas de los políticos.
No son apoyados por fracciones de pequeña burguesía, que, si
bien se han estado movilizando tiempo antes contra la política del
gobierno, aparecen oponiéndose a los amotinados, ante el temor de que
sea atacada su propiedad privada (como los comerciantes, que se atrincheran
y se arman para defender sus comercios ante el temor de un ataque por parte
de los amotinados).
El régimen político en su conjunto cierra filas contra el motín,
mientras que, por el contrario, en distintas luchas los trabajadores se refieren
al mismo como un «ejemplo» a seguir (5). A la vez, en numerosas luchas,
los trabajadores llevan a cabo acciones del tipo de las que constituyen el
motín de Santiago del Estero, principalmente el ataque a edificios
gubernamentales (6). Por lo tanto, si bien en la provincia de Santiago del
Estero el motín se agota en sí mismo, sin imprimir un curso
distinto a las luchas de los trabajadores y el pueblo, existen elementos que
señalarían, aunque sea embrionariamente, la posibilidad de la
existencia de un movimiento en formación en el conjunto del país,
constituyendo su forma más primitiva y espontánea. El motín
de 1993 señala, como se verá a continuación, que ha comenzado
un momento ascendente de las luchas de la clase obrera y el pueblo. Momento
que se extiende aproximadamente hasta los primeros meses de 1997. La existencia
de este momento ascendente salta a la vista si se observan las huelgas generales
y los llamados «cortes de ruta».
Las huelgas generales
En la década de 1990 hay 9 huelgas generales nacionales, declaradas
por una o varias de las organizaciones sindicales nacionales que agrupan a
sindicatos o corrientes sindicales y que observadas en conjunto pueden describirse
como «huelgas demostración». Salvo la primera de ellas, parcial,
se producen después del motín de 1993, y se concentran en 1995
y 1996 (7). Su distribución espacial muestra que tienden a ser más
importantes en los cordones industriales (Gran Buenos Aires, Rosario, Córdoba)
y en ciertas ciudades y regiones del interior del país (Mar del Plata,
Chaco, Noroeste, Entre Ríos, Río Negro). Esta distribución
está directamente vinculada con las fracciones proletarias que más
participan, si se observan las huelgas generales en conjunto (es decir, sin
atender a las diferencias entre las distintas huelgas): obreros industriales,
asalariados de las administraciones provinciales y municipales y docentes.
La adhesión de los trabajadores es importante en todas las huelgas,
alcanzando el 50% en las que menos adhesión tienen. Pero puede advertirse
una tendencia a un incremento de la adhesión hasta la segunda huelga
general de 1996 y una disminución desde la tercera de 1996, en la de
1997 y más aún en la de 1999: las huelgas generales de 1995
y 1996 son las que tienen mayor adhesión, entre el 70 y 90% de los
trabajadores, y aún más en las grandes ciudades del interior
del país. Debe destacarse que esa adhesión se realiza a pesar
de las intimaciones y declaración de ilegalidad por parte del gobierno
en los primeros paros. Y también a pesar de la presión que ejerce
la superpoblación obrera, que se manifiesta en los altos índices
de desocupación y subocupación: las mayores huelgas generales
(1995 y 1996) se producen cuando los índices de desocupación
y subocupación alcanzan sus valores más altos, sumando a casi
el 30% de la población económicamente activa. Hasta fines de
1996 se observa una tendencia a un mayor grado de unidad de la clase obrera,
expresada en la unidad de sus cuadros sindicales. En 1992 una parte (minoritaria
pero activa, como es CTERA) se opone a la huelga general; en 1994 y comienzos
de 1995 una parte (CGT) no participa de las huelgas generales; desde mediados
de 1995 y durante todo 1996 (año en que se realizan la mayor cantidad
de huelgas generales) hay unidad en la acción de los cuadros sindicales
(CGT, CTA, MTA, CCC) que convocan y adhieren a las huelgas generales. Esta
tendencia se revierte desde 1997 cuando una parte de los cuadros sindicales
(CGT, excepto la UOM) acuerdan con el gobierno y se oponen a las huelgas.
También puede observarse una tendencia a una creciente adhesión
de fracciones sociales no proletarias expresadas en organizaciones económico
corporativas (CAME, CGE) y las direcciones de los partidos políticos
mayoritarios que constituyen la oposición oficial. También esta
tendencia parece revertirse desde 1997.
De manera que en el desarrollo de las huelgas generales se pueden señalar
tres momentos: uno entre 1992 y 1994, en que existe fractura entre los cuadros
sindicales, una adhesión mayor al 50% de los trabajadores a las huelgas
generales y relativo aislamiento social del movimiento obrero; otro en 1995
y 1996, en que los cuadros sindicales alcanzan su mayor grado de unidad en
la acción, se produce la mayor cantidad de huelgas generales, que alcanzan
la mayor adhesión entre los trabajadores y reciben el más extendido
apoyo desde otras fracciones de la sociedad; un tercero desde 1997 hasta 1999,
en que hay nuevamente fractura entre los cuadros sindicales, menos huelgas
generales, menor adhesión de los trabajadores y mayor aislamiento social.
Las huelgas del período tienen como rasgo propio, que las diferencia
de las de la década anterior, el que no se realizan predominantemente
por aumentos salariales, sino explícitamente por reclamos políticos:
en contra de la política económica, laboral y social del gobierno.
En todas las huelgas generales el objetivo es oponerse a políticas
de gobierno y sus efectos sobre las condiciones en que se desarrolla la vida
de los trabajadores. Algunos de los que participan expresan la oposición
al gobierno mismo, pero en ninguno de los hechos descriptos aparece explícita
una oposición al sistema, a la forma de organización social
vigente. Se proponen defender la legislación existente (resultante
de las luchas obreras anteriores) y oponerse a las nuevas condiciones que
pueden sintetizarse en la llamada «flexibilización laboral».
Si bien no logran revertir la política del gobierno, sus resultados
son más exitosos de lo que suele reconocerse: baste recordar que la
huelga del 26 y 27 de septiembre de 1996 declarada por la CGT (de cuya dirección
formaba parte en ese momento el MTA), con adhesión del CTA, y la amenaza
de huelga por tiempo indeterminado realizada por la CGT el 18 de noviembre
del mismo año, impidieron (en el plano jurídico) la implantación
total de la flexibilización laboral (8) (a lo que los cuadros políticos
e ideológicos del gran capital se refieren hoy como las «tareas
pendientes» o «deberes inconclusos del gobierno»).
Los llamados «cortes de ruta»
Desde el motín de Santiago de Estero, que constituye el punto de partida
de nuestro registro, hasta octubre de 1999, hemos registrado 685 hechos en
los que se utiliza el corte de ruta o de calle. Los cortes se producen en
todas las jurisdicciones políticas, con la excepción de Formosa,
distribuyéndose porcen-tualmente de la siguiente manera: 23,4% en Capital
Federal; 14% en Santa Fe; entre un 5 y un 8% en cada una de las siguientes
jurisdicciones: Jujuy, Córdoba, Neuquén, Resto de Buenos Aires,
Pampa Húmeda, Gran Buenos Aires y Tucumán; y en el resto alrededor
de un 2% o menos en cada una.
Los «cortes» son realizados principalmente (casi el 90%) por personificaciones
de categorías económicas (asalariados, empresarios, etc) o sociales
tradicionales (estudiantes). Los llamados «nuevos sujetos sociales»
están incluidos dentro del 9% de la categoría «Otros»,
y su peso es muy bajo.
Participantes Nº %
No Asalariados* 326 47,6
Asalariados** 252 36,8
Asalariados y No
Asalariados 26 3,8
Otros*** 62 9
Sin Datos 19 2,8
Total 685 100
* Pequeños y medianos propietarios, estudiantes y «ciudadanos»; estos
últimos realizan 3 hechos y son incluidos en esta categoría
por su lugar de residencia.
** Incluye Jubilados (5 hechos).
*** No identificados por su ocupación sino por otros atributos. Incluye
personificaciones de categorías sociales o políticas más
que económicas: usuarios, vecinos, militantes, villeros, indígenas.
La mayoría de los que realizan cortes son «No Asalariados»,
fracciones de pequeña y mediana burguesía (productores agropecuarios,
comerciantes y otros empresarios, estudiantes). Sin embargo, si se introduce
en el análisis la dimensión temporal, se advierte que este protagonismo
de los no asalariados resulta de su activación principalmente en 1999:
si se toman en consideración los registros hasta octubre 1997 se observa
que hasta ese momento «la gran mayoría de los ‘cortes’ son protagonizados
por trabajadores asalariados ocupados (...)»(9). También se producen
unos pocos hechos que son llevados adelante conjuntamente por trabajadores
asalariados y fracciones de pequeña burguesía, que confluyen
en el mismo «corte». Más de un tercio de los cortes son realizados
exclusivamente por asalariados, tanto ocupados como desocupados. Contrariamente
a lo que señalan muchos de los discursos sobre los cortes de ruta,
más de las dos terceras partes de los protagonizados por trabajadores
asalariados son realizados por ocupados (171; 67,9%) y no por trabajadores
desocupados (45; 17,9%), mientras que algunos (21; 8,3%) son realizados por
ocupados y desocupados conjuntamente, y unos pocos por jubilados (5; 2%) o
no se sabe quién los hace (10; 4%).
Los Asalariados que protagonizan los cortes pertenecen a distintas ramas de
la actividad económica, distribuyéndose en proporciones similares
entre asalariados del estado (administración pública, docentes,
de la sanidad, etc.) (33,7%) y privados (obreros industriales, del transporte,
etc) (32,9%); 13,1% son realizados por asalariados privados y estatales conjuntamente,
y en un 20,2% no hay datos. El 80,1% (549) de los cortes tiene como objetivo
obtener reivindicaciones inmediatas para los mismos que las realizan(10),
mientras que sólo el 14,9% (102) están dirigidas a modificar
políticas de gobierno (nacional y/o provincial) y van, aunque sea parcialmente,
más allá de ese interés particular e inmediato.
Si se atiende en particular a los cortes relacionados con problemas de empleo
y condiciones laborales se observa que el 48,2% (81) son en reclamo de puestos
de trabajo, 35,7% (60) son por salarios (adeudados, contra reducción,
por aumento, etc), y 16,1% (27) son por salarios y empleo conjuntamente. Consistentemente
con quiénes los protagonizan mayoritariamente y con el hecho de que
se trata principalmente de reivindicaciones inmediatas se observa que el 68,2%
de los cortes son organizados por instituciones ya constituidas que organizan
ese tipo de intereses:
Organización Nº %
I. Empresaria 217 31,7
II. Sindical 170 24,8
III. Espontáneo 77 11,2
IV. Estudiantil 76 11,1
V. Multisectoriales,
coordinadoras y
autoconvocados 62 9,1
VI. Otros 13 1,9
Sin Datos 70 10,2
Total 685 100
I. Todos los niveles de organización empresaria; incluye 2 de cooperativas
de productores.
II. Todos los niveles de organización sindical (nacional, provincial,
local, de empresa), incluyendo corrientes político sindicales, y organizaciones
de jubilados (5 acciones).
III. No hay ninguna organización previa al hecho ni después.
IV. Todos los niveles incluyendo federaciones, centros de estudiantes y agrupaciones
tanto de universitarios como secundarios.
V. Organizaciones que se constituyen con relación a reivindicaciones
determinadas y adquieren cierta permanencia: las multisectoriales incluyen
sindicatos, cámaras empresarias, organizaciones vecinales, de desocupados
y otras, tienden a ser más institucionalizadas; las coordinadoras son
homogéneas, organizando sólo una fracción social y están
menos institucionalizadas; los auto-convocados constituyen una organización
paralela y por fuera de la ya institucionalizada (por, ej. sindical).
Aunque en una primera mirada los cortes parecerían asimilarse a la
huelga, pueden establecerse diferencias en la medida en que en los cortes
está siempre presente alguna relación con el gobierno del estado;
y en ellos participan, distintas fracciones sociales (no asalariados, asalariados
ocupados y desocupados, ciudadanizados y no ciudadanizados).
Pero, además, para poder conocer realmente cuál es su relevancia
como instrumento de lucha y como indicador de la fase por la que ésta
transita, debería distinguirse entre los cortes que constituyen un
instrumento subordinado a otra forma que los incluye, que es como históricamente
se han presentado (como los piquetes para garantizar un lock out o una huelga),
de los que se constituyen en el instrumento principal en un conflicto. La
imagen generalizada, construida en buena medida por los medios de comunicación
masivos, no establece esta distinción. Los cortes de ruta del tipo
de los de Cutral-Có en 1996 y 1997, Libertador General San Martín
en 1997, Tartagal en 1997, Cruz del Eje en 1997, corresponden a otra categoría,
ya que constituyen la ocupación (toma) de una posición que es
defendida frente a las fuerzas policiales. En estos casos los piquetes son
para garantizar el mismo corte, son masivos, está presente más
de una fracción social, los reclamos incluyen metas generales, y aún
los reclamos específicos son variados, expresándose más
de una fracción social, y aunque comienzan organizados en multisectoriales
u otras formas semejantes, pronto surge una organización en asamblea
y formas de lo que tentativamente podemos llamar «democracia directa»,
lo que conlleva la desinsti-tucionalización. Estos cortes se desarrollan
en el tiempo y generalmente en ellos se producen divisiones entre quienes
aceptan negociar primero y los que siguen el conflicto. Los cortes de ruta
de estas características se producen en 1996 y en la primera mitad
de 1997, no habiéndose producido ninguno con posterioridad.
Como ya dijimos, la descripción de estos tres tipos de protesta parecen
señalar un avance desde formas no sistemáticas a formas sistemáticas.
Pero el interrogante que debe plantearse es si llegó a constituirse
un movimiento de protesta o se trata sólo de protestas aisladas. El
motín de 1993 es considerado frecuentemente un punto de inflexión
en el proceso de luchas sociales en la Argentina de la última década,
porque con posterioridad a él aumentó notablemente el número
de conflictos en relación con el lapso que se extendió entre
1989/90 y diciembre de 1993. Distintas fracciones sociales se activaron, en
protesta contra diversas políticas de gobierno y utilizando distintos
instrumentos. A la vez, se observa que, a diferencia de las luchas produ-cidas
antes de diciembre de 1993, desde entonces los trabajadores logran, si no
evitar la aplicación de políticas de gobierno que apuntan a
eliminar conquistas históricas, al menos evitar que se apliquen de
la manera y con la velocidad con que la oligarquía financiera pretende.
También puede observarse que en el motín de 1993, y en algunos
de los cortes, se pone en evidencia una ruptura en la relación pueblo-representantes.
Todos estos hechos manifiestan un rechazo a ciertas políticas de gobierno,
pero no plantean una política alternativa. En este sentido pueden considerarse
como «negativas», pero cabe preguntarse si constituyen una política
negativa en el sentido de disgregar la fuerza que pretende imponerles las
nuevas condiciones y si logran impedir que se consolide. Este rechazo a ciertas
políticas de gobierno que pretenden imponer nuevas condiciones y la
defensa de las condiciones existentes previamente, aparece como objetivo dominante
y constituye un rasgo común que presentan los distintos tipos de protesta
social en el período.
El desarrollo de los hechos a partir de la segunda mitad de 1997 muestra que
el momento ascendente desarrollado desde el motín de diciembre de 1993
llegó a su fin. Se refuerza el carácter corporativo de las reivindicaciones,
el aislamiento de la clase obrera y todo se canaliza hacia la disputa electoral.
Aunque, como puede observarse en los tres hechos descriptos, la clase obrera
mantiene un lugar central en las luchas del período, a partir de 1997
son los pequeños propietarios y otras fracciones de la pequeña
burguesía los que logran teñir nuevamente la protesta con sus
rasgos, mientras desaparece la unidad en la lucha de los asalariados, más
aislados socialmente, y todo se encauza dentro de los límites del sistema
institucional. Lo que resulta coherente con el resultado de las elecciones
de octubre de 1999.
Noviembre de 1999
NOTAS
1. Iñigo Carrera, N., Cotarelo, M.C., Gómez, E. y Kindgard,
F.; La Revuelta; Buenos Aires, PIMSA, Documento de Trabajo Nº4, 1995.
2. El movimiento obrero organizado sindicalmente también convocó,
junto con otras organizaciones que expresan intereses de fracciones sociales
no proletarias y/o que organizan otro grado de intereses en la relación
de fuerzas política, a otras formas de protesta en la calle distintas
de la huelga general. Entre las más importantes estuvieron: la Marcha
Federal (1994), la Jornada de Protesta Nacional (1995), Jornada Nacional de
Duelo, Marcha Nacional del Trabajo (1997). La movilización realizada
el 26 de septiembre de 1996, en el marco de la huelga general por 36 horas
declarada por la CGT (incluido el MTA) con apoyo del CTA, que, según
estimaciones periodísticas, convocó a más de 70.000 personas,
constituyó el acto de protesta más numeroso contra el gobierno
de Menem. Y sólo fue superado en número de participantes por
la marcha de repudio al golpe de estado del 24 de marzo de 1976, realizada
en 1996.
3. En las elecciones para convencionales constituyentes realizadas en abril
de 1994, los que se abstienen de votar (171.132 ciudadanos) y los que votan
en blanco (24.038) constituyen la gran mayoría de los ciudadanos habilitados:
el 44,3% del padrón electoral (un total de 195.170 personas sobre un
padrón de 440.891). De esta manera, el partido político que
obtiene la mayor cantidad de votos, el Partido Justicialista, representa sólo
al 29,5% del padrón de la provincia, seguido por la Unión Cívica
Radical, con el 22,6%. Es decir que cerca de la mitad de los ciudadanos rechazan,
activa o pasivamente, al conjunto de los candidatos que se presentan a las
elecciones. La tendencia a una alta abstención y voto en blanco se
ha mantenido, aunque no en los mismos porcentajes, en la provincia.
4. Lenin, V.I.: ¿Qué hacer?
5. En los meses inmediatamente posteriores, por ejemplo, en una marcha realizada
en La Rioja y en una manifestación de trabajadores judiciales en la
Capital Federal el 17 de diciembre; en una huelga de trabajadores estatales
en Córdoba el 28 de diciembre; y en una manifestación organizada
por el MTA en la Capital el 2 de febrero de 1994, entre otras.
6. Entre otros, el 29 de marzo de 1994 trabajadores estatales de Jujuy atacan
la casa de gobierno, así como la casa del gobernador, y unos días
después, el 4 de abril, intentan ingresar a la legislatura; el 8 de
abril de ese mismo año, una marcha de protesta de los maestros salteños
termina con el saqueo e incendio de muebles y papeles de dos oficinas de la
legislatura. En otros casos, si bien el ataque no llega a producirse, los
políticos se previenen ante el temor de que efectivamente suceda: por
ejemplo, ante una marcha de docentes en Salta realizada el 29 de marzo de
1994, los senadores y diputados provinciales cierran las puertas de la legislatura,
temerosos de que la multitud ataque el edificio. En 1995 se multiplican los
hechos de este tipo.
7. Estas huelgas se produjeron el 9/11/92, convocada por la Confederación
General del Trabajo (CGT) por 24 hs; 2/8/94, convocada por el Congreso (después
Central) de los Trabajadores Argentinos (CTA) y el Movimiento de Trabajadores
Argentinos (MTA) por 24 horas; 21/4/95, convocada por CTA y MTA por 24 horas;
6/9/95 convocada por CGT con adhesión de CTA y MTA por 12 horas con
movilización (Marcha del Trabajo); 8/8/96, convocada por CGT, CTA y
MTA por 24 horas con movilización de CTA y ollas populares de MTA;
26 y 27/9/96 convocada por CGT, incluido el MTA, con adhesión de CTA
por 36 horas con movilización a Plaza de Mayo; 26/12/96, convocada
por CGT (excepto algunos dirigentes menemistas) con adhesión de CTA
y MTA por 24 horas sin movilización; 14/8/97, convocada por CTA, MTA,
la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Unión Obrera Metalúrgica
(UOM) y 62 Organizaciones Peronistas por 24 horas con movilizaciones en el
interior del país; 6/7/99, convocada por CTA por 24 horas con movilización
(Jornada de Protesta Nacional).
8. La aplicación, para el conjunto de los trabajadores, de la reducción
de las asignaciones familiares y la eliminación de los beneficios impositivos
para los pagos con tickets. También impidieron que se aplicara a ultranza
y en forma general la política laboral expresada por el ministro de
Trabajo Armando Caro Figueroa, permitiendo a la CGT negociar varios puntos
de la ley de reforma laboral en términos algo más ventajosos
para determinadas fracciones de la clase obrera.
9. Sobre un total de 156 cortes corresponden a los asalariados 53,8% y a la
pequeña burguesía: 16,7. Nicolás Iñigo Carrera
y María Celia Cotarelo; Relaciones de fuerzas en la Argentina actual
(de los ’60 a los ’90); en Revista América Libre, Nº 12, Buenos
Aires, 1997.
10. Incluyendo 84 cortes (12,3%) que están dirigidos contra empresas
privadas en tanto empleadoras.
Revista America Libre
Nicolás Iñigo Carrera y María Celia Cotarelo son investigadores
del PIMSA (Programa de Investigación del Movimiento de la Sociedad
Argentina)