|
|
 Latinoamérica |
Pascual Serrano
La
XXIV Brigada del ejército y la Brigada Antinarcóticos "saben donde estamos,
entonces planifican y deciden fumigar las zonas previamente aseguradas por
nosotros. Dependen enteramente de nuestra ayuda," aseguró al periodista Karl
Penahaul del Boston Globe uno de los jefes paramilitares apodado "Commando
Wilson", ex miembro de una unidad antisubversiva del ejército, que ahora dirige
operaciones paramilitares en Putumayo.
Mientras el gobierno colombiano afirma tomar duras medidas contra los grupos
paramilitares, comandantes de unidades del ala derecha del ejército presumen
sin embargo de que lo que están haciendo es usar la ofensiva financiada por
los Estados Unidos para erradicar la creciente industria de cocaína en las
selvas del sur, bajo control de la guerrilla.
El presidente colombiano Andrés Pastrana, junto con los más altos oficiales
del ejército, han prometido repetidas veces tomar medidas para combatir a
las florecientes fuerzas paramilitares y a los oficiales y soldados que colaboran
con ellas. Sin embargo, hay pruebas evidentes que vienen a confirmar las afirmaciones
realizadas por los comandantes paramilitares en el sentido de que ellos están
funcionando de hecho como la vanguardia del "Plan Colombia," la campaña norteamericana
para erradicar los cultivos ilícitas de droga, y financiada por Washington
con 1.300 millones de dólares, la mayor parte para ayuda militar.
Tras meses de operaciones encubiertas en la provincia de Putumayo, en el sur
colombiano, ambas partes aseguran que las fuerzas de derecha han alejado a
las guerrillas izquierdistas y asesinado a sus supuestos simpatizantes.
Esto ha despejado el camino a los batallones antinarcóticos estadounidense,
permitiéndoles adentrarse en la zona sin temor a una emboscada y con menor
riesgo de perder sus helicópteros y aviones fumigadores.
"El 'Plan Colombia' sería casi imposible sin la ayuda de las fuerzas paramilitares.
Si no tomamos el control de las zonas antes que el ejército, las guerrillas
derribarían sus aviones," afirmó el portavoz paramilitar entrevistado por
el Boston Globe, pidiendo que no se revelara el pueblo en donde se halla el
cuartel regional de los paramilitares.
Wilson dijo también que la estrategia global es planificada entre sus "superiores"
y el ejército, y que intercambia diariamente con el ejército las coordenadas
de sus posiciones. Muchos paramilitares son ex- soldados del ejército, y algunos
continúan llevando la insignia de sus antiguos batallones.
Hay destacamentos del ejército a veinte minutos de ambos lados del puesto
de mando paramilitar. La ruta de tierra que cruza el valle está plagada de
trincheras controladas por centinelas paramilitares. Camiones cargados con
más de 40 soldados camuflados, armados con metralletas y lanzacohetes, se
escuchan pasar regularmente mientras se dirigen a sus misiones de "búsqueda
y destrucción".
Desde mediados de diciembre, helicópteros Huey de la era Vietnam y aviones
preparados para destruir los sembrados, donados por los Estados Unidos, sobrevuelan
ruidosamente el Valle de Guamuez echando un poderoso herbicida sobre las plantaciones
ilegales de coca, la materia prima de la cocaína.
"Entre el 25 de Diciembre y el 15 de Enero pasados, las operaciones de erradicación
aérea han sido focalizadas principalmente en el área del Valle de Guamuez,
considerado bajo la influencia de las fuerzas paramilitares," dijo un oficial
del ejército estadounidense, pidiendo quedar en el anonimato. Rechazó asimismo
que el ejército y los paramilitares estuvieran trabajando juntos, pero dijo
que "las operaciones de fumigación contra plantaciones de coca controladas
por los paramilitares estarían sometidas a menor peligro de incidentes de
cruce de fuego"
En su informe anual sobre los Derechos Humanos, el Ministro de Defensa afirmó
que el pasado año sus fuerzas habían matado a 89 paramilitares y arrestado
a otros 315, en contraste con 970 guerrilleros muertos y 1.556 capturados.
Pero el informe no convenció a Germán Martinez, ex defensor del pueblo para
los derechos humanos del pueblo de Puerto Asís y que renunció a su cargo este
mes debido a repetidas amenazas de muerte.
"El fenómeno paramilitar en Putumayo es la punta de lanza del "Plan Colombia"
para hacerse con el control territorial de las áreas que han de ser fumigadas
y para controlar a la población civil," agregó el ex defensor del pueblo.
En informes recientes, el Departamento de Estado norteamericano y las Naciones
Unidas han puesto también de manifiesto la existencia de pruebas que muestran
la complicidad existente entre las fuerzas de seguridad y las tropas paramilitares.
El pasado septiembre, las quejas sobre la colaboración militar con las fuerzas
paramilitares elevadas por la oficina en Colombia de la Alta Comisionada de
las Naciones Unidas para los Derechos, dieron lugar a que la oficina del fiscal
general abriera una investigación. En documentos confidenciales, los investigadores
recomendaron enjuiciar al menos a cinco comandantes del ejército y la policía,
incluyendo al ex comandante de la XXIV Brigada, Coronel Gabriel Díaz. Pero
la investigación está parada en instancias preliminares y Díaz está en la
lista de ascensos a General.
Como resultado de las violaciones a los derechos humanos que se le atribuyen
a la XXIV Brigada, se le prohíbe actualmente recibir ayuda de los Estados
Unidos. En un esfuerzo por mejorar su imagen, el entrante Comandante, General
José Antonio Ladrón de Guevara, ha mandado a Bogotá para "re-entrenamiento"
al 31o. batallón contrainsurgencia de la Brigada.
El General Guevara estima que 30 ex miembros de la Brigada han abandonado
el ejército para unirse a las fuerzas paramilitares. Wilson, por otro lado,
asegura que son al menos 100, y que sus hombres continuarán respaldando el
"Plan Colombia". "Estamos listos para arriesgarlo todo," afirmó.
No es la primera ocasión desde que Estados Unidos aprobó el Plan Colombia
que se confirman operativos conjuntos entre ejército y paramilitares. El pasado
22 de marzo la mesa Regional de trabajo Permanente por la Paz en el Magdalena
Medio y la Red de la Hermandad y Solidaridad denunciaba que "paramilitares,
policías y el ejército actúan coordinadamente en crímenes y exterminio de
población civil" durante los meses comprendidos de enero y marzo en Barrancabermeja
(ver ).
Estas organizaciones denunciaron que el 16 de marzo coinciden en la misma
zona de Barrancabermeja un importante despliegue militar y un reten de paramilitares
en el que amenazaron a varios vecinos. Ese mismo día fue asesinado un miembro
de la Junta de Acción Comunal. Estas organizaciones llegan a identificar y
hacer público los nombres de los paramilitares e incluso la vivienda que utilizan
de "centro de operaciones", sin que hayan actuado las fuerzas de seguridad.
También denunciaron hechos que confirman la coordinación entre ejército y
paramilitares como lo sucedido los días 17 y 18 de marzo. El 17 de marzo hacen
acto de presencia en el barrio Boston de Barrancabermeja una tanqueta de la
Policía Nacional y miembros de la Armada Nacional que durante diez minutos
toman fotos del barrio y de determinadas personas. Ese mismo día es torturado
y asesinado un sindicalista por los paramilitares y al día siguiente, sin
presencia alguna de fuerza pública, los paramilitares asesinan a dos jóvenes
de 22 y 17 años.
Las organizaciones sociales señalan en su comunicado que denuncian y informan
al ejército y a la policía los lugares precisos donde los paramilitares tienen
situados sus retenes y los itinerarios por donde regularmente patrullan sin
que "las unidades policiales y del ejercito acantonadas en Barrancabermeja,
hayan realizado ningún tipo de acción contra estos grupos irregulares".
Los paramilitares se permiten incluso convocar con antelación a los vecinos
a reuniones donde se les amenaza sin que las fuerzas de seguridad, conocedoras
del lugar y hora de la reunión, hagan acto de presencia.