Washington cree que llegó la hora de financiar la lucha contra las Farc, el Eln y las Auc, sin importar que a dos de ellos se les haya reconocido estatus político.

La primera víctima de la lucha antiterrorista ha sido la lucha antinarcóticos. Los recursos y el dinero previsto para la segunda fueron trasladados para atender la primera, y los efectos saltan a la vista. Desde octubre, el director de la DEA, Asa Hutchinson, se quejaba ante el Congreso porque su personal y el de la guardia costera habían sido destinados a investigar y prevenir el terrorismo, situación que los narcotraficantes suramericanos estaban aprovechando para introducir más drogas a Estados Unidos a través del Caribe.
Hoy, cuatro meses después de los atentados en Nueva York y en Washington, se oyen voces que advierten sobre los peligros de descuidar el frente de las drogas, sobre todo en Colombia, donde los tres grupos terroristas –Farc, Eln y Auc–, que significan una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, financian sus actividades con el narcotráfico.
El Departamento de Estado y la Casa Blanca creen que llegó la hora de financiar la lucha contra estos grupos, sin importar que a dos de ellos se les haya reconocido estatus político. “Las mismas pandillas criminales involucradas en el contrabando de narcóticos tienen nexos con otras actvidades criminales y grupos terroristas”, dijo al Congreso el vicesecretario de Estado para asuntos de narcotráfico, James Mack, un mes después de los atentados del 11 de septiembre, mientras el presidente de la Cámara, Dennis Hastart, anunciaba la conformación de una fuerza operativa para combatir la fuente de financiamiento de los terroristas.
Estas primeras voces de alerta eran el presagio de un cambio en la política de Estados Unidos hacia Colombia, lo que más tarde quedó confirmado por la embajadora en Colombia, Anne Patterson. “El Plan Colombia –dijo– es la estrategia antiterrorista más efectiva que podríamos diseñar”.
La aguda crisis de los diálogos de paz con las Farc de los últimos días y la probabilidad de un escalamiento de la actividad militar para recuperar la zona desmilitarizada, aceleraron el ritmo del análisis en el Departamento de Estado que siguió paso a paso su evolución. Así lo dijo la semana pasada el vocero del departamento, quien confirmó que efectivamente discutieron distintas opciones que pudieran aportar elementos más efectivos para avanzar y proteger sus intereses, pero aseguró: “Necesitamos discutir esas opciones, esas ideas, con los colombianos, con el Congreso y con nuestras propias estructuras”. Todo indica que la propuesta está encaminada a ayudar a Colombia en la lucha contrainsurgente mediante la optimización de los recursos empleados para combatir el narcotráfico.

El Congreso dirá la última palabra sobre cuánto y para qué puede girar el presidente Bush.

Los sectores más conservadores de la opinión estadounidense ven con muy buenos ojos la propuesta. “El 11 de septiembre demostró que lo que pasa en Colombia no es solamente un problema de narcotráfico –dice Steven Jonson, encargado de los asuntos hemisféricos de la Heritage Foundation–. Ya es hora de que Bush cambie la política que traía la administración Clinton y ayude de manera más eficaz al pueblo de Colombia, que es en últimas el más sacrificado”.
Para Martín Jelsma, coordinador del programa Drogas y Democracia del Transnational Institute con base en Holanda, “la estrategia antiterrorista en lo que se refiere a las drogas se resume en “a menos drogas menos recursos para el terrorismo”, y destaca la enseñanza que dejaron los cultivos de opio de los talibanes en Afganistán como la prueba suficiente para demostrar el peligro que significa el matrimonio drogas-terrorismo.
Hay, sin embargo, posiciones más críticas y cautelosas. Para Michel Shifter, analista del Diálogo Interamericano, “la tentación de recorrer ese camino es creciente pero no es un efecto exclusivo del 11 de septiembre. También es producto de la misma realidad colombiana”. Y advierte: “Es una política muy riesgosa que aumenta los niveles de violencia y puede meter a Estados Unidos directamente en la guerra”. Y aunque considera que las posibilidades de que el Congreso estadounidense apruebe medidas para intervenir en la lucha contra la guerrilla no son muy altas, todo dependerá de la situación que se esté viviendo en marzo y abril –cuando se presentan los presupuestos para el año 2003–, particularmente del desarrollo de la guerra en Afganistán, de las elecciones en Colombia y del estado de las negociaciones con las Frac, si es que siguen en pie.
El director de Human Rights Watch en Washington, José Miguel Vivanco, ha dicho que nunca entendieron el esfuerzo para diferenciar la política antidrogas de la antiterrorista y que lo importante es que se reconozca que los tres grupos terroristas –Farc, Eln y Auc– se benefician del narcotráfico. “Si se va a intervenir en contra de un grupo guerrillero, también debe hacerse contra las Auc”, asegura Vivanco, quien señala que la política que se desarrolle debe ser creíble, equilibrada y dentro del respeto a los derechos humanos: “Estados Unidos no puede involucrarse directa o indirectamente en acciones o con grupos que abusen de los derechos humanos”.
Todo indica que las propuestas que en este sentido presente la Casa Blanca al Congreso en la próxima legislatura van a enfrentar agrios y serios debates, pues mientras el Senado es dominado por los demócratas, la Cámara es de mayoría republicana. Pero antes de que eso suceda algunos creen que los primeros pasos, como la formación de un nuevo batallón, podrían darse sin la intervención del Congreso, sobre la base de una interpretación más amplia de las normas actuales. “A mediano plazo se presentarán fórmulas de fácil venta que impliquen pequeñas sumas de dinero para financiar proyectos antisecuestro o de protección a la infraestructura, que permitirán medirle el aceite a la opinión pública –señala Adam Isacson, del Center for International Policy–. Pero una intervención modelo El Salvador va ser muy difícil de vender”.

Es una política riesgosa que aumenta la violencia y puede meter a Estados Unidos directamente en la guerra. Michel Shifter, analista del Diálogo Interamericano
 
Para Isacson, unir las dos guerras en una sola lo pone nervioso. “Unir una guerra fracasada como la de las drogas, con la del terrorismo que requiere gigantescos esfuerzos en tiempo y dinero, no es buena idea”, dice. La posibilidad de que con recursos de Estados Unidos pueda producirse la muerte de civiles de otro país despierta mucha susceptibilidad, así como la violación de los derechos humanos por parte de autoridades colombianas. Isacson compara las guerrillas colombiana y salvadoreña, y sostiene que los grupos subversivos colombianas son 53 veces más grandes que los que tenía El Salvador, y que al FMLN se lo combatió durante 12 años consecutivos, lo que requirió gruesas sumas de dinero y dejó un saldo de 70.000 muertos. “Eso asusta a mucha gente”, dice.
Pero también hay quienes aseguran que la jugada norteamericana hace parte de su nueva doctrina de seguridad nacional, y que la amenaza de utilizar la tecnología militar norteamericana contra Castaño y Tirofijo, tiene el propósito de presionarlos para que entiendan que los nuevos tiempos no son propicios para hacer política a través de las armas.
Lo que queda claro por ahora es que las propuestas de la administración Bush permitirán que en el debate se plantee por fin en forma abierta y franca. Si bien el 11 de septiembre ha modificado la opinión de algunos sectores, la oposición que se anuncia, dentro y fuera de Estados Unidos, será muy dura. En marzo y abril el Congreso dirá la última palabra cuando llegue el momento de definir cuánto y para qué puede girar el presidente Bush.
REVISTA CAMBIO/COLOMBIA