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VISUR
En la mayoría de las 174 cárceles de Colombia se violan flagrantemente los
derechos constitucionales y humanos, lo que las convierten en "infiernos",
denunciaron hoy las Naciones Unidas y el Defensor del Pueblo.
El Tiempo- Así aparece en un informe de los dos organismos, elaborado por
una comisión internacional que visitó durante el pasado mes de octubre 15
cárceles de Colombia, entre ellas tres de mujeres, y varios departamentos
policiales.
La comisión denuncia en
su informe la "corrupción, los maltratos y el desgobierno" en la mayoría de
las prisiones colombianas.
Un caso concreto señalado
por Irigoyen Fajardo es el de la cárcel de Valledupar, la más moderna del
país, en la que los comisionados vieron los grilletes y bastones metálicos
"con goma para golpear a los presos sin que queden huellas superficiales".
En la misma cárcel, inaugurada
el año pasado, el Ministerio de Salud confirmó la presencia de residuos fecales
en la alimentación que consumen los internos, según la abogada peruana.
La abogada y antropóloga
peruana Raquel Irigoyen Fajardo, que integró la comisión junto con el filósofo
español Federico Marcos y el médico forense argentino Morris Tidball-Binz,
presentó hoy en Bogotá el informe de su investigación en las cárceles colombianas.
La comisión constató,
según Irigoyen Fajardo, que "ni siquiera las mismas autoridades del Ministerio
de Justicia o del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) conocen
la cifra exacta de personas en los centros de reclusión".
Mientras que el INPEC
asegura que en Colombia hay actualmente 54.551 personas en las cárceles, la
comisión revela que esa entidad "no registra oficialmente a un número indeterminado
de personas en prisiones municipales ni a unas 5.000 más en estaciones policiales".
Irigoyen también reveló
casos en los que "detenciones de 36 horas pueden pasar a 36 días o a 12 meses"
sin que se resuelva la situación jurídica de los arrestados, casi siempre
por "delitos bagatela" (menores).
En su visita a distintos
penales, la comisión encontró en la cárcel de Girardot que en una pequeña
habitación se hacinaban 115 personas "entre el piso y el techo", pues muchos
de los reclusos permanecen en hamacas colgadas de la parte superior de la
celda.
En las prisiones colombianas,
añade el informe, se violan los derechos a la vida y a la dignidad; a la integridad
física y a no sufrir tratos crueles, inhumanos y degradantes; a la salud y
la alimentación; a la educación y al trabajo y a la defensa.
La "habitabilidad" en
las cárceles, dijo Irigoyen Fajardo, supone, además de un altísimo hacinamiento,
que los presos pobres permanecen a la intemperie, en casas de cartón en los
patios o en los túneles de las tuberías o desagües, mientras que hay "mejores
condiciones" para quienes "tienen poder o dinero".
Los ancianos, los indígenas
y las personas que pertenecen a minorías como los reclusos negros, que son
casos de "especial vulnerabilidad", no tienen pabellones propios como establece
la ley.
El informe asegura que
las condiciones penitenciarias constituyen "flagrantes violaciones de los
derechos humanos que configura penas crueles, inhumanas y degradantes".
También acusa al Estado
"por incumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos
humanos" y agrega que "falta una política criminal, democrática, garantista
y concertada".
El defensor del Pueblo,
Eduardo Cifuentes Muñoz, y el alto comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos en Colombia, el sueco Anders Kompass, coincidieron en
denunciar que las cárceles son "un infierno" y culparon al Estado de esta
situación.
* Bogotá Con EFE y
el Tiempo.