24 de enero del 2002
  México: La violencia parapolicial vuelve
a golpear en tierra de los Loxichas

Jorge Lofredo
Resumen Latinoamericano

Con la ejecución del presidente municipal Jaime Santiago Valencia, el sábado 12 de enero pasado, el convulsionado municipio San Agustín Loxicha -considerado bastión del Ejército Popular Revolucionario (EPR)- vuelve a sumergirse en una vorágine violenta que reconoce diferentes aristas.
Los munícipes antecesores, Agustín Luna Valencia y Lucio Vásquez Ramírez, están recluidos en la penitenciaria estatal de Santa María Ixcotel. El primero, condenado a cuarenta años de prisión por presuntos vínculos con el EPR; y el segundo, está bajo proceso por la participación en el asesinato de un supuesto eperrista en 1996, cuando actuaba como agente de la Policía Judicial del Estado.
De íntimos nexos con el grupo del ex gobernador Diódoro Carrasco Altamirano, sobre Vásquez Ramírez recaen recomendaciones nacionales e internacionales de distintas organizaciones de Derechos Humanos por asesinatos extrajudiciales y torturas; o directamente como cabecilla de un grupo paramilitar encargado del "trabajo sucio" (eufemismo de violaciones a los derechos humanos) contra presuntos eperristas.
A iniciativa del actual gobernador José Murat Casab, en diciembre de 1999, se declaró una amnistía en Oaxaca para todos aquellos, en su mayoría indígenas, con causas judiciales por pertenencia al grupo guerrillero, lo que permitió la libertad de muchos de los acusados y la distensión en la región, que se plasmó en la elección de Jaime Santiago Valencia. Había resultado electo el 26 de agosto del 2001 y hubo de tomar posesión el pasado primero de enero.
Como señala agudamente Rosy Ramales: "Pero Lucio Vásquez, en aquella época, no fue mas que el ejecutor de ordenes de sus superiores. Poco después sería premiado con la presidencia municipal de San Agustín Loxicha, aún cuando haya emanado de una asamblea comunitaria, pues ésta pudo haber sido manipulada, considerando, además, que entonces ese municipio prácticamente estaba sitiado." Y continúa: "(...) actuó como policía y subió al gobierno municipal en el sexenio gubernamental anterior, mientras que en el actual es encarcelado. Los loxichas fueron perseguidos y mas de 150 de sus indígenas aprehendidos en el sexenio pasado por delitos presuntamente vinculados con acciones guerrilleras, y en el actual son liberados en su mayoría a través de una Ley de Amnistía." ("Loxichas. Otra vez"; en http://www.oloramitierra.com.mx, 14 de enero de 2002.)
Más aún, según apunta el reporte periodístico de Víctor Ruiz Arrazola, "Familiares de la víctima y miembros del cabildo señalaron como autor intelectual del homicidio a Lucio Vásquez Ramírez, quien después de trabajar para la Policía Judicial del Estado durante el gobierno de Diódoro Carrasco Altamirano, para desintegrar células del Ejército Popular Revolucionario que supuestamente operaban en San Agustín Loxicha, fue nombrado alcalde para el trienio 1999-2001 durante una asamblea de elección por usos y costumbres en la que también participó como candidato Jaime Santiago Valencia." (http://www.oloramitierra.com.mx, 14 de enero de 2002.)
Sergio Santibáñez Franco, procurador general de justicia del estado, se apresuró en desvincular cualquier motivación política del asesinato, aunque condenó "cualquier acto de violencia que intente desestabilizar la entidad." Es así pues que el Congreso local se dispone a decretar la "desaparición de poderes" y nombrar un administrador municipal, donde la viuda del edil -Xóchilt Hernández Hernández- se manifestó en el mismo sentido y solicitó se cumplimente la misión política de su esposo, con la razón de estabilizar "las condiciones políticas y sociales en el municipio y exista tranquilidad para convocar a elecciones".
Sin embargo Angélica Ayala Ortíz, vicepresidenta de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), señaló que se conjugan varias cuestiones que tornan "vulnerable" a la región. La ejecución, dijo, responde a un enfrentamiento por el control del lugar pues el autor intelectual del homicidio es Lucio Vásquez, quien contó, de alguna forma, con algún grado de permisibilidad, ya sea "por acción u omisión", por parte de las autoridades estatales. Loxicha es hoy el campo de batalla del enfrentamiento entre dos fuerzas enfrentadas: la del ex gobernador Diódoro Carrasco, que cuenta con Lucio Vásquez como cómplice y "ejecutor", y la del actual mandatario Murat Casab, quien impuso la reciente Ley de Amnistía.
Y considerar a la región como un bastión del eperrismo agrega otra razón de gravedad a la cuestión, la que se encuentra entre fuego cruzado: la presencia de paramilitares y guardias blancas, y la razón de la guerrilla; la que torna en una tierra de militarización e impunidad. La misma presencia de las tres bases de operaciones mixtas (Portillo de las Flores, Sirena y Magdalena Loxicha) y, también de policías ministeriales, municipales y el ejército no son el reaseguro para la población del lugar. Por supuesto, tampoco están seguros los integrantes de los organismos de derechos humanos y de las organizaciones sociales de la región, más aún aquellos quienes cumplen actividades en la Organización de Pueblos Indígenas Zapotecas (OPIZ) que en su mayoría son ex presos políticos y de conciencia, de los cuales doscientos cuarenta fueron liberados pero aún restan dieciséis. (Víctor Ruiz Arrazola, http://www.oloramitierra.com.mx, 14 de enero de 2002).
Como un agregado más que profundiza la crisis que se vive en el lugar, el Ejecutivo estatal nombró a Gilberto Romo Jiménez como administrador. Pero de inmediato un grupo de doscientos inconformes tomaron el palacio municipal de San Agustín Loxicha exigiendo que sea la viuda quien asuma las funciones del mismo, pues el suplente del edil asesinado, Primitivo Hernández Almaraz, responde políticamente a Lucio Vásquez.
En el mismo sentido, Santibañez Franco dio a conocer un informe de inteligencia militar en el cual se consigna el posible reagrupamiento del EPR en Oaxaca, más específicamente en los Altos de Loxicha, consumando reuniones clandestinas y tareas propagandísticas. (Milenio, 16 de enero de 2002). Si se atienden las disputas políticas por el control de la región que se vienen produciendo, no resulta casual que se haya filtrado este informe en las presentes circunstancias.
La presencia del EPR en el lugar siempre ha sido la excusa necesaria para una mayor militarización y también para asentar el dominio político, especialmente del diodorismo, con Lucio Vásquez como la cara visible de ese proyecto.
Y es la misma razón la que convirtió a los loxichas en el eje de la impunidad, la militarización, presos políticos y la violación a los derechos humanos; en todo caso, es el territorio donde se viene experimentando una disputa hacia el seno de una entidad superior, el PRI, en un contexto contrainsurgente y que encuentra al pueblo como el objeto de esa violencia desencadenada.
Pero el asesinato de Jaime Santiago Valencia, como el ocurrido hace poco tiempo con la abogada defensora de derechos humanos Digna Ochoa, es imposible concebirlo como un caso circunscripto a una realidad local, como se pretende con la disputa económica en este caso, sino que refiere a las graves deficiencias que aun tiene la democracia mexicana, donde la violencia política sigue siendo un recurso viable para la disputa por el poder y control territorial.
Solo la decisión política de mayor democracia en la región, cuya responsabilidad recae en el gobernador Murat Casab, puede romper la inercia violenta, liderando un proceso para la recomposición del tejido social y aplicando la ley sin distinción, aunque no sólo se resume a una cuestión legal sino que es primordialmente política; esto es: el fin de la impunidad.