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20
de enero del 2002
El
Salvador: Diez años después
Amnistía
Internacional
Cuando se cumplen diez años de la firma de los Acuerdos de Paz
en El Salvador, los responsables de las violaciones masivas de derechos humanos
cometidas durante los 11 años que duró el conflicto en el país
todavía no han comparecido ante la justicia, ha dicho hoy Amnistía
Internacional. «Este hecho constituye el fracaso más grave en el ámbito
de los Acuerdos desde que la cuestión de los derechos humanos fue fundamental
en el proceso de paz», afirmó la organización.
Amnistía
Internacional subrayó que si bien muchos de los responsables de las
masacres, las ejecuciones extrajudiciales, las «desapariciones», los asesinatos
a manos de los «escuadrones de la muerte» y los asesinatos de opositores políticos
han sido identificados en el informe de la Comisión de la Verdad de
El Salvador, la esperanza de que se haga justicia se ha desvanecido al aprobarse
la Ley de Amnistía General pocos días después de la publicación
del informe de la Comisión.
«Éste es el caso
de la masacre del El Mozote, donde cientos de personas, la mayoría
de ellos niños, perdieron la vida hace ahora poco más de 20
años, en un crimen cuya responsabilidad no ha sido imputada a nadie.
A pesar de las decisiones y las recomendaciones formuladas por las organizaciones
internacionales de derechos humanos, las autoridades salvadoreñas siguen
buscando el amparo de una ley de amnistía que niega a las víctimas
y a sus familias el acceso a la justicia.»
El objetivo de los Acuerdos
fue poner fin a la guerra, cimentar la estructura institucional con vistas
al futuro del país, investigar las violaciones de derechos humanos
que se cometieron en el pasado y garantizar el respeto permanente a los derechos
humanos. Además, los Acuerdos trajeron aparejada, entre otras cosas,
la reforma de instituciones como las fuerzas armadas, el sistema judicial
y las fuerzas de seguridad.
«Probablemente la institución
de las fuerzas armadas haya sido la más afectada por estos cambios,
por cuanto ya no está directamente vinculada a la seguridad pública
y su número de miembros se ha reducido con arreglo a la nueva situación
en tiempos de paz», declaró Amnistía Internacional.
«Con todo, al sistema
judicial le queda todavía un largo camino por recorrer para cumplir
con su importante cometido y ofrecer una justicia pronta e imparcial a todas
las personas».
«La Policía Nacional
Civil, creada a raíz del desmantelamiento de las fuerzas de seguridad,
responsables de graves violaciones de derechos humanos, constituye sin lugar
a dudas una mejora en relación con la institución que le precedió
pero, igualmente, aún está lejos de ganarse la confianza de
la sociedad en general.»
Amnistía Internacional
instó a las autoridades a que apoyaran la Procuraduría para
la Defensa de los Derechos Humanos al objeto de garantizar su correcto funcionamiento.
Esta institución, percibida como piedra angular de los Acuerdos, y
crucial para el desarrollo de la sociedad salvadoreña y el respeto
a los derechos humanos, sufrió una seria crisis entre 1998 y 2001,
debido a la politización del cargo de Procurador y el proceso que conducía
a su designación.
«A pesar de los avances
que se han experimentado, queda mucho por hacer para lograr el completo desarrollo
de los Acuerdos de Paz, así como para poder pasar página en
lo que concierne al respeto a los derechos humanos en El Salvador.»
«Concretamente, resulta
harto preocupante percibir que 10 años después del compromiso
suscrito ante la comunidad nacional e internacional, en El Salvador persiste
la impunidad para los que cometieron en el pasado violaciones de derechos
humanos. La misma inquietud producen los indicios que indican que ésta
pueda ser la norma en lo venidero. Hacer frente al pasado constituye un paso
indispensable para que El Salvador pueda avanzar hacia un auténtico
futuro de paz y unidad», declaró Amnistía Internacional.