19 de enero del 2002
México: La situación de los desaparecidos políticos

José Enrique González Ruiz
REDH

"No hay poder sin represión
Pero, más que eso, se podría afirmar que la represión es el alma misma del poder...
Por eso, los mecanismos y la tecnología de la represión revelan la índole del poder."
("Poder y Desaparición", Pilar Calveiro. Ediciones Colihue, Argentina, pp. 24 y 25.)

POR QUÉ LA DESAPARICIÓN FORZADA ES UN CRIMEN DE LESA HUMANIDAD

El análisis de los elementos que conforman el tipo penal del delito de desaparición forzada de persona conduce a caracterizarlo como de lesa humanidad, o sea como una conducta que ofende y lesiona no solamente a las víctimas directas, a sus familiares y compañeros de lucha, sino a toda la especie humana. Tan grave es, que en la doctrina del Derecho Internacional se le equipara al genocidio.
1.- Los agentes activos del delito son el Estado, el gobierno que lo representa y los cuerpos policíacos y militares en que aquéllos se sustentan (así como los organismos irregulares que éstos prohíjan). Aun cuando es cierto que la responsabilidad penal se individualiza a la hora de la aplicación de sanciones, la responsabilidad en este ilícito se deriva de la pertenencia a los órganos que ejercen el poder. Es la impunidad que proporciona el ser parte del aparato estatal lo que permite que se detenga a personas sin forma legal alguna, se les someta a toda clase de tratos inhumanos, crueles y degradantes, se les intente privar de su calidad humana y, llegado el caso se les prive de la vida o se les impida privarse de ella tan sólo para demostrar quién tiene esa "facultad".
Hay autores intelectuales, que son quienes planean, financian y ordenan las desapariciones, lo que les acarrea beneficios económicos y políticos. Los autores materiales son de diverso tipo y van desde los secuestradores hasta los torturadores, pasando por los asesores y los que operan administrativamente las cárceles clandestinas.
2.- El pasivo del crimen (en el sentido de ofensa gravísima que damos a esta palabra los latinos y no en el que le dan los sajones, sinónimo de delito) es generalmente un militante de alguna organización de izquierda al que "la inteligencia" oficial caracteriza como "subversivo", "transgresor" o "terrorista" que pone en riesgo la estabilidad de las instituciones dominantes. Pero eso no impide a los activos detener y desaparecer a cualquier otra persona que tenga (o ellos crean que tenga) alguna relación con la lucha social, o que sea un testigo incómodo, a simplemente que haya que sembrar terror entre la población para persuadirla de hacer algo o disuadirla de hacerlo.
3.- El íter crimen consiste en un secuestro (que puede ser al amparo de las sombras o a plena luz del día y en medio de testigos), seguido de la remisión a un sitio clandestino de reclusión, donde los registros no son oficiales y los detenidos son aislados por completo del resto del mundo. Se niega información sobre ellos e incluso se niega la detención. Ahí "se vale" hacer cualquier cosa con ellos, con el fin de sacarles información o de mantenerlos como rehenes para que sus compañeros de lucha sepan qué atenerse. La desaparición es un delito continuo, pues sólo deja de cometerse cuando el detenido es liberado o puesto a disposición de una autoridad para que se le siga un proceso legal.
Pasan los años y los efectos del ilícito siguen produciéndose y por ello son imprescriptibles la acción penal y la pena aplicable. Se conocen casos de mujeres desaparecidas que, como parte de la tortura, fueron embarazadas y luego privadas de los hijos (que en ocasiones fueron entregados a los torturadores).
4.- Para que se dé la desaparición forzada, se tiene que contar con una estructura material y con personal de diversas especialidades. Un constructor tiene que diseñar y acondicionar los sitios de reclusión y de tortura (quirófano le llamaban en el Cono Sur del Continente). El equipo debe ser pagado a cuenta del erario, de modo que hay que disimularlo de algún modo en las cuentas públicas.
Hay médicos y psiquiatras que asesoran a los torturadores para que el dolor que apliquen les ofrezca mejores resultados. Los custodios cobran también como "servidores públicos", lo que implica que están en alguna nómina. Se utilizan vehículos (terrestres y aéreos), armamento y equipo de comunicación, cuyo costo pesa sobre los contribuyentes, pero que muchas veces no forma parte de los bienes públicos.
5.- El absoluto incumplimiento de las normas jurídicas vigentes convierte a la desaparición forzada en una acción brutal, inhumana y prácticamente animal. Implica que los criminales actúan con saña, con dolo y con suma violencia. Por eso lastima a todos los seres humanos y se intenta erradicarla para siempre de la faz de la tierra.

EN MÉXICO SE APLICA LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS

Durante décadas, el gobierno de México se dijo democrático y respetuoso de los derechos humanos. Negó que practicara la desaparición forzada de personas, lo mismo que las ejecuciones fuera de juicio. Se preció incluso de que no aplicaba la pena de muerte, ni siquiera porque la Constitución de la república la permite para el plagiario, el salteador de caminos y el traidor a la patria en guerra extranjera.
La historia ha comprobado que, al igual que en otros países latinoamericanos, aquí se desarrolló una guerra sucia, para derrotar a grupos que se alzaron en armas contra el sistema imperante. Y entre los métodos que se utilizaron, estuvo la desaparición forzada.
Se crearon aparatos represivos irregulares, como "La Brigada Blanca", que persiguió "subversivos" por todo el territorio nacional colocándose por encima de las autoridades legales y con permiso para matar y desaparecer. Se sembró el miedo al divulgar extraoficialmente sus actuaciones, pero manteniéndolas oficialmente ocultas. Se detuvo a miles de ciudadanos y ciudadanas sin forma legal ; algunos fueron ejecutados y otros permanecen en situación de desaparecidos.
Ha sido tan fuerte la presión social para que se investiguen y castiguen estos hechos, que la gubernamental Comisión nacional de Derechos Humanos tuvo que reconocerlos en el informe que rindió en diciembre del 2001. Este logro de los mexicanos no debe ser menospreciado, pero tampoco sobrevalorado. Porque es un intento de presentar y tratar el tema como cosa del pasado y no de nuestros días; más como una antesala del punto final que se aplicó en países centro y sudamericanos, que como un primer paso hacia la verdad y la justicia.
Afirmamos que en México se sigue cometiendo el delito de desaparición forzada de personas, y que mientras no se sancione a los culpables el tema pesará en la conciencia colectiva e impedirá el tránsito a la democracia.

LA POSTURA DEL GOBIERNO DE FOX RESPECTO AL TEMA DE LA DESAPARICIÓN

Como todo político en campaña, Vicente Fox prometió el manto de la guadalupana a quienes votaran por él. Pero también como todo político en el cargo, una vez que se sentó en la silla presidencial se retractó de crear una Comisión de la Verdad. Su argumento es que basta con que funcionen las instituciones establecidas para que se resuelvan los problemas, por más agudos que sean como el de los desaparecidos y otros crímenes históricos del régimen de Partido de Estado (asesinato de Rubén Jaramillo, genocidio del 2 de octubre de 1968 y otros).
Sobre esa base, en diciembre del 2001 emitió un acuerdo por el cual ordenó al procurador General de la República que creara una Fiscalía Especial que indague los crímenes "del pasado". Tomó como punto de partida el informe de la CNDH que reconoce solamente 275 desapariciones forzadas. Fue así como designó agente del Ministerio Público para este caso a Ignacio Carrillo Prieto, quien niega ser parte del nefasto "Grupo Carpizo" que ha monopolizado en los años del neoliberalismo los organismos oficiales de derechos humanos y que tiene penetración en otros sectores del gobierno (como la propia PGR, el IFE y el Consejo de la Judicatura Federal).
Además del fiscal especial, habrá un comité de apoyo designado por el secretario de Gobernación. No se sabe a ciencia cierta qué harán uno y otro, pues los términos del acuerdo de creación son bastante ambiguos. Por eso los organismos de defensores no gubernamentales de derechos humanos recibieron la noticia con bastante escepticismo.
Hay quienes piensan que se debe tratar de incidir en la conformación del comité de apoyo al fiscal especial. Pero mientras no se sepa para qué va a servir, es mejor no ocuparse de él y seguir insistiendo en la Comisión de la verdad, ciudadana, autónoma y con autoridad para hacer coadyuvancia con el Ministerio Público.
En conclusión, no se advierte voluntad política en el gobierno foxiano para entrar a fondo al asunto de los desaparecidos y demás crímenes históricos del priato. Parece estar pesando más su alianza en busca de gobernabilidad que su promesa de encontrar "peces gordos" en la violación grave a los derechos humanos.
16/enero/01.

Julio Mata Montiel, Secretario Ejecutivo de AFADEM
Asociacion de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Victimas de Violaciones a los Derechos Humanos en Mexico, (AFADEM).
REDH, Red Solidaria por los Derechos Humanos