29 de enero del 2002

Venezuela: Chávez enfrenta la subversión empresarial

Punto Final

El presidente venezolano, Hugo Chávez, parece estar superando las graves dificultades -sobre todo de imagen- que creó a su gobierno el paro nacional de doce horas organizado por la Federación de Cámaras de Comercio (Fedecámaras), equivalente a la Confederación de la Producción y el Comercio en Chile, con apoyo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV). El paro patronal-sindical fue una protesta contra dos nuevas leyes promulgadas por Chávez. Una tiene como propósito liquidar el latifundio improductivo, haciendo realidad la reforma agraria, y la otra quiere proteger a los pescadores artesanales -y a los recursos marinos- de la actividad depredadora de las grandes flotas pesqueras de arrastre.

El 13 de noviembre del año pasado la Asamblea Nacional otorgó -mediante una Ley Habilitante- un plazo de doce meses al presidente Chávez para elaborar ejecutivamente un conjunto de leyes con acuerdo de su Consejo de Ministros. En vísperas de terminar el plazo, Chávez dio el vamos a 49 leyes, entre otras las de hidrocarburos, tierras y pesca, cuyos contenidos enardecieron a la oposición de derecha. Estas leyes pueden ser modificadas por la Asamblea Nacional o por el Tribunal Supremo de Justicia si se recurre a ellos. Sin embargo, Fedecámaras, que preside el abogado Pedro Carmona Estanga, estimó que era el momento preciso de poner a prueba la estabilidad del gobierno, que viene siendo acosado por una campaña de rumores golpistas. El empresariado obtuvo inmediato respaldo de la CTV, controlada por el partido Acción Democrática (AD), desplazado del poder por la revolución bolivariana de Chávez. El líder de AD, el ex presidente de la República Carlos Andrés Pérez, que vive en República Dominicana, viene haciendo llamados a las FF.AA. venezolanas a derrocar a Chávez. Incluso ha puesto fecha al golpe de Estado y se ha ofrecido para encabezar un régimen de transición. A tal punto Pérez se ha excedido en sus ataques que el presidente dominicano Hipólito Mejía se vio obligado a exigirle que no comprometa a su país en ajetreos conspirativos contra el presidente venezolano.
El del 10 de diciembre fue el primer paro empresarial en la historia de Venezuela. No lo hubo a comienzo del siglo XX cuando el general Cipriano Castro, que gobernaba el país, ordenó meter en prisión a los banqueros de Caracas que se negaban a prestar dinero al Estado. Tampoco en las dictaduras de Juan Vicente Gómez (1908-1935) y Marcos Pérez Jiménez (1947-1958), los empresarios intentaron ninguna maniobra desestabilizadora. Ahora sí que se atrevieron contando con la ayuda de una cúpula sindical corrompida que obedece al pie de la letra el plan de derrocamiento de Chávez trazado por el ex presidente Carlos Andrés Pérez desde su refugio en Santo Domingo.
Las elecciones sindicales de octubre pasado dieron ganador a Carlos Ortega del gremio petrolero, sector en que perdió. Según las cifras Ortega ganó la presidencia de la CTV con 174.598 votos del millón 255 mil trabajadores inscritos, de los que sólo votaron 286.275. En segundo lugar -con menos de 50 mil votos- quedó Aristóbulo Istúriz, candidato de la Fuerza Bolivariana de Trabajadores que apoya la revolución democrática. El Tribunal Supremo Electoral acaba de declarar viciadas esas elecciones: entre otras cosas se "extraviaron" 22 mil actas con resultados que no fueron considerados por la comisión electoral de la CTV.
El primer acto de Ortega al asumir la presidencia de la CTV fue visitar la sede de Fedecámaras - que ya había aprobado el paro del 10 de diciembre- para saludar a la cúpula empresarial y ponerse de acuerdo en un plan de acción común contra el gobierno. La fecha del paro fue elegida para provocar mayor efecto internacional. Esa misma noche debían llegar a Venezuela los gobernantes de 28 naciones para inaugurar al día siguiente la III Cumbre de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), en isla Margarita. Entre esos mandatarios está el presidente cubano Fidel Castro, cuya amistad con Chávez la prensa internacional pone de relieve constante en un intento de mostrar al gobernante venezolano como seguidor de la revolución cubana.
La revolución bolivariana de Chávez encara dificultades innegables. Por ejemplo, no ha podido derrotar el desempleo, pobreza y delincuencia que dejaron los gobiernos de AD (socialdemócrata) y Copei (democristiano). El índice oficial de cesantía es de 13% pero como ocurre en toda América Latina una cosa son las cifras y otra es la realidad. Aún en medio de dificultades -agravadas por la baja del precio internacional del petróleo- Venezuela registra este año un crecimiento del 3,5% del PIB; las inversiones -sobretodo telecomunicaciones y construcción- crecieron en 12% y el Banco Central tiene reservas por 20 millones de dólares.
La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario hizo combustión en la oposición empresarial, sindical y política contra Chávez. Esa oposición cuenta con apoyo de la jerarquía de la Iglesia Católica y sobre todo con la participación disciplinada de casi todos los medios de comunicación escritos y audiovisuales de Venezuela. Esto sin contar la indisimulada ojeriza de la Casa Blanca que desde Washington mira con hostilidad los desplazamientos revolucionarios del presidente Chávez.
Una anterior ley de reforma agraria, dictada en 1961 por el gobierno de Rómulo Betancourt (AD), tuvo nulos efectos debido a la presión de los latifundistas. Pero esta vez ese sector se encuentra en presencia de un gobierno empeñado en cumplir su programa. La nueva Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, sin embargo, no tiene la radicalidad con que la pintan sus adversarios. Su artículo 7º dispone que sólo los fundos superiores a cinco mil hectáreas, ociosos o incultos, pueden ser considerados latifundios y objeto de expropiación con pago de indemnización de común acuerdo o mediante juicio. Las pequeñas y medianas propiedades agrícolas están al margen de cualquier expropiación. Lo mismo los grandes fundos bien trabajados.
En cuanto a la Ley de Pesca -la otra banderilla que ha encabritado al empresariado- su objetivo es proteger a los pescadores artesanales de la competencia desleal de las flotas pesqueras de arrastre.
Un veterano ex dirigente comunista, Guillermo García Ponce, denunció que la agresiva asociación que agrupa a los ganaderos ha elaborado una lista de 4.500 personas que correrían la misma suerte de las víctimas de la represión de Pinochet en septiembre de 1973. Advirtió en un artículo en el diario "El Mundo" que si el círculo aventurero del empresariado tuviera éxito en provocar la caída de Chávez, después de vencer la resistencia del pueblo y de los sectores leales de las FF.AA., "vendría Pinochet debido al peso decisivo que tienen los elementos más revanchistas y rabiosos en los proyectos conspirativos".
Mientras se desarrollaba el paro empresarial, en todo caso, Chávez hizo una demostración de fuerza. Desde el aeropuerto La Carlota -en medio de la ciudad de Caracas- y con motivo del 81º aniversario de la Fuerza Aérea venezolana sobrevolaron la capital semi paralizada grupos de helicópteros y aviones F-16, Mirage, Tucano y los nuevos Mig-29. El mismo día Chávez se trasladó a su natal Estado Barinas donde promulgó la Ley de Tierras y al día siguiente hizo lo mismo con la Ley de Pesca en la Isla Margarita, donde era anfitrión de la III Cumbre de la AEC.
¿Quién ganará finalmente esta prueba de fuerza? Está por verse aunque es evidente que Chávez retiene de su lado a parte considerable del pueblo, sobre todo los sectores más pobres, aunque éstos son también los más desorganizados
MACAUREL
En Caracas

Una minoría iracunda

Inmediatamente después del paro empresarial del 10 de diciembre, cuyos organizadores estimaron en un 90% efectivo, una empresa encuestadora reveló que la mitad de los caraqueños opinó que no era necesario ese paro, que el 72% (y no el 90%) se quedó en su casa, y que de éstos, sólo un 40% lo hizo en protesta contra el gobierno de Hugo Chávez. La mayoría, 60% se dedicó a otras actividades. Este último resultado es el de mayor significación porque coincide con los porcentajes de las elecciones del 30 de julio de 2000, cuando se relegitimaron los poderes: Chávez obtuvo el 60% de los votos, el otro 40% se repartió entre los demás candidatos.
La encuesta la realizó Consultores 21, una empresa de las más serias que poco antes había revelado resultados que mostraban la pérdida de popularidad del presidente Chávez y la falta de confianza en su gobierno. Sin embargo, esa última medición no ha sido divulgada sino por un diario.
Pero esa encuesta no oculta que el paro del lunes 10 de diciembre fue una demostración de protesta cívica, aunque nunca en la proporción que los medios, y seguramente las agencias de noticias, han mostrado. Nadie puede demostrar que los trabajadores no acudieron a sus empresas o centros laborales acatando la convocatoria, si los mismos estaban cerrados por voluntad de los patronos. Aunque es evidente que un porcentaje de los mismos, incluidos los maestros y profesores de la educación pública, participó voluntariamente.
¿Cuáles fueron las verdaderas razones del paro? Es falso que fue para expresar desacuerdo con la falta de participación en la elaboración de un paquete de leyes que la Asamblea Nacional delegó en el presidente y su gabinete. Nunca antes hubo un paro empresarial en Venezuela, en toda su historia, ¿a quien convencerán de que esa era la motivación? Algunas de esas leyes (la de Tierras y la de Pesca) afectan los intereses de algunos empresarios, seguramente, pero en cualquier caso es un sector minoritario.
¿Como se explica que centenares de miles de comerciantes cerraran sus negocios, si ninguna de las leyes lesionaba sus intereses? La verdad, eran razones políticas.
Un sector extremo del empresariado quiere el derrocamiento de Chávez, desplazarlo por cualquier vía, y otro, mayoritario, igualmente lo quiere pero por las vías constitucionales. Unos y otros creyeron llegado el momento de dar esa demostración de fuerza, cuando circulan tantos rumores de planes conspirativos y desestabilizadores, algunos reconocidos por el gobierno, y cuando desde Washington se perciben señales de humo inquietantes.
Todo ese cuadro tuvo dos factores que permiten explicar un tanto lo ocurrido. En primer término, el gobierno, que manejó con evidentes contradicciones la amenaza del paro; mientras se desarrollaba una línea de diálogo, de apertura, búsqueda de acuerdos, para debilitar el frente empresarial, y hasta dividirlo, pero simultáneamente, otra se mostraba amenazante, radical. El desafiante lenguaje presidencial contribuyó a estimular esta última. Y el otro factor, que no debe ser ninguna novedad para los lectores de "Punto Final" es la fuerza mediática. La inmensa mayoría de la prensa, radio y televisión de Venezuela mantiene una conducta opositora, con gradaciones. Ayudaron a promover el paro y un 80% de los diarios no circuló ese día.
En el seno del gobierno y de su partido Movimiento V República (MVR) parecen evidentes dos líneas. Una que plantea la radicalización del proceso, "profundizar la revolución" (expresión de Chávez el mismo día del paro), y otro que insiste en la vía del diálogo, de la búsqueda de ciertos acuerdos, donde estarían los ministros de la Defensa, José Vicente Rangel, y de Interior, Luis Miquilena, y varios dirigentes del MVR. No sé si éstos ven que el gobierno vive una situación de mayor debilidad, y es el momento menos oportuno de radicalismos. Como ocurre siempre, en el otro lado hay igualmente halcones y palomas. Y ojalá las posiciones extremas no dominen el escenario. Sería de impronosticable desarrollo
ELEAZAR DIAZ RANGEL