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Latinoamérica

27 de enero del 2002
Desaparición de militantes en Paraguay
El defensor adjunto del pueblo presenta
apellidos de tres supuestos paramilitares

Revista Koeyu Latinoamericano

E
l defensor adjunto del pueblo, Raúl Marín, presentó apellidos de tres militares que podrían estar implicados con un grupo de paramilitares que supuestamente secuestró a Juan Arrom y a Anuncio Martí. El fiscal Hugo Velázquez pidió al abogado que sea más concreto en la identidad de los sospechosos para investigar su denuncia, señalaron fuentes judiciales.
Sorpresivamente, horas después de que a través de los medios de comunicación se difundiera que a la fiscalía llegó la información de que Marín habría reivindicado hace un año atrás el narcotráfico y el secuestro como causas de lucha, porque de esa forma no se daña al pueblo, sino a los oligarcas, el defensor adjunto se acercó a la oficina de la fiscalía.
Sin embargo, este tema no fue tocado en la reunión que sostuvieron ambos, ya que por el momento esta información no es considerada relevante por la fiscalía, a menos que se aporten mayores datos que se relacionen con la investigación.
Las fuentes indicaron que el defensor adjunto presentó al fiscal apellidos de tres militares, uno de ellos de apellido González, otro Sarubbi y un tercero sin aportar mayores datos.
Indicó a los fiscales que estos datos les fueron aportados por los familiares de Arrom y de Martí, además de miembros de partidos de izquierda.
El fiscal Velázquez solicitó a Marín que si posee este tipo de datos, que fueran más específicos para pedir información a las Fuerzas Armadas si es que existen estas personas. Indicó que no habría ningún problema en investigar la denuncia, pero que debería tener mayor sustento.
Al término de la reunión, Marín señaló que la fiscalía no contaba con pruebas que incriminen a los sospechosos en esta causa.
También criticó a la familia Debernardi por no aportar mayores datos a la investigación. Señaló que el ingeniero Antonio Debernardi habla de sorpresas, pero nunca cuenta de qué se trata.
Tanto Antonio Debernardi como María Edith Bordón se quejaron en forma vehemente contra las organizaciones de derechos humanos por apoyar solamente a un grupo de personas y olvidarse de ellos.
Tras las críticas, se acercó a la familia a llevar su apoyo el defensor del pueblo, Manuel Páez Monges, pero nadie más, ni siquiera el defensor adjunto, Raúl Marín.

LO DENUNCIADO


- El defensor del Pueblo adjunto, Raúl Marín denunció que parapoliciales o paramilitares que habrian sido contratados por la familia Debernardi serían los responsables del secuestro de Juan Arrom y Anuncio Martí.
- Indicó que de ser cierta esta versión no podría descartarse que tanto Arrom como Martí hayan sido asesinados.

CREEN POSIBLE ACCIONAR PARAPOLICIAL


El Dr. Diego Bertolucci, abogado del hasta ahora desaparecido Juan Arrom, dijo que no descartaba la posibilidad de que su defendido y Anuncio Martí hayan sido detenidos o muertos por fuerzas parapoliciales, tal como lo advirtió Raúl Marín, defensor del pueblo adjunto. Apuntó, sin embargo, que tenía una leve esperanza de que aparezcan con vida.
Bertolucci indicó que, lamentablemente, existen algunos indicios de que la denuncia que hizo pública Marín pueda suponerse correcta. Apuntó que los organismos de seguridad del Estado siguen manteniendo la política de la época stronista y solo ha habido un cambio ''cosmético'', mientras mantienen los mismos mecanismos de violencia y torturas.
El abogado insistió también en que el único hecho cierto es que tanto Arrom como Martí están desaparecidos desde el jueves a últimas horas de la tarde, por lo cual no se puede calificar su situación como de prófugos.
Señaló además que la lluvia de rumores, hipótesis y sospechas crean un clima de zozobra e incertidumbre permanente a los familiares de los desaparecidos.
Respecto a la labor del defensor adjunto, Bertolucci dijo que confía en él dentro de la precariedad de los medios con que se maneja en su institución. Indicó que si bien en democracia los orígenes son espurios y que el defensor y el adjunto surgieron de una transacción política entre las fuerzas políticas que detentan el poder, no obstante ''pueden crecer frondosos''.
Puntualizó, por otro lado, que no confía en la labor de la Policía porque los hechos están demostrando que no se han modificado sus métodos, y así lo demuestran las denuncias de organismos de DD.HH. internacionales sobre nuestro país. Apuntó que la supuesta apertura que intentan mostrar y abrir las puertas, previa ''limpieza'' de las celdas y sus ocupantes, es un método que utilizaron dictadores como Jorge Videla en la Argentina y que no pueden ocultar que se siguen repitiendo métodos violentos de represión.



Exigen aparición con vida de Martí y Arrom y cese de persecución política

La aparición con vida de Anuncio Martí y Juan Arrom y el cese de la persecución política reclamaron durante una manifestación frente a la Policía Nacional y en entrevista con el comandante Blas Chamorro los familiares, amigos, compañeros y ciudadanos preocupados por la desaparición de los activistas de Patria Libre.
La manifestación se concentró frente al Cuartel General de la Policía, Paraguayo Independiente y Alberdi, al unísono de ''dónde están'' y con intervalos de ''Dónde están los desaparecidos'', del cantautor Alberto Rodas. Con carteles como ''Basta de terrorismo de Estado'', ''exigimos aparición con vida de Anuncio y Arrom'', el Núcleo de Acción Solidaria -así se denomina la organización- repitió ayer algo que pinta convertirse en una rutina, cual es el reclamo del paradero de la gente supuestamente involucrada como autores intelectuales del secuestro de la señora María Edith Bordón de Debernardi. El poeta, cantante y humorista Mario Casartelli leyó unos versos de su autoría que instalan la duda sobre las versiones policiales de que el aparato no tiene a los activistas políticos. Los familiares, compañeros y conocidos de Arrom y Martí están convencidos de que están secuestrados o por la Policía o por grupos parapoliciales.
Francisco ''Chiqui'' Benítez leyó un poema de Martí, periodista y poeta, dedicado a su hijo de meses. Después algunos representantes del Núcleo y las hermanas de los afectados se reunieron con el comandante Blas Chamorro. Ante él, las hermanas Arrom denunciaron tener el teléfono intervenido, de recibir amenazas de muerte y de encontrarse varios hombres vestidos de civil vigilando permanentemente la casa. Exigieron seguridad a la Policía para la familia. Igual pedido solicitaron las hermanas de Anuncio Martí. Ante los requerimientos, el comandante dijo que la Policía no los tiene en ninguna de sus dependencias y que él se responsabiliza por la actuación policial.
El representante de la Comisión de Derechos Humanos del Paraguay, Rodrigo Villalba, denunció la utilización de los símbolos de Patria Libre y los contactos de este movimiento con el representante de la FARC, Javier Calderón, por los investigadores como supuestos indicios. ''Si esto es un indicio, debiera ser procesado también el presidente Luis González Macchi, porque el embajador de la FARC (Fuerzas Revolucionarias de Colombia) también se reunió con él'', dijo Villalba, exigiendo a los investigadores a no utilizar las ideologías políticas como indicios porque esto no constituye otra cosa ''que una terrible persecución política''. Larga fue la entrevista con el comandante Chamorro, quien reiteraba una y otra vez que él ''jamás'' permitiría que efectivos a su orden tuvieran a los implicados sin presentarlos ante la fiscalía.

OTROS RECLAMOS


No politizar la investigación, utilizando como indicios símbolos de Patria Libre o relaciones de este movimiento como supuestos indicios de culpabilidad. ''Esto es persecución política'', sostienen.
Evitar la palabra prófugo porque es ''evidente que se está frente a una desaparición forzosa''.

INVESTIGARAN CASO MARTI


La denuncia de desaparición del activista de Patria Libre, Anuncio Martí, fue derivada ayer a la unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público para su investigación. Dicha unidad está integrada por los fiscales Juan de Rosa Avalos, Gloria Benítez y Fabián Centurión.
En la víspera, la fiscala de turno María Teresa Ruiz Díaz remitió el caso a la citada repartición fiscal para la realización del sorteo correspondiente.
La denuncia, presentada por María Cristina y Marta Ramona Martí, señala que el activista de Patria Libre se retiró de su vivienda ubicada en 9ª y 15 de Agosto en la noche del jueves último. Momentos antes, Martí había dicho a su esposa que iba a comprar pañal para su hijo de dos meses, pero después ya no se supo nada de él.
Las denunciantes afirmaron, además, que en aquella oportunidad Martí estaba acompañado de Juan Francisco Arrom, activista de Patria Libre, cuyo paradero también se desconoce.


Hoy se mostrarán las pruebas

Los abogados de Víctor Colmán, Jorge, Samudio y Ana Rosa de Colmán se mostraron molestos porque los fiscales no llegaron a la hora pactada y tras señalar que se trataba de una falta de respeto se retiraron de la sede de la fiscalía.
Pasadas las 19:30 de ayer, los abogados Juan Bautista Rivarola y Gustavo Rodríguez llegaron a la sede de la fiscalía en Luque y tras aguardar casi media hora se retiraron.
Indicaron que además de la intención de observar las pruebas trajeron un escrito en el cual solicitan que se arbitre rápidamente la inspección de sus clientes por un médico forense que no sea el Dr. Ricardo Morales, cuyo informe acerca de la primera revisión realizada fue calificada de parcialista por los profesionales.
El fiscal Hugo Velázquez dijo que su intención era presentar a los abogados las copias y los billetes que se habían levantado como evidencia en el allanamiento. ''Lastimosamente fue una mala interpretación de ellos, no fue una falta de respeto, sino una falta de tiempo'', dijo al justificar que el retraso se debió a que estaban tomando la declaración a Guillermo Bordón.
Finalmente, el fiscal Velázquez llamó por teléfono a los abogados y los citó para las 9:30 de hoy. A las 10 será la reunión de prensa para exhibir las evidencias, a la cual los letrados anunciaron que no se opondrán.


Pretenden justificar escalada represiva

Las organizaciones políticas de izquierda de Paraguay advierten, en un comunicado, la existencia de una campaña emprendida por la Policía y el Gobierno con el objeto de derivar la responsabilidad del secuestro de María Edith de Debernardi a organizaciones políticas de izquierda, en particular al Movimiento Patria Libre, y justificar así una nueva escalada represiva, mientras se desentiende de los grandes temas nacionales.
Entienden que este tipo de acusaciones es un recurso utilizado habitualmente cuando no se realizan investigaciones serias o se busca encubrir a grupos mafiosos poderosos que cuentan con conexiones en todo el aparato del Estado. Y a la sazón recuerdan que la mayoría de grandes crímenes y negociados ocurridos en los últimos tiempos nunca fueron aclarados y sus ''autores están libres y gozando de impunidad, como los asesinos del marzo paraguayo, los vaciadores de los bancos y los grandes asaltantes de bienes públicos''.
En la última década, ''decenas de dirigentes sociales fueron asesinados en diferentes puntos del país por defender los derechos del pueblo y por estar en contra de la injusticia y de la miseria que el Gobierno profundiza cada día más favoreciendo a terratenientes y traficantes politiqueros de todos los colores''.
Las organizaciones firmantes (Convergencia Popular Socialista, Movimiento Popular Revolucionario, Partido Comunista y Partido de los Trabajadores) establecen que el objetivo final de esta campaña es hallar supuestos culpables entre los militantes populares y de izquierda ''que luchan por una sociedad mejor, en contra de la explotación y las injusticias derivadas de un modelo económico neoliberal, hambreador propuesto por el Fondo Monetario Internacional y ejecutado por el gobierno corrupto y servil de González Macchi''.

Diario ABC Color, Asunción, Paraguay, sábado 26 de enero de 2002

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