Las Fuerzas Armadas de Colombia reclutarán y enfrentarán a unos 20 mil campesinos, a la vez que recibirán 11 nuevos helicópteros blindados donados por EEUU. Estas novedades se suman a la declaración del estado de conmoción interior (cuyo objetivo es reprimir las movilizaciones sindicales, estudiantiles y campesinas), la convocatoria de las reservas militares, la puesta en marcha de una red de un millón de informantes civiles y un impuesto para recaudar 800 millones de dólares destinados a intensificar la guerra y agregados al flujo de dinero y armamentos proporcionados por EEUU en los marcos del Plan Colombia, acelerado en su aplicación desde el ascenso de Uribe, todo lo cual sitúa al país bajo el signo de una militarización creciente. Carne de cañón campesina El proyecto establece que los pobladores rurales seleccionados vestirán uniformes del ejército y podrán llevarse las armas a su casa. La ministra de Defensa, Martha Lucía Ramírez, declaró que "la idea es facilitar que los jóvenes hagan el servicio militar y contribuyan a custodiar las regiones apartadas". Pero he aquí el juicio que le merece a la oposición de izquierda: "Veinte mil humildes campesinos, seguramente hambrientos y desempleados, serán arrastrados por el gobierno, por la fuerza de la necesidad, a enrolarse en el nuevo proyecto militarista pomposamente llamado "Soldados campesinos", quienes seguirán viviendo en sus casas y patrullarán sus alrededores. Este proyecto no sólo es abiertamente un plan paramilitar, sino que convierte a necesitados campesinos en hombres de guerra y de confrontación y carne de cañón del conflicto nacional".
Simultáneamente las Fuerzas Armadas incrementarán su poder de fuego incorporando 11 helicópteros Huey II que integran la flota de 25 entregada por la Casa Blanca. Cada aeronave tiene una ametralladora M-69, puede transportar 9 comandos armados y será utilizada para operaciones especiales.
Justo ahora el FBI dice haber descubierto que las FARC poseen un amplio arsenal tóxico y que lo utilizaron en un ataque realizado el 3 de setiembre pasado (un año atrás) en el poblado San Adolfo. Y por añadidura, que fueron asesorados por el IRA irlandés. Así se mezclan todas las cartas, y se procura justificar las medidas represivas. Más armas, más intervención Y ante todo, el creciente involucramiento directo de EEUU en el conflicto interno. El mismo ya se verifica mediante sus efectivos militares dislocados en grandes bases como la de Tres Esquinas en el sur colombiano y en todas las que circundan la región, ubicadas en Manta sobre el Pacífico ecuatoriano, en las islas de Aruba y Curaçâo, en Puerto Rico y América Central, más los mercenarios de toda laya que paga EEUU y también han intervenido en los combates. Un Congreso que resigna cada vez más sus potestades (y que se apresta a convalidar la invasión a Irak por la cual claman Bush y Cheney despreciando la decisión parlamentaria) facilita la maniobra intervencionista.
Recientemente el subsecretario de Estado Marc Grossman solicitó al presidente Uribe la firma de un acuerdo de no extradición según el cual militares estadounidenses destacados en Colombia no podrían ser juzgados por el Tribunal Penal Internacional (TPI), que EEUU ha rechazado. Como decíamos en nota del día 20 ("EEUU, el Plan Colombia y el TPI"), ello demuestra la voluntad de Washington de asegurarse por anticipado la impunidad por las violaciones de DDHH que perpetren en Colombia, lo mismo que hicieron en Kosovo y Afganistán. La lucha cívica La militarización es consustancial con una política de represión a las luchas de las organizaciones sindicales y sociales contra los efectos de una política económica de privatizaciones y de ataque al nivel de vida del pueblo. En sus pocos días de mandato, el gobierno proyectó el aumento de la edad para la jubilación (en un país con 65 años de expectativa de vida) y decretó la prolongación de la jornada laboral, parte de una contrarreforma laboral en un cuadro de alto nivel de desocupación, trabajo precario y bajos salarios.
Si ya, al final del gobierno de Pastrana se efectuaron miles de allanamientos, el espionaje telefónico, los operativos militares contrainsurgentes, ahora imperan las detenciones arbitrarias, la limitación del derecho de reunión y manifestación, el macarthismo y la caza de brujas.
También se activan las bandas paramilitares y sus amenazas de muerte contra los líderes sindicales. El blanco de la ley de excepción es el movimiento obrero, social y campesino, que con movilizaciones, paros y huelgas ha impedido la completa privatización de Telecom (incluso con la ocupación de sus locales), de Ecopetrol y de la educación pública; que se moviliza por reivindicaciones de los cafeteros, algodoneros, arroceros y otros sectores afectados por una política económica de "apertura" y que proyectan la Jornada Nacional Agraria del 16 de setiembre; al tiempo que se multiplican las demostraciones sociales por la paz, la soberanía, los DDHH y la solución política del conflicto. En el Parlamento La lucha se desenvuelve en todos los planos. El Frente Social y Político busca un camino de unidad y de avance del pueblo, actúa en el plano parlamentario y en el plano social.
Su diputado por el Valle del Cauca, Alexander López Maya, líder sindical de las empresas municipales de Cali, ha sido electo presidente de la Comisión Sexta, que se ocupa de servicios públicos, y declaró que "vamos a legislar para que los servicios públicos, la salud, la educación y la cultura sean responsabilidades ineludibles del Estado para el beneficio social". O sea, una oposición frontal a la política del gobierno, en el entendido de que "el Plan Colombia y Uribe son el asalto final del gran capital para su modelo de acumulación y desnacionalización".
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