4 de septiembre del 2002

Amnistía Internacional

En vísperas de la fecha prevista para la reapertura de la causa penal abierta contra tres oficiales del ejército acusados de haber ordenado el homicidio de la antropóloga Myrna Mack en Guatemala en 1990, Amnistía Internacional ha manifestado hoy que confía en que la maquinaria de la administración de justicia se ponga ya verdaderamente en movimiento y en que cuantos ordenaron o participaron en este brutal homicidio respondan por fin de sus delitos.
«Es un escándalo que habiendo transcurrido prácticamente 12 años desde el homicidio de Myrna Mack las personas acusadas de haber ordenado su asesinato no hayan sido aún llevadas ante la justicia», ha indicado la organización.
«La resolución de este caso hará albergar esperanzas a las decenas de miles de víctimas supervivientes de abusos y violaciones de derechos humanos cuyo deseo es que el Estado de derecho vuelva a estar en vigor en Guatemala y que los autores de atrocidades cometidas en el pasado rindan cuentas por sus acciones».
Guatemala ha aceptado recientemente ante el sistema interamericano para la protección de los derechos humanos la responsabilidad institucional en relación con la muerte de Myrna Mack, y ha accedido a conceder indemnizaciones. Ahora bien, Amnistía Internacional ha hecho hincapié en que lo que la familia de Myrna Mack y la comunidad guatemalteca de derechos humanos desean, tanto en este caso como en los miles de otros casos de abusos cometidos en el pasado y pendientes de resolución, es que se haga justicia.
«El hecho de que no se haya declarado culpables a los responsables de la muerte de Myrna Mack ha llegado a ser visto como un símbolo de la impunidad reinante en relación con las atrocidades cometidas durante los años de conflicto», ha manifestado la organización.
Durante el largo conflicto de Guatemala se cometieron violaciones graves de derechos humanos: según consideró la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, patrocinada por la ONU, se produjeron 200.000 ejecuciones extrajudiciales y «desapariciones» en una población de entre 6 y 7 millones de personas aproximadamente, y se cometió genocidio de pueblos indígenas guatemaltecos en cuatro zonas concretas del país. La Comisión atribuía la responsabilidad de la gran mayoría de los abusos cometidos a las fuerzas armadas guatemaltecas y a sus auxiliares civiles, las Patrullas de Autodefensa Civil.
«Pese a la magnitud de estas atrocidades, desde hace tiempo la opinión pública mundial ha desviado su atención a otras cuestiones. Es amoral que se permita que estas violaciones sigan impunes, y además es vital que la comunidad internacional continúe observando las medidas adoptadas para que se rindan cuentas ante la justicia en Guatemala por las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado», ha declarado Amnistía Internacional.
Información general
La antropóloga Myrna Mack fue una de las fundadoras del instituto de investigación Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala (AVANCSO). En 1989, publicó un estudio revelador que concluía que las políticas gubernamentales aplicadas para combatir la insurrección habían causado el desplazamiento interno de poblaciones indígenas guatemaltecas y su consiguiente sufrimiento. El estudio se publicó durante el inicio de las conversaciones de paz y su contenido perjudicaba sobremanera al gobierno. El 11 de septiembre de 1990, Myrna Mack fue apuñalada repetidas veces tras abandonar las oficinas de AVANCSO en la ciudad de Guatemala.
La hermana de Myrna, Helen Mack, constituyó entonces una Fundación en nombre de su hermana con el cometido de proseguir la larga batalla para conseguir que se declarase culpables a los asesinos de ésta. Helen considera que Myrna fue víctima del ataque debido a que el ejército era de la opinión de que los campesinos desplazados a quienes Myrna estaba intentando ayudar formaban la base de la oposición armada y de que el trabajo desempeñado por Myrna estaba interfiriendo en la campaña emprendida por el ejército para reprimir la insurrección en los altiplanos indígenas.
La valiente batalla librada por Helen Mack para hacer comparecer ante la justicia a los responsables de la muerte de su hermana se ha visto rodeada de múltiples obstáculos:
irregularidades judiciales, incompetencia, documentación «extraviada», demoras y obstáculos judiciales, y agresiones contra testigos y profesionales que participaban en la investigación, incluido el inspector de policía responsable originariamente del caso, que fue asesinado en 1991.
Finalmente, en 1993 un miembro del Estado Mayor Presidencial (EMP), organismo éste conocido por su mala fama, el sargento Noel de Jesús Beteta Álvarez, fue declarado culpable y condenado a 25 años de prisión como autor material del homicidio. Para entonces, 13 jueces distintos habían conocido de la causa.
Desde dicha fecha, la lucha por hacer comparecer ante la justicia a quienes ordenaron el homicidio ha proseguido, al igual que las amenazas y los abusos. Recientemente, el 23 de agosto, Roberto Romero, abogado que representa a la Fundación Mack, recibió amenazas de muerte telefónicas anónimas. Poco después, un grupo de desconocidos abrió fuego contra su vivienda en la ciudad de Guatemala.
En caso de que se vuelvan a abrir los procesos penales en cumplimiento de lo previsto, y de que los acusados, el general Edgar Godoy y los coroneles Juan Valencia y Juan Guillermo Oliva, sean declarados culpables, estos se unirán al reducido grupo de personas declaradas culpables de una porción muy escasa de los aproximadamente 200.000 abusos contra los derechos humanos sufridos por los guatemaltecos durante los más de 30 años de conflicto civil, que acabaron formalmente con los Acuerdos de Paz firmados en 1996.