Colombia se adhiere al artículo 124 de la CPI, permite que los países adherentes al Estatuto mantengan los crímenes de guerra cometidos por sus nacionales o en su territorio al margen de la jurisdicción de la CPI durante un periodo de siete años

Yadira Ferrer
IPS
Congresistas, defensores de los derechos humanos y la Fiscalía General de Colombia pidieron este martes al gobierno que renuncie a la claúsula de salvaguardia invocada para permanecer durante siete años al margen de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI).
El gobierno de Andrés Pastrana, predecesor del actual presidente Alvaro Uribe, actuó "de espaldas al país" al acogerse al articulo 124 del Estatuto de Roma, constitutivo de la CPI, afirmó el senador Jimmy Chamorro, impulsor de la ratificación del tratado.
El artículo 124 permite que los países adherentes al Estatuto mantengan los crímenes de guerra cometidos por sus nacionales o en su territorio al margen de la jurisdicción de la CPI durante un periodo de siete años.
Colombia se acogió a esa cláusula el 5 de agosto, dos días antes de la investidura de Uribe. El Estatuto de Roma está vigente desde el 1 de julio.
Chamorro indicó que en Colombia se cometen, en el marco del conflicto armado, numerosos crímenes de guerra cuyo juzgamiento competería a la CPI.
El diputado Gustavo Petro dijo a IPS que acogerse a la cláusula fue "un acto de cobardía", pues beneficia a las organizaciones intervinientes en el conflicto armado y extiende por otros siete años la impunidad de los crímenes de guerra cometidos en Colombia.
Petro, ex integrante de la disuelta organización insurgente Movimiento 19 de abril, afirmó que la justicia colombiana "no ha servido para juzgar a los criminales de guerra que actúan en el país, y esa fue una de las razones por las que los sectores progresistas urgieron" la ratificación del Estatuto de Roma.
La CPI es un instrumento real y efectivo para suplir "esa incapacidad del Estado" y para obligar a los participantes en el conflicto armado colombiano a "correr por unos cauces más éticos y más humanos", agregó el legislador.
Cada día mueren a causa del conflicto 20 personas, de las cuales sólo cinco son combatientes, según organizaciones de derechos humanos. Estos crímenes quedan en la impunidad, advirtieron.
Los crímenes de guerra más cometidos en este país son las masacres, la toma de rehenes, los ataques indiscriminados contra la población civil, el empleo de armas tóxicas y no convencionales y el reclutamiento de menores.
Uribe debe aclarar públicamente si renunciará al periodo de siete años contemplado en el artículo 124 del Estatuto de Roma, sostuvo Petro. Pero sólo si renuncia a esa cláusula "es posible que haya una aplicación efectiva de la CPI en Colombia", agregó.
La presidencia dio a conocer el lunes un comunicado según el cual "el gobierno nacional evaluará el tema", y aclaró que la aplicación del artículo 124 del Estatuto de Roma no es una decisión irreversible.
El comunicado indica que el actual gobierno no intervino en la decisión de Pastrana, y asegura que la salvedad en el tratado internacional no significaría la impunidad para los crímenes de guerra que se cometan.
El alto comisionado para la Paz, Luis Restrepo, se mostró partidario de mantener la decisión de Pastrana para facilitar eventuales negociaciones con los insurgentes.
Mientras, el procurador general, Edgardo Maya, dijo a Uribe en una carta que, "si el gobierno tiene motivos para mantener el régimen de transición, deberá explicar claramente al país las razones de tal postura".
De seguir invocando el artículo 124, el Estado colombiano envía "el equívoco mensaje" de que "está dispuesto a no permitir que la CPI conozca de las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario que se cometan con motivo del conflicto armado" durante esos siete años, agregó Maya.
Así mismo, el integrante de la Corte Constitucional Manuel Cepeda afirmó que la ley colombiana prevé medidas como la amnistía y el indulto para aplicar en caso de una negociación de paz con las organizaciones armadas.
La Corte Constitucional, dijo Cepeda, le comunicó a Pastrana que la jurisdicción de la CPI sobre los crímenes de guerra cometidos en Colombia no sería incompatible con amnistías o indultos que se decreten "respetando la Constitución y los principios y normas del derecho internacional".
El senador Jaime Dudan dijo que si el gobierno mantiene "esa posición apátrida del ex presidente Pastrana, el Congreso (legislativo) debe promover una moción de censura", pues el país aceptaría someterse así al "chantaje de Estados Unidos".
Según Durán, Washington presiona a los países sobre los que tiene influencia para debilitar la CPI.
La cancillería estudia el proyecto de tratado bilateral propuesto por Washington según el cual soldados y funcionarios estadounidenses destinados a Colombia que cometan delitos de lesa humanidad no serían juzgados por la CPI, lo cual, según analistas, también debilitaría el Estatuto de Roma.