Latinoamérica

Maurice Lemoine
Le Monde Diplomatique, agosto de 2002

Andrés Mata (director de El Universal); Miguel Enrique Otero (presidente de El Nacional); Gustavo Cisneros, Carlos Bardasano y Marcel Granier (respectivamente presidentes del Grupo Cisneros, de Venevisión y de Radio Caracas Televisión, RCTV); David Natera (presidente del Bloque de prensa venezolana); Alberto Federico Ravell (director de Globovisión); Patricia Poleo, Ibeyise Pacheco, Marta Colominas (periodistas)... Los responsables de la desestabilización mediática en Venezuela viajan mucho al extranjero para denunciar al presidente Hugo Chávez y las "persecuciones" de las que se consideran víctimas.
El 18 de marzo, durante su reunión semestral celebrada en La Romana (República Dominicana) la Sociedad Interamericana de prensa (SIP) dedicó una ovación a sus esfuerzos "por mantener lo poco que [le] queda de la libertad de expresión". Invitado de honor de esta misa mayor (sin duda para garantizar su objetividad), el ex presidente norteamericano Bill Clinton había declarado previamente: "Hugo Chavez está en un callejón sin salida". Por lo visto, este hecho autoriza a la SIP para que califique al presidente venezolano de "fascista".
Esta organización sabe muy bien de lo que habla. El vicepresidente del comité ejecutivo de la asociación de propietarios de medios de comunicación no es otro que Danilo Arbilla. De nacionalidad uruguaya, Arbilla causó estragos en su país como censor, en el seno del Centro de difusión y de información, en la época en la que, bajo la dictadura de José Gervasio Artigas, se clausuraron los periódicos Extra, Ya, Eco, El Popular y Marcha... Respecto al representante de la SIP en Venezuela, Andrés Mata, es el propietario del periódico conservador El Universal.
La versión de los hechos difundida por los órganos de prensa locales, a menudo, se vuelve a encontrar de idéntica forma, en numerosos medios de comunicación internacionales: The New York Times, The Washington Post, CNN; El Tiempo, radio y TV Caracol, RCN (que realizan el mismo tipo de desinformación en su propio país, Colombia); etc. Entre éstos, se distingue especialmente el periódico español El País (1). Teniendo en cuenta ciertos intereses económicos y financieros, a veces se puede entender la razón de "sinergias" como éstas. (2) El grupo Prisa, propietario de El País, posee el 19% de las acciones de Radio Caracol, siendo su accionista mayoritario, el poderoso grupo colombiano ValBavaria, que tiene como principal socio a Julio Santo Domingo (el hombre más rico de Colombia) y... el grupo Cisneros que domina la industria de los medios de comunicación de Venezuela. A la cabeza de Prisa, Jesús Polanco a la par presidente de Sogecable, una sociedad vinculada a la empresa norteamericana DirecTv, que tiene como uno de sus principales accionistas al citado grupo Cisneros... Para estrechar aún más estas relaciones, próximamente se firmará un acuerdo entre Prisa (Polanco) y ViaDigital (Cisneros) (3).
Pretendiendo "defender el derecho a informar y a ser informado, conforme al artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos" la organización corporativisia Reporteros Sin Fronteras (RSF) ignora deliberadamente el papel que, sin pudor, desempeñan los propietarios de los medios de comunicación. Pero no sienten ningún escrúpulo en convertir al Gobierno de Hugo Chávez –que jamás ha atentado contra las libertades- en uno de sus objetivos preferidos.
De manera legítima (ya que lo juzga restrictivo y susceptible de llegar a la censura) esta asociación está preocupada por el artículo 58 de la Constitución venezolana (nunca se han referido a él hasta ahora), relativo al derecho de los ciudadanos "a una información veraz, adecuada e imparcial".
La actitud de RSF, sin embargo resulta sorprendente cuando reclama al presidente "que ponga fin a sus virulentos ataques contra la prensa, convirtiéndola en presa de la venganza popular" (4), sin preguntarse en cambio por la actitud engañosa ni por la ausencia de deontología de los medios de comunicación en cuestión. "Aunque es legítimo que el Gobierno haga oír su voz ocasionalmente en circunstancias excepcionales, (escribe RSF, denunciando sin distancia crítica ni trabajo sobre el terreno el "recurso abusivo" a la incautación del tiempo de antena realizado por el Gobierno durante el 10 y el 11 de abril), en modo alguno esto no puede justificar la interrupción de programas televisados y radiodifundidos en treinta ocasiones durante diez días".
¿Tampoco si están participando activamente en un golpe de Estado? El 12 de abril, RSF pidió a las "autoridades" (¿Cuáles? ¡Se dirigían a un poder ilegítimo!) "que realizaran una profunda investigación sobre los disparos lanzados contra cuatro periodistas" (uno de los cuales murió), les pide que "garanticen la seguridad de los periodistas considerados próximos al ex presidente" y, comentando los hechos con gran ligereza habla "de la represión que sufrió la manifestación de la oposición". Reproduciendo palabra por palabra la versión de la prensa venezolana, el comunicado concluye: "recluido en el palacio presidencial, Hugo Chávez firmó su dimisión durante la noche, obligado por el ejército". Es conocido que Chávez jamás "dimitió", sino que fue hecho prisionero y encarcelado en una prisión militar. Y sin embargo ni una sola palabra sobre la presión ejercida por los golpistas sobre numerosos periodistas que trabajaban para medios de comunicación alternativos.
Olvidando, a pesar de algunas declaraciones de principios, la defensa del derecho "a ser informado" (5), RSF defiende para Venezuela un plan mediático digno del de El Mercurio, periódico chileno enormemente implicado en el golpe que provocó el derrocamiento y la muerte de Salvador Allende.
En este sentido, debemos alegrarnos de la aparición de una organización, Media Watch Global, nacida durante el último Foro social mundial de Porto Alegre. Ajena a cualquier corporativismo, esta asociación, pretende en Venezuela, y en cualquier otro lugar, velar por el pluralismo y por el equilibrio de la información, y construir una tribuna para los ciudadanos antes los excesos de los medios de comunicación y sus manipulaciones.

Notas:
(1) Se puede otorgar el "premio a la desinformación" a su corresponsal en Caracas Ludmila Vinogradoff. El 1 de mayo de 2002, consiguió la hazaña de ver sólo a "3.600 personas" allí donde había decenas de miles de partidarios del presidente Chávez que se manifestaban.
(2) El grupo de telecomunicaciones español Telefónica pretende extender su influencia en Venezuela y en Colombia; en este mismo sentido la petrolera Repsol tiene un gran interés en la privatización de PDVSA y en el petróleo Colombiano. Consecuencia directa: el reconocimien1o de Pedro Carmona como presidente, que realizó José María Aznar, que también apoya el Plan Colombia.
(3) David Hernández Castro, Rebelión; www.rebelion.org/venezuela/davidh230502.htm
(4) RSF, París, 8 de enero de 2002.
(5) Comprometiéndose a investigar sobre la represión (de los golpistas) y sobre las amenazas realizadas actualmen1e por la oposición contra los medios de comunicación alternativos, RSF precisa, el 18 de junio en una carta enviada a Teletambores: "el papel de nuestra organización es el de defender la libertad de prensa y no el de juzgar el uso que se hace de ésta".