COMCOSUR
Prácticamente todos los medios de comunicación de masas uruguayos han ignorado la revelación efectuada el pasado lunes por el diario "La República," indiciando que el actual comandante de la Fuerza Aérea Uruguaya, el brigadier general (av) José Pedro Malaquín, fue el co-piloto de un vuelo que en 1976 trajo a nuestro país a "14 o 16" ciudadanos uruguayos secuestrados en Buenos Aires. A diferencia de lo sucedido con otros secuestrados -que hoy integran las listas de desaparecidos- los pasajeros de ese viaje fueron utilizados para fingir un resurgimiento de la "subversión" que justificara la concesión de nueva asistencia militar por parte de los Estados Unidos.
La investigación efectuada por el periodista Roger Rodríguez (el mismo que a principios de este año encontró a Simón Riquelo en Buenos Aires), se basó en testimonios de implicados y testigos directos. La importancia de la revelación no refiere al posible castigo que podría recibir Malaquín de probarse esta circunstancia, ya que la Ley de Caducidad de 1986 lo impide; pero deja una vez más en evidencia la manera en que en nuestro país, no sólo no se ha castigado a los violadores de los derechos humanos, sino que -por el contrario- se les ha promovido hasta hacerlos llegar a los más altos cargos jerárquicos de las Fuerzas Armadas.
A Malaquín, la comandancia de la Fuerza Aérea se la otorgó en 1999 el entonces presidente Julio Sanguinetti, quien durante su primer gobierno (1985-90) ya lo había designado como edecán de la Casa Militar de la Presidencia de la República. En su discurso de asunción de la comandancia de la fuerza de aire, Malaquín decía: "El país está viviendo una época de felicidad, con libertad, democracia y crecimiento económico, no lo empañemos mirando las tristezas pasadas, quien únicamente mira hacia atrás, está, inevitablemente, condenado a tropezarse." Ahora se entienden mejor sus palabras.
Las únicas declaraciones oficiales sobre el asunto disponibles al cierre de esta edición, son las del ministro interino de Defensa Nacional, Roberto Yavarone, quien al ser consultado al respecto por un periodista de 1410 AM Libre (del "Multimedio Plural" que también integra el diario "La República") dijo que esa secretaría de Estado no tiene competencia para actuar en el caso. "No esta dentro de las competencias nuestras ahora revisar ninguna cuestión de éstas," afirmó Yavarone, y explicó: "todo está bajo la órbita de la Comisión para la Paz que depende directamente de Presidencia." Interrogado sobre si el Ministerio de Defensa no tenía ningún tipo de intervención en el tema, el subsecretario concluyó: "No, porque la Ley de Caducidad ya operó, de manera que no tenemos competencia para actuar."