Red Resistencia

Esta movilización demostró como el campesinado rechaza la política neoliberal que lo ha golpeado duramente, y como se opone a los tratados de libre comercio como el ALCA y a las políticas del Banco Mundial que fomenta la aparcería y el mercado de tierras. El movimiento campesino levantó su programa de reforma agraria, en el que pide la distribución de 5 millones de hectáreas de latifundio, extremadamente desaprovechadas en la actualidad, y exigió la defensa de la producción nacional para recuperar la soberanía alimentaria.
COMUNICADO a la opinión pública nacional e internacional
Los campesinos (as) que persistían en su pacífica movilización en el Departamento del Cauca, decidieron regresar a sus parcelas y pequeñas fincas, para evitar sufrir más agresiones, asesinatos, detenciones y desapariciones, y ante todo, por preservar organización y ánimo para la necesaria continuidad de su justa lucha.
En total más de 125.000 personas, entre campesinos (as) y jornaleros rurales, que se movilizaron en 15 Departamentos, principalmente en Tolima, Cauca, Huila, y otras regiones como Sucre, Cundinamarca, Eje Cafetero, Chocó, Costa Atlántica, Nariño, Santander, Arauca, Putumayo y Boyacá, consideran un éxito político su protesta, porque lograron romper el aislamiento y el cerco de terror que pretendía acallar su justa protesta contra el neoliberalismo y el ALCA y por la reforma agraria el derecho a la vida, la tierra, el trabajo, la organización y otras demandas sociales.
La movilización del campesinado colombiano despertó enorme simpatía nacional e internacional, también en las centrales obreras e inclusive en la propia prensa local, y en casos como en Cauca y Valle, la activa solidaridad de organizaciones políticas y sociales. En Popayán los estudiantes en forma valiente bloquearon por algunas horas una carretera principal. Desde ya, la Coordinación Nacional de la Movilización en nombre del campesinado colombiano, agradece la inmensa solidaridad desplegada nacional e internacionalmente.
Esta movilización demostró como el campesinado rechaza la política neoliberal que lo ha golpeado duramente, y como se opone a los tratados de libre comercio como el ALCA y a las políticas del Banco Mundial que fomenta la aparcería y el mercado de tierras. El movimiento campesino levantó su programa de reforma agraria, en el que pide la distribución de 5 millones de hectáreas de latifundio, extremadamente desaprovechadas en la actualidad, y exigió la defensa de la producción nacional para recuperar la soberanía alimentaria.
El gobierno sólo concedió la audiencia solicitada con el Presidente o el Ministro de Interior y Justicia, un día después de iniciada la protesta y luego dilató 10 días la respuesta, sin comprometerse a la concertación establecida en la Constitución Nacional, dedicándose a estigmatizar la movilización, distorsionando la información sobre su autonomía, criminalizándola y desatando una fuerte oleada de represión y violencia, tratando de desbaratar y aislar la pacífica movilización.
El gobierno se ha comportado como una dictadura, al detener y deportar o expulsar a varios observadores internacionales, en la clara intención de ocultar al mundo la represión de la protesta popular y la persistente violación de derechos humanos. Recalcamos que el objetivo de este comportamiento es invisibilizar los desmanes del Estado y sus agentes.
Todo parece indicar que probablemente habrá una nueva audiencia, esta vez con el Ministro de Agricultura el próximo jueves 26 de septiembre. Con audiencia o no, los campesinos (as) de Colombia seguirán levantando su grito de lucha por la paz, por la reforma agraria integral y democrática, y por el respeto a los derechos humanos, y respaldamos las conclusiones del encuentro obrero y popular celebrado el pasado 20 de septiembre en Bogotá, que aprobaron la realización de un paro cívico nacional, razón por la cual mantenemos en alto y en vigencia nuestro pliego nacional de peticiones que motivó la Movilización Agraria y Popular iniciada el pasado 16 de Septiembre.
Pliego Nacional de la Movilización Agraria y Popular
1. Garantías efectivas para la vigencia de los derechos a la vida, la organización, la movilización y la protesta; por garantías a la participación decisoria de las organizaciones campesinas, sociales y populares en los asuntos claves de la vida nacional.
2. NO firma del tratado de libre comercio de las Américas ALCA ni de los tratados de libre comercio con Estados Unidos o Canadá por la llamada "Vía rápida".
3. Respeto y autonomía del patrimonio genético de las comunidades rurales, a los recursos naturales d el país y al medio ambiente; así como establecimiento de mecanismos de producción sostenible que recojan el saber tradicional de las comunidades. No a la eliminación o limitación del requisito de licencia ambiental, derogatoria del decreto 1728 de 2002.
4. Fortalecimiento de la economía campesina y la pequeña producción rural y defensa de su espacio. Rechazo a la implantación de proyectos paneleros monopólicos; apoyo al sector productivo artesanal ( minería, pesca, etc.), actuando en consecuencia con su importancia y derogatoria de cualquier medida legislativa que lo vulnere.
5. Suspensión inmediata de la importación de productos agropecuarios, garantizando la soberanía alimentaría.
6. Condonación de las deudas a pequeños y medianos productores, suspensión de los procesos judiciales de embargo y cobro jurídico contra estos, devolución de los predios embargados, establecimiento de créditos de fomento y subsidios para los campesinos y pequeños empresarios.
7. Eliminación inmediata de las fumigaciones sobre los cultivos de coca, amapola y marihuana, implementando la sustitución gradual a través de la concertación comunidades rurales- Estado- Comunidad internacional, con financiación de planes de desarrollo sostenibles y planes de vida.
8. Revisión de la política pública cafetera para que brinde garantías a la pequeña y mediana producción.
9. Cese del desplazamiento forzado, los asesinatos, las desapariciones y torturas, la guerra sucia. Atención inmediata, oportuna e integral a las comunidades desplazadas e indemnización y retorno a sus tierras de las familias campesinas, indígenas y afrocolombianas desplazadas, con plenas garantías de seguridad y proyectos productivos subsidiados por el Estado.
10. Indemnización a las mujeres campesinas, indígenas y afrocolombianas y sus familias afectadas por el conflicto social y armado, protección a las líderes y sus organizaciones para el trabajo social y organizativo y, vinculación de ellas a los programas de inversión social, en especial a las mujeres cabeza de familia.
11. Reconocimiento del derecho a la tierra de las comunidades campesinas como derecho fundamental. Por una reforma agraria integral y democrática que incluya la extinción de dominio de los latifundios inadecuadamente explotados, así como la expropiación por vía administrativa de otros predios que se requieran para este programa y su entrega gratuita a los campesinos.
12. NO liquidación de las instituciones estatales nacionales del sector agropecuario, fortaleciéndolas mediante su dinamización, financiación y coordinación. NO a las facultades extraordinarias la Presidente para liquidar los institutos agropecuarios. Preservar y fortalecer el INCORA como eje de la reforma agraria con participación decisoria de campesinos, indígenas y afrocolombianos.
13. Subsidio a la producción nacional e inversión social a pequeños y medianos productores sin condicionamientos del Estado a políticas de alianzas o de cadenas productivas.
14. Respeto y reconocimiento legal a la inalienabilidad de las tierras colectivas de los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas, a su integridad cultural y autonomía. Derogatoria del decreto 1320 de 1998 sobre consulta previa a las comunidades indígenas y afrocolombianas para la explotación de recursos naturales en sus territorios. Que el Estado eleve a la categoría de inalienables los territorios declarados Zonas de Reserva Campesina y bienes comunales. No a la eliminación de la Acción de Tutela para defender los derechos colectivos de las comunidades.
15. Garantías para el ejercicio del derecho de asociación sindical y de contratación laboral colectiva; aplicación en Colombia de los Convenios 141 sobre organización campesina y 110 sobre Plantaciones de la OIT.
16. Revisión concertada con los trabajadores, campesinado y la comunidad en general de las leyes Ley 100 sobre seguridad social, salud, pensiones y riesgos profesionales y 50 sobre código del trabajo; NO al proyecto de reforma laboral del gobierno que atenta contra los dominicales y otros derechos de los trabajadores.
17. Derogatoria de la Ley 715 por ser contraria a los intereses de la comunidad al recorta los recursos de las entidades territoriales para salud, saneamiento básico, umatas y educación y contra el congelamiento de la planta docente que ha sido reemplazada por órdenes de prestación de servicios.
18. Sustitución de la Ley 617 de que modifica el régimen político municipal determinando una ley territorial perversa. Derogatoria de la normatividad que prohibe la movilización de los vehículos de tracción animal.
19. No a la privatización de las empresas públicas y el alza de tarifas de los servicios públicos; así como la reubicación en estrato cero (o) para los pequeños y medianos productores campesinos.
20. Establecer una veeduría de las organizaciones campesinas, afrodescendientes e indígenas internacionales para que monitoreen la situación de derechos humanos de las comunidades rurales de Colombia y el cumplimiento de los acuerdos suscritos con el gobierno, bajo los parámetros de los sectores participantes de esta movilización.
21. Respeto a los derechos humanos y libertades ciudadanas. No a su limitación por la conmoción interior.
22. Salida política negociada al conflicto social y armado con base en reformas sociales y económicas para el logro de una paz duradera.
23. Cumplimiento de todos los acuerdos, que los diferentes gobiernos o entidades del Estado han suscrito con organizaciones sociales movilizadas, a nivel local, regional o nacional y reactivación de los mecanismos de negociación.
24. Solución de los pliegos presentados por las organizaciones regionales en comisiones que para tal efecto se establezcan en cada región.
Septiembre 23 de 2002