Panorama

La querella también implica a Iván Simonovis, Henry Vivas y ocho funcionarios de la PM. La acción fue interpuesta por el abogado Fabián Chacón, quien representa a los familiares de Erasmo Sánchez y Rudy Urbina. La acusación se sustenta en numerosos vídeos y el testimonio de algunos periodistas.
El abogado Fabián Chacón, asesor legal del Presidente de la República, acudió ayer al Palacio de Justicia para presentar una querella privada en contra del Alcalde Metropolitano Alfredo Peña, Iván Simonovis, ex secretario de Seguridad Ciudadana de ese ente, Henry Vivas, Director de la Policía Metropolitana y un grupo de ocho efectivos de la PM que integran el grupo "Fénix" de ese cuerpo de seguridad.
Estos funcionarios son acusados por el delito de homicidio intencional calificado premeditado en contra de Erasmo Sánchez y Rudy Urbano, partidarios oficialistas que perdieron la vida en la avenida Baralt y las adyacencias de Puente Llaguno, respectivamente, durante los hechos acaecidos el pasado 11-A.
Convicción
En este sentido, Chacón señaló que "tengo la convicción jurídica de que no sólo cometieron estos homicidios, sino que los organizaron con varios días de antelación. Presentaremos evidencia a los tribunales, la cual estarán respaldadas con numerosos vídeos y declaraciones de periodistas internacionales que cubrieron esos lamentables sucesos".
Respecto a la identidad de estas personas, el abogado indicó que no dirá los nombres, pues es su deber preservar la vida de esos testigos. "Si alguien va a hacer público los nombres será la Fiscalía y el tribunal de control respectivo. De todas formas, ustedes se enterarán de quienes son cuando sean citados a rendir declaraciones".
Asimismo, explicó Chacón que "en la querella hemos establecido la relación de causalidad. Los homicidios fueron premeditados porque sirvieron para preparar el escenario para el golpe de Estado.
Lamentablemente, los acusados no habían sido imputados previamente y sin este paso no se pueden pedir medidas cautelares.
Recordemos que el Copp establece que hay que individualizar las acusaciones para que los indiciados puedan ejercer su derecho a la defensa".
Sobre la polémica exhumación que sufrió el cuerpo de Erasmo Sánchez, el jurista indicó que "este recibió un sólo disparo. Sin embargo, en la primera autopsia sólo se extrajo el blindaje (parte interna del proyectil); luego una radiografía determinó que los demás elementos de la bala (punta y cuerpo) estaban todavía dentro del cadáver.
Obviamente esto indica una marcada negligencia, pues no se profundizó en el examen".
Añadió Chacón que con estos nuevos resultados y las numerosas planimetrías que tienen en su poder, "toda la verdad de lo ocurrido ese día saldrá a la luz pública. Sólo hay que esperar, pues ya las condiciones están dadas para informar a todo el país".
Para finalizar, indicó que Danilo Anderson acudió como fiscal para inspeccionar la exhumación por una decisión que sólo podrá explicar el Ministerio Público.
"Lo único que yo puedo decir es que todo se hizo siguiendo los parámetros legales.
De hecho se contó con la presencia de varios fiscales, el juez que lleva el caso, un grupo de médicos patólogos y familiares del occiso".
"Pistoleros" trasladados
El juez 45 de control, Alejandro Rebolledo, decidió ayer que el nuevo lugar de reclusión para los tres acusados de disparar contra la marcha opositora el pasado 11-A, sea el internado judicial de Ramo Verde, ubicado en Los Teques, y no el Helicoide, sede de la Disip.
Asimismo, Rebolledo anunció que el próximo martes 24 de septiembre será cuando se realice una audiencia preliminar donde se determinará si los imputados pueden ser llevados a juicio o por el contrario deben ser puestos en libertad plena.
Richard Peñalver, concejal del MVR, Henry Atencio y Rafael Cabrices permanecían desde el pasado mes de julio detenidos en la sede de la policía política, ubicada en Caracas, por estar imputados de los delitos de homicidio en grado de frustración, uso indebido de arma de fuego, intimidación pública y resistencia a la autoridad.
Por su parte, Nicolás Rivera Muentes, locutor de Radio Perola, el cuarto acusado por la comisión de los mismos delitos durante los sucesos del pasado mes de abril, se encontraba recluído en el mismo centro penitenciario desde el pasado mes de mayo.
La decisión del juez se basaría en el hecho de que considera que la sede de la Disip, ubicada en urbanización Las Acacias, no es específicamente un centro de reclusión.
Asimismo, Rebolledo también argumentó que el recinto penitenciario donde debían estar internos los cuatro procesados, al menos mientras durara el proceso en su contra, tenía que ser el mismo.
Ninguno de los tres imputados quiso entrar al despacho de Rebolledo para conocer la decisión, alegando que la autoridad del juzgado 45 de control era un golpista que violentaba su derecho al debido proceso.
Por su parte, una vez conocida la decisión, los familiares y amigos de los imputados protestaron a las puertas del Palacio de Justicia.
José Peñalver, hermano de uno de los imputados, denunció que existe tras este caso una persecución política orquestada por los mismos actores que desviaron la marcha del pasado 11 de abril.
Asimismo, acusó a uno de los tres fiscales del caso, Héctor Augusto Villalobos, de haber demostrado su "ensañamiento contra nosotros" al solicitar la acumulación de la causa en el tribunal 45 de control.
"Esto tiene la clara intención de seguir con el proceso de acoso al que nos hemos visto sometidos los detenidos y sus familiares", sentenció Peñalver.
Agresiones
Nuevamente los comunicadores sociales que acudieron al Palacio de Justicia fueron objeto de agresiones físicas y verbales por varios sujetos que se mostraron contrarios a la decisión tomada por el juzgado 45 de control.
Asimismo, el juez Alejandro Rebolledo, quien será el encargado de procesar un eventual juicio contra los "Pistoleros de Llaguno" solicitó a la Guardia Nacional custodia para su persona y toda su familia, luego que en los últimos días fuera objeto de amenazas telefónicas.