Latinoamérica

Ricardo Martínez Martínez

Los conflictos de la tenencia de la tierra en México no son nuevos. Datan desde la época de la colonia , con la división territorial de la Nueva España impuesta por el centro imperial en Europa.
Con la estructura jurídico política, los virreyes fueron los que operaron la coerción y coacción de las leyes y despojaron a los pueblos originarios de sus territorios de asentamiento, los dividieron y fragmentaron. Ya con la nueva legislación obligaron a los pobladores a pagar contribuciones a la corona española.
El "reparto" al paso de los años resultó ser inequilibrado con el surgimiento de nuevos intereses y grupos poderosos económicos y políticos que a la larga resultaron ser los grandes amos del país.
En medio de luchas intestinas entre los grupos de poder, por un lado, y la resistencia de los pueblos, por otro, el periodo de la estructuración de la República en el siglo y medio siguiente, después de la colonia, llegó a su punto climático: la revolución de 1910.
Sin duda, la guerra civil nació en esencia del problema de la tenencia de la tierra y las condiciones de explotación que vivieron grandes sectores de la población del campo mexicano. De allí la existencia de los ejércitos campesinos rebeldes, planes agrarios con el de Ayala y acuerdos importantes relacionados con la tierra.
La promulgación de la Constitución en 1917 y uno de los pilares fundamentales del Estado mexicano, el artículo 27, permitieron resolver el conflicto armado de principio del siglo XX.
Se instrumentaron medidas institucionales de reparto de tierras agrícolas, enmarcadas en una política de Estado que para la década de los 30 llegó al mayor número de documentos que acreditaban la tenencia de ejidos comunales.
De hecho, el campo mexicano no fue la prioridad para el desarrollo de los capitales nacionales y extranjeros. Los gobiernos que iban pasando prestaron mayor atención a los proyectos de inversión centralizados en las ciudades y la industria, aunque pocos sectores agrarios repuntaron en su producción.
Así, el campo pasó al traspatio de la política estatal. Es hasta la década de los 90 que grupos poderosos, conformados en la constitución de un Estado centralizado, vieron al campo como "espacio novedoso" de explotación.
Con la contrarreforma al artículo 27 constitucional se pone fin al espíritu del reparto agrario y se da paso a la neomercatilización de la tierra, es decir, la privatización del campo con el apoyo del Estado, no sólo para ciertas inversiones agroindustriales, sino para la realización de megaproyectos multimodales de conexión regional.
Se trata de políticas emprendidas por los empresarios nacionales y extranjeros y aceptadas por los gobiernos neoliberales de los últimos años. Se Tiene como objetivo la construcción de infraestructura que permita el mayor flujo y con la mayor rapidez de mercancías del campo y de las ciudades, la edificación de cinturones de empresas maquiladoras con la absorción de mano de obra barata, explotación de materias primas y saqueo de la biodiversidad.
Aquí se inscribe la realización de un aeropuerto internacional (de flujo de mercancías y pasajeros) en la zona central del país, donde se realiza el 20 por ciento del Producto Interno Bruto Nacional y existe la mayor cantidad de los servicios. Resulta ser el enclave económico más importante del país.
El 22 de octubre de 2002, el gobierno federal decretó la expropiación de 5 mil 391.25 hectáreas de trece municipios del Valle de Texcoco para la edificación de una pista aérea reconocida en el proyecto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como "ultramoderna", que permita resolver la saturación del actual aeropuerto de la ciudad de México y coloque a la región en una situación clave para los proyectos logísticos de infraestructura conectados a las necesidades de las empresas.
La expropiación de los terrenos de Texcoco afectaría no sólo a los 4 mil 546 ejidatarios de la zona sino que a la larga también a los pobladores de los terrenos aledaños, ya que para el ultra aeropuerto se necesitan carreteras, vías de comunicación, servicios como drenaje, agua entubada y otros medios, lo cual requerirá de muchas más hectáreas de las expropiadas.
La construcción de un aeropuerto alterno a la capital del país, puso en el centro del debate la situación del campo mexicano y evidenció la legalización del desmantelamiento de los ejidos y una manera unilateral de expropiación territorial.
En primer lugar quedó claro el rezago agrario de comunidades olvidadas por el Estado, como el caso de los pueblos del Valle de Texcoco.
Para darnos una idea de la situación del campo mexicano veamos las siguientes cifras.
En el año de 1999 existían 26 mil ejidos y cuatro millones de propietarios, de los cuales entran al mercado competitivo sólo 200 mil, es decir 3.8 productores de básicos. (Informe de la Comisión Agraria de la Cámara de Diputados)
Si el gobierno federal dio marcha atrás al decreto de expropiación de las tierras el pasado 6 de agosto de 2002 y ello se configura como un triunfo de los ejidatarios de San Salvador Atenco y los otros doce pueblos de Texcoco, cabe señalar que las intenciones del gobierno y detrás de él, los empresarios interesados en la construcción del aeropuerto, no dejarán de plantearse la construcción en otro lugar del centro del país, lo que podría resultar en otros conflictos, toda vez que pretenda expropiar tierras a comunidades y pueblos.
La Rebelión campesina del Valle de Texcoco
El movimiento del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), que encabezan los ejidatarios de San Salvador Atenco, se inscribe en el ciclo de luchas sociales en el país que inauguró el movimiento indígena campesino del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el estado de Chiapas, a principios de 1994.
Aunque el movimiento zapatista y el de los ejidatarios del FPDT comparten causas estructurales que les dieron origen, ambos responden, en términos de desarrollo político, a sus particulares ámbitos de acción, su cultura, su legado histórico y sus expectativas.
Particularmente, la lucha del FPDT es una revuelta organizada de pueblos enteros con una composición diversa, producto de la combinación de lo urbano y lo rural, pero que en el fondo mantienen la cultura y las formas de organización campesina de herencia milenaria y de grandes rasgos comunitarios, pese al proceso de urbanización y la migración que caracterizan a la zona ubicada en la parte sur oriente del Estado de México.
En los diagnósticos oficiales se reconoce a los trece pueblos del Valle de Texcoco - particularmente a Atenco- con altos niveles de mortalidad infantil, analfabetismo, carencia de drenaje y servicios, energía eléctrica y la permanencia de viviendas con pisos de tierra (SEDESOL, Nivel de marginación de Atenco, Reforma 4 de agosto 2002). Sin embargo, no se ha hecho prácticamente nada en torno al problema medular que es el estancamiento de la producción agropecuaria.
En realidad, la lucha de los ejidatarios se configura como una expresión de rebeldía frente a las medidas que se han impuesto a raíz de la reforma al artículo 27 constitucional de 1992 y la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, y que afectaron profundamente al campo mexicano.
Con los cambios al 27 se canceló toda expectativa de reparto agrario y se decretó el desmantelamiento de los ejidos de propiedad colectiva. Si en los hechos ya no existía reparto agrario y el apoyo para producir las tierras fue diferido, el inicio de acabar con lo poco que tienen las comunidades campesinas resultó ser una declaración de guerra por parte del gobierno.
Las autoridades gubernamentales no han apoyado o lo hacen de manera sesgada a los ejidatarios del Valle de Texcoco en las actividades agrícolas. Los campesinos carecen de créditos razonables para incentivar la producción, no cuentan con sistemas de riego y maquinaria necesaria para trabajar, no tienen posibilidad de acceder a programas de apoyo agropecuario, carecen de semillas de buena calidad y cuando las adquieren son a precios muy altos.
En este sentido, la negativa a la construcción de la base aeroportuaria sobre sus terrenos resulta ser una respuesta lógica, ya que la única garantía de sobrevivencia de los pobladores es lo poco que pueden sembrar y cosechar, toda vez que doce de los trece pueblos del Valle se componen de comunidades de autoconsumo.
Por otra parte, los ejidatarios del Estado de México resisten a un proceso de despojo de lo originario, es decir, de sus creencias, sus costumbres, su cultura, su legado de siglos. "Preferíamos perder la vida a dejar nuestros terrenos, a dejar nuestras raíces y toda una vida que tenemos", afirmó en entrevista José Luis del Valle, ejidatario de San Salvador Atenco.
Los primeros pobladores del Valle de Texcoco fueron los Acolhuas, segundo pueblo en importancia -después de los Teotihuacanos- del centro del país. La riqueza cultural es invaluable. Cientos de años de conocimiento y formas de ver la vida se conjugan para dar un resultado multifacético: formas de trabajo comunitario, literatura, teología, filosofía secular y reservas monumentales como el Cerro de Oaxtepec y la silla del poeta Nezahualcóyotl.
La amenaza que representó la obra del aeropuerto internacional en el sentido de debilitar el tejido social y cultural de la población originaria, se tornó en detonador de la resistencia, primero, como estimulante de la organización; segundo, como refuerzo de vínculos comunitarios; y tercero, como elemento de reconocimiento en calidad de excluidos.
El decreto expropiatorio de tierras del 22 de octubre de 2001 fue el último eslabón de una cadena de medidas orientadas a hacer efectivo el despojo. Desde el ahogamiento del agro en los últimos años hasta la idea de pagar los terrenos en siete pesos (70 centavos de dólar)el metro.
Si bien los atenquenses y pobladores aledaños están marcados con una herencia de lucha y resistencia tras siglos de opresión, los niveles de organización en los últimos tiempos no trascendieron más allá de una reivindicación sectorial por servicios y apoyo mínimo para trabajar las tierras.
José Luis del Valle asegura que los pobladores participaban poco en actividades políticas. "Nosotros aquí éramos unos campesinos que nunca nos gustaba la política y nunca nos gustaba andar haciendo problemas; nada más exigíamos lo mínimo para trabajar y vivir; éramos un pueblo tranquilo. Es desde el 22 de octubre con el decreto expropiatorio que empezó el coraje, empezamos a organizarnos, empezamos a tener marchas y empezamos a levantar el machete."
Los lazos históricos que unen a los pueblos de Texcoco y a los campesinos fueron evidentes. Los nueve meses de lucha -luego del decreto- sirvieron para reconocerse como campesinos en resistencia.
"Nuestro país no tiene la necesidad de explotar la tierra de manera irracional con aeropuertos, los mexicanos hemos vivido en armonía con la naturaleza; recordamos hace unos 30 años cuando salíamos al campo y encontrábamos que comer, llovía mucho y se nos juntaban hasta dos cosechas", declaró Sergio Quintero Miranda, anciano de 86 años e integrante del FPDT.
El labriego continuó: "Atenco está ahora sosteniendo una gran lucha como Emiliano Zapata sostuvo la revolución agraria en el estado de Morelos. Ahora es Atenco. Hay que comprender que la revolución agraria es la reivindicación de la tierra para el hombre de la tierra, y ya tuvimos esa revolución ¿Por qué cosa ahora el gobierno da marcha atrás?".
La experiencia de la comunidades campesinas y que es una gama de saberes locales, encontraron vías para reconstruir el antes y el después: la historia que tejen cotidianamente al calor de la lucha, las asambleas, las comisiones de trabajo, las discusiones sobre el presente y el futuro de las comunidades, los encuentros y desencuentros con actores políticos y sociales.
El legado de los ejidatarios emerge a partir del reconocimiento como sujeto de cambio, entre el trocamiento de "la modernidad" y "el olvido"; en la urbanidad que absorbió lo rural y que coexisten con innumerables contradicciones.
El saber común se socializó y encontró emisores y receptores en un mismo campo simbólico, tanto en el discurso como en la acción.
San Salvador Atenco y los otros doce pueblos del Valle de Texcoco se reconocen como pueblos "en llamas", como una historia al rojo vivo, con pasado, presente y futuro.
"Nos basamos en el principio de libertad de Zapata, si está o no en la ley es lo que menos importa, lo que vale es la decisión y voluntad del pueblo. Se nos orilló a actuar y no hay mal que por bien no venga... el Municipio de Atenco ha sido libre, autónomo y soberano, pero sólo en el papel, en la realidad ha sido lo contrario", enfatizó luego de realizar un acto político el pasado ocho de agosto en la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Azcapotzalco, el representante de FPDT, Ignacio del Valle.
Los pobladores texcocanos tomaron conciencia tras años de crisis económica y luego de la medida gubernamental de expropiar sus tierras y convertirlas en pista de aterrizaje aéreo.
Se dieron cuenta de que los terrenos que en algún momento fueron fértiles y productivos estaban decayendo a raíz de la inactividad agropecuaria por carecer de recursos económicos.
Sus tierras no están contempladas en los círculos gubernamentales para integrarse a los circuitos comerciales de productos del campo y mucho menos para mantener las parcelas como bases de alimentación local.
En el estudio que realizaron técnicos y especialistas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a propósito del proyecto aeroportuario, no está incluido el análisis socioeconómico de la región, sólo contempla las condiciones climatológicas, la extensión de los terrenos y las condiciones técnicas necesarias para la edificación de la base aérea. (www.sct.gob.mx)
Por si fuera poco, el gobierno del Estado de México, encabezado por Arturo Montiel, aseguró que los terrenos de los campesinos son improductivos y se están desperdiciando porque "no hay un uso racional de ellos".(ver comunicado conjunto de la Secretaría de Gobernación y del Estado de México 22 de julio de 2002, www.gobernación.gob.mx)
A todas luces, los campesinos de Atenco y pueblos aledaños no fueron tomados en cuenta ni en la decisión ni en los eventuales efectos económicos y sociales, lo cual motivó la lucha y el reconocerse en una situación de excluidos.
Otro ejidatario, de nombre Felipe Núñez, platicó que antes del decreto expropiatorio miles de personas de Atenco dejaron de trabajar las tierras y se fueron a buscar trabajo en otras regiones. Mucha gente emigró a los centros industriales de Ecatepec, algunos a la ciudad de México y otros se fueron para Estados Unidos.
Núñez reconoce que en la lucha por la defensa de sus tierras, los pobladores se dieron cuenta de vivían en la precariedad y de como podían cambiar la situación. "De aquí para adelante este pueblo ya cambió, ya no es el mismo de antes, ya sabemos luchar y defender nuestro piso, nuestra historia. Nos excluyeron, pero ahora estamos aquí de nuevo para empezar".
Como la mayoría de los campesinos del país, los trabajadores del campo de los 13 pueblos se enfrentan a las insuficientes e inoperables políticas agropecuarias que han impulsado los gobiernos desde 1992, y tras la firma de tratados comerciales que han orillado al campo mexicano al barranco y han dejado a los campesinos en la supresión.
Y es que terminado el reparto agrario, la cancelación de subsidios a productos básicos y la competencia desleal de los productores extranjeros, particularmente de Estados Unidos, el agro mexicano casi está desmantelado.
De acuerdo al reporte Los Efectos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, emitido recientemente por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés) los años que comprenden las administraciones del ex presidente Ernesto Zedillo y el actual jefe del ejecutivo, Vicente Fox Quesada, no se han incrementado los programas de apoyo al campo y actividades pecuarias en México, aún cuando los precios internacionales de productos y animales se han desplomado y de que los gobierno de Canadá y de la Unión Americana han realizado programas importantes dirigidos a la protección de sus sectores productivos.
Mientras Estados Unidos ha destinado hasta 11 mil millones de dólares en subsidios al campo mediante las nuevas leyes impulsadas por la administración de George Bush, nuestro país sólo ha podido destinar en cinco años, 500 millones de dólares para ayudar a su sector agropecuario a través de programas relacionados con Procampo y Alianza por el Campo.
De hecho, el reporte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos expone que desde la firma del acuerdo comercial trilateral, el mercado mexicano es uno de los más importantes para las exportaciones agrícolas estadounidenses, luego de que la compra de alimentos a Estados Unidos ha pasado de 3.6 mil millones de dólares en 1993 a 6.5 mil millones en el año 2000.
Esta situación del mercado agrícola regional es producto de las políticas neoliberales de los gobiernos mexicano, canadiense y estadounidense, ya que no contemplan las diferencias locales e históricas de los pueblos.
Carlota Botey, una especialista en temas del agro, aseguró que "hay un aspecto poco atendido por los proyectos neoliberales y es el tema de la propiedad, no es el programa agroindustrial o de producción. No se puede regular la propiedad colectiva (para el caso mexicano) por medio del mercado libre y es justamente lo que han hecho las administraciones de Salinas, Zedillo y Fox."
Estas medidas son una bomba de tiempo que terminará en estallidos sociales de gran envergadura.
En vez de poner en orden a lo que se habían entregado en el proceso de reforma agraria hasta 1992, iniciaron con los cambios al 27 y con el TLCAN que introdujeron la idea de pasar a ser propiedad de ejidos y comunidades a propiedades privadas individuales, con lo cual más temprano que tarde habría serias manifestaciones de inconformidad.
De hecho, la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados reveló ya desde 1994 que existían 500 graves problemas agrarios de enfrentamiento y muerte.
Destacó en un informe sobre la situación rural, un conflicto suscitado en el estado de Puebla. Un amplio ejido fue expropiado para tender una planta industrial de la empresa Volkswagen, lo cual cobró la vida al comisariado ejidal y las tierras fueron pagadas a 70 centavos el metro.
La encarga de la oficina de Asuntos Indígenas de la presidencia, Xóchilt Gálvez, aseguró recientemente en entrevista a Radio Educación que existen 3 mil conflictos agrarios sin resolver, de los cuales 362 son delicados.
Dijo que 16 de ellos están a punto de una confrontación: Santa María Ocotan, en Zacatecas; en la zona Yaqui y los Chimalapas; en San Juan, Tehomulco, en la Tarahumara, en la región Purépecha, en Venunstiano Carranza, Chiapas, entre otros.
Pese a que el propio gobierno acepta la tensión que se vive en el campo, no busca resolver de fondo y desde el origen los conflictos, sino que todo parece indicar que la inestabilidad del campo les favorece para introducir políticas a favor de las empresas agroindustriales.
Así los conflictos agrarios que fueron causa de la Revolución Mexicana de 1910, podrían renacer a principios del siglo XXI, en un entorno de recomposición del capitalismo global y local donde la mercantilización de la tierra y sus productos están a la orden del día.
La lucha de los ejidatarios del FPDT es otra resistencia local más en el proceso de despojo global por parte de las empresas poderosas mundiales y nacionales.
La organización comunitaria de los trece pueblos
La toma de decisiones en el movimiento contiene relaciones de horizontalidad, abarca desde la propia base social de los pueblos y comunidades del Valle de Texcoco hasta la cabecera asamblearia de los trece pueblos.
Se trata de rasgos compartidos con los nuevos movimientos sociales mundiales de la llamada época de la globalización capitalista de la postguerra fría.
Pero particularmente el movimiento se inscribe en una nueva generación de la acción política popular latinoamericana.
El renacimiento de una praxis liberadora latinoamericana se manifiesta en múltiples rebeliones y movimientos sociales: el movimiento indígena del EZLN en México, el movimiento de los cocaleros bolivianos, el Movimiento de Trabajadores Desocupados en Argentina, la lucha barrial en Uruguay, las guerrillas de las FARC y ELN en Colombia, el movimiento de los Sin Tierra (MST) en Brasil; el levantamiento indígena, popular y militar en Ecuador, entre otras luchas más.
Los campesinos del FPDT se inscriben en la ola cada vez mayor de descontento social; de los de abajo contra las formas autoritarias de la clase política y gobernante.
Negando prácticas de la cultura política dominante en nuestro país, los ejidatarios luchan por formas de democracia participativa.
Rechazan toda injerencia de los partidos políticos oficiales y buscan tender lazos con el movimiento social autónomo e independiente. Se trata de la idea de un tejido social de los excluidos en busca de soluciones prácticas a los problemas que enfrentan, haciendo énfasis en la autodeterminación de los pueblos.
La estructura organizativa de estos pueblos se manifiesta de la siguiente manera: se realizan trece asambleas locales con participación diversa; en algunas participa gente en un grado mayor que en otras.
Para las actividades conjuntas, los trece pueblos mandatan a sus representaciones a asistir a una asamblea general que se realiza en el poblado de San Salvador Atenco, con el fin de tomar acuerdos.
Cuando hay alguna movilización, la asamblea general convoca a los 13 núcleos ejidales y allí se toman acuerdos sobre las actividades. "Tenemos las reuniones y preguntábamos que sigue, esto y vamos a ir a la marcha mañana, nos repartíamos el trabajo. Unos se conseguían los autobuses, otros se organizaba con la gente, otro se dedicaba a dar filo a los machetes, otros se organizaban en ir a ver a los otros pueblos que no venían", describió en entrevista el ejidatario Adán Espinosa.
La estructura organizativa dio cabida a todos los lugareños. Desde aquellos que apoyaban a las actividades de información y brigadeo, hasta el trabajo comunitario de la preparación de los alimentos.
José Luis del Valle apuntó: "Nosotros tenemos personas que ayudaban en la cocina, tenemos hasta quien lavaba los vehículos. Fue una buena experiencia que contarle a mis nietos, de que su abuelo nunca se rajó."
De hecho, la propia organización de los atenquenses y pueblos en rebeldía cuestiona la existencia de relaciones de poder verticales y unidireccionales, y al contrario practican la democracia en la acción y la participación; se trata de la negación total a una cultura política que ha marcado las relaciones sociales en nuestro país desde hace más de 70 años.
"Nos trataron como animales y nosotros respondimos con una bonita organización y esta organización no va a parar aquí, a nosotros nos enseñaron a ser rebeldes y así vamos a seguir en cualquier parte de la República y allí estaremos esgrimiendo nuestro machete", sentenció del Valle.
La lucha de Atenco, un precedente contra el Plan Puebla Panamá
La lucha del FPDT señaló la firme negativa a los "proyectos de modernización" gubernamentales que no benefician a los sectores marginados y empobrecidos del país y que a todas luces favorecen a un sector del empresariado mexicano y- como en el caso del aeropuerto- a grandes firmas extranjeras.
La rebelión campesina resultó ser una primera respuesta triunfal a las expropiaciones que intrínsecamente contemplan los planes del gobierno de montar corredores de maquila y sus consecuentes vías de infraestructura a lo largo del mapa territorial mexicano.
El Plan Puebla Panamá contempla crear nuevas carreteras, puertos marítimos, bases aéreas militares, comerciales y de pasajeros; oleoductos, ferrocarriles, centrales de telecomunicaciones, presas y pozos, centros turísticos que requerirán necesariamente de las tierras y terrenos de muchos ejidatarios, toda vez que más de la mitad de la tierra en el país pertenece a campesinos mayoritariamente pobres.
A partir de la integraciones de ciudades y puertos mexicanos con países centroamericanos y las costas de Florida, el Plan Puebla Panamá se configura sobre una región que será barrida -literalmente- y reconstruida para dinamizar la economía que realmente promete poco para las localidades de población campesina.
Si la oferta del gobierno federal para construir el aeropuerto de Texcoco fue emplear a los pobladores de los trece municipios en resistencia en los nuevos puestos de trabajo como maleteros, vendedores, promotores de ventas de boletos aéreos, etc., el futuro de las comunidades indígenas y campesinas del país no es nada prometedor y sí será el pase para cruzar las puertas del infierno o para organizarse, resistir y luchar.
La rebelión de los machetes del Valle de Texcoco ganó una primera batalla de las muchas que habrán de darse en el campo mexicano. Significó un posible estimulante para que otras organizaciones se preparen para las múltiples luchas que todavía falta dar.
Otiyac@yahoo.com