Latinoamérica

Miguel Urbano Rodrigues
http://resistir.info
Las primeras medidas legislativas de Alvaro Uribe han abierto un enorme hueco en lo que restaba de la fachada democrática del estado colombiano. El terrible rostro del fascismo es ahora visible.
El decreto que instaurara «el estado de conmoción nacional» es, por su inspiración, contenido y objetivos, el prólogo de una era de terror policial-militar.
El presidente y sus ministros anuncian una «guerra integral contra el terrorismo». Pero el eufemismo que oculta el estado de sitio bajo la palabra «conmoción», y las leyes de excepción ya promulgadas iluminan una realidad alarmante: el inicio de una guerrra total contra el pueblo.
El «Plan de seguridad» impuesto después de la investidura de Uribe --preparado con larga antelación-- es comparable a lo que, en su género, existió en el III Reich nazi. Oficializa la posibilidad de contratación de un millón de informantes que tendrán un vínculo directo con organismos del ministerio de interior. Esos sapos pueden usar armas recibidas del gobierno y recibirán un salario mensual correspondiente al mínimo nacional.
En opinión del alcalde de Bogotá, el bombardeo del Palacio presidencial fue posible sólo porque los vecinos de las residencias desde las cuales fueron disparados los rockets no «cumplieron el deber cívico» de denunciar cualquier movimiento sospechoso.
A partir de ahora, la denuncia es presentada como virtud por el nuevo presidente, que la define como «cultura de la ciudadanía» y acto patriótico.
LA ÉTICA DE URIBE
En la Fiscalía general tuvo lugar una reunión inolvidable. El fiscal debatió las principales «medidas de seguridad» con los ministros de interior, justicia y defensa y con el general responsable de los servicios de inteligencia. Conforme informaciones oficiales, el tema principal de la discusión fue la eficacia del control de los teléfonos celulares. Directores de las principales empresas de telefonía participaron del encuentro y prometieron su colaboración. Según el diario «El Tiempo» se trata de «entregar con agilidad la información» a los organismos del estado y también de la rapidez en la localización de las llamadas. Posteriormente el ministro de interior se reunió con la embajadora de los EEUU, Anne Petterson.
Los ministros fueron categóricos. Han informado que están estudiando fórmulas jurídicas que respondan al espíritu democrático de las medidas de control de la telefonía celular. Todo se hará -lo garantizan-, respetando la ley, sin violar «el derecho de los usuarios a la intimidad».
El humor negro de los ministros de Uribe y del fiscal parece haber contaminado al director de la famosa DEA de los EEUU, John Walters. Ese alto funcionario estadounidense, presente como invitado en la toma de posesión de Uribe, ha reaccionado con entusiasmo a las medidas de control de la telefonía celular adoptadas en Bogotá. «Se trata -comentó- de garantizar la seguridad de la ciudadanía y preservar las libertades cívicas».
En los próximos días se adoptarán medidas «restrictivas de la libre circulación de personas y vehículos en determinadas horas y ciertos lugares del territorio nacional», y se promulgará una legislación que favorezca los allanamientos y encarcelamientos sin mandato judicial.
El ministro de interior, Fernando Londoño, una vez más ha considerado oportuno tranquilizar a la ciudadanía respecto al espíritu profundamente democrático y respetuoso de las instituciones que inspira el paquete de medidas de excepción. «Los ciudadanos -así ha dicho, según «El Tiempo»- no deben tener miedo a que se puedan cometer excesos, ya que este gobierno es obsesivo en lo concerniente al tema de la prevalencia, en cualquier caso y circunstancia, de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario».
Por pura coincidencia, el subsecretario de asuntos políticos de los EEUU, Marc Grossman, se hallaba entonces en Bogotá en visita de trabajo. Se conoció que el motivo de su presencia fue la firma de un acuerdo bilateral, destinado a proteger a militares y funcionarios estadunidenses residentes en Colombia, colocándolos, en cualquier hipótesis, fuera de la competencia del Tribunal penal internacional creado por las Naciones Unidas. El objetivo era garantizar la total impunidad de los autores de crímenes de estado.
En declaraciones a la prensa, Grossman rindió homenaje a la secular tradición jurídico-constitucional de Colombia.
Para concluir las referencias al primer paquete legislativo, es de interés informar que el nuevo presidente ha creado un impuesto especial. Aproximadamente 420 000 ciudadanos pasarán a pagar anualmente una tasa correspondiente a 1,2% de su patrimonio líquido. La billonaria suma así obtenida se destinará a dinamizar el combate a la insurgencia.
LOS HALCONES DEL PRESIDENTE
Una de las primeras iniciativas de Uribe ha sido el nombramiento de una nueva cúpula militar. Para el mando supremo de las fuerzas armadas ha designado al general Jorge Mora, que viene del comando del ejército, cargo desde el que siempre se opusiera al diálogo de paz con las FARC. Su sustituto es el general Carlos Ospina, también defensor de la escalada militar. Para la fuerza aérea el escogido ha sido el general Fabio Velasco, un adepto de la política de «tierra arrasada», responsable de bombardeos indiscriminados de áreas densamente pobladas. El jefe del estado mayor conjunto es el general Euclides Ruiz, otro halcón.
Estos son los oficiales a quienes Alvaro Uribe, en discurso pronunciado hace días, ha confiado la tarea de aplicar la estrategia de la «guerra integral». El presidente ha exhortado al ejército a presentarse inmediatamente dondequiera que las FARC ataquen una base militar o un cuartel de policía, y no tres días después, como suele ocurrir.
El nombramiento de la nueva cúpula militar ha recibido la esperada aprobación de Washington. Cayó muy bien en el Pentágono.
Los halcones de Bogotá afirman, no sin arrogancia, que están creadas las condiciones para la victoria en la «guerra contra el terrorismo». Al son de trompetas anuncian la próxima destrucción de las FARC y el ELN. Su triunfalismo hace recordar el del general estadounidense Westmoreland, en Vietnam, y del general francés Salan, en Argelia.
La memoria de Uribe y sus generales parece ser algo débil. El presidente y sus guerreros por lo visto han olvidado la respuesta que la historia diera a las profecías de victoria de los imperialistas de EEUU y Francia .
SOLIDARIDAD
El discurso sobre la «guerra integral» viene desviando la atención de una evidencia: las medidas fascistizantes del gobierno de Alvaro Uribe se abaten brutalmente sobre el pueblo colombiano, pero casi no afectan a la insurgencia. La creación de un verdadero ejército de sapos, el estado de «conmoción nacional», la censura telefónica y la supresión de derechos y garantías constitucionales no alteran en lo más mínimo la relación de fuerzas Ejército-FARC, ni la capacidad de fuego de la guerrilla.
El bombardeo del Palacio presidencial y de otros edificios públicos el 7 de agosto vino desde luego a desmentir la tesis oficial sobre la incapacidad de la implantación de la insurgencia en zonas urbanas. Pocos dudan ahora de que las FARC disponen de una eficaz red de apoyo en las grandes ciudades, lo que puede señalar el inicio de una nueva fase de la guerra.
Las FARC-EP son conscientes de que en el combate por una Colombia libre y democrática, la lucha contra la calumnia y el silencio en el frente de la información no es menos difícil que la que les opone al Ejército en el frente de batalla.
Una campaña de proporciones mundiales presenta las FARC como organización narco-guerrillera, de secuestradores, asesinos y bandidos. Las cabezas del comandante Manuel Marulanda y de los principales dirigentes de la guerrilla han sido puestas a premio. Al incluir a las FARC en su lista de grupos terroristas, Bush ha logrado que sus miembros sean perseguidos como delincuentes en docenas de países.
Contribuir a romper esa cortina de mentiras es tarea prioritaria en la solidaridad con el pueblo de Colombia.
Las FARC han derramado sangre inocente a lo largo de su lucha de cuatro décadas. Es un hecho. Más de una vez han reconocido esa realidad, asumiendo la responsabilidad por errores cometidos, algunos graves, castigando incluso a los responsables. Pero no debemos olvidar que situaciones similares han ocurrido con los patriotas vietnamitas y argelinos, con los combatientes sandinistas y del FMLN salvadoreño. Ningún partido o movimiento puede salir de una guerra de liberación nacional con las manos totalmente limpias.
Ahora bien, insistir en criminalizar las FARC, haciendo de la excepción regla, y omitir que la responsabilidad primera y mayor de la guerra en Colombia y de la espantosa mortalidad de ella resultante cabe a la oligarquía, a las fuerzas armadas y al paramilitarismo-, omitir esa evidencia es invertir la realidad, falsear la historia.
La subida al poder de Alvaro Uribe ha llamado una vez más la atención de la humanidad respecto a Colombia. Un régimen que camina hacia el fascismo sin máscara se ha instalado en la patria de Nariño, el país que pagara el mayor tributo de sangre en la lucha por la liberación de América Latina a inicios del siglo XIX.
Ese fascismo, todavía encubierto por una fachada institucional, cuenta con el firme apoyo de Washington.
Las FARC-EP son hoy una pesadilla permanente para el sistema de poder imperial que aspira al dominio perpetuo y total sobre la humanidad. ¿Por qué?
Porque resisten, porque vienen demostrando que es posible resistir, incluso por las armas, en determinadas circunstancias y lugares, a una oligarquía sustentada por la más poderosa potencia del planeta.
Así, ante la izquierda revolucionaria se coloca la necesidad de ampliar la solidaridad con el partido-guerrilla de Manuel Marulanda. Las FARC combaten, en fin de cuentas, por todos nosotros, por la humanidad .