Polémica en el Frente Amplio hacia el Plenario Nacional

El dirigente del Movimiento de Participación Popular, Eduardo Bonomi, dijo a LA REPUBLICA que con la votación de la Ley de Fortalecimiento del Sistema Bancario hace dos domingos, se terminó un capítulo de la vida del país. Según Bonomi, la posibilidad de una negociación con el gobierno tenía como fin evitar los extremos perjudiciales para Uruguay que traerá la ley aprobada. Esa nueva norma, añadió, más los acuerdos gubernamentales con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Rendición de Cuentas, mataron el anterior escenario, creando uno nuevo sin posibilidad de diálogo con el Poder Ejecutivo, donde -por tanto- la tarea es la conformación de un gobierno de "reconstrucción nacional". La labor de éste será la atención de la emergencia social, la reactivación productiva y la reformulación del sistema financiero. Tres elementos, sostuvo Bonomi, imposibles de resolver con la actual conducción del país.
Para el dirigente emepepista esto supone una hipótesis de trabajo, aunque todavía el nuevo escenario no haya alcanzado todo su desarrollo, de ampliar la movilización incluyendo a todos los sectores afectados y la conformación de mayores alianzas políticas. No obstante, la conformación del gobierno de "reconstrucción o salvación nacional" puede darse a partir de 2004 o antes, si la crisis se precipita. Si bien el planteo del MPP no descarta a nadie, pocas son las esperanzas, más bien ninguna, de incluir al Ejecutivo. "Pienso que no van a estar", precisó Bonomi.
En el caso de que se precipite la necesidad de un cambio de gobierno antes de 2004, el dirigente no descartó utilizar las vías constitucionales para conformarlo o adelantar las elecciones nacionales. Ellas son la ley constitucional o la instalación de una Convención Nacional Constituyente.
Es probable antes de 2004
Un planteo similar realiza el Partido Comunista del Uruguay (PCU). En un documento público de su Comité Ejecutivo afirma, refiriéndose a la coalición de gobierno: "Este bloque de liquidación nacional deberá ser sustituido por otro bloque comprometido con la construcción de un gobierno patriótico de salvación nacional, en defensa de un país soberano, productivo y con justicia social.
Este bloque alternativo deberá dar una solución inmediata a la crisis, contando con la insustituible participación en primer lugar de los trabajadores, como también la de los jubilados, estudiantes, cooperativistas, desocupados y todos los comprometidos con la forja de un país productivo.
Para ello convocamos a desarrollar aún más, un gran acuerdo patriótico social y político por la vida, la democracia, el trabajo, la producción y las libertades públicas. Esto debe avanzar en su construcción desde cada organización popular, social y política.
La agudización de la crisis y la respuesta movilizada del pueblo puede generar condiciones para avanzar en este objetivo, aun antes de 2004, para lo que seguiremos trabajando".
Por su parte, la resolución del Comité Central del Partido Socialista (PS) publicada ayer por LA REPUBLICA, sostiene al analizar las propuestas de un gobierno de "reconstrucción" o "salvación" nacional, que "no parece viable una salida así, mientras se mantenga operando la coalición actual de gobierno. En este caso sólo sería posible acordar con todo el gobierno en bloque, y la pregunta sería sobre qué, pues ya conocemos la voluntad del gobierno en la coyuntura actual. Claro está que la voluntad puede cambiar bajo la presión de la crisis, de la movilización social y de la oposición política, naturalmente no hay que dejar de trabajar en esa dirección aunque el gobierno haya confirmado y demostrado que está yendo a fondo con su modelo".
No obstante puede darse, sostiene el PS, otro escenario con el "resquebrajamiento del apoyo parlamentario al gobierno, incluyendo la formación de una mayoría que le retire la confianza al Consejo de Ministros (art. 174) o que haga operar los mecanismos de censura (arts. 147 y 148) que conduzcan a la elección anticipada de una nueva legislatura en la cual se conforme una mayoría contraria al actual modelo económico. Que provoque una alteración en la composición misma del Poder Ejecutivo y abra la posibilidad de una rectificación en la línea de conducción".
En ese caso, añade el texto, "la forma política concreta de estos cambios pueden ser variadas, no descartamos la posibilidad de relevo de Presidente, por vía de su propia renuncia o en el marco constitucional vigente, si es el modo de dar por agotada una etapa y crear los espacios políticos para la rectificación".
Nunca antes de 2004
Diferente es el análisis de la Vertiente Artiguista (VA), que en un documento entregado a la Mesa Política del FA del lunes pasado, dice que una tarea de la izquierda es "fortalecer la democracia", asegurar la "lealtad institucional, defensa de las garantías democráticas para los ciudadanos, contralor y pluralismo (...). Estabilidad y rotación presidencial en los plazos constitucionales.
Hay un proyecto conservador con un gobierno autoritario o con uno democrático, pero no hay proyecto progresista en un marco autoritario sin garantías democráticas".
El planteo de la VA no participa de que la etapa abierta sea distinta a la anterior (es decir persistir en el reclamo del diálogo solicitado), aunque acuerda con la postura mayoritaria del FA, en la necesidad de "profundizar la oposición constructiva; acentuando el perfil opositor ante la coyuntura, asignando responsabilidades y bloqueando las iniciativas que afecten el patrimonio o profundicen el modelo económico. Rendición de cuentas. Aspectos negativos de la megaconcesión. Planteos alternativos. Referéndum Ancap".
Pero, la afirmación de la obligatoriedad del cumplimiento de los plazos constitucionales en el período presidencial, descarta algunos de los escenarios posibles manejados por las otras fuerzas frentistas que prevén una realidad catastrófica que obligaría a adelantar la rotación, siempre que el actual presidente no se aviniera a modificar la orientación económica. La lectura del MPP y en menor grado del PCU y PS, establece un concepto de lealtad institucional que -sostuvieron fuentes de la coalición de izquierda- no ata esa lealtad a la presidencia sino a la Constitución, por lo cual existiría disposición a disparar algunos mecanismos previstos en ella, para concretar el gobierno de "reconstrucción nacional", si la situación lo ameritara.
Por otro lado, la postura de Asamblea Uruguay (AU) dista mucho de la sostenida por los otros sectores y pone énfasis en la necesidad de apoyar al gobierno en alguna medida, como forma de superar la crisis que padece el país. Incluso, el senador Danilo Astori, en varias declaraciones a la prensa, ha sostenido la necesidad de dar los pasos para no dejar solo al Poder Ejecutivo en la actual situación. Las diferencias en el posicionamiento ante la Ley de Fortalecimiento del Sistema Bancario y la Ley de Reactivación Económica (en las cuales a diferencia del resto de la fuerza política ha manifestado su apoyo a las mismas, aunque votando en contra en la primera) son expresión de una diferencia estratégica notoria.
En tanto y más allá de los distintos documentos volcados al ruedo, la comisión ad hoc de la Mesa Política trabaja para consensuar una postura única hacia el Plenario del domingo 18. Si bien las fuentes no descartan esa posibilidad, lo cierto es que un consenso en esas condiciones podría postergar un debate donde hay más que matices. *