Latinoamérica

Por Homero Campa / PROCESO

Un sordo debate tiene lugar en el Congreso: Ratificar o no la adhesión de México a la Corte Penal Internacional. Senadores y diputados no se ponen de acuerdo, a pesar de que los mexicanos ya son sujetos de eventuales sanciones en ese tribunal internacional.
México no ha ratificado su adhesión a la Corte Penal Internacional (CPI) a pesar de que los mexicanos son ya, eventualmente, sujetos de sus sanciones.
"Con o sin la ratificación, usted o yo podemos ser eventualmente detenidos en París o en cualquier ciudad del mundo y ser juzgados por los delitos que marca el CPI", comenta el diputado priista José Elías Romero Apis, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
El presidente Vicente Fox ya envió una iniciativa al Senado para modificar el artículo 21 constitucional y dar pie a la ratificación de la CPI. Pero los legisladores no se ponen de acuerdo: diferencias políticas y de "interpretación constitucional", aun entre miembros de un mismo partido, aplazan la decisión.
En el fondo, los legisladores se encuentran enfrentados por dos interpretaciones: Los que apoyan el proyecto afirman que es una manera de que México adecue su legislación a los requerimientos mundiales de protección de derechos humanos y que pueda participar en la construcción de un sistema judicial mundial que evite la impunidad por delitos de lesa humanidad. Incluso, México podría presentar candidatos para ser parte de los 18 jueces que integran el CPI.
Los que se oponen argumentan que implicaría reformar la Constitución de tal forma que se desmantelarían los fundamentos del sistema judicial mexicano, con riesgo de perder soberanía.
"Ratificar el estatuto de la CPI implicaría desmantelar el sistema jurídico mexicano que ha costado sangre, y eso es muy peligroso", dice el diputado perredista David Augosto Sotelo, miembro de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Mal inicio
La CPI es un tribunal permanente que puede sancionar a ciudadanos de cualquier país por "los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional: de guerra, de lesa humanidad, de genocidio y de agresión".
Parte del principio de que la responsabilidad es individual (es decir, no castiga a Estados, sino a personas), no reconoce inmunidades o fuero alguno (ello incluye a reyes y jefes de Estado) y sanciona delitos que, según el derecho internacional, son imprescriptibles. Las penas son: multas, decomisos, fideicomisos para resarcir daños, reclusión por 30 años y cadena perpetua.
Teóricamente, la CPI es "supletoria": sólo actúa cuando se han agotado las instancias nacionales para sancionar a los responsables de esos delitos o cuando no existe en el país la infraestructura judicial para llevar a cabo un juicio por dichos delitos.
A diferencia de otras instancias internacionales, la CPI no acepta reservas para adherirse a ella y su actuación no es retroactiva.
Con la firma de 139 países y la ratificación de 76, la CPI entró en vigor el 1 de julio. Sin embargo, tuvo un mal inicio: El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas emitió la resolución 1422 que, en los hechos, limitó su actuación, pues exime de sanciones, por al menos durante un año, a soldados que cumplen misiones de mantenimiento de la paz, pero cuyos países no son parte de la CPI. Dicha resolución fue impulsada por Estados Unidos, que amenazó con retirar a sus soldados de esas misiones, particularmente en Bosnia.
El hecho fortaleció en México las posiciones de los legisladores que se oponen a la ratificación de la CPI.
"Se había dicho que la CPI es autónoma, sin influencia del Consejo de Seguridad de la ONU. De repente, ese Consejo exime de responsabilidad a los soldados estadunidenses. Entonces, la CPI ya no es independiente: la controla el Consejo de Seguridad y a éste las grandes potencias. Por lo visto no actúa en función de la justicia, sino de intereses políticos. Se convierte en selectiva. Entonces, ¿por qué vamos a cambiar toda la estructura jurídica de México para que las potencias nos digan cuándo hay delito y cuándo no?", argumenta el senador del PRI Manuel Bartlett, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
"El PRI y una parte del PAN usan pretextos para no ratificar la adhesión a la CPI. No entienden que sin ella funciona la ley de la selva en el terreno internacional y de lo que se trata es de establecer reglas para acabar con el unilateralismo de Estados Unidos. El PRI y parte del PAN le están haciendo el juego a George Bush", rebate el senador del PRD Raymundo Cárdenas, miembro de la mesa directiva del Senado.
"A pesar de lo que pasó en el Consejo de Seguridad, la CPI sigue siendo válida y se irá acreditando sobre los hechos. No es lo mismo un juez Garzón, que actúa aisladamente desde España, que un tribunal internacional permanente, con infraestructura y bajo un ordenamiento legal internacional. En todo caso, lo que habría que revisar no es la CPI, sino el antidemocrático funcionamiento del Consejo de Seguridad", comenta el senador del PAN Jorge Zermeño Infante, presidente de la Comisión de Justicia.
La cuadratura del círculo
El estatuto de Roma —que dio fundamento a la CPI— fue signado por México en el último tramo del gobierno de Ernesto Zedillo. Luego, el presidente Vicente Fox envió en diciembre de 2001 una iniciativa al Congreso para reformar el artículo 21 de la Constitución, en virtud de lo cual México reconoce la jurisdicción de los tratados internacionales suscritos y hace obligatorio el cumplimiento de sus resoluciones y sentencias.
La iniciativa señala que "el marco jurídico en materia de protección de los derechos humanos se encuentra en constante avance y perfeccionamiento, como resultado del creciente reconocimiento de que este campo ha dejado de pertenecer de manera exclusiva a la jurisdicción interna de los Estados". Y recuerda que México ya aceptó la competencia obligatoria de dos tribunales internacionales: en 1947, de la Corte de Justicia de la ONU, y en 1998, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En el Senado la iniciativa fue turnada a comisiones. Un sordo debate interno la mantiene congelada. Y es que ni siquiera dentro de los propios partidos hay acuerdo.
Mientras en el PRI senadores como Sadot Sánchez o Manuel Bartlett muestran sus reservas, otros, como Silvia Hernández o el diputado Romero Apis, se muestran a favor. En el PAN, el senador Jorge Zermeño afirma que su partido apoya la iniciativa presidencial, pero "Diego Fernández de Cevallos, líder de la bancada panista en el Senado, se opone", afirma el senador Raymundo Cárdenas.
El senador perredista cuenta: "En una reunión de la mesa directiva se presentó el tema de la ratificación de la CPI. Fernández de Cevallos dijo que eso era discutible. Argumentó que era difícil aceptar una jurisdicción internacional sobre la Constitución. Y pospuso el debate".
En el propio PRD las partes están divididas. Su bancada en el Senado parece estar a favor, en la Cámara de Diputados algunos están en contra. "No estoy de acuerdo con la iniciativa... a riesgo de que me expulsen, primero está mi conciencia", dice el diputado perredista Sotelo.
"No es que evadamos el compromiso con la justicia y con la protección de los derechos humanos, pero el estatuto de Roma contiene fuertes contradicciones con la Constitución. No es el ‘qué’, sino el ‘cómo’ conciliar un sistema jurídico que brinde mayor protección a la dignidad de las personas y, al mismo tiempo, preserve la soberanía de la nación", comenta el diputado priista Romero Apis.
Según el diputado Sotelo, ratificar la adhesión a la CPI implicaría, al menos, modificar 13 artículos de la Constitución, varios de los cuales otorgan garantías individuales. También implicaría reformar los códigos Penal Federal y Federal de Procedimientos Penales, así como los códigos penales de los estados.
Con la Constitución en la mano, enumera: Habría que reformar los siguientes artículos constitucionales: el 21, que establece la imposición de penas como facultad exclusiva de la autoridad mexicana y la persecución de delitos como propia del Ministerio Público; el artículo 22, que establece como pena máxima de sanción la prisión por 40 años, para adecuarla a la cadena perpetua estipulada por la CPI; el artículo 23, que garantiza que ningún juicio tendrá más de tres instancias, porque con la CPI la Suprema Corte de Justicia deja de ser la última instancia. En ese mismo sentido hay que modificar el artículo 94, que deposita el Poder Judicial en la Suprema Corte de Justicia, la cual, en los hechos, dejaría de ser Suprema.
También en el artículo 23, en la parte que establece que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, pues si la CPI considera que no se juzgó convenientemente a alguien, quedaría anulada esa disposición; el artículo 39, y su correlativo 41, que establece que la soberanía reside en el pueblo ejercida por los poderes de la nación, en este caso el Poder Judicial; así como la fracción XXI del artículo 73, que faculta al Congreso a legislar sobre delitos e imponer castigos; y la fracción XXII del mismo artículo, que faculta a conceder amnistía, la cual puede ser rechazada por la CPI. Igualmente quedarían anulados los juicios de amparo que establece el artículo 107 y dejarían de tener razón la garantía de fuero constitucional y el procedimiento de juicio político... entre otras reformas.
El diputado Sotelo advierte: "Es bueno que se juzgue a los genocidas y se les castigue por sus crímenes, pero no a costa de desmantelar el sistema jurídico mexicano. Eso es muy peligroso para la soberanía".
El senador Bartlett secunda: "Ratificar implica hacer una serie de reformas a principios esenciales del derecho mexicano. Uno de ellos: aceptar que por arriba de la Suprema Corte de Justicia quedará un tribunal supranacional, cuya eficacia no ha sido demostrada".
Para el senador Zermeño no es necesario modificar los citados artículos de la Constitución, basta con adecuar el artículo 21. Explica: "Existe jurisprudencia en la Corte Suprema de Justicia sobre lo siguiente: si México acepta un tratado internacional, éste adquiere rango constitucional. Ello ya está estipulado en el artículo 113 de la propia Carta Magna".
Sotelo rebate: "Si sólo modificamos el artículo 21 habría conflicto con otros artículos de la Constitución. Y recuerde que ningún artículo tiene preeminencia sobre otro".
Justo en estas dos interpretaciones es "donde estamos entrampados", comenta el senador Zermeño.
—¿Cómo solucionar este entrampe?
El diputado Sotelo se rasca la cabeza. "Jurídicamente tendremos que hacer el esfuerzo para innovar nuestro derecho sin sacrificar soberanía, pero tal como están planteadas las cosas, me parece que es como buscarle la cuadratura al círculo".
Amarrar al tigre
Para el senador perredista Raymundo Cárdenas todos esos argumentos jurídicos no son más que "excusas ideológicas" para no ratificar la CPI: "Ya hemos firmado otros tratados internacionales que han contribuido a hacer más efectivas nuestras leyes y nuestros procedimientos. ¿Cuál es, entonces, el problema?".
—¿Y el argumento del riesgo de perder soberanía?
—Es otro pretexto. Tenemos que entender que en casos de delitos graves contra la humanidad un país no puede resolver por sí solo el problema, requiere de la participación de la comunidad internacional. Entonces —en un mundo como el actual— hay que cooperar y compartir soberanía, que no es lo mismo que cederla.
"México puede ejercer mejor su soberanía contribuyendo a construir las reglas del juego internacional de acuerdo con sus principios e intereses. Lo otro es encerrarse en un falso nacionalismo sobre un hecho (la CPI) que ya nos afecta: ya somos eventuales sujetos de sanción y, tarde o temprano, terminaremos ratificando la adhesión."
Al senador perredista le extraña la posición de legisladores del PRI. "Se rasgan las vestiduras con su nacionalismo cuando los gobiernos priistas firmaron cartas de intención con el FMI que sí eran verdaderamente lesivas para la soberanía. Hay un discurso demagógico que en el fondo le hace el juego al gobierno de Washington, que no quiere el éxito de la CPI porque los David del mundo se están organizando para imponerle reglas a sus excesos".
Y en el PAN —continúa—, "Fernández de Cevallos sigue consecuentando al PRI para que no se avance en estas reformas y en toda la reforma de Estado. A los panistas ya les gustó el régimen autoritario".
Y reitera: "No podemos ir en contra de la tendencia mundial. Al final vamos a terminar ratificando la adhesión a la Corte, pero habremos quedado fuera del diseño de las reglas para amarrar al tigre (Estados Unidos) que anda suelto".