La cadena de homicidios se extendió a Oaxaca, Puebla, Guerrero y otros estados

KARINA AVILES /II Y ULTIMA / LA JORNADA

Después del asesinato de Misael Núñez Acosta, la muerte de disidentes magisteriales (hay registro de cuando menos 152 asesinatos o desapariciones) se extendió a siete entidades más: Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Guerrero, Morelos, Chiapas y Michoacán, justamente las que apoyaron con mayor fuerza el paro-plantón organizado en 1981 por el entonces Consejo Central de Lucha del Magisterio del valle de México (CCL), del que el maestro victimado fue pieza clave, según consta en las acusaciones ministeriales que levantaron los fundadores del consejo contra Elba Esther Gordillo, Carlos Jonguitud y otros dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Luego del asesinato de Núñez Acosta, "en ese mismo año (1981) continúa la guerra sucia con el homicidio del maestro Pedro Palma, en Pachuca, Hidalgo, realizado en una emboscada preparada por Vanguardia Revolucionaria que dirigió en ese entonces Refugio Araujo, secretario particular de Carlos Jonguitud Barrios. La represión continúa con otros crímenes más en los siguientes años en Oaxaca, Puebla, Guerrero, Morelos, Michoacán y otros estados, donde también hubo desapariciones", establece uno de los denunciantes en su comparecencia.

Del plantón a la represión

Los maestros José González Figueroa, Germán Aguilar Olvera, Teodoro Palomino Gutiérrez, Ramón Couoh Cutz y Juan José Altamirano Gómez presentaron por separado sus denuncias ante la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado para acusar a Gordillo, Jonguitud, Ramón Martínez Martín y Leonardo González Valera del homicidio de Núñez Acosta. El próximo 12 de septiembre continuarán sus denuncias ante ese organismo, pero ahora sobre los asesinatos de profesores ocurridos en diversos estados. Entre ellos, los de Pedro Palma, en Hidalgo; Modesto Patolsin, en Oaxaca, y Celso Wenceslao, en Chiapas.
En sus acusaciones ya presentadas ante la fiscalía reconstruyen los hechos que sobrevinieron después de la muerte de Núñez Acosta, ocurrida la tarde del 30 de enero de 1981, en vísperas de un gran paro-plantón organizado por la disidencia. Uno de los protagonistas rememora: el 2 de febrero de aquel año "se realizó una gran movilización de maestros de todo el país, estableciéndonos en plantón en las calles de Belisario Domínguez, Argentina, Brasil y Venezuela, alrededor de la Secretaría de Educación Pública y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
"Exigíamos el descongelamiento de sobresueldos, aumento de salarios, democracia sindical, realización de congresos seccionales, entre otras demandas, a las cuales se sumó el esclarecimiento del asesinato de Misael Núñez Acosta y de otros homicidios de maestros perpetrados en Oaxaca y Michoacán, todos de tinte político".
El 3 de febrero, como a las tres de la mañana, el plantón "fue atacado por granaderos y la policía montada de la ciudad de México, que utilizaron gases lacrimógenos. Con violencia fuimos subidos a cientos de camiones de la Ruta-100 y vigilados por patrullas policiacas. Fuimos trasladados por distintos rumbos a las afueras de la ciudad de México. Eramos aproximadamente 40 mil maestros los que manifestábamos nuestra inconformidad".
El paro-plantón, al que se habían sumado "masivamente" compañeros de Hidalgo, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Distrito Federal, "fue levantado" por la fuerza "a petición del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, encabezado por Ramón Martínez Martín". Después de ser conducidos con violencia hacia los autobuses, los disidentes fueron abandonados en las carreteras de Texcoco, Pachuca y Morelos, establece uno de los maestros en su acusación.
Otro de los elementos que destacan es que fueron obligados "por la Secretaría de Gobernación, en aquel entonces presidida por Enrique Olivares Santana, a aceptar por la fuerza una comisión de cinco miembros del CCL para que se incorporaran al comité ejecutivo de la sección 36 del valle de México, llamándolo 'comité ampliado', sin resolver ninguna de las demandas (del movimiento) y con la amenaza de que de no aceptar la propuesta serían cesados miles de maestros".
A algunos de los líderes del movimiento opositor se les impuso ocupar esos "cargos inventados" que tenían el fin de desprestigiar al movimiento haciendo parecer que los miembros del CCL "iban por puestos sindicales y no por las demandas del magisterio", establece otro de los denunciantes.
Pero la táctica gubernamental no sólo tuvo como blanco el valle de México, sino otras entidades en donde el movimiento disidente había tomado fuerza. De esa manera, a varios maestros los obligaron a ocupar puestos -"so pena de continuar con la represión"- en los comités seccionales de Guerrero, Hidalgo y Morelos.
Sin embargo, la presión social y las movilizaciones magisteriales "exigiendo castigo" para Elba Esther Gordillo, Carlos Jonguitud, Ramón Martínez Martín y Leonardo González Valera, y para el gobierno del entonces presidente, José López Portillo, "que los protegía", hizo que detuvieran a los homicidas materiales, manifiesta otro de los maestros.
En 1982 fueron aprehendidos los asesinos materiales de Núñez Acosta, de nombres Rufino Vences Peña, Joel Vences Hernández y Jorge Mejía Pizaña, "todos originarios del estado de México y ex agentes judiciales" de la entidad.
Los asesinos declararon ante el Ministerio Público de Tlalnepantla que fueron contratados por Clemente Villegas Villegas, el secretario auxiliar del entonces secretario general del SNTE, Ramón Martínez Martín. La sentencia que recibieron fue de 30 años de prisión.
Después de "poco más de medio año" de estar en el penal de Barrientos -lugar "donde los asesinos amenazan a Carlos Jonguitud, Elba Esther Gordillo, Ramón Martínez Martín y Leonardo González Valera de dar a conocer los nombres de los autores intelectuales del crimen de Núñez Acosta si no son liberados de inmediato"- son trasladados a la cárcel de La Perla, en Nezahualcóyotl, por influencia de "Gordillo y González Valera".
Al respecto, otro de los denunciantes señala en su declaración que miembros de la dirección del CCL se presentaban a las audiencias del juicio de los homicidas, en Tlalnepantla porque el profesor Daniel Campos, quien acompañaba a Núñez Acosta cuando lo asesinaron, tenía que presentar sus testimonios.
"En dichas ocasiones nos percatamos de la presencia de ayudantes de Elba Es-ther y del Comité Nacional del SNTE. A la actitud agresiva de la Policía Judicial permanentemente éramos intimidados e incluso en dos ocasiones fuimos sacados de los recintos. Algunos de los asistentes fueron sacados de la plaza de Tlalnepantla con chorros de agua por la Policía Municipal".
Al poco tiempo de estar en el penal de La Perla los homicidas escaparon, aunque en una de las declaraciones se precisa que uno de ellos, Jorge Mejía Pizaña, fue trasladado días antes a la prisión de Texcoco, de donde también se fugó, sin que hasta el momento se sepa nada de ellos.
Desde entonces, "la dirección política del CCL en el valle de México señaló a Gordillo y Jonguitud como autores intelectuales de la muerte de Núñez Acosta, y también como autores tanto intelectuales como materiales de la represión generalizada contra el magisterio opositor.
"En aquel momento llegaron a estar cesados más de 2 mil maestros. Esto, porque la estructura administrativa de la SEP en el valle de México desde entonces ha estado copada por la misma gente que primero es dirigente de la sección 36 del SNTE y después pasa a ocupar los cargos administrativos de todos los niveles de la Secretaría de Educación, situación que hasta la fecha permanece".

La fundación de la CNTE marcó el inicio de la represión contra los disidentes
Al menos 152 maestros democráticos fueron asesinados o desaparecidos desde 1979
LUIS HERNANDEZ NAVARRO
La crudeza de las cifras es testimonio de la magnitud del agravio. Al menos 152 maestros democráticos fueron asesinados o desaparecidos desde que en 1979 se fundó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Además, como parte de la guerra sucia contra los profesores disidentes, sus dirigentes fueron baleados, amenazados de muerte, violados, acusados penalmente y golpeados.
Esta guerra fue orquestada en la dirección nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) por el grupo Vanguardia Revolucionaria y sus sucesores en el organismo gremial. Participaron en ella, por comisión o por omisión, fuerzas del orden, cuerpos de seguridad y diversos gobernadores.
Vanguardia va a la guerra
La CNTE se fundó en diciembre de 1979 para coordinar las grandes movilizaciones magisteriales por democracia sindical, mejores salarios y rezonificación efectuadas en Tabasco, Chiapas, La Laguna y la Montaña de Guerrero. Surgió como una fuerza de trabajadores de la educación nacional, autónoma, independiente del Estado y de cualquier partido político.
Desde su nacimiento se convirtió en un enorme desafío a la burocracia sindical agrupada en Vanguardia Revolucionaria, que desde 1972 tenía el control del SNTE. Sus dirigentes, muchos de ellos de origen caciquil y surgidos de una práctica gremial en la que la existencia de grupos de pistoleros era una constante, respondieron a esta expresión del magisterio con lujo de violencia.
En febrero de 1980, durante la presentación de su informe como secretario general saliente en el 12 congreso nacional realizado en Chetumal, José Luis Andrade Ibarra realizó un ejemplar análisis de la disidencia y de las medidas a tomar para enfrentarla. Según él, los maestros democráticos no eran más que "enanos celosos de la estatura de Jonguitud (...) fracasados que no tuvieron el cariño de los padres y que por eso llegan a traicionar e intrigar (...) seres malformados (...) ciegos de poder (que) continuarán enfrentando emboscadas..." Concluyó declarando la guerra a la coordinadora: "¡duro con ellos! ¡Que no nos detengan las consecuencias!"
El tiempo mostraría que, efectivamente, las consecuencias no los detendrían. El mismo Andrade Ibarra se vería involucrado años después, en su afán por recuperar para su sindicato el control de los maestros que habían roto con Vanguardia mientras él fue secretario general, en la organización de grupos de pistoleros en Chiapas que asesinarían a mansalva al profesor Celso Wenceslao el 2 de abril de 1987. Según testimonio de Rafael Arellanes, recogido por Carlos Monsiváis, Andrade Ibarra habría dicho rabioso: "hay que acabar con ese cabrón".
Aunque la guerra sucia contra los trabajadores de la educación tenía ya años de ejecución, Carlos Jonguitud la refrendó con toda claridad el 3 de octubre de 1982 en la reunión de evaluación vanguardista realizada en el auditorio Quince de Mayo: "Espero -dijo- que se entienda lo que voy a decir, no lo dejo para más tarde porque quizá ya no tengamos la oportunidad para hacerlo. Los congresos regionales están a punto de realizarse y antes quisiera recomendar algunas cosas. No voy a ser explícito en ellas, y quienes se queden con alguna duda, que la consulten directamente a la dirección del sindicato. Siento que alguna vez tendremos que ir a la guerra... y hasta ahí lo dejo. Nos debemos volver más eficientes, no queremos mártires, queremos victoriosos de todas las hazañas en que el magisterio nacional participe."
Un mes después, el 13 de noviembre de 1981, en un mitin efectuado en la explanada de la presidencia municipal de Tlalnepantla, en el estado de México, para frenar la lucha de los maestros mexiquenses, la protegida de El Padrino y figura fuerte de la sección sindical, Elba Esther Gordillo, al igual que Andrade Ibarra, sentenció: "los pararemos cueste lo que cueste, a costa de lo que sea, con toda la fuerza del sindicato."
Esta retórica no era novedosa. Tampoco el uso de la violencia para dirimir cuestiones sindicales. Su empleo era moneda corriente entre los integrantes de Vanguardia Revolucionaria. Había sido la partera de su historia. El 22 de septiembre de 1972, Eloy Benavides y Carlos Jonguitud Barrios, hasta ese entonces miembros destacados de la camarilla en el poder del sindicato magisterial, tomaron violentamente el local sindical y desconocieron a la dirigencia en funciones. Contaban con el apoyo del presidente Luis Echeverría Alvarez, con quien entablaron amistad desde el paso de éste por la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
La memoria
Oaxaca ocupa el triste primer lugar en la lista nacional de 152 maestros democráticos asesinados y desaparecidos, con 87 muertos. La gravedad del asunto y la terquedad de los profes del estado para no olvidar a sus caídos, arrancó al gobierno del estado el establecimiento de una fiscalía especial para asuntos magisteriales, cuya función sería esclarecer las muertes, las desapariciones y las detenciones políticas de los mentores.
Momento clave de la lucha de la memoria contra el olvido fue el 30 de enero de 1985, cuando en Oaxaca se efectuó un juicio político a Vanguardia Revolucionaria. Los testimonios fueron estremecedores. Las víctimas no sólo fueron maestros, sino comunidades enteras. Entre muchas agresiones sufridas destacó la narrada por Francisco Abardía sobre lo sucedido en Puxmetacán, en la Sierra Mixe: 30 individuos con armas de alto poder, dirigidos por dos líderes de Vanguardia, tomaron el pueblo el 30 de octubre de 1978. Realizaron un tribunal y declararon culpable al pueblo, imponiéndole multas de entre 10 mil y 100 mil pesos a sus habitantes. A quienes no las pagaron se les torturó y golpeó. El saldo final fue de 13 muertos y un millón de pesos robados al pueblo.
El tribunal concluyó: "hemos sido testigos directos o indirectos de las

agresiones de que han sido objeto compañeros de diversas secciones del país. Estas van desde las más simples hasta las más brutales: sanciones administrativas, secuestros prolongados, desapariciones y asesinatos políticos".
La lista de las agresiones que profesores como Ramón Couoh Cutz han elaborado es larga. En Guerrero se han documentado 14 muertes y desapariciones. En La Barca, Jalisco, fueron asesinados cinco maestros; en Sinaloa dos y en Chihuahua uno más. Las fechas de los decesos abarcan un amplio periodo: Manuel López Galeana fue baleado en Nezahualcóyotl en 1982 y Saturnina Martínez fue asesinada en Puebla el 19 de noviembre de 1993.
En Hidalgo la represión contra el movimiento democrático fue especialmente violenta. Allí, los caciques conquistaron la estructura sindical y, sin más, trasladaron su forma de hacer "política" al quehacer gremial.
El 16 de noviembre de 1982 en la Cámara de Diputados, el líder magisterial democrático y legislador de izquierda Iván García Solís hizo un rápido recuento de las agresiones sufridas por los profes en ese estado: en 1980, el líder de la sección 15, Ordaz Labra, y varios integrantes de Vanguardia Revolucionaria, persiguieron a varios maestros en Pachuca y en la carretera para atacarlos. Los automóviles de Heberto Hernández y Rosa María Ríos fueron baleados. En febrero de 1981 se secuestró a varios maestros disidentes; Francisco Austria fue agredido. Continuamente se realizaban disparos contra los domicilios de los mentores democráticos. El del dirigente Roberto Meza fue baleado en 1981. En 1982 se denunciaron ante el Ministerio Público cuatro agresiones con armas de fuego contra el local sindical. En una de ellas se hirió al profesor Carlos Delgado. En septiembre de 1982 cientos de maestros fueron agredidos. Sin el menor empacho, dentro de la Casa de Gobierno un hermano de Ordaz Labra golpeó a un maestro de Tulancingo. El 23 de mayo murió Pedro Palma por disparos recibidos en una emboscada charra a un mitin para celebrar el Día del Maestro.
García Solís alertó contra la "guerra santa" para combatir a "lo que dicen es una disidencia nociva para el sindicato y para el país", convocada en esa misma sesión de la Cámara por el diputado del PRI y dirigente magisterial Alvaro Brito.
Lo sucedido en Hidalgo no fue, empero, una excepción, sino la regla.
Mentes calenturientas
Una y otra vez, los integrantes de la CNTE denunciaron en todos los foros a los que tuvieron acceso la guerra sucia que sufrían. Sin embargo, según Alberto Miranda Castro, secretario general del sindicato entre 1983 y 1985, esas eran "opiniones de mentes calenturientas de la coordinadora". De acuerdo con el desplegado del comité nacional del SNTE publicado el 22 de abril de 1982, todo se debía a que "la plañidera queja sobre supuestas agresiones impulsadas por nuestro sindicato forma parte del arsenal táctico con el que se desenvuelve la discrepancia (...) las injustas imputaciones que a la dirigencia nacional se hacen, no son sino la cortina de humo..."
De acuerdo con Vanguardia Revolucionaria, la coordinadora era una especie de engatusador de mentes que robaba a los maestros su verdadera ideología.
Durante el octavo Consejo Nacional Extraordinario, Olegario Valencia, secretario general de la sección 23 de Puebla, afirmó: "se han preparado cuadros para adueñarse de la voluntad de los compañeros mediante el contagio mental, bajo las cantinelas, marchas y canciones quieren quitarles la ideología de Vanguardia Revolucionaria para después darles consignas que deberán seguir con toda rutina." Un enemigo dotado de tales artes sólo podía combatirse con la represión.
Esa violencia no desapareció con la caída de Jonguitud. El 20 de enero de 1990 en Tepic, Nayarit, Elba Esther Gordillo fue nombrada nuevamente secretaria general del sindicato. Sus servicios de seguridad arremetieron contra los integrantes de la coordinadora. Teodoro Palomino salió volando, a René Bejarano le pegaron por la espalda y a Miguel Bortolini le rompieron la cara. Los golpeadores del sindicato la emprendieron contra todos los delegados democráticos: patadas, empujones y amenazas con armas de fuego. Así se inauguró la nueva era sindical.
El saldo trágico del "¡duro con ellos!, ¡que no nos detengan las consecuencias" de Andrade Ibarra, el llamado de Jonguitud a la guerra, y el "los pararemos cueste lo que cueste, a costa de lo que sea" de Elba Esther Gordillo está hoy a la vista. La guerra sucia contra el magisterio fue uno de los más lamentables periodos de nuestra historia reciente. No puede olvidarse ni ocultarse durante más tiempo.