Amnistía Internacional

Amnistía Internacional siente honda preocupación por la seguridad de Roberto Romero, el abogado que lleva el caso contra los presuntos responsables de ordenar el asesinato de la antropóloga Myrna Mack Chang, muerta en 1990.
El viernes 23 de agosto, Roberto Romero recibió amenazas de muerte anónimas por teléfono. El autor de las llamadas le dijo: «Verdad que vos sos el cantante del grupo», haciendo referencia al hecho de que Romero es el representante legal de la Fundación Myrna Mack, organización de derechos humanos establecida tras el asesinato de Myrna Mack Chang. Muy poco después de esas llamadas, un grupo de individuos no identificados abrió fuego contra la casa del abogado en la ciudad de Guatemala. Nadie resultó herido en el ataque.
Está previsto que el 3 de septiembre se inicie en la ciudad de Guatemala, tras una serie de demoras causadas por las apelaciones de los acusados, el juicio contra el general Edgar Augusto Godoy Gaytán, el coronel Juan Guillermo Oliva Carrera y el coronel Juan Valencia Osorio, acusados de estar detrás del asesinato de Myrna Mack Chang. El sistema interamericano de derechos humanos ha recomendado que Roberto Romero y los miembros de la Fundación Myrna Mack reciban protección del Estado guatemalteco pero, según Roberto Romero, el Estado aún no se la ha proporcionado.
Desde su formación, el personal de la Fundación Myrna Mack ha sufrido constantes amenazas e intimidaciones.
INFORMACIÓN GENERAL
La antropóloga Myrna Mack fue asesinada a puñaladas en la ciudad de Guatemala el 11 de septiembre de 1990, tras escribir un estudio pionero que concluía que la campaña de contrainsurgencia del ejército había causado el desplazamiento interno de pueblos indígenas de Guatemala y su consiguiente sufrimiento (véase el informe El legado mortal de Guatemala: El pasado impune y las nuevas violaciones de derechos humanos, AMR 34/001/2002/s).
El caso contra quienes asesinaron a Myrna Mack Chang se ha caracterizado por las irregularidades, la incompetencia y los ataques contra los testigos. Sin embargo, un miembro del Estado Mayor Presidencial (EMP), el sargento Noel de Jesús Beteta Álvarez, fue finalmente declarado culpable de ser el autor material de la muerte de Myrna Mack, y en 1993 empezó a cumplir una pena de 25 años de prisión.
Helen Mack, directora de la Fundación Myrna Mack y hermana de Myrna Mack Chang, ha luchado incansablemente, junto con otros activistas, para que se condenara a los oficiales del ejército de mayor graduación que presuntamente ordenaron el asesinato de Myrna Mack. Estaba previsto que el juicio oral contra estos oficiales se celebrara en octubre del 2001, ocho años después de la fecha en la que se pidió este procesamiento por primera vez, pero el proceso ha sufrido constantes demoras provocadas por las continuas apelaciones. Helen Mack también ha presentado el caso ante el sistema interamericano de derechos humanos, donde el estado guatemalteco finalmente ha aceptado la responsabilidad de la muerte de Myrna Mack y ha accedido a pagar una indemnización.