Latinoamérica

Humberto Tobón y Tobón

Estados Unidos no sólo alardea con su poder militar, económico y político. Lo hace efectivo y es implacable con aquellas naciones que no se someten a su voluntad. La última gran arremetida de Bush contra la libre determinación de los pueblos, es la presión para que se firmen acuerdos bilaterales donde los signatarios del Estatuto de Roma se comprometan a no llamar ni entregar a militares norteamericanos con el fin de que sean juzgados por sus crímenes de guerra por la Corte Penal Internacional. Los únicos dos países que han aceptado estas exigencias son Rumania e Israel.
En esa misma dinámica de la diplomacia del terror a la cual están acostumbrados los gringos, el subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, Marc Grossman, «le ordenó» a Colombia que firmara un acuerdo con ellos para proteger a las fuerzas militares de los Estados Unidos y a sus funcionarios que viven y trabajan aquí, de lo que él llamó «persecuciones políticas por parte de este tribunal".
Los «carniceros de Afganistán y Kosovo» están buscando a toda costa aprovecharse a través de acuerdos bilaterales del artículo 98 del Estatuto de Roma, que dice: «La Corte no dará curso a una solicitud de entrega o de asistencia en virtud de la cual el Estado requerido deba actuar en forma incompatible con las obligaciones que le imponga el derecho internacional con respecto a la inmunidad de un Estado o la inmunidad diplomática de una persona o un bien de un tercer Estado, salvo que la Corte obtenga anteriormente la cooperación de ese tercer Estado para la renuncia a la inmunidad»
Colombia es el país número 77 del mundo que ratificó el Estatuto de Roma, el cual crea la Corte Penal Internacional, la que entró en vigencia hace 50 días, a pesar de las presiones norteamericanas para evitar que este instrumento del derecho internacional se pusiera en práctica. La CPI es una corte permanente que investigará y llevará ante la justicia a los individuos, no a los Estados, responsables de cometer las violaciones más graves al derecho internacional humanitario: genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad y una vez que sea definida, la agresión. La Corte no será retroactiva, aplicándose sólo a aquellos crímenes cometidos después del 1 de julio del 2002, además será complementaria a los sistemas de justicia nacionales, actuando sólo cuando los Estados son incapaces o no tienen la voluntad de investigar o juzgar tales crímenes.
Las buenas intenciones que acompañaron al gobierno y el Congreso colombiano en firmar este tratado y al «compromiso de garantizar la justicia y el establecimiento de responsabilidades para todos» como lo expresó William Pace, Coordinador General de la Coalición de ONGs por la Corte Penal Internacional, pueden quedarse sólo en eso, ya que el país está enfrentado a una grave disyuntiva ante las indebidas presiones de los gringos.
De un lado podemos salirnos de la coyuntura diciendo que «estamos defendiendo la vigencia de los derechos humanos» y quedar muy bien con la comunidad de naciones y enfrentar la ira estadounidense, que podrían disminuir su ayuda militar, técnica y social y votar negativamente contra nosotros en los organismos multilaterales de crédito; o suscribir el acuerdo bilateral y quedar ante el mundo como un país títere del «Tío Sam».
Todo apunta a señalar que el gobierno de Alvaro Uribe se la jugará por la segunda opción, así nuestra dignidad nacional quede pisoteada. En efecto, el vicepresidente Francisco Santos, expresó que «hay que respetar las políticas y actitudes de Estados Unidos en esta materia» Adicionalmente, el vocero gubernamental ha aceptado nuestra dependencia casi total de aquel que es el más grande proveedor de ayuda militar para enfrentar la guerra interna y el comprador del 40 por ciento de nuestras exportaciones. Pero más allá de esto, existe una razón de mayor peso que está a punto de postrar al país: la decisión del Congreso de Estados Unidos de aprobar una ley que congeló la ayuda militar a aquellos países que ratificaron la CPI hasta que no firme, cada uno, el acuerdo bilateral de "no extradición".
La dependencia nacional frente a las decisiones norteamericanas se nota, además, en la intervención cada vez más directa de los Generales, los funcionarios del Departamento de Estado, los asesores de la DEA y las declaraciones de prensa que entrega casi a diario la embajadora cogobernante Ann Paterson.
Por todas estas circunstancias, muy seguramente ya no sean dos sino tres los países en el mundo que ceden ante el mandato perentorio de los Estados Unidos, que retiró su firma del Estatuto de Roma el 6 de mayo; logró que el 12 de julio el Consejo de Seguridad aprobara una resolución que concede inmunidad frente a la competencia de la Corte, a las misiones estadounidenses de mantenimiento de la paz de la ONU por un año; y la promulgación el 2 de agosto de una ley conocida como la «Invasión de La Haya»