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LA CORRUPCION GENERALIZA Y EL APOYO A LA REORGANIZACION DE ESTRUCTURAS CONTRAINSURGENTE DEFINEN AL GOBIERNO DEL FRG
GOBIERNO
El balance de los dos primeros años y medio del gobierno del Frente Republicano
Guatemalteco (FRG), encabezado por Alfonso Portillo, es negativo, como consecuencia
de la profundización de la crisis económica, política,
moral y social del país, la corrupción generalizada, la confrontación
entre gobierno y el Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Agrícolas,
Industriales y Financieras (CACIF), el estímulo gubernamental para la
reorganización de estructuras contrainsurgentes y el resurgimiento de
la violencia política a través de grupos clandestinos.
Esta situación ha producido un clima de polarización, confrontación,
violencia y desesperanza en la mayoría de los sectores de la población,
golpeada por el hambre y por un sistema injusto, caracterizado por privilegios
de una minoría oligárquica que se resiste al cambio.
En consecuencia, crece el desgaste del gobierno y del FRG, que están
pagando un alto costo político por sus desaciertos, la corrupción,
su falta de coherencia, sus pugnas internas, la polarización, la confrontación
y la falta de rumbo de la administración.
La forma en que el FRG intenta enfrentar esta critica situación ha sido
tomando el control paulatino del gobierno. El partido oficial poco a poco ha
sacado de sus puestos a funcionarios que no pertenecen a él, como parte
de una estrategia preelectoral y para tratar de cambiar la imagen de corruptos
que de sus miembros tiene la población.
Miembros importantes del FRG están incluidos en la lista de corruptos,
como el ex ministro de Comunicaciones Luis Rabbé, y Byron Barrientos,
que retornó al Congreso a pesar que existe un proceso en su contra por
los delitos de peculado y falsificación de documentos, supuestamente
cometidos durante su gestión al frente del Ministerio de Gobernación.
Un hecho positivo ha sido el avance de la agenda legislativa de la paz, alcanzado
gracias a la presión de la comunidad internacional. En los últimos
seis meses el Congreso aprobó un nuevo Código Municipal y nuevas
leyes de Descentralización, de Consejos de Desarrollo y de la Contraloría
General de Cuentas de la Nación, así como nuevas leyes financieras.
El FRG ha pretendido vender la imagen de que tuvo la intención de avanzar
en la agenda, pero es evidente que su verdadero interés son los fondos
que ofreció la comunidad internacional en la reunión del Grupo
Consultivo sobre Guatemala.
Recientemente fueron elegidos los titulares de cargos claves de la institucionalización
del Estado, entre ellos el Procurador de los Derechos Humanos, el Fiscal General
y jefe del Ministerio Público, y los magistrados del Tribunal Supremo
Electoral. Contrario a las especulaciones, las elecciones correspondieron, en
algunos casos, a propuestas de la sociedad civil. Ahora toca a los elegidos
responder a las expectativas que han generado.
La crisis de seguridad tuvo un punto de quiebre, con la destitución del
ministro de Gobernación, general Eduardo Arévalo Lacs, quien pretendió
resolver el problema de seguridad con la militarización y fracasó.
El nuevo ministro, Adolfo Reyes Calderón, tendría la tarea de
demostrar que la política de seguridad debió permanecer en manos
de civiles. Recientemente se han incrementado acciones de desestabilización,
asaltos a bancos, secuestros, amenazas, hechos de limpieza social en contra
de la delincuencia, intimidaciones, allanamientos con el patrón de grupos
clandestinos, lo que demuestra que el país se encuentra en medio de una
pugna entre grupos económicos y militares por el control de las estructuras
clandestinas del poder y del crimen organizado.
Existe una crisis de gobernabilidad, en medio de la cual, en once días
fueron removidos el ministro y viceministro de Gobernación, el ministro
de Economía, el director del Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ), el
director de Aduanas, el gerente-presidente de la junta directiva y el subgerente
de la Empresa Portuaria Quetzal, directivos del Instituto Nacional de Estadística
(INE) y del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), así como
el fiscal que investigaba el caso Barrientos.
La manipulación del gobierno de las formalmente disueltas Patrullas de
Autodefensa Civil, preocupante y delicada, está provocando una nueva
polarización en el país. Las PAC fueron conformadas en los '80
por el ejército en su estrategia contrainsurgente y ahora sus integrantes
son la base social del FRG organizados por algunos oficiales de la Asociación
de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA), como el general Enrique Pineda
Carranza, a quién el gobierno estadounidense recientemente retiró
la visa, por sus supuestos vínculos con el narcotráfico.
Es inmoral e inaceptable llamar "resarcimiento" a una promesa de campaña
que Portillo incumplió. Las PAC fueron grupos paramilitares que trabajaron
para el ejército, sus ex miembros no son víctimas; en todo caso,
muchos de ellos fueron victimarios, por eso no fueron considerados en el proceso
de paz, y pretender que sean sujetos de resarcimiento distorsiona este concepto.
El FRG también maneja este tema desde la perspectiva electoral y con
la intención de reorganizar una base social que le puede servir como
fuerza de choque, en medio de un clima en el que concurren ocupaciones de fincas
y reclamos ante los graves problemas de la tierra, que cada día crecen
y se agudizan, sin que el gobierno muestre intenciones de avanzar en su solución.
La posición de la Misión de Verificación de las Naciones
Unidas en Guatemala (MINUGUA), la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca
(URNG), el Partido de Avanzada Nacional (PAN), las organizaciones de Derechos
Humanos, el Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Agrícolas,
Industriales y Financieras (CACIF) y el resto de la sociedad es correcta y contundente:
el mal llamado "resarcimiento" de los ex patrulleros no es una responsabilidad
de la sociedad, sino un problema del partido de gobierno con sus bases.
EJÉRCITO
El ejército sigue siendo un factor estratégico del poder en Guatemala,
que, de cierta manera, hasta ahora, ha sido un factor de estabilidad, al haber
evitado rupturas institucionales. Ha sido la dependencia más beneficiada
por el gobierno, con el presupuesto más alto de los últimos años,
que fue de más de 1,500 millones de quetzales el año pasado, mientras
que a la fecha ha gastado 750 millones de los 1,020 millones que le han sido
asignados para este año. Además, el Ministerio de la Defensa continúa
manejando con toda discrecionalidad sus recursos.
Al interior de la institución armada se está produciendo una enorme
inconformidad y existen problemas y rumores de todo tipo, debido al manejo político
de la cúpula. Varios oficiales, sobre todo vinculados a militares de
altos mandos retirados, han escalado en su carrera militar en pocos meses, violentado
los procedimientos establecidos. Un ejemplo conocido es el caso del general
Enrique Ríos Sosa, hijo de Efraín Ríos Montt, cuyo ascenso
rompió todos los procedimientos normales de la institucionalidad militar.
Hay militares de baja que influyen en las decisiones del Ejecutivo en materia
militar, a pesar de su supuesto involucramiento en graves hechos delictivos.
El ministro de la Defensa, Álvaro Leonel Méndez Estrada, sobrevivió
a los rumores de su destitución para el 30 de junio, Día del Ejército,
aunque le puede quedar poco tiempo, debido a la polémica por un inconsulto
viaje a Estados Unidos que habría realizado para pedir ante funcionarios
de ese país la reivindicación del general Francisco Ortega Menaldo,
señalado por agencias estadounidenses de tener nexos con el narcotráfico.
El ejército presentó en su día al Presidente su propuesta
de nueva Doctrina Militar, todavía no avalada por el Comandante General;
sin embargo ya es de circulación nacional. Hay temas como la propuesta
de la creación de un Estado Mayor Conjunto, que no debería ser
contemplado por una doctrina. Además, ésta sólo se rige
por el ordenamiento jurídico vigente, sin tomar en cuenta los Acuerdos
de Paz.
La convocatoria amplia que pretende el Ministerio de la Defensa para la formulación
de la Política de Defensa no se hará a partir de la doctrina,
sino ésta debería adecuarse a la nueva Política de Defensa
consensuada con la sociedad civil. Si quiere la participación de la sociedad
civil, el ejército debe modificar algunas actitudes y conductas, como
la adoptada ante el proyecto Hacia una Política de Seguridad para la
Democracia (POLSEDE), cuando después de trabajar dos años con
la sociedad civil, al final no avaló el documento de consenso.
LAS FUERZAS POLÍTICAS Existe una crisis general en el sistema de partidos
políticos, con una deficiente ley electoral y sin un financiamiento adecuado
a los partidos para su funcionamiento. Las organizaciones partidarias no han
logrado una verdadera relación de intermediación entre la sociedad
y el Estado. Es necesario fortalecer el sistema político partidario.
El Partido de Avanzada Nacional (PAN). Está tratando de ser el elegido
del CACIF y convertirse en una de las expresiones políticas que se beneficiaría
de un eventual rompimiento institucional; está tratando de capitalizar
el descontento contra el FRG. Para la población en general es una fuerza
política de derecha dividida, por su actuación en el pasado, la
implementación del neoliberalismo y los señalamientos de corrupción.
El PAN ha iniciado un proceso de definición de su candidato presidencial
a través de elecciones primarias, lo que ha desembocado en una confrontación
interna que ya sacó de la jugada política a Eduardo González
y ahora tiene enfrentados a Óscar Berger y el secretario general, Leonel
López Rodas. El primero sería el favorito del CACIF; el segundo
parece ser el favorito del propio PAN. En términos de discurso, de promesas,
de programa y expectativas de los sectores que representa, no hay diferencia,
son los mismos intereses de siempre: los de la derecha.
El Frente Republicano Guatemalteco (FRG). Todavía es un factor de poder
dentro del gobierno. Actualmente se encuentra debilitado y dividido. El desgaste
de gobernar en medio de una permanente confrontación con el CACIF ha
limitado sus posibilidades de incidencia, al mando del nuevamente electo secretario
general Efraín Ríos Montt. Además, está pagando
un gran costo político y social por haber aprobado en el Congreso el
aumento de la cuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA), y por el incremento
de la violencia, la corrupción y la desesperación social.
No tiene candidaturas claras; Alfonso Portillo declaró en Nicaragua que
Ríos Montt será el candidato presidencial del partido, a pesar
que un artículo de la Constitución descarta esta posibilidad,
ya que el general gobernó el país tras dar un golpe de Estado.
La insistencia en que el presidente del Congreso sea el nominado más
bien parecería una forma de dar continuidad y liderazgo al FRG. Otros
candidatos que se mencionan son el diputado Arístides Crespo; la ministra
de Comunicaciones, Flora Escobar de Ramos; y el presidente del Banco de Guatemala
(BANGUAT) Lizardo Sosa.
La Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Superando sus problemas
internos, está trabajando para fortalecerse, haciendo esfuerzos para
tener una mayor presencia en la vida nacional, a pesar del veto de los medios
de comunicación. La dirigencia de este partido ha renovado la confianza
de su militancia y se espera que sea capaz de construir e impulsar la verdadera
alternativa de izquierda en Guatemala, con un programa de gobierno verdaderamente
democrático y participativo, como respuesta a la grave situación
político-social que vive el país.
Ha lanzado iniciativas para salvar el proceso de transición a partir
del relanzamiento de los Acuerdos de Paz, propuesta que ha sido de las pocas
alternativas que permitiría salir de la crisis y no caer en el juego
del sector recalcitrante del CACIF. La próxima realización del
Foro de Sao Paulo, en Antigua Guatemala, demuestra el prestigio interno e internacional
que ha ido ganando. En la actualidad tiene más de 11 mil militantes,
organización partidaria en mas de 170 municipios y una dirección
conjunta de más de 100 cuadros. La salida del grupo del ex secretario
general Jorge Ismael Soto hasta ahora le ha reportado la renuncia de 120 militantes.
El Partido Patriota. Dirigido por el general Otto Pérez Molina, que constitucionalmente
no puede ser candidato a la presidencia de la República. Recientemente
consiguió su inscripción como partido político en el Tribunal
Supremo Electoral. Ha estado activo y se podría perfilar como una figura
protagonista a corto plazo. Se le vincula a políticos serranistas y a
un sector del ejército, y se dice que recibe financiamiento del empresario
Dionisio Gutiérrez, quien está promoviéndose para ser presidenciable.
Pérez Molina se desgastó como dirigente del "Movimiento Cívico
por Guatemala", financiado por Gutiérrez.
Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Grupo político que encabeza Álvaro
Colom, que aspira a convertirse en partido político. En su surgimiento
se le unieron cuatro diputados unionistas y uno del grupo de Jorge Soto; su
fuerza principal está en el Congreso. Cada vez es más evidente
su acercamiento con la derecha, lo que le ha restado fuerza. Esta organización
no se define ni política ni ideológicamente. Ha resultado afectado
y dividido a partir del fracaso del "Movimiento Cívico por Guatemala"
y por el regreso de Óscar Berger al PAN, hechos que han propiciado la
salida de muchos de sus principales cuadros.
El Partido DIA. Después de la división que sufrió en asamblea
general, acaba de vender su ficha a un grupo empresarial. Su candidato presidencial
sería el socio fundador de la Universidad Francisco Marroquín
y rector de la Universidad Galileo, además coronel asimilado, Eduardo
Suger Cofiño. Su candidato a la vicepresidencia sería Ricardo
Bueso, empresario que prestó su nombre en la privatización de
la empresa telefónica TELGUA.
El Movimiento Transparencia. Agrupación política con presencia
de Alfonso Cabrera Hidalgo -ex miembro clave de la Democracia Cristiana- y empresarios
vinculados al gobierno. La figura visible es José María Comas,
que ya renunció a la candidatura presidencial. Ha empezado una campaña
de medios, especialmente en la televisión; pareciera que tiene una estrategia
electoral de largo plazo y muchos recursos y vínculos con Luis Rabbé.
Partido Unionista. Todavía no ha podido inscribirse como partido político.
Es un grupo que salió del PAN y encabeza Gustavo Porras. Reúne
a parte de la tendencia del ex presidente Álvaro Arzú dentro del
PAN que rompió con Berger tras las elecciones de 1999. Arrastra todo
el peso político del partido de derecha derrotado a partir de las privatizaciones
y los actos de corrupción durante la gestión panista. Hay algunos
miembros del grupo de Álvaro Arzú vinculados en negocios con Luis
Rabbé, por lo que no habría que descartar algunas alianzas, incluso
con algún grupo de izquierda.
Unión Democrática. Grupo político que encabeza el empresario
Rodolfo Paiz y presenta uno de los posibles candidatos del empresariado moderno
para la contienda electoral. Ya tiene alguna presencia en la prensa escrita
y alguna propaganda. El Instituto de Gobernanza es un acierto de esta fuerza
política, pues con él se ha abierto un espacio de reflexión
y análisis político.
Unidad Nacional de Izquierda Democrática (UNID). Comité pro formación
de partido político que encabeza Alfonso Bauer Paiz, que ha tratado los
últimos cinco años de convertirse en partido sin éxito.
UNID y los grupos de Jorge Soto y la diputada Nineth Montenegro acordaron la
conformación de una nueva agrupación para la cual tomaron el nombre
Alianza Nueva Nación (ANN), con vistas a las elecciones de 2003. Es poco
probable que para entonces esta coalición cuente con un partido registrado.
CACIF
El poder económico tradicional ha encabezado la oposición al gobierno
actual, porque ha visto amenazados y afectados sus intereses. Un grupo de empresarios
participa en una campaña de desestabilización. Se trata del sector
más recalcitrante, conservador, ultraderechista, responsable de la crisis
estructural que vive el país, que nunca ha pagado impuestos y ahora se
niega a pagarlos.
Sin embargo, el sector duro del CACIF aún no tiene creada la instancia
que pueda ganar las elecciones, se encuentra débil y dividido, con un
PAN que no termina de consolidarse, por las pugnas por la candidatura a la presidencia,
protagonizada por su secretario general, Leonel López Rodas, y Óscar
Berger, y con comités proformación de partidos que avanzan lentamente
en su legalización, como lo son la UNE y el Partido Unionista, con una
amplia gama de precandidatos con muchas ambiciones y poca visión.
Es evidente que el conflicto entre los Gutiérrez y el gobierno se resolvió
en una negociación de alto nivel, cuyo resultado fue el fallecimiento
del "Movimiento Cívico por Guatemala" y la falta de demanda penal contra
los Gutiérrez, por evasión fiscal.
ESTADOS UNIDOS
Estados Unidos sigue siendo el actor y el factor de poder estratégico
estructural de Guatemala. Ha aprovechado la coyuntura a partir del 11 de septiembre
de 2001, sobre la base de la priorización de su seguridad por sobre todos
los derechos y libertades nacionales, desarrollando la nueva versión
de la Doctrina de Seguridad Nacional. Específicamente, ha impuesto su
lucha antiterrorista y ha aumentado el control de la migración.
Es clara la expansión económica estadounidense a través
del impulso del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)
y los proyectos regionales como el TLC de Norteamérica y el Plan Puebla
Panamá (PPP). Todas estas iniciativas pretenden establecer una estrategia
básica: consolidar el mercado, así como el poder político-económico
de Estados Unidos en América Latina, por encima de los intereses de los
demás países.
La gran dependencia del gobierno de Guatemala hacia el de Estados Unidos le
ha obligado a adoptar la posición más reaccionaria en política
exterior de las últimas décadas, copatrocinando la resolución
en contra de Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra de las
Naciones Unidas y votando en contra de la creación del Estado Palestino.
Actualmente existe un conflicto entre la embajada de Estados Unidos y el grupo
del general Francisco Ortega Menaldo. Funcionarios estadounidenses han tratado
de debilitar, sin éxito, a este grupo de militares de baja con grandes
influencias en el Ejecutivo, lo que ha generado algunas fricciones.
LA COMUNIDAD INTERNACIONAL
El 11 y 12 de febrero del presente año se llevó a cabo en Washington
la reunión del Grupo Consultivo sobre Guatemala, en la que representantes
de la comunidad internacional evaluaron los avances del proceso de paz. El encuentro
tuvo la particularidad que el gobierno presentó su "Estrategia de Reducción
de la Pobreza" (ERP), una agenda que pretendía sustituir a los Acuerdos
de Paz pero que fue cuestionada tanto por la sociedad civil como por la comunidad
internacional.
Una característica fue el posicionamiento de la sociedad civil en una
sola dirección: la repotenciación de los Acuerdos de Paz como
única agenda. Importante también fue su posición unificada
con la comunidad internacional ante el incumplimiento del gobierno. Se criticó
duramente al CACIF por su poca colaboración con el financiamiento de
la paz y su negativa a pagar o aumentar el pago de impuestos.
El Grupo Consultivo evaluará en 6 meses los avances en los compromisos
específicos para revisar los desembolsos que hará la comunidad
internacional. Además, se crearán mesas temáticas, bajo
auspicio de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para dar seguimiento a cada
uno de los compromisos de los Acuerdos de Paz.
El gobierno presentó un documento llamado Matriz para calendarizar los
compromisos ante el Grupo Consultivo, junto a su nueva agenda legislativa, que
contempla compromisos de los Acuerdos de Paz y formalmente ha avanzado y ha
logrado acercarse al cronograma. Se ha comenzado a discutir con base en la "matriz"
y se le da seguimiento trimestralmente; la URNG también tomó una
posición crítica ante la propuesta gubernamental.
La observación y el acompañamiento de la comunidad internacional,
integrada en el Grupo de Diálogo desde la administración anterior,
ha sido factor importante en los avances logrados en los compromisos de los
Acuerdos de Paz. Además, el Grupo de Diálogo se ha manifestado
ante iniciativas que contradicen los Acuerdos o su espíritu.
En el Grupo de Diálogo participan representantes de los gobiernos de
Canadá, Estados Unidos, Suecia, España, Alemania, Holanda, Noruega
y Japón, así como del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Sistema de
las Naciones Unidas en Guatemala.
SOCIEDAD CIVIL
La reciente visita del Papa Juan Pablo II sirvió para promover y apoyar
a la Iglesia Católica nacional y su jerarquía. La canonización
del Hermano Pedro es un llamado a la solidaridad y reconciliación de
los guatemaltecos y a frenar el avance de las sectas fundamentalistas, que están
usando el poder para expandirse.
La sociedad civil tiene ante sí un reto, así como una posibilidad,
ya que se abre una perspectiva de posible cambio de rumbo de la política
del gobierno, para poder retomar los Acuerdos de Paz con apoyo de la cooperación
internacional. Es importante participar en este esfuerzo, aunque hay grandes
dificultades para lograrlo por la falta de voluntad política y la pugna
de intereses.
El grupo de militares del poder oculto, aliados al sector duro del CACIF, seguirá
su campaña de intimidación, amenazas y desestabilización,
con el objetivo de intimidar a las organizaciones sociales y de derechos humanos
y a la oposición política, para intentar neutralizar las luchas,
las movilizaciones, las protestas por el incumplimiento de los Acuerdos de Paz
y contra la situación de crisis generalizada reinante. Por supuesto seguirán
influyendo en las decisiones del Ejecutivo.
Los conflictos de tierra ya son una constante y el movimiento campesino ha mostrado
una capacidad de organización y de movilización, con marchas y
ocupaciones de fincas en casi todo el país, exigiendo salidas y decisiones
para resolver una grave y compleja problemática. Pero la magnitud de
los reclamos choca con la actitud de finqueros y autoridades, que ven en la
represión y el desalojo la única forma de enfrentarlos. La agenda
de la paz tiene las propuestas adecuadas al respecto, que se han incumplido
por parte de los gobiernos.
CONCLUSIONES
A la sociedad le quedan importantes retos. El primero es aprovechar la coyuntura
actual de la presión de la comunidad internacional para redefinir el
rumbo del país y volver a la agenda de los Acuerdos de Paz, luchando
por su cumplimiento y contra toda resistencia que se presente. Es decir, lograr
por la presión popular un cambio de agenda en el gobierno de turno.
El segundo reto es de mediano plazo: construir una alternativa política
viable, aglutinada en la bandera de los Acuerdos de Paz, que pueda ofrecer a
los guatemaltecos una opción diferente al continuismo de la derecha militar
del FRG y diferente al proyecto político de la derecha empresarial organizada
alrededor del CACIF. Este es el reto de los guatemaltecos que creen en una Guatemala
diferente sin exclusión, con una democracia real, participativa, con
justicia social.
[Fuente: Análisis de Coyuntura por actores sociales, Agosto de 2002,
Centro de Estudios de Guatemala, 9ago02]
