Latinoamérica

Héctor Mondragón
ZNet en español

La embajadora de Estados Unidos exigió que el Ejército colombiano llame a filas a los reservistas; el gobierno de Pastrana dijo que no podía hacerlo por falta de presupuesto; pero la ministra de Defensa de Uribe Vélez se apresuró a anunciar que el nuevo gobierno sí llamara a 40 mil reservistas. Además armará una red de un millón de civiles. El dinero saldrá de una reforma tributaria que facilitaría unos mil millones de dólares para fines militares y otro tanto para cubrir el déficit del resto del presupuesto nacional.
Aun en medio de una crisis económica, que dura cinco años, Colombia registra la tasa de desempleo más alta de Latinoamérica. Las reformas tributarias se han sucedido ininterrumpidamente en cada uno de los últimos tres gobiernos. La deuda externa se ha duplicado en la última década y el 82 por ciento de los recaudos de impuestos los dedica el Estado a pagar deudas.
Con el presupuesto dedicado al máximo a los gastos de guerra y al pago de la deuda, los siete puntos sociales que adornan el programa de gobierno de Uribe Vélez se mostrarán como pura demagogia. No quedará casi nada para lo social, excepto tal vez para la clientela político-militar alrededor de los partidarios del gobierno y su red de informantes civiles.
Aunque un espectro de reactivación económica surja trás de los contratistas militares, buena parte de los recursos se irán del país a pagar costosos armamentos y equipos sofisticados. Al mismo tiempo esta reactivación por mano militar chocará con los compromisos que debe asumir el país para el ingreso al ALCA. Si la libre importación ha arruinado la agricultura y la industria, con los nuevos tratados de libre comercio los efectos serían demoledores y contrarrestarían los beneficios de la prórroga del tratado de preferencias arancelarias para el área andina (ATPA).
La aprobación por el Congreso de Estados Unidos de la Vía Rápida para el establecimiento de los acuerdos de libre comercio coloca a Colombia en el primer lugar en el turno y amenaza convertirla en uno de los primeros países suramericanos absorbido por el libre comercio norteamericano, dos años antes del ALCA. De hecho, Canadá también anuncia que firmará un acuerdo de libre comercio con Colombia.
¿Cómo hablar de "libre" comercio, cuando los productos agropecuarios de Estados Unidos reciben gigantescos subsidios? Grandes propietarios, como los productores de azúcar, que se verán afectados por los nuevos tratados, ya se preparan para apoderarse de la producción de los pequeños, como pasa con la popular "panela" (concentrado de miel de caña de azúcar). Se desatará una reacción en cadena que complicará la situación rural. Aunque Uribe ha ofrecido repoblar de cultivos de algodón las tierras, no ha explicado cómo podrá hacerlo compitiendo con el algodón norteamericano. Los planes de cultivo de la palma africana seguirían, pero condenados por la tendencia a la baja de los precios internacionales del aceite. A mayor quiebra agrícola mayor violencia y más cultivos ilegales en el campo.
Para los pobladores urbanos las perspectivas son peores. Se anuncia un alza de tarifas de electricidad del 22 al 30 por ciento, para compensar el descenso de los subsidios y promocionar las privatizaciones. En la costa Atlántica aun antes de esta alza ya ha estallado el conflicto social porque las comunidades pobres no alcanzan a pagar las actuales tarifas. Todos los días hay choques con la empresa privatizada y frecuentemente ocurren bloqueos masivos de vías. Esta situación se generalizaría en el país con las alzas.
Para los asalariados se anuncia un reajuste de las cuotas para los fondos de pensiones y un aumento de la edad de jubilación, para satisfacer al sector financiero ya apoderado de la seguridad social. Se quiere además anular los contratos colectivos sobre pensiones logrados por algunos sectores como los petroleros y maestros. El nuevo sistema de salud privatizado está al borde del colapso porque el Estado no gira sus aportes a los fondos de solidaridad y tiene una deuda gigante con las clínicas y hospitales privados.
La operación contraterrorista de Uribe, a diferencia del simple terror paramilitar aplicado hasta ahora, además de reaparecer un paramilitarismo legal, exige un maquillaje para relegitimar a la clase gobernante y deslegitimar la rebelión. Una parte de esta operación se realiza gracias a las acciones de la guerrilla que afectan cada vez más a la población civil; otra parte la realizan las manipulaciones de imagen de los medios de comunicación y; otra corre por cuenta de supuestos planes anticorrupción encabezados por la llamada reforma política mediante referendo.
Analizado el proyecto de reforma se detecta el objetivo de exterminar constitucionalmente a los sectores opositores o independientes, con la reducción de congresistas al lado del establecimiento de porcentajes mínimos de votación. La corrupción supuestamente eliminada sería la de los parlamentarios, pero a costa de entregar más poderes al presidente que se apoderaría del fono de regalías petroleras, aboliendo también una fuente de corrupción regional a costa de abrir una de corrupción presidencial, mientras que a la inversa la supresión de los institutos agropecuarios se hace a nombre de combatir la corrupción central a cambio de fortalecer la local.
Todas estas maniobras tienen un punto débil que las desplomará como castillo de naipes: la realidad económica y la lucha popular que genera. Como ha pasado en Bolivia, Venezuela, Atenco (México), Argentina, Paraguay o Uruguay, llegará un momento en que la movilización popular no se podrá ocultar. Pero, desafortunadamente con el disfraz del contraterrorismo, esa movilización podrá ser criminalizada y reprimida gracias a la declaración del Estado de Conmoción Interior y a la proyectada reinstitucionalización del Estado de Sitio. Una represión exitosa en Colombia abriría un camino de terror para aplastar toda la lucha continental contra el neoliberalismo y el ALCA. Es lo que impedirían una construcción exitosa del movimiento de masas antineoliberal en Colombia y una real solidaridad internacional.