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EL DEPARTAMENTO DE ESTADO PIDE A COLOMBIA QUE RENUNCIE A DENUNCIAR A FUNCIONARIOS DE USA ANTE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL.

Estados Unidos le pidió oficialmente ayer a Colombia que suscriba un acuerdo para que los funcionarios estadounidenses que trabajen en el país no sean acusados ante la Corte Penal Internacional.
Así lo señaló el subsecretario de Estado para asuntos políticos del Departamento de Estado, Marc Grossman, al presidente Álvaro Uribe en una reunión de más de dos horas en la Casa de Nariño.
El funcionario explicó que, desde la creación de la Corte Penal Internacional, Estados Unidos ha expresado sus reservas por el carácter de las investigaciones que pueda adelantar este tribunal internacional.
"Le hemos propuesto a Colombia que firme con nosotros un acuerdo del artículo 98. Eso es para proteger a las fuerzas militares de los Estados Unidos y funcionarios nuestros que están sirviendo en Colombia de lo que nos preocupa sean persecuciones políticas por parte de este tribunal", dijo Grossman a los periodistas.
El funcionario del Departamento de Estado señaló que Estados Unidos respeta la decisión de Colombia de ratificar su participación en la Corte, pero al mismo tiempo expresó que se buscarán acuerdos bilaterales con todos los países firmantes, para que los ciudadanos o funcionarios norteamericanos no sean sometidos a la jurisdicción de dicho tribunal.
La Corte Penal Internacional entró en vigencia a mediados de este año, después de que más de 60 países radicaran el canje de instrumentos mediante el cual aceptan la jurisdicción del tribunal que juzgará los delitos de lesa humanidad a nivel mundial.
Colombia, después de la aprobación en el Congreso y la declaración de exequibilidad por parte de la Corte Constitucional, ratificó su adhesión a la Corte ante las Naciones Unidas en Nueva York.
La reunión de ayer fue la primera del presidente Uribe con un alto funcionario de Estados Unidos desde que se posesionó la semana pasada y en ella se repasaron todos los aspectos de la agenda bilateral.
Grossman respaldó las primeras medidas del nuevo Presidente de la República, en especial la creación del "impuesto de patrimonio", el cual deberán pagar las personas que posean un patrimonio líquido superior a los 150 millones de pesos, con el fin de fortalecer las Fuerzas Militares.
De acuerdo con el funcionario, este nuevo tributo fue sugerido hace algunos meses por el gobierno de Estados Unidos con el argumento de que "los colombianos ayuden a financiar su propia defensa".
Grossman dijo que el aporte de dos billones de pesos, que se espera sean recogidos mediante este impuesto, será bien visto por el Congreso de Estados Unidos, cuyos miembros verán que los colombianos están haciendo esfuerzos adicionales para su seguridad.
En este sentido, el alto funcionario del Departamento de Estado respaldó la estrategia de seguridad que anunció el presidente Uribe, así como la lucha antidrogas a través del Plan Colombia, que seguirá siendo financiado con dinero de Estados Unidos.
Dicha estrategia, señaló Grossman, "no es algo que exija Estados Unidos, es algo que los mismos colombianos quieren por su propia seguridad".
Al declarar el compromiso de Estados Unidos con el fortalecimiento de la democracia colombiana, Grossman destacó la aprobación de la extensión de las preferencias arancelarias para algunos productos colombianos a través del Atpa, por parte del presidente George W. Bush.
"Estamos comprometidos con la creación de oportunidades de trabajo para los colombianos... haremos muchos negocios que generarán empleo", dijo Grossman.
De la delegación norteamericana formaron parte el director de asuntos andinos del Departamento de Estado, Phil Chiccola; el jefe del Comando Sur, general Gary Speer, y la embajadora de EU en Bogotá, Anne Patterson.
[Fuente: Diario El Espectador, Bogota, Col, 15 ago 02]