Latinoamérica

La red de informantes empezó a operar en el Cesar

León Valencia / EL TIEMPO

Dio su primer resultado al frustrar un secuestro en una carretera. Está integrada por 1.220 ciudadanos que mantendrán en secreto su colaboración con las autoridades.
UIna semana antes de que esta estrategia de seguridad fuera puesta en funcionamiento por el nuevo Gobierno, un vecino encubierto y un teléfono celular prestado fueron suficientes para evitar el plagio.
Este informante, un anónimo vecino de una zona cercana a San Juan del Cesar, suministró a la Policía los datos necesarios para que el Gaula rescatara a dos secuestrados que permanecían en poder de una banda de delincuentes.
Aunque su debut se hizo antes de que el presidente Álvaro Uribe instalara oficialmente la red, la Policía del departamento considera este hecho como el primer triunfo de esta estrategia que empieza a rodar en el país en medio de dificultades de recursos tecnológicos, la agudización del conflicto y las reservas de organizaciones y expertos en derechos humanos.
El impacto que este primer grupo de 1.220 informantes, lanzado el pasado jueves, tenga sobre la vida cotidiana del Cesar será clave para establecer si efectivamente esta fórmula de involucrar más activamente a la población civil en la lucha contra el delito común y los grupos alzados en armas va por el camino adecuado, como lo sostiene el Gobierno.
Para el coronel Orlando Páez, comandante de la Policía del Cesar, no deben existir temores en relación con las capacidades de los civiles que fueron escogidos para ser colaboradores. Páez señaló que los 470 miembros de la red de informantes en las vías y los 750 de la red de informantes rurales fueron escogidos luego de un riguroso análisis de seguridad.
Todos pasaron, además, por una etapa de capacitación en técnicas de recolección de información, en clasificación de los rasgos morfológicos de las personas y en procedimientos para rendir informes con el lenguaje técnico de la Policía. Su labor será encubierta para disminuir los riesgos de represalias y sus datos permanecen custodiados en una base de datos. Esa condición de colaboradores secretos, que permite al tendero de la esquina, al jornalero de la finca y a la señora del restaurante proteger sus vidas, despierta a la vez el riesgo de que usen su condición para hacer acusaciones anónimas sin fundamento, dice el ex asesor presidencial de paz Daniel García-Peña.
"Sobre el informante debe haber una supervisión rigurosa y una tarea de contrainteligencia para evitar que los asuntos personales puedan convertirse en problemas de Estado. Por ejemplo, cómo evitar que por un lío pasional un informante termine señalando a un inocente como guerrillero", señala García-Peña.
El coronel Páez descarta de plano esa posibilidad argumentando que todas las informaciones serán evaluadas por personal experto antes de tomar una decisión. "No habrá cacería de brujas", dice.
El dilema de las armas
Aunque los informantes no portarán armas, García-Peña no descarta que en algún momento las pidan o que las consigan por sus propios medios para protegerse de la reacción de los grupos ilegales.
Este es uno de los puntos críticos que deberá resolver el Gobierno. Lo que está claro por ahora es que Uribe las ha prohibido tajantemente para los informantes civiles y que no las descarta para los soldados y policías de apoyo, que integrarán otro sistema de vigilantes de vías y zonas rurales.
Los soldados y policías de apoyo, que se constituirán en una estrategia complementaria de la red de informantes civiles, serán personas que sin abandonar sus parcelas o sus casas junto a las carreteras se vincularán voluntariamente a la Fuerza Pública y recibirán una paga inferior al salario mínimo por suministrar información y contribuir a la seguridad de sus zonas.
Esta figura está basada en el servicio militar campesino, incluida en la ley de reclutamiento que impulsó en 1993 el entonces ministro de Defensa y hoy senador Rafael Pardo. Esta norma permite a los campesinos pagar el servicio en tiempo parcial, en sus fincas y cumpliendo labores sociales.
Para Pardo es claro que si se acude a esta norma, los soldados y policías de apoyo deben portar armas porque estarían pagando el servicio militar obligatorio. Además, deben usar uniformes.
Pero el Gobierno teme que en las zonas de alta violencia un soldado campesino sea asesinado por la guerrilla con el fin de robarle el fusil. En todo caso, el dilema de las armas también depende de la disponibilidad de recursos, pues primero el Ministerio de Defensa debe resolver de dónde sacará el dinero para pagarles a los primeros 100.000 soldados y policías de apoyo, que deben estar listos antes de finalizar el año y que costarían 15.450 millones de pesos al mes, en caso de que se les remunere con medio salario mínimo.
Prueba de fuego
Lo que sí está claro es que Uribe se la jugará toda por hacer que la población civil "se defina" y que tome partido a favor de la democracia amenazada, aunque esta táctica genere cuestionamientos de ONG como Amnistía Internacional que creen ver en ella el fin de la neutralidad de los civiles y la profundización de la guerra.
Según Camilo González, presidente del Instituto Nacional de Paz, es difícil creer que con este tipo de vinculación de los civiles se logrará derrotar a la guerrilla, pues experiencias similares que se vivieron en países como Guatemala solo contribuyeron a incrementar la barbarie.
Pero Luis Carlos Restrepo, alto comisionado de Paz, dice que el Gobierno no está jugando a borrar las fronteras de la neutralidad, sino a pedir la colaboración voluntaria en el marco de los respetos de los derechos fundamentales. "Mi oficina, por ejemplo, capacitará a los soldados de apoyo en solución pacífica de conflictos, tolerancia y convivencia", señala.
Mientras se define si Valle del Cauca, Nariño y Bolívar son los próximos departamentos en aplicar el sistema, el defensor del Pueblo, Eduardo Cifuentes, espera ver su funcionamiento en la práctica antes de hacer un pronunciamiento a fondo.
Con este panorama, las redes de informantes tienen por delante el reto de ganarse el respeto de sus críticos, la tarea de conseguir nuevos miles de integrantes dispuestos a asumir todos los riesgos y la obligación de demostrar, como lo pidió Uribe, transparencia de cara a las comunidades nacional e internacional.