Latinoamérica

"Si son uno o dos informantes, los matan. Pero si son miles y llegamos a un millón nos van a tener que matar a todos, si toca. Aquí no puede haber titubeos. Hay que romper el miedo y eso se logra con que todos nos involucremos".

Álvaro Uribe Vélez
Presidente de Colombia
Valledupar, 8 de agosto de 2002-08-10

"A estos informantes no se les puede considerar como civiles, ya que adquieren un vínculo directo con la Fuerza Pública y recibirán una "pequeña" remuneración económica, un poco menos de un salario mínimo

Martha Lucía ramírez
Ministra de Denfensa
Valledupar, 8 de agosto de 2002

Ha sido característico en los gobiernos de Colombia que al iniciar un nuevo mandato se proceden a realizar ceremonias en la que se "pone la primera piedra", una manera simbólica de asegurar el comienzo de obras prometidas durante la campaña electoral.
Pues bien, el presidente Álvaro Uribe Vélez y su ministra de defensa Martha Lucía Ramírez iniciaron el nuevo gobierno en la ciudad de Valledupar, en el norte de Colombia, con una ceremonia en la que pusieron en marcha la llamada Red de Informantes del Ejército y la Policía, es decir, un acto simbólico en el que pusieron "la primera bala", en el que se decidió, otra vez legalmente, la vinculación de civiles en la confrontación armada interna.
Involucrar civiles en el conflicto armado en favor de cualquiera de las partes enfrentadas, garantiza la expansión, la prolongación y la agudización de la guerra pero no su superación.
Nos encaminamos hacia un estado policiaco en el que el señalamiento, la "cacería de brujas" y el poder de las armas en manos de millones de ciudadanos, nos puede llevar a una situación muy peligrosa de violencia generalizada, polarización y odio, en un país en donde no funciona la administración de justicia y todo se cubre con el manto de la impunidad.
El presidente dijo que para evitar abusos habrá controles de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, pero estas son las mismas instituciones que serán fusionadas en desarrollo de las anunciadas medidas de reducción del Estado y restricción de derechos que incluyen, entre otras, la reinstauración del estado de sitio, la limitación de la acción de tutela y la eliminación o minimización de la Corte Constitucional.
El nuevo gobierno con su convocatoria a la guerra, con sus medidas restrictivas de derechos fundamentales, con su "diplomacia militar" y sus impuestos para armar más gente y las FARC con sus atentados contra civiles indefensos, con sus secuestros, con sus ofensivas contra la infraestructura del país y con sus amenazas a las autoridades locales, nos están conduciendo a una guerra antipopular cuya duración va a depender de sus niveles de destrucción, muerte y degradación o de la capacidad de la sociedad colombiana de incidir en las partes para que regresen a una mesa de negociación.
Porque la solución a este prolongado conflicto no posible con una victoria militar, improbable para cualquiera de la partes, sino en la negociación política, en un proceso de paz serio, con resultados tangibles, con verificación nacional e internacional y con participación de los colombianos y las colombianas, sobre quienes hoy se impone la guerra y sus nefastas consecuencias.

Jorge Rojas ( jorgerojas@codhes.org.co )

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