"Esta prohibido hablar sobre cierta violencia así que voy a hablar de la violencia permitida".

Es muy acertada la definición que a continuación explica qué se entiende por paramilitarismo:

"Paramilitar constituye una actividad anexa o auxiliar de lo militar pero que al mismo tiempo deforma, desvía o desnaturaliza a esta. El paramilitarismo se sustenta por el contrario en su raíz mas honda en el esfumamiento de las fronteras entre lo civil y lo militar, y asume dos manifestaciones complementarias:

El uso de civiles en el accionar militar y el accionar de militares "Sub especie civil" sustentadas en la necesidad de oscurecer, de encubrir, de esconder, de ocultar, de eludir responsabilidades, de fingir identidades, de disfrazar acciones, de falsificar realidades, de poner murallas a las investigaciones, de imposibilitar esclarecimientos, de confundir y engañar, de obstruir la búsqueda de la verdad, de obstaculizar la justicia; en otros términos es de su esencia establecer un imperio de Noche y Niebla".

Como se puede ver, el fenómeno tiene además, unos antecedentes que los relacionan con las fuerzas armadas del Estado como se especifica a continuación: "Aquellas organizaciones armadas de civiles que ha surgido con arreglo a la ley, no han sido configuradas en forma nacional, sino que ha respondido a situaciones de orden local. Su integración con la acción del Estado ha sido entonces mediada por los poderes locales, usualmente vinculados con los partidos políticos y su control ha estado en manos de las autoridades militares de bajo rango.

Esto ha hecho que pese a sus vínculos legales con el ejercito, se conviertan con frecuencia a bandas armadas cuyos integrantes siguen una precisa ideología política, están solo tenuemente sujetos a la disciplina militar y se entregan con frecuencia a la satisfacción de intereses personales o sectoriales. En muchas ocasiones grupos creados legalmente desbordan los propósitos explícitos de quienes desde el estado los respaldan y comienzan a actuar de manera independiente y resultan cada vez mas cercanos a otro tipo de grupos que, aunque buscan inicialmente objetivos paralelos a la de las instituciones militares, han sido creados por fuera de las normas legales".

El Paramilitarismo en Colombia es una necesidad de Estado para el mantenimiento de su statuo quo en épocas de guerra. El paramilitarismo ha sido una practica consecutiva, implementada por diferentes Estados de Gobierno en relación con los sectores económicos de los mismos; con el fin de asegurar sus intereses de clase, exterminando cualquier posible oposición a sus intereses. Los orígenes del paramilitarismo en Colombia tienen que ver con las políticas de seguridad diseñadas para América latina, impuestas por el presidente de los Estados Unidos J. F. Kennedy en 1962 con sus políticas de contrainsurgencia "como una nueva estrategia de una fuerza militar diferente, la cual requería de una preparación y adiestramiento militar nuevo y distinto". Concluía el presidente Kennedy en un discurso en la academia militar de Westpoint: "La contrainsurrección, según las fuerzas militares norteamericanas, son aquellas medidas militares, paramilitares, políticas, económicas, sicologías y cívicas adoptadas por un gobierno con el fin de derrotar una insurrección subversiva". Son los gobiernos como regímenes políticos transitorios los que recurren a la practica del paramilitarismo y la convierten en política de estado.

El paramilitarismo es una estrategia de guerra diseñada para combatir en conflictos de baja intensidad, donde las fuerzas regulares encuentran trabas de orden legal o político para acometer acciones que no pueden reivindicar. Es una modalidad de "Guerra sucia" utilizada en muchos lugares del planeta; en Malacia y Kenia, fue utilizada por los ingleses quienes crearon los Homes Guards; en Argelia por los franceses; en Afganistán por los rusos; en Vietnam por los norteamericanos con la creación de los Boinas Verdes como grupos de defensa dentro de la estrategia de guerra irregular; en centro América, a través de las patrullas de autodefensa civil PAC, llegándose en el salvador para 1984 a abrir un centro de entrenamiento nacional de defensa civil; para el caso de México en 1996 fueron identificados mas de seis grupos paramilitares entre los cuales esta: Mascara Roja, Paz y Justicia y Chinchulines, estos grupos entre otros son financiados por hacendados y capitalistas y respaldados por miembros del gobierno o del Partido Revolucionario Institucional. " Estos grupos paramilitares han cometido asesinatos, saqueado quemado viviendas, han provocado enfrentamientos, provocado a la población civil, como parte de un enfrentamiento claro entre caciques y hacendados contra Zapatistas o simpatizantes del EZLN". Todo lo anterior fue instalado y auspiciado por los regímenes y gobiernos oficiales apoyados por los norteamericanos. Se ha utilizado en las dictaduras de Suramérica y en general en todo el continente latinoamericano.

Retomando la experiencia del Perú, país en el cual la Autodefensa popular quedo institucionalizada bajo decreto gubernamental que reglamento la organización y funciones de las "Rondas Campesinas y Urbanas" que desde 1992 actúan en contra de los grupos insurgentes. A su respecto el presidente Fujimori, justifico la creación de dichas rondas y aseguró: Que la lucha contra el terrorismo no puede ser puramente militar, juzgó de vital importancia de participación activa de la población, y dijo, que en las zonas rurales donde ha sido importante el papel de las rondas campesinas ya no puede actuarse como donde se defendían con palos y piedras de la intimidación terrorista. Este sostiene que la tarea fundamental consistió en ganar la confianza de la gente y la primera orden impartida a las fuerzas armadas fue la de no utilizar la represión en las zonas controladas, aunque estas fueran influencia de los grupos subversivos.

La estrategia consistió en asumir una actitud diferente y poco a poco la gente cambio, posteriormente se procedió a armar masivamente a los campesinos y fueron ellos, los que erradicaron la subversión de las zonas rurales y por eso la propuesta se traslado a la urbe, concretamente a Lima.

"La eficacia de la propuesta esta en estimular el coraje de la población para repeler a los terroristas pues no hay que dejarle el problema solo a los Generales, ahora hay que aplicar la mano dura, aunque chillen los Derechos Humanos", sostiene el mandatario.

A si mismo hay que abrir el camino para los arrepentidos y en este aspecto se ha tenido un gran éxito.

En el momento se sigue enfrentando el terrorismo en todos los frentes, la tarea inmediata es filtrar los sindicatos de la filtración subversiva, para lograr este objetivo, esta claro que la labor de inteligencia es un arma vital; pero debe estar acompañada del compromiso del pueblo, elemento sin el cual fracasaría cualquier avance en el campo contrainsurgente.

Sostiene el mandatario que se esta avanzando en todos los frentes para lograr la meta mayor que es liberar al Perú de la amenaza terrorista, su tarea fundamentalmente hoy, sigue siendo el control que se ejerce para contrarrestar las acciones violentas por parte de los grupos subversivos. Hecho que se ha constituido en uno de sus principales aciertos, y el cual ha sido logrado a través de la "pacificación" que ha sido la forma como públicamente se ha denominado dicha estrategia y, que el éxito de la misma esta en la efectiva acción del gobierno y la creciente resistencia de la gran masa de la población contra el terrorismo; la cual ha sido demostrada mediante la acción de las Rondas Campesinas, las cuales han adquirido un status de "fuerzas complementarias" a las instituciones castrenses".

Las luchas sociales en países como el nuestro giran alrededor de la lucha por la tenencia de la tierra, por mejores condiciones laborales y salariales, por la defensa de los derechos humanos, tienen en común también estos grupos paramilitares en el contexto latinoamericano que sus respectivos Estados reivindican al Estado Social de Derecho, dicen rechazar este accionar de guerra sucia y lo descertifican con el discurso de la "legalidad" a nivel interno y externo, pero en su accionar, ellos (el mismo Estado) son cómplices por acción u omisión del accionar paramilitar.

Es contradictorio el informe difundido por el departamento de prensa de los Estados Unidos, sobre el tema de derecho humanos sonde se destaca: " que las fuerzas del Gobierno Colombiano son responsables del 7.5% de los asesinatos extrajudiciales por motivos políticos ocurridos en los primeros nueve meses de 1997. Además revela que esos asesinatos fueron supuestamente motivados por miembros de la Brigada XX de Inteligencia de las Fuerzas Armadas de Colombia. Estados Unidos acusa a las fuerzas de seguridad de numerosas desapariciones y a la policía y militares de continuas torturas y de golpear algunos reos, además de colaborar con los grupos paramilitares "que cometen abusos". Estados Unidos critico a Colombia tras cerrar los ojos ante grupos paramilitares, responsables del 69% de los crímenes con motivos políticos ocurridos en el país en 1997. Afirmó que los paramilitares estaban estrechamente ligados con las elites regionales, políticas y económicas, incluido narcotraficantes".

Esta es la doble moral gringa que ahora se rasga las vestiduras en aras de defender la "democracia" Latinoamericana. Al parecer borraron de la historia que desde 1962 en sus cuarteles y bases se entrenaron y formaron militares Colombianos y a ellos se les inspiro promovió la creación de grupos paramilitares para contrarrestar la Insurgencia y los posibles focos insurreccionales al precio que fuese necesario.

En estos países latinoamericanos el paramilitarismo ha existido como una organización de grupos armados que tienen evidente conexidad ideológica y operativa con miembros de las fuerzas armadas, ya sea que se autoproclamen paramilitares, autodefensas o grupos de justicia privada.

La experiencia militar de los Británicos en Malacia de 1952 a 1959; de ganar los corazones y las mentes del pueblo para que los militares americanos invirtieran el principio chino de lucha guerrillera "de que el movimiento guerrillero debe moverse dentro del pueblo como pez en el agua". El objetivo entonces es dejar al pez sin el agua, aislar al movimiento insurgente del contexto y el apoyo del pueblo para poder derrotar a la subversión, esto daría lugar a la conceptualización de la doctrina de seguridad nacional. Ya que el problema no es el guerrillero como unidad sino el movimiento al que se inscribe y lo que este representa como conjunto para la sociedad.

En el caso colombiano los grupos paramilitares tienen similitud de características con los anteriormente mencionados; son diseñados de manera efectiva por las Fuerzas Militares del Estado, financiados por terratenientes, empresarios o dueños de multinacionales que se asocian para golpear a la insurgencia, para derrotar a la oposición; tienen una ideología de ultraderecha, actúan en defensa de la propiedad privada, del statuo quo y aniquilan a los dirigentes sociales que se asocian y organizan para alcanzar un nivel de vida mejor, o a los grupos de pobladores que reivindican algunas expresiones de lucha política, que pueden llegar a oponerse a sus intereses; o como medida de terror y coerción para el total de población que se encuentra ubicada en los territorios de copamiento o a donde existe el interés de control.

Decreto 1771 de 1959 que organiza la acción comunal da a esta un carácter paramilitar estas estaban bajo la dirección del Ministerio del Interior, de su junta directiva hacían parte el Inspector de Policía, el Párroco, director de escuela o cualquier dirigente social que pudiera ejercer un control sobre las acciones y propósitos de la comunidad. De esta forma las J.A.C. fueron escenarios propicios para el mantenimiento del statuo quo y para el surgimiento años mas tarde de la llamada Defensa Civil Colombiana. Esta fue mostrada como un servicio comunitario para la defensa de los intereses y bienes de la población, pero tenía una finalidad real de control sobre la misma.

En Colombia a mediados de los años 60 fue expedida una abundante legislación, piedra angular del modelo de Estado de la Seguridad Nacional, mediante los decretos 1705 de 1960, 3398 de 1965 y 1537 de 1974 y la Ley 48 de 1968, se creo el Consejo Superior de defensa Nacional CSDN máximo órgano del Estado en materia de seguridad nacional.

En 1963 se crearon las juntas de autodefensas. Así mismo en los manuales de las fuerzas militares se sustenta la doctrina paramilitar en los reglamentos EJC-3-10 reservado de 1969, este contiene una sección sobre operaciones de organización de la población civil: "El objetivo de estas operaciones del ejercito es organizar en forma militar a la población civil, para que se proteja contra la acción de los guerrilleros y apoye las ejecuciones de operaciones de combate".

Así mismo los reglamentos EJC-310 de 1969 sustentan ampliamente la organización paramilitar, el manual de contraguerrillas de 1979, imparte consignas sobre grupos paramilitares, el manual EJC 3-101 de 1982, establece que las juntas de autodefensa deben estar bajo la estrecha relación del mando militar, el reglamento de combate de 1987, en el que se firma: " Que se debe organizar militarmente a la población civil, para que se proteja contra la acción de las guerrillas y apoye la ejecución de la operaciones de combate".

"En Colombia el paramilitarismo ha estado en distintos periodos de su historia inscritos en el siglo XX. Desde fines de los anos 70 el proyecto paramilitar adquiere una estructura que le permite una movilidad y un barrido de zonas estratégicas muy importantes en el viraje de la economía colombiana hacia el proceso de apertura económica".

La doctrina del paramilitarismo se haya en el centro del Estado Colombiano, (entendido como: estado: es una concepción vertical, producto de la concepción de divinidad como rector y regulador de las dinámicas socio culturales de determinados grupos sociales, como respuesta a sus necesidades de "orden", este se plantea como una división de poderes entendido como libertad, igualdad, justicia para la revolución francesa. establece el control punitivo a través de fuerzas especializadas como las fuerzas militares, quienes crean unas fuerzas irregulares a su servicio para cumplir tareas que la legislación de Estado no le permitiría realizar a dicha fuerza Legal Armada). Durante la permanencia de guerra, en los manuales de instrucción de contraguerrillas, se promueve la importancia del rol de las estructuras y practicas paramilitares, algunos textos hacen diferencias sobre operaciones encubiertas y estructuras clandestinas del ejercito. Por ejemplo el manual de contraguerrillas de 1979 dice: " La organización de grupos de autodefensa a nivel de caseríos y veredas se hacen necesarias, con el fin de que los habitantes del área contribuyan en forma activa en la lucha". Este manual recomienda la creación de comités cívicos militares, como cuerpos auxiliadores del Ejercito; en el texto de instrucción se habla de auxiliadores de las Fuerzas Militares de reclutamiento y entrenamiento de informantes y de la incorporación de desertores de la guerrilla como guías".

Surgen entonces las juntas de autodefensa; abundan diversas instrucciones en materia del paramilitarismo en los diversos manuales militares, pero también han sido publicadas intervenciones hechas por los altos mandos militares, en pro de las autodefensas y del respaldo del ejercito Colombiano a los grupos paramilitares, un ejemplo las frases del mayor general Harold Bedoya, (comandante de la Segunda División en 1992); responsable de la creación de los comandos llamados Los Hombres de Acero, responsables de organizar a través de actos culturales desde donde se infiltraba y organizaba trabajo paramilitar. y actual candidato a la presidencia de la república, citadas el diario El Espectador de febrero 2 de 1992, p 11 A: "Insta a la población, una vez mas a que se defienda, como todo Colombiano tiene derecho a hacerlo, su vida honra y bienes, y que no huyan ni se dejen asustar por montajes como que son macetos o paramilitares o simplemente porque están defendiendo lo que legítimamente les pertenece". Esto lo dijo en el discurso pronunciado el 25 de Enero de 1992 en la población de San Vicente de Chucuri, Santander. Pero nada diferente plantea 10 años después, ya que sus discursos como candidato presidencial son toda una apología a la derecha, a las salidas de fuerza y a la defensa acérrima de la propiedad privada.

El mapa de la violencia política esta estrechamente ligada con el de los triunfos electorales; con el de las fuerzas ligadas al paramilitarismo, es el caso en la década de los 80 de poblaciones del Magdalena Medio donde se presento el triunfo político de sectores públicamente reconocidos como ligados al narcotráfico y al paramilitarismo; el mecanismo electoral se ha convertido en el método de avance y consolidación de los territorios conquistados por su presencia; logrando mantener un control prácticamente hegemónico en su respectiva región con la vinculación económica de empresarios, el respaldo de la seguridad de las Fuerzas Armadas Regulares y la simpatía o el miedo de grupos de pobladores expresado esto favorablemente en las urnas.

De esta manera es como se va configurando el proceso de consolidación, legitimación y finalmente legalización del control militar, territorial y político de poblaciones y regiones enteras de departamentos por parte de las fuerzas paramilitares, las cuales han logrado desplazar a la insurgencia de importantes zonas antes controladas por ellos; y quienes a diferencia de los paramilitares no cuentan con el apoyo de fuerzas del Estado Central en sus pretensiones de control territorial".

No es casual que en momentos como estos, en donde los grupos paramilitares vienen reivindicando su deseo de participar políticamente en el proceso electoral del país, surjan candidatos como el Ex General Bedoya y el Ex Gobernador de Antioquia Alvaro Uribe Velez que encuadran con los intereses que reivindican los paramilitares; de igual forma con la ubicación de candidatos paramilitares en espacios como el Congreso de la República, en relación con lo anterior afirma: Apoyado en las denuncias del Congreso el Ministro del Interior Armando Estrada Villa sostuvo que los grupos de autodefensa si lograron acomodar algunas de sus fichas en el nuevo Congreso de la República. De acuerdo con Estrada Villa: "no es bueno que al congreso llegue gente a defender intereses particulares y de grupos al margen de la ley que no coinciden con los de la Nación... Pues es que la denuncia la han hecho los mismos parlamentarios. Piedad Córdoba y Julio Cesar Guerra Tulena denunciaron con nombres propios. Y el análisis de esas personas, su votación y los sitios donde fueron elegidos, por ser sitios de influencia paramilitar, se llega a la conclusión de que los paramilitares ordenaron votar por ellos... Eso marcara la actuación del Congreso en el futuro. Eso creara problemas de legitimidad y credibilidad y de su propio funcionamiento".

Las luchas sociales en países como el nuestro giran alrededor de la lucha por la tenencia de la tierra, por mejores condiciones laborales y salariales, por la defensa de los derechos humanos, tienen en común también estos grupos paramilitares en el contexto latinoamericano que sus respectivos Estados reivindican al Estado Social de Derecho, dicen rechazar este accionar de guerra sucia y lo descertifican con el discurso de la "legalidad" a nivel interno y externo, pero en su accionar, ellos (el mismo Estado) son cómplices por acción u omisión del accionar paramilitar.

Es contradictorio el informe difundido por el departamento de prensa de los Estados Unidos, sobre el tema de derecho humanos sonde se destaca: " que las fuerzas del Gobierno Colombiano son responsables del 7.5% de los asesinatos extrajudiciales por motivos políticos ocurridos en los primeros nueve meses de 1997. Además revela que esos asesinatos fueron supuestamente motivados por miembros de la Brigada XX de Inteligencia de las Fuerzas Armadas de Colombia. Estados Unidos acusa a las fuerzas de seguridad de numerosas desapariciones y a la policía y militares de continuas torturas y de golpear algunos reos, además de colaborar con los grupos paramilitares "que cometen abusos". Estados Unidos critico a Colombia tras cerrar los ojos ante grupos paramilitares, responsables del 69% de los crímenes con motivos políticos ocurridos en el país en 1997. Afirmó que los paramilitares estaban estrechamente ligados con las elites regionales, políticas y económicas, incluido narcotraficantes"

Esta es la doble moral gringa que ahora se rasga las vestiduras en aras de defender la "democracia" Latinoamericana. Al parecer borraron de la historia que desde 1962 en sus cuarteles y bases se entrenaron y formaron militares Colombianos y a ellos se les inspiro promovió la creación de grupos paramilitares para contrarrestar la Insurgencia y los posibles focos insurreccionales al precio que fuese necesario.

De igual manera la legislación aprobada por el Estado Colombiano va en evidente favorecimiento de los intereses de algunos sectores de clase dominante y de los grupos paramilitares; las soluciones que se ha tratado de dar a los conflictos profundos de la sociedad colombiana por parte del Estado no se han logrado materializar en propuestas de verdadero alcance en continuidad y efectividad; en el ámbito jurídico por ejemplo son muy disientes los hechos que muestran la verdadera naturaleza actual del régimen político: Por una parte se criminaliza la protesta social con fuertes sanciones para quienes adelantan movimientos reivindicativos sobre sus derechos fundamentales violados o desconocidos. Como lo demuestra la siguiente denuncia presentada por el colectivo de derechos humanos Semillas de Libertad Codehsel:

Se mantiene incólume a la Justicia Penal Militar, permitiendo que esta juzgue y castigue a sus miembros implicados en violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, a pesar de haber sido señalada por diversas instancias internacionales como encubridora de la impunidad en materia de derechos humanos. Por otra se mantuvo hasta hace muy poco tiempo despenalizada la desaparición forzada, a pesar de ser un hecho reconocido internacionalmente como crimen de Lesa Humanidad. En la actualidad ya existe una legislación sobre desaparición forzada, (10 de Julio de 2000) delito imputando a cualquier actor armado, librando así la responsabilidad directa del Estado, quien esta obligado a convertir en legislación del país los diferentes protocolos firmados internacionalmente sobre dicha materia, ya que es el estado el único responsable en el cometimiento de crímenes de lesa humanidad y por ende en la defensa y promoción de los Derechos Humanos y Fundamentales de sus ciudadanos.

A pesar de que diversos sectores de la iglesia, de la Defensoría del Pueblo y de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos la Corte Constitucional termina avalando la legalización de la Cooperativas de Seguridad privada CONVIVIR. Siendo esta una propuesta actual del candidato presidencial Alvaro Uribe Velez, fundador de las mismas y quien propone en la actualidad durante su campaña presidencial: "armar un millón de civiles para su protección legitima y la de sus intereses"

De esta manera el Estado profiere normas protectoras que cumplen una función de eficacia simbólica mientras que en los hechos reales se avanza en una practica de violación a los derechos humanos y de desconocimiento del derecho internacional humanitario; esto pesa mas que la protección virtual de los mismos que solo sirve para la propaganda oficial. Así mismo el Estado ha profundizado a través de sus contradicciones el proceso de deslegitimación de sus instituciones lo que ha condicionado que solo pueda recurrir a la fuerza para adelantar sus proyectos y satisfacer intereses particulares. Ante esta realidad las políticas estatales pierden todo sentido de bienestar colectivo, particularizándose y contribuyendo así a ampliar la brecha existente entre las estructuras Estatales y la población excluida.

Los hechos anteriormente expuestos confirman la hipótesis de que en los últimos años se ha venido conformando de manera intencional y planificada, un modelo de desarrollo de carácter desintegral de sociedad. Este modelo combina transformaciones de tipo económico fundamentalmente en el agro, con una "reforma agraria" reaccionaria hecha desde el poder dominador (elites burguesas) y al servicio de sus intereses, generando a escala social una mayor concentración de riquezas y lanzando a la pobreza y a la miseria a miles de colombianos, agudizando la confrontación de tipo bélico y sociopolítico.

En Colombia llevamos mas de cuarenta años en "estado de excepción", esto ha constituido una profundización en la crisis de autoritarismo del Estado. La Constitución Nacional de 1991 dentro de su ordenamiento constitucional abre las posibilidades para crear los mecanismos jurídicos que permiten ampliar la política de seguridad nacional y fortalecer el paramilitarismo. A su respecto, los artículos 216 y 223 de la C.N. ordena a los colombianos a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan, para defender las instituciones, y la autorización de portar armas bajo el control del gobierno. Para quien será el permiso?, y cual será la vigilancia real sobre la utilización de dichas armas?. En el proceso de modernización del estado se expidió el decreto 2134 de 1992, mediante el cual se fusionaron el Consejo Nacional de Seguridad, ley 52/90; y el Consejo Superior de la Defensa Nacional, decretos 3398/56 y 813/89, todos fusionados en el Consejo Superior de Seguridad y Defensa Nacional, adscritos a la presidencia de la república, del cual hacen parte el presidente, varios ministros, Generales y altos funcionarios. Este decreto concibe a los grupos paramilitares como Grupos de Justicia Privada. La eficacia de estos mecanismos legales en el incremento de la guerra y la impunidad se refleja en: Los avances para la legitimación del paramilitarismo, prueba de ello es como anota la revista Alternativa N° 15 de noviembre de 1997: "el proyecto de ley N° 75 de 1997, que presento el Doctor Carlos Holmes Trujillo ante el congreso el cual fue aprobado, y ello implica un reconocimiento de status político a los grupos paramilitares que operan en el país". Y la deslegitimación y endurecimiento al tratamiento de los delitos políticos, de esta forma se desconoce el carácter político de la insurgencia y se posibilita la extradición de guerrilleros.

De acuerdo a la tesis presentada a la Universidad de Antioquia El Paramilitarismo en Colombia, elaborada por los hoy abogados María Edilma Londoño y José Javier Velasquez en el año de 1998, al respecto corroboran:

"El estado colombiano ha tenido que recurrir a diversos mecanismos legales para darle tratamiento político a los grupos paramilitares, que el mismo creo y permitió y ahora dice combatir, a través de un paquete de medidas como la creación de un bloque de búsqueda especial integrado por miembros del DAS, la Policía, La Sijín, la Fiscalía, la Procuraduría y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, cuya misión será perseguir a los cabecillas de las autodefensas ofreciendo millonarias recompensas a quienes delaten su paradero. Doble moral del estado colombiano frente a los grupos paramilitares, por un lado fueron su obra, nacieron de su seno; se han desarrollado dentro de las directrices de la ideología de la seguridad Nacional. Los militares les han autorizado armamento, los han adiestrado, y de otro lado le hacen creer a la gente que son ajenos, que son terceros frente al estado; esto favorece al Estado ya que si no logra ganar legitimidad frente a la población, lo viste de legalidad para que opere libre de cualquier responsabilidad de su accionar y quede en la impunidad los crímenes de los paramilitares".

Las Fuerzas Armadas del Estado y gran parte de las autoridades civiles protegen y garantizan el avance del paramilitarismo en las regiones, avalan su proyección política y garantizan la impunidad de sus crímenes, del Estado depende la existencia y vitalidad de dicha organización paramilitar, que en ningún momento son una rueda suelta, hecho demostrado no solo en su operatividad, sino en su estructuración interna. Se recortan libertades civiles y políticas, se promulgan leyes de carácter represivo, se dan facultades a las fuerzas militares y de policía, se crea una torta donde las migajas son para las mayorías excluidas y las garantías para los asesinos, dictadores y dueños del poder.

"El pueblo está desesperado y resuelto a jugarse la vida, para que la próxima generación de colombianos no sea de esclavos, para que los hijos de los que ahora quieren dar su vida, tengan educación, techo, comida y sobre todo DIGNIDAD. Para que los futuros colombianos puedan tener una patria propia, independiente del poderío norteamericano".

A finales de la década del 80 e inicios del 90 los EE.UU. se autoproclaman defensores y dueños de la democracia, y abogan por la instauración de democracias aparentes en otros lugares. El paramilitarismo ha sido utilizado como herramienta de confrontación, que busca someter y aniquilar por la fuerza al movimiento social organizado. Entre 1946 a 1963 en la confrontación bipartidista liberales Vrs. Conservadores, surgieron practicas parainstitucionales que fueron utilizadas como estrategias de homogeneización ideológica y en el aniquilamiento del liberalismo. Ejemplo de lo anterior la practica utilizada en el país como ejemplo la practica de los aplancahdores ubicada en el Quindio conocida con el nombre de Aplanchamiento; consistente en golpear a alguien con el lomo de un machete a fin de forzarlo a matricularse en el partido liberal: "la particularidad parainstitucional de la practica de los aplanchadores, consistía en estar operando dentro de una estrategia oficial de sometimiento y homogenización política de la población. para homogeneizar pueblos, para cambiar conciencias, para convertir a radicales Liberales, para perseguir protestantes, para atacar comunistas en una santa cruzada de las fuerzas del bien contra las dañinas fuerzas del mal".

Igual papel cumplieron los Pájaros en el Valle, Caldas y Tolima, los Penca Ancha en Antioquia y los Chulavitas en Boyacá; cumplían una misión partidista, electoral e ideológica, ejerciendo el terror y la amenaza contra todo aquel que a ojos del partido conservador, la iglesia católica y las instituciones del estado estaba fuera del orden establecido o pudiera llegar a estarlo. El desarrollo material del paramilitarismo en Colombia tiene diversos factores; históricos, sociales, políticos y económicos que convergen con el accionar de diversos sectores sociales; estos cambian de acuerdo a la coyuntura política y al momento histórico, con un actor principal que se sostiene débilmente, el Estado Colombiano.

El desarrollo político del país en los últimos 60 años (1936-2002), ha sido sumamente violento, represivo y constante en la utilización de métodos de barbarie y posteriormente de impunidad como manera de encubrir los hechos auspiciados por los detentadores de poder. El Terrorismo de Estado se instauro como practica de gobierno; y sus preocupaciones son coincidentes con la de los gremios económicos y los militares, en contravía directa con los intereses y necesidades de los sectores populares mayoritarios. "El Estado colombiano reprime con métodos ilegales y operaciones encubiertas a la población civil, manteniendo la fachada de estado democrático mientras fomenta el exterminio de la oposición política y los movimientos sociales y alternativos de base. El accionar coordinado del Ejército, Policía y organismos de seguridad del Estado, con las bandas paramilitares, y los hechos constatados por la Alta Comisionada de la ONU, prueban la responsabilidad del Estado en las violaciones de los derechos humanos.

El paramilitarismo es una estrategia sistemática del Estado, basada en la doctrina norteamericana Guerra de Baja Intensidad, apoyada por los terratenientes y sectores del poder político, financiada por el narcotráfico y por amplios sectores del empresariado -nacional y extranjero-. Siendo creación del Estado, el paramilitarismo persigue los mismos objetivos políticos y de guerra que los militares, actúa como una Brigada encubierta con impunidad garantizada para el genocidio social y político, a lo cual se oponen sectores minoritarios del establecimiento. Reconocer al paramilitarismo el carácter de "actor político independiente" implica dejar libre de responsabilidad al Estado y en impunidad a quienes lo financian, apoyan, asesoran, justifican; también es dejar la puerta abierta para que sigan utilizando el terror. Es inadmisible reconocer y regular una estrategia basada en el terror y el genocidio. (También la bestialidad de las "técnicas" utilizadas, motosierras, mazas, etc)".

El paramilitarismo se distingue además por operar con diferentes modalidades:

1. "El paramilitarismo Institucional: las fuerzas armadas del Estado han utilizado crónicamente el derecho de defensa de la democracia y de las instituciones legítimamente constituidas como pretexto y razón para involucrar población civil en actividades militares sin que ellos signifique una forma de incorporación a los estamentos institucionales existentes, a los cuerpos regulares de la fuerza publica.

Las fuerzas armadas aran en técnica de conspiración, sabotaje, acción sicología, combates contrainsurgentes, base social de la guerrilla, activistas y lideres proclives a la guerrilla o de ideas pro comunistas.

Es común en áreas de fuerte presencia guerrillera y de desarrollo político de organizaciones legales de izquierda que miembros de la fuerza publica destacadas en el área, se quiten el uniforme, se vistan de civil, se encapuchen para operar a nombre de supuestos grupos paramilitares en acciones que atentan por lo general contra la población civil.

El paramilitarismo en San Juan Vosco de la Verde, el Carmen y San Vicente de Chucurí, son ejemplos de cómo el ejercito, impulsa, organiza, adiestra, mantiene apoya el lo logístico, da dotación bélica, orientación a grupos paramilitares.

En la década de los 50 y posterior a las guerrillas liberales en los llanos, el ejercito conformo grupos paramilitares conocidos como "Las guerrillas de paz", integradas por exguerrilleras principalmente para combatir a las agrupaciones que mantuvieron su beligerancia armada".

2. "Autodefensas Campesinas: El caso de Puerto Boyacá es quizá el caso mas claro de reacción autónoma de la comunidad ante los desbordamientos de grupos guerrilleros de las FARC - EP asentados en la zona en los años 75 - 80 que afectaron la economía y la vida de sus pobladores. Sus primeras comisiones contraguerrilleras alentaron esta modalidad que se extendió a la región, luego el establecimiento de enclaves de narcotráfico en la zona y vínculos de los mafiosos con los militares generó una alta concentración de civiles armados que terminaron por observar a las Autodefensas en actividades cooperantes del narcotráfico y a los narcotraficantes en actividades contrainsurgentes y anti comunistas"
3. "El Narcoparamilitarismo: Es la vertiente mas desarrollada y extendida en el territorio nacional, la relación estrecha entre narcotraficantes y militares inicialmente fue económica, en la que el poder corruptor de los narcotraficantes compro el silencio, la protección y la impunidad de los militares. Pero la relación cambio por la guerra contrainsurgente en una alianza casi estructural cuando los narcotraficantes empezaron a ser objeto de presión principalmente económica de la guerrilla".
4. "Parainstitucional: Es adelantado por multinacionales comprometiéndose en el conflicto interno armado, inicialmente para proteger sus instalaciones, su transporte y su personal, aportando grandes sumas de dinero para que los paramilitares hagan "limpieza de la zona", a fin de tener protección que no logran con su personal de seguridad, ni con la presencia de las fuerzas armadas. Es común que grupos paramilitares logren presencia continua en áreas en las que luego se establecen instalaciones administrativas y de maquinaria de dichas empresas".
5. "El Mercenarismo: Es utilizada por narcotraficantes y militares inicialmente para adiestrar paramilitares y sus propias fuerzas. El pago de recompensas que permita la captura o dar de baja a dirigentes guerrilleros es una forma de mercenarismo o paramilitarismo de naturaleza individual inicialmente. Actualmente , en Medellín, existen grupos de caza recompensa integrados por ex guerrilleros y desertores de la guerrilla".
6. "Sicariato Político: Es la modalidad paramilitar mas extendida en el desarrollo de la guerra sucia en cuanto que actúa selectivamente contra personas con un claro propósito político. No es importante aquí establecer quien es o la procedencia del sicario, lo importante es establecer que es una modalidad que utilizan con frecuencia las fuerzas armadas, principalmente sus organismos de inteligencia y personas ,miembros del estado que implementan esta modalidad en defensa del Estado y sus intereses particulares".
7. "Grupos Narcoparapoliciales: En la guerra contra el cartel de Medellín y con la anuencia de la Fiscalía, los narcotraficantes "Perseguidos por Pablo Escobar" se constituyeron con su fuerza en grupo militar activo cooperante con el bloque de búsqueda de la fiscalía en la lucha contra el cartel."

De esta manera el paramilitarismo se ha convertido en el principal responsable de un alto numero de asesinatos y desapariciones registrados en el país, este, ha sido el producto de la aplicación de una ideología que se enseña en las academias militares. Que se implementa en las estructuras del ejército y que se infunde en los sectores económicos y políticos del país, y que constituye una actividad de la violencia en Colombia, sustentando como un proyecto político de desafió a las comunidades y a la izquierda en general.

8. "Base legal para la creación de Grupos de Autodefensa: La existencia de autodefensas tuvo un fundamento legal en el decreto 3398 de 1965 transformado ulteriormente en la ley 48 de 1968, que autoriza la constitución de milicias civiles armadas. El apoyo del Estado y sus organismos se manifestó sin embargo a niveles muy altos del ejercito. Se sabe gracias a una investigación de la DIJIN de Noviembre de 1989 que según testimonios del Ex teniente Luis Antonio Meneses Báez (Alias Ariel Otero, uno de los principales jefes del paramilitarismo en el Magdalena Medio), en 1987 se organizo en el BINCI (batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Charry Solano) una reunión entre lideres paramilitares. De donde surgió una junta nacional de autodefensa compuesta por lideres de aproximadamente ocho regiones, cuya función era el de promover el sistema de autodefensas y coordinar con el ejercito operaciones de inteligencia".

La nueva Constitución Colombiana es ambigua en cuanto a la organización de grupos armados privados. El articulo 223 reza: "Los miembros de los organismos nacionales de seguridad y otros grupos oficiales armados de carácter permanente, creados o autorizados por la ley, podrán portar armas bajo el control del gobierno de conformidad con los principios y procedimientos que aquella señale".

Las alianzas que se revelan entre militares y grupos de poder local son a la vista lógicas:

1. Se comparte la visión anticomunista, que excede el lineamiento contraguerrillero para abarcar todo movimiento de tipo social que lidere luchas por sus revindicaciones, derechos y libertades.
2. Los grupos paramilitares les representan una ventaja frente a su deseo de control hegemónico del poder ya que garantizan la realización de acciones encubiertas que no implican el establecimiento de una relación directa entre estos. De igual forma se posibilita la creación de zonas seguras para sus intereses de poder ya sea en el ámbito sociocultural o económico; controlando o aniquilando las expresiones dla organización comunitaria.
3. A nivel de imagen el paramilitarismo representa al Ejército y sus oficiales la ventaja de permitir deshacerse en parte de las acusaciones sobre violación a los derechos Humanos al recaer estas sobre grupos ajenos al estado y que no implican su responsabilidad jurídica inmediata.
4. Se garantiza el control sobre el ejercicio de consumo, relaciones y movilidad social; imponiendo así un modelo económico y sociocultural predeterminado a los interese de dichas elite o grupos de poder. Tras este objetivo de manera indiscriminada se utiliza mecanismos de represión que van desde la intimidación y amenaza, la expulsión del interior de determinada organización, la desarticulación del grupo o movimiento y/o la aniquilación física. O la creación de formas propias de expresión gremial concerniente a sus intereses de clase; ejemplo de lo anterior en la zona del Magdalena medio el paramilitarismo constituyó la Asociación Campesina del Magdalena Medio ACDEGAM y el movimiento de renovación nacional Morena que pretendió lograr un protagonismo político de carácter nacional.

Para el caso de Medellín se evidencia dicho interés e influencia política del paramilitarismo en la creación y aprobación de leyes que penalizan la protesta social, la intervención en los procesos de negociación y pactos entre bandas y el control de espacios colectivos como las mesas de paz al interior de las cárceles.

El Estado ha desempeñado y continúa desempeñando un papel importante en la configuración de la economía agrícola y la situación del campo, en buena medida actuando en contra del campesinado. En determinados momentos concretos el Estado ha apoyado tácticamente programas de reforma agraria limitados en el tiempo y en el espacio.

Por otra parte, el campesinado ha alternado entre luchas y enfrentamientos locales con el Estado, a veces desempeñando un papel importante en el derrocamiento de la clase gobernante de turno. Los avances positivos para lograr la redistribución de tierras se contrarrestan con la incapacidad de los movimientos campesinos para influir de modo permanente en las instituciones del Estado, lo que conlleva a la anulación a medio y largo plazo de las reformas conseguidas en períodos de movilización intensa, un problema que persiste hasta ahora.

El problema de vencer los obstáculos que dominan las luchas sectoriales no es de fácil solución para los movimientos campesinos contemporáneos. Hoy, a diferencia del pasado, muchos de los líderes campesinos reconocen que el sistema financiero, el régimen de exportación y la política macroeconómica dirigidos por el Estado son obstáculos fundamentales para el avance del campesinado. Sin embargo, la consumación de alianzas estables y consecuentes es muy difícil de conseguir. En la mayor parte de los países, el declive de los sindicatos industriales urbanos - basados en el crecimiento del trabajo precario e informal- ha debilitado su capacidad de acción colectiva en todo lo que no sean reivindicaciones salariales.

En Colombia, durante el acuerdo de paz de 1984-1990 entre las FARC y el Presidente Betancourt, la izquierda intentó organizar un partido electoral de masas. Entre 4 000 y 5000 activistas y dos candidatos presidenciales, además de una serie de representantes en cargos municipales, fueron asesinados por los escuadrones de la muerte, apoyados por los militares, forzando a los militantes supervivientes a sumarse al movimiento guerrillero y a reanudar la lucha armada rural. En Centroamérica (Guatemala, El Salvador), los antiguos comandantes de la guerrilla se incorporaron a la contienda electoral, pero al precio de abandonar la lucha campesina y de seguir siendo una fuerza marginal en el Congreso.

Enfrentados al dilema de la "cooptación" o de la represión, los movimientos campesinos han respondido de varias maneras. En primer lugar, radicalizando la lucha y dedicándose a organizar bloqueos continuos y generalizados de carreteras que afectan al transporte de alimentos a los núcleos urbanos y materias primas para la exportación. En segundo lugar, llevando la lucha a las ciudades. A la complejidad de las luchas campesinas se añaden la división de los movimientos campesinos y la escasa coordinación entre las organizaciones campesinas, que se ve sumisa a una estrategia de 'divide y vencerás' practicada por el Estado. En este contexto, el Estado a menudo ofrece acuerdos o concesiones a un sector a expensas de otros, con lo que introduce un factor de división en la unidad de acción futura.

La alternativa a la insurrección rural y a la represión salvaje del Estado es el desplazamiento forzado del campo a la ciudad e interurbano. Más de cuatro millones de colombianos han sido desplazados por la política de tierra arrasada que implementan las fuerzas militares y paramilitares colombianas apoyadas por EE.UU. Hoy, hay más salvadoreños en los EE.UU. y México que en su país de origen. El éxodo masivo de campesinos en Ecuador, Colombia, Centroamérica y el Caribe es la "negativa pasiva" a la represión estatal y al fracaso del neoliberalismo. A excepción del Presidente Chávez en Venezuela, que habla de un reasentamiento masivo de emigrantes rurales en el campo, ningún Estado de América Latina tiene los recursos o la voluntad política de dar marcha atrás al declive de la agricultura en general y de la agricultura campesina en particular. Integrado en los mercados mundiales, subordinado a Washington, el Estado ha ido practicando de modo creciente políticas de "vaciar el campo", confiscando y traspasando tierras fértiles de los campesinos a los grandes terratenientes y reprimiendo a todos aquellos que están comprometidos con los florecientes movimientos de masas. La aversión es mutua: prácticamente ningún movimiento de masas campesino está alineado con ningún Estado en América Latina.

En los últimos diez años, los barrios periféricos se convirtieron en un fortín para los distintos grupos armados que capitalizaron a su servicio las bandas y redes delincuenciales creadas por el narcotráfico para desarrollar su proyecto político y militar.

En su arribo encontraron una situación social bastante crítica que propició su posicionamiento, debido al abandono estatal y a la ausencia de políticas gubernamentales para resolver asuntos vitales para la población, todo ello agravado por la llegada de miles de familias que huyeron de la violencia en el campo".

Dado que las economías neoliberales dependen de la minería, los enclaves de exportaciones agrarias, las fábricas de montaje, los mercados exteriores y las finanzas, han debilitado la posición del campesinado como sector vital de la economía: los alimentos pueden importarse y la mano de obra sobrante y barata inunda los mercados laborales. En respuesta a esta situación, los campesinos han recurrido al corte masivo de las carreteras más importantes, bloqueando la circulación de mercancías esenciales para las economías neoliberales, reduciendo los beneficios en divisas extranjeras disponibles para el pago de la deuda y ejerciendo presión sobre los prestamistas internacionales. Los bloqueos de las carreteras por los campesinos y los trabajadores rurales son el equivalente en la práctica de las huelgas de trabajadores en las industrias estratégicas: paralizan los flujos internos y externos de las mercancías destinadas a la producción y el comercio.

La profundización de la crisis económica, especialmente grave en la América Latina rural, ha tenido dos consecuencias importantes, ambas particularmente evidentes en Colombia. En primer lugar, la extensión y radicalización de la lucha, en especial el crecimiento de la guerrilla, que asciende a más de 20 000 combatientes, sobre todo campesinos. En segundo lugar, la proliferación de los productores agrarios involucrados en la lucha. A finales de julio de 2001 en Colombia, los agricultores, los campesinos y los trabajadores rurales se unieron en una huelga nacional que bloqueó las principales carreteras en protesta por las deudas, las importaciones baratas, la falta de créditos, etc. Del mismo modo, en Bolivia y Paraguay, las alianzas que agrupaban a campesinos, cocaleros, comunidades indias, agricultores y sectores urbanos (sindicatos, grupos cívicos) organizaron cortes de carreteras y marchas a la capital para enfrentarse al Estado.

La respuesta del Estado ha sido siempre la misma: militarización del campo, presencia generalizada e intensificada de las fuerzas militares de EE.UU. y de otros organismos federales de control, y negociaciones concebidas para desactivar, no para resolver, las reivindicaciones básicas.

El conflicto agrario, entendido como el enfrentamiento de dos o mas sectores sociales que se disputan la posesión de la tierra, se inscribe históricamente en zonas de colonización como la región del Magdalena medio, dentro del ciclo "Migración- Colonización -Conflicto- Migración La colonización, como proceso de expansión de la frontera agrícola, esta signada en Colombia por el fenómeno de la violencia".

Lo característico de una región de colonización como el Magdalena medio, es la inexistencia de unidades productivas estables, la baja presencia de lo institucional y la no concreción de tejidos sociales así lo demuestran. La colonización se realiza entonces sin presencia de una institucionalidad jurídico política oficial. Para el caso colombiano se han marcado modelos de producción inequitativos, disputas relativas al control y utilización de los recursos naturales y regímenes de apropiación de tierra. Este proceso ha dado como resultado una situación generalizada de contradicciones entre dos clases sociales que disputan el territorio. En esta medida el escenario del conflicto agrario gira en torno a una confrontación histórica entre colonos y campesinos, por el derecho a la tierra, contra los terratenientes, los empresarios, las empresas multinacionales y el estado.

Los ejes sobre los cuales se articula la lucha por la tierra son: recuperación de tierras, titulación de baldíos, titulación de territorios ancestrales, inexistencia de una política clara de impulso a la economía campesina, alta concentración de la propiedad en manos de agentes extra regionales y extra nacionales, desplazamiento de colonos y campesinos por efecto del empobrecimiento y la violencia.

La colonización dentro de una sociedad capitalista, es el fenómeno mediante el cual la tierra va siendo involucrada en el proceso histórico de producción y mercado. Dicho proceso se observa alrededor de diferentes épocas y regiones:

"Desde la época de la colonia, pasando por la denominada República y aun hasta nuestros días lo que caracteriza al sector agrario colombiano es la marcada tendencia latifundista y la concentración de tierras en mano de un punado de terratenientes que la explota de una manera ineficiente".

Las relaciones de producción al iniciarse el siglo son precapitalistas todavía. Solo entre 1925 a 1930, vienen a introducirse modificaciones profundas en la situación estacionaria a nivel económico que se vivía desde 1850. El desarrollo de las fuerzas productivas también era precario y la tecnología reducida. La colonización cafetera iniciada en el siglo XIX, comenzó a generar producción y emplear mano de obra asalariada, lo mismo que a propiciar la acumulación de dinero, la creación de un mercado interior para bienes de consumo manufacturado, disminuir la presión existente sobre el latifundio y estimular la construcción de vías carreteables, ferrocarriles y medios de transporte.

"La injerencia de Estados Unidos era cada vez mas notoria, se inicio con la colonización Antioqueña, la valorización de una serie de tierras lo que significo cambios en la renta del suelo, en términos del paso de la renta absoluta a la diferencial, determinada esta ultima por ubicación de tierras cerca de nuevas vías y ferrocarriles". Por ejemplo entre 1914 y 1918, los cabildos indígenas de los resguardos, fundamentalmente en el Cauca se rebelaron ante la expropiación de sus territorios por parte de terratenientes y la negación a su derecho legitimo de uso de la tierra; estos iban acompañados por Manuel Quintin Lame, jefe Paez y posteriormente candidato a la presidencia de la republica por el Partido Comunista de Colombia. Para este mismo periodo de 1918 aparecen las primeras significativas organizaciones campesinas y se desarrollan movilizaciones agrarias ligadas a disturbios urbanos o a huelgas. En los primeros anos de la década del 20 el eje de la economía nacional era el café; que implico colonización y el agravamiento de dicho fenómeno. Para este mismo periodo hubo otras luchas en el Huila y en el Tolima liberadas por campesinos e indígenas, en 1928 Juan de la Cruz Varela, campesino Boyasense lidero la formación del movimiento agrario del sumapaz, "Los conflictos de tierras, se centraron en la forma como los terrateniente querían conservar para la explotación a sus trabajadores, con un maximun de rendimiento. Tradicionalmente las regiones cafeteras de Cundinamarca y del Tolima habían sido beneficiadas por los latifundistas con contratos de aparcería o semejantes, que implicaban que el campesino podía disponer para la siembra de una parcela en la que cultivaba maíz, yuca, plátano, frijol, etc. Y como contraprestación laborada gratuitamente durante algunos días en la hacienda. Desde el momento que la migración de campesinos se inicio los terratenientes trataron de conservar la mano de obra en las condiciones de explotación tradicionales, pero los campesinos exigieron o salarios mas altos o que en las parcelas además de los cultivos tradicionales se les dejara plantar café, producto que les permitiría un ingreso mayor y monetarizado. Los terrateniente se opusieron, alegando que el café era un cultivo de larga duración y que en el momento de un desalojo se elevaría el monto de las mejoras que tendrían que pagar. Ante el desacuerdo, los campesinos procedieron a organizarse en ligas campesinas, a invadir tierras t a exigir contratos mas favorables. El gobierno, como era natural, se puso al lado de los terratenientes".

En 1928 se presenta la gran masacre de las bananeras, al respecto cita Rodríguez Acosta, Hugo en su libro, Elementos críticos para una nueva interpretación de la historia Colombiana: "En su esencia misma, el conflicto entre los trabajadores de la United Fruit, era viva expresión de las contradicciones que en las sociedades burguesas existe entre el trabajo y el capital…los militares y el ejercito asesinaron a 1500 obreros, la burguesía nacional se asocio con el consorcio bananero"

En la década del 20 ocurrió una serie de conflictos, tanto agrarios como urbanos en especial huelgas en los ferrocarriles, carreteras y puertos. Todo ello como resultado tanto del bajo nivel de vida como del crecimiento del numero de trabajadores, que a su vez iba produciendo su organización gremial, liderado e parte por el Partido Socialista Revolucionario, creado en diciembre de 1926. Una nueva burguesía buscaba imponer reformas en la estructura agraria, las cuales se concretaron mediante la ley 74 de 1926, que atribuyo a la tierra una función social y autorizo la expropiación de tierras incultas, al igual que impulso la colonización, a la que se redujo el problema agrario. En esta década comienza a avanzar la construcción de la infraestructura de la nueva economía.

Llega la década de los 30 y con ella la conocida depresión económica estadounidense y del capitalismo en general. A partir de este ano Colombia empieza a depender de manera mas directa económica y políticamente de Estados Unidos. Fue la época llamada Neocolonial, dentro de la cual el producto de mayor exportación fue el café, que con esta crisis sufrió la caída de su precio afectando el ingreso de los productores y generando desempleo al igual que conflictos sociales. La industria ejerció su dominio sobre la agricultura. Al respecto afirma Alonso Tobón en su libro, La Tierra y la Reforma Agraria en Colombia: " La crisis del ano 30 de al impulso mayor al obligar a la agricultura a suministrar materias primas para la industria nacional, como aceites, grasas vegetales y algodón. Comienza entonces el cultivo de los vales del medio y bajo Magdalena, donde la ganadería extensiva había provocado antes el establecimiento de grandes haciendas. La competencia por el uso de la tierra se hace mas intensa; cobran aliento las invasiones por parte de muchos trabajadores cesantes y las leyes, marchando como siempre, a la zaga de las necesidades sociales, imponen la obligación de cultivar los suelos como requisito para garantizar títulos de propiedad."

La agricultura lo único que hizo fue adecuarse a las transformaciones industriales; y a los nuevos requisitos de los terratenientes y de los gobernantes de turno, ambos pertenecientes a la misma elite burguesa.

La crisis de los años treinta asestó un duro golpe a la agricultura de plantación, hundiendo sus exportaciones y los precios de sus productos. Los propietarios extranjeros vendieron sus tierras a las élites locales, algunos de ellos las arrendaron a agricultores locales, otros abandonaron en parte sus tierras a los ocupantes, a medida que todos ellos se enfrentaban a rebeliones rurales. Muchos de ellos diversificaron sus inversiones, invirtiendo en inmuebles urbanos, finanzas y algunos en industrias de "sustitución de importaciones", protegidas en esos momentos. El Estado desempeñó un papel crucial en la represión sangrienta de las sublevaciones rurales pero también facilitó la transición a nuevas formas de producción agrícola. La crisis y el desplome del sector liberal agroexportador tuvieron un gran impacto en el campesinado y los trabajadores rurales. El modelo de sustitución de importaciones sin reforma agraria llevó a la primera oleada de emigración rural a los centros urbanos, que comenzó a finales de los años treinta, siguió en los años cuarenta y se aceleró a partir de los años cincuenta.

El Estado federal canalizaba los recursos hacia la industria y asignaba las divisas ingresadas por el sector primario para la importación de bienes de capital y productos semielaborados para las nacientes industrias de bienes de consumo. A escala regional o estatal, los terratenientes retuvieron el control sobre el poder estatal, a fin de transferir al campesinado los "costes" de su subordinación. Mientras que, formalmente, los partidos marxistas hablaban de una alianza de campesinos y obreros, de hecho se alineaban con las llamadas burguesías "nacionales", o buscaban su alianza, o se dedicaban estrictamente a luchas "obreristas" y a actividades de organización.

La aparición de movimientos de base campesina debió poco a los partidos de izquierdas y populistas de base urbana; por lo menos a sus principales líderes y organizaciones. Durante los años treinta, surgieron importantes movimientos campesinos de masas en México, El Salvador, Nicaragua, Colombia, Brasil y Perú. Los trabajadores rurales, en particular los trabajadores del azúcar en las modernas plantaciones de Cuba, República Dominicana y Puerto Rico se iniciaron en la lucha de clases. En cada caso, se tomaron medidas sumamente violentas y represivas para destruir las rebeliones rurales; en el caso excepcional de México, el Presidente Cárdenas profundizó y amplió la reforma agraria a cientos de miles de familias. En El Salvador el levantamiento campesino fue ahogado en sangre, con 30 000 muertos. En Nicaragua, República Dominicana y Cuba el ejército de ocupación de EE.UU. y sus recién nombrados presidentes-tiranos Somoza, Trujillo y Batista diezmaron los movimientos de campesinos y de trabajadores urbanos. En Brasil y Chile, respectivamente, el régimen de Vargas derrotó al ejército guerrillero rural de Prestes a la vez que proseguía la industrialización nacional; mientras que en Chile un frente popular de radicales, socialistas y comunistas incitó a los campesinos a la lucha y luego los abandonó en sus demandas de reforma agraria, en un "pacto de caballeros" implícito con la oligarquía tradicional".

La ley 200 de 1936 se da durante el primer gobierno de López Pumarejo y planteaba que pasados 10 años de permanencia de un colono en determinada tierra y mientra esta fuera trabajada por el pasaría a ser de su propiedad de una forma financiada. Fue una medida reformista, que busco mermar la lucha de clases que se libraba a nivel rural, aumentar la productividad, dar seguridad a los ocupantes de la tierra (terratenientes en su mayoría). Aparentemente esta ley redujo los conflictos, y saneó los títulos de propiedad sobre la tierra, se impuso la contratación de trabajadores asalariados, lo que condujo a la expropiación de tierras a los colonos, arrendatarios y aparceros. "Dicha ley no fue mas que un elemento en el proceso reformista liberal, que tras el discurso de la función social y la redistribución de la propiedad, desmovilizo al campesinado, lo institucionalizo y empezó a adecuar lentamente la agricultura a las necesidades de la naciente industrialización y urbanización del país, como objetivo ultimo a la base del reformismo burgués de la "república liberal". Se desarrollo la ganadería extensiva antes vista como sobreexplotación de los predios. Aunque dicha ley no se cumplió en su totalidad pues pasados10 años se dicto la ley 100 de 1944 (durante el segundo gobierno López Pumarejo) que aplazaba la tenencia de la tierra por 10 años mas, para ser finalmente una duración de 20 años.

A mediados del siglo XX la misión Currie en el libro "Desarrollo Acelerado", planteaba que en Colombia era necesario disminuir como mínimo cien mil familias campesinas anuales y si ello no se lograba mediante un programa económico que garantizara el flujo de los campos a las urbes, es decir mediante un mecanismo de atracción, entonces la guerra podría servir para tal propósito como mecanismo de repulsión.

Para la década de los 40 el panorama cambia nuevamente a favor de los terratenientes, con un nuevo ingrediente; mayores ingresos para el sector industrial. Al respecto anota Salomón Kalmanovitz, en su libro Evolución de la Estructura Agraria: "El verdadero despegue de la agricultura capitalista en el país tuvo lugar a partir de 1945 y fue inducido por toda una serie de elementos que, conjugados, conformaron un auge agrícola suficientemente sostenido. Entre estos elementos cabe anotar los siguientes:

• El auge industrial y de las exportaciones incrementan notablemente las demandas por bienes agrícolas, induciendo una sostenida alza de ingresos para los agricultores.
• La violencia misma tuvo efectos diversos, como el de rebajar los valores de la propiedad y aumentar su movilidad...
• La fuerza de trabajo desarraigada contribuyo a abaratar los salarios rurales. Las nuevas explotaciones empresariales del Valle del Cauca, Tolima y Cundinamarca, se surtieron de esta mano de obra barata. Según las estadistas existentes sobre salarios rurales, hubo una baja real de un 15% entre 1948 y 1958.
• La introducción de nuevos métodos y maquinaria en la producción agrícola condujo a una notable alza en la productividad del trabajo, a la par que el salario tendía a disminuir produciéndose un gran aumento neto en el ingreso de los propietarios y empresarios del campo y una ampliación de sus fuentes de acumulación.

Con ello crece el latifundismo, la expropiación de la tierra de manos de pequeños agricultores, la implantación de monocultivos extensivos, y el auge de la violencia rural que como consecuencia generaba un crecimiento demográfico desmedido en la urbe gracias al mayor número de desplazados que legaban a la ciudad creando múltiples de cordones de miseria.

Para el periodo comprendido entre 1948 y 1958 aproximadamente, durante el desarrollo de la violencia armada, llamada "política"; se impuso el modelo de agricultura capitalista de explotación extensiva.

En 1959 se da el triunfo de los Revolucionarios Cubanos quienes decretan una reforma agraria dando tierra a todos los campesinos. Como freno a dichas expresiones y como freno para que no se expandiera tal fenómeno en América Latina , EE.UU. lanza el programa llamado Alianza para el Progreso en el que se propone entre otras cosas que las reformas agrarias en América Latina se hagan con el apoyo económico de los Estados Unidos.

Hacia 1960 se produjo un nuevo periodo de auge sobre la explotación minera – esmeraldífera. Grandes núcleos de población se trasladan a centros de explotación minera. Alternamente se desarrollaban cultivos de marihuana con objetivos comerciales. Se genera un incremento en la pauperización del campo, ahora las tierras están al servicio del comercio de estupefacientes, y con ello la dinámica de guerra que trajo consigo este periodo. Uno de los factores preponderantes del surgimiento del narcotráfico en Antioquia iniciando la década del 70 fue la situación socioeconómica del departamento, que pasaba por una etapa de recesión, por lo menos para los sectores populares; quienes encontraron en la comercialización de narcóticos una alternativa de subsistencia.

En 1961 se creo la ley 135, que en su capitulo 2 constituye el INCORA (Instituto Nacional de Reforma Agraria); lo primero que hizo dicha institución fue titular la tierra pagársela a los dueños anteriores. Es de observar que con motivo de la iniciación de actividades del Instituto de la Reforma Agraria, INCORA, creado por la ley 135 de 1961, los grandes terratenientes, como siempre, pusieron el grito en el cielo e iniciaron una política de expulsión masiva de arrendatarios. Sin embargo, en algunas regiones de grandes latifundios como Córdoba, Cesar y de la Costa Atlántica en general, así como en Valle, Tolima, Llanos Orientales y otros, ante el temor de afectación de sus tierras, de la llamada "incorización", dedicaron parte de ellas a cultivos comerciales, como algodón, sorgo, palma africana, arroz, y, en las últimas décadas, flores, empleando técnicas relativamente modernas de cultivos y selección de semillas.

Hasta los años 70 Colombia podía verse como reserva alimentaría, que en alguna medida abarataba los costos de la misma y favorecía la dieta del común de colombianos. Pero la situación cambio de forma radical con el impulso a la explotación cafetera. Bajo las presiones de la Banca Mundial, la Federación Nacional de Cafeteros empezó a introducir el monocultivo de café caturra, con lo cual desplazo el sistema agrícola existente, caracterizado por un adecuado manejo de los recursos naturales dado por los campesinos.

En 1966 llega a la presidencia Carlos Lleras Restrepo, partidario de la reforma agraria deltro de la propuesta de Alianza para el Progreso, que pretendía modernizar el campo amenazando a los latifundistas a expropiarle sus tierras si estas no producían.

Se crea la ANUC (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos) mediante decreto de ley 755 de 1967. Entre 1970 y 1971 la ANUC ocupo casi mil doscientas haciendas, mediante un movimiento masivo que obligo al INCORA a comprar gran cantidad de tierra. Dicha organización fue fraccionada mediante la ley 4 de 1973 que derogó la ley 1ª de 1968, tipificando como delito la recuperación de tierras adelantada por la ANUC; no bastándoles esto para frenar la organización campesina se procedió al exterminio físico de miembros de dicha asociación como en los casos de Cimitarra, Puerto Boyaca, Yacopí y Puerto Berrío donde el paramilitarismo fue empleado para tal fin por parte de Estado y las elites locales; en la actualidad municipios y veredas de estos municipios son centro de operaciones de las Autodefensas Unidas de Colombia. Este periodo duro muy poco porque en 1972, durante la administración de Misael Pastrana Borrero se detuvo el intento de reforma agraria, bajo el argumento de que esta ya había cumplido su función de modernización del campo, entonces se plantea un proceso de modernización del país sin reforma agraria y surge l acuerdo de Chicoral – Tolima.

"Es un pacto oligarquico en el que los terratenientes y los burgueses convinieron no proseguir ningún proceso que pudiera desatar la reivindicación de la distribución de la tierra por los campesinos, a cambio de que los latifundistas paulatinamente pusieran a producir sus grandes propiedades, contando con el apoyo de los programas de modernización estatal (la "revolución verde" y el nuevo perfil de monocultivos para la exportación que llevaría a una mayor dependencia tecnológica y alimentaria del país)".

A partir de 1976, para enfrentar la crisis económica que atravesaba el país se tolera y auspicia el narco cultivo, aprovechando la clandestinidad de algunas regiones y su marginalidad ya que el campesino falto de ingresos era fácilmente involucrado en dicha actividad.

La tragedia de los campesinos colombianos lleva años. Sabemos que no es primera vez que se vive un período de violencia extrema y desplazamientos. Por ejemplo entre 1948 y 1958 fueron desplazados al igual que en los últimos 15 años, dos millones de campesinos y además fueron asesinados 200 mil. Ahora hay un nuevo genocidio en el campo colombiano que causa diarias masacres, desplazamientos forzados masivos y que finalmente busca hacer imposible la posibilidad de vida del campesinado, su cultura y su economía.

En Colombia hay un sistema histórico que nutre su economía con la violencia y el desplazamiento de los campesinos. Para mantenerse, este sistema elimina toda oposición política y extermina la dirigencia autentica de las organizaciones sociales, destruyéndolas o imponiendo por vía del asesinato o el exilio, direcciones verticales afectas al régimen. Así se han liquidado los movimientos políticos alternativos. En Colombia se asesina el 60% de los sindicalistas asesinados en el mundo. La extrema militarización por parte del ejercito y paramilitares en consecuencia: masacres, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, desplazamientos y la restricción de las libertades fundamentales en franca y abierta violación a los derechos humanos individuales y colectivos.

En la década de los 80 y de los 90 por la vía armada nuevamente se reduce en numero la población rural que el modelo considera "inviable", y los sectores de poder que patrocinan el proyecto paramilitar terminan con las mejores tierras del país, no solo por su calidad para la industria agropecuaria, que no es lo que mas les interesa, sino porque estas son áreas de influencia para el desarrollo de grandes megaproyectos. El modelo de economía se sustenta en el neoliberalismo, donde la inversión social a favor de las mayorías excluidas se considera como asunto paternalista e indeseable para la "buena salud de la macroeconomía".

En las regiones del Urabá Antioqueño y Chocoano, por ejemplo, se atribuye la incidencia del fenómeno del desplazamiento a los intereses de empresas multinacionales en las riquezas naturales y geoestratégicas del territorio para la implementación de proyectos.

Esto se viene logrando a partir de imponer un control paramilitar en la zona y la expulsión de la insurgencia. Debe advertirse que es en la zona del Urabá Antioqueño y últimamente Chocoano donde con consecuencias mas desastrosas, se vive el conflicto colombiano. Estas regiones cuentan con notables privilegios en materia de flora y fauna así como de recursos naturales, importantes concentraciones de depósitos de materiales preciosos, oro, plata, platino y cobre. Hay expectativas en la zona sobre la presencia de petróleo y carbón, los recursos mineros del Urabá representan un potencial ivaluable dentro de la economía nacional y de interés en los mercados internacionales.

Estas tierras, que han cobrado vital importancia en la historia reciente del país, para el desarrollo de trascendentales megaproyectos, nunca y menos ahora han sido protegidas directamente por políticas estatales; mas bien siempre se han privilegiado intereses de carácter internacional, muchas veces impuestos al estado mismo a través de los grupos poderosamente económicos del orbe.

En el foro regional sobre el desplazamiento en Antioquia realizado en abril de 1997, se concluyo que el modelo de desarrollo económico dominante que se pretende implantar en el país es una de las causas estructurales de este fenómeno. Este modelo define y prioriza la implantación de ciertos modelos económicos en las diferentes regiones.

Estadísticamente se encuentra demostrado que en las regiones del Urabá Antioqueño, el oriente y nordeste Antioqueño y últimamente en el Urabá Chocoano, donde existen importante intereses en tierras fértiles, en zonas ricas en recursos naturales y de potencialidad biogeográfica y biodiversa, es donde mas se registran desplazamientos forzados de población hacia otras regiones del país, especialmente hacia la capital Antioqueña.

El histórico conflicto armado en Colombia tiene sus raíces en la miseria, el hambre, la exclusión política, la ausencia de una verdadera reforma agraria y la falta de una real democracia.

En la raíz de la violencia y el conflicto está en la estructura del latifundio especulativo. Los grandes propietarios, que son sólo el 0,33% del total, cinco mil personas, pasaron de tener el 32% de la tierra en 1984 a tener ahora el 48%. Esta concentración se realiza mediante la expulsión violenta de las poblaciones rurales en beneficio de los megaproyectos multinacionales, viales, petroleros, mineros y de control de la biodiversidad. Utilizan la violencia para sacar a campesinos y afrocolombianos mediante tales proyectos y explotaciones que destruyen las culturas y pueblos indígenas y el medio ambiente, imponiendo políticas que desconocen la propiedad ancestral (de nuestros antepasados) de los territorios indígenas y afrocolombianos bajo el planteamiento que los indígenas y negros son obstáculo a las inversiones multinacionales.

Este sistema solamente puede sostenerse gracias a la ayuda militar extranjera, proporcionada en interés de las transnacionales petroleras, mineras, de electricidad, construcción, banca, salud y servicios públicos, que se han apoderado y se apoderan cada vez más de la economía del país gracias a la llamada globalización . Las transnacionales en este momento de altos precios del petróleo y el gas, de crisis de la energía en Estados Unidos y en la coyuntura crítica denominada desaceleración en la economía de Estados Unidos y otros países desarrollados, requieren un dominio mayor de la economía latinoamericana y un control mayor del petróleo y los recursos y empresas energéticas. Con esta intención adelanta el Plan Colombia que hoy ya es una Iniciativa Andina con bases militares en Manta (Ecuador), Araba y Curazao. En Colombia, una vez más constatamos las nefastas consecuencias del modelo neoliberal y sus políticas de ajuste estructural de la economía y desmonte de la inversión social y los institutos de fomento agropecuario del Estado, reflejadas en el incremento en el incremento del hambre y la miseria de la población rural y urbano marginal, así como el desplazamiento forzado de las comunidades campesinas, indígenas y negras de sus propios territorios, la imposición de planes internacionales orientados a mantener la denominación del imperialismo de las transnacionales, destruyendo nuestros naturales e intentando hacer desaparecer nuestra propia cultura y forma de vida. Es el neoliberalismo el que ha provocado el desplazamiento de la agricultura colombiana hacia los cultivos ilegales y las plantaciones de palma y el país hacia la violencia y la pobreza..

Según la revista Coyuntura Económica. Vol. XVIII de septiembre de 1988 el área total de marihuana cultivada en Colombia no ha sido nunca superior a 10.000 hectáreas y se afirma que en años recientes se han cultivado mas de 15.000 hectáreas de coca. El doctor Herenando José Gómez, economista, afirma: "En el periodo 1968 – 1988 se ha pasado a cultivar alrededor de 25.000 hectáreas de coca... principalmente en zonas localizadas en el Caquetá, Guaviare, Vaupés y Putumayo".

Según articulo publicado en la revista Semana de noviembre de 1988 afirma: "Cálculos oficiales señalan que durante 1989 se han comprado en el país 149.000, hectáreas con el dinero del narcotráfico cuyos capos tendrían otras 300.000 repartidas en todo el país" .

Y la revista Economía Colombiana de febrero de 1990 señala: "Los narcos tendrían el 4.3% de las tierras del país... Estas propiedades se encuentran en gran parte en, Córdoba, el cuadrilátero conformado por los municipios de La Dorada – Puerto Salgar – Puerto Triunfo – Puerto Boyacá; el norte de Antioquia, en Caquetá, Meta, Sucre y Atlántico, en las riberas del Cauca Antioqueño y en la Intendencia de Casanare. De manera reciente las inversiones en tierras por parte de los narcotráficantes, se han dirigido hacia la Sabana de Bogotá, y las zonas cafeteras de la región del Viejo Caldas..."

Para 1994, el gerente del INCORA indicó que aproximadamente 3 millones de hectáreas de tierra estaban en manos de los narcotráficantes.

Los procesos de relatifundización acelerados por los convenios de apertura económica han sido causantes de los episodios mas violentos en la historia nacional. Se reitera como la acumulación de tierras en pocas manos ha sido la causa fundamental de los conflictos de clase librados en América Latina, y especialmente para el caso colombiano. Esta concentración de tierras no solo ha contribuido a la implementación de la industria a costa de salarios miserables; a la urbanización del país sin planeación y sin control demográfico; sino que ha motivado la generación de conflictos armados con el surgimiento de la Guerrilla como opositora del régimen de Estado, los grupos narcotráficantes con su brazo sicarial de defensa y aniquilación de posibles "obstáculos" a sus intereses y el paramilitarismo. Los dos últimos como brazos derechos del Estado para la generación de la Guerra Sucia y la garantía de impunidad frente a sus crímenes. En este mismo paralelo se ha permitido y alimentado la injerencia imperialista de los EE.UU. condicionando el modelo de desarrollo económico para Colombia y dejando a estos apropiándose de nuestros recursos bioenergéticos.

2. Los efectos del neoliberalismo y la apertura incondicional:

La apertura incondicional de la economía colombiana en homenaje al libre comercio, con la liberación total de las importaciones, especialmente en la década de los años 90, produjo notables cambios. Colombia se convirtió en importador de alimentos y de materias primas industriales de origen agropecuario: maíz, arroz, papa, fríjoles, sorgo, algodón, huevos de gallina, carne de pollo, aceites vegetales y otros que había llegado a producir a lo largo del siglo XX. Era la victoria final del gobierno de Ronald Reagan y de las recomendaciones del Documento Santa Fe I, que le preparó un grupo de expertos, formado por L. Francis Bouchey, Roger W. Fontaine, David C. Jordan, Gordon Sumner y Lewis Tambs, quienes le fijaron el siguiente alcance político, militar y económico, como dice el título de ese Documento: "Las relaciones interamericanas: escudo de la seguridad del nuevo mundo y espada de la proyección del poder global de Estados Unidos". En materia de desarrollo de la agricultura indicaron: "El suelo, el clima y los costos relativos de la mano de obra en relación con la tecnología dan a Estados Unidos ventaja en el costo de producción para cereales y legumbres vis a vis de México, América Central y el Caribe". Añadieron que el maíz y el fríjol, por ejemplo, son productos básicos en la dieta de muchos de esos países. Recomendaron entonces; por vía de ejemplo de lo que debería hacer la región, que "los minifundistas de Guatemala o Nicaragua", o sea, los pequeños agricultores de la región, "podrían recibir un ingreso mayor convirtiéndose a la producción de cultivos comerciales tales como espárragos, frambuesas, etc., para vender al mercado norteamericano, y comprar a cambio maíz importado de Estados Unidos".

• Concepto de propiedad privada.
• División y delimitación de la tierra.
• Comercio de la tierra y sus productos.
• Masacre de indígenas.
• Mestizaje.
• Tributos indígenas.
• Ocupaciones de tierra por petición. (Hacienda institucionalizada, arriendo territorial, abastecimiento de esclavos, aparcerías, jornal, despojo por colonos, titulo de propiedad - terraje -, acumulación de tierras heredadas, bonos territoriales, censos y capellanías, Liberalismo Económico - mercado como ente civilizador -).
• Regeneración, centralización del Estado, ingreso del "Imperialismo", privilegios a multinacionales sobre recursos naturales y proyectos de infraestructura.
• Enclaves semicoloniales, imponiendo condiciones particulares del capital. Ejemplos: Chaux-Folson ley 80 de 1931. Colombian Petroleum Company y South American Gulf 400.000 Hectáreas en el catatumbo por 50 años. Texas Petroleum Company en Puerto Boyacá.

• Ley 74 de 1926, modernización jurídica que esgrime la Fundación Social de la Propiedad.
• Gobierno de Olaya Herrera se impulsan las parcelaciones y la colonización dirigida (Sumapaz).
• Ley 200 de 1936 Extinción de dominio por 10 años. (López Pumarejo)
• Ley 100 de 1944 extinción de dominio por 20 años.
• 1950 "Periodo de la Violencia".
• 1958 acuerdo de devolución de propiedad a desplazados.
• 1959 "Alianza para el Progreso", posterior a la victoria de Cuba.
• Ley 135 de 1961 constituye el INCORA.
• Decreto 765 de 1967 crea la ANUC
• Ley 1° de 1973 tipifica como delito las recuperaciones de tierras de la ANUC.
• 1984 se inicia el proceso de paz que se llamó el "Gran diálogo Nacional", nuevo fortalecimiento del paramilitarismo.
• Ley 30 de 1988 adecuación y explotación de tierras.
• Ley 139 de 1994 reforestación industrial.
• Ley 160 y de orden público de 1994, expropiación a tierras aledañas a pozos petroleros.
• Ley de ordenamiento territorial
• En la actualidad la política de tenencia de tierras del gobierno tiene como objetivos:

En Colombia encontramos un caso recurrente de la historia capitalista: podríamos hablar a grandes rasgos de tres periodos enormemente violentos, de una verdadera guerra civil donde, al tiempo que se recrudece cada vez mas la confrontación y la polaridad de clases, constituye momentos que alumbran nuevas fases del régimen de producción imperante.

El primero se dio a finales del siglo XIX a través de tres guerras civiles nacionales, cuyo móvil principal tras su aparición doctrinaria sería la búsqueda de hegemonía oligárquica en torno a un estado nacional que impulsara el proyecto exportador- consolidado en sus postrimerías al rededor de la floreciente economía cafetera.

El segundo momento lo constituiría la famosa violencia de mediados del siglo XX la cual nos obliga a precisar el gran problema agrario acumulado en Colombia desde fines de los años 20, y la consiguiente frustración de su esperada solución con el reformismo de López Pumarejo (1934 1938 - 1942 1945). Y como su resultado se instauraría la vía Yunquer (Terratenientes) de desarrollo agrícola y se erigiría la burguesía industrial desde la sustitución de importaciones, pero compartiendo su poder con la vieja elite terrateniente y comercial - exportadora, la cual depararía un proceso lento de modernización capitalista, con una marcada desigualdad y opresión social, el tercer periodo todavía en curso, que, estándose en las postrimerías de la "violencia", adquiriría su propia fisonomía y magnitud al rededor de los años 70.

Es un periodo que denota claramente una guerra por el poder político entre diversas fuerzas de izquierda con raigambre principalmente campesinas y las clases dominantes.

El tercer periodo es el que podríamos denominar neoliberal y que se configura desde la administración Pastrana Borrero (consolidando la vía yunker, iniciando el desmonte del estado benefactor y entronizando la burguesía financiera) se exacerbó la etapa terrateniente-narcotráfico y para los noventa , donde se organiza el proyecto político del estado con la anuencia del imperialismo.

Ahora bien interesa resaltar una característica en común la vinculación del auge económico o la bonanza de algún sector de la economía por la lucha por el control político y territorial que garantiza el usufructo de sus súper ganancias.

Tratamos ahora de desarrollar de establecer conclusiones claras de los diversos aspectos analizados y su ligación con las tendencias actuales de la guerra que se libra el país.

• Lo primero que resalta es una profundización estructural y constante del desarrollo de las fuerzas productivas del país por la vía reaccionaria (Yunker o Prisiana), que connota una lenta y traumática transformación de la hacienda en empresa capitalista agraria. Desarrollo parcial e intermitente que refleja tanto las pugnas ínter oligárquicas y la cada vez mas acentuada polarización de la lucha de clases cuyo escenario principal lo ha constituido el campo, así como lo intereses imperialistas con su división internacional del trabajo y su cambiante correlación de fuerzas.
• Queda clara la relación existente entre el proceso de descomposición del campesinado resultante de la violencia histórica (Económica de marginamiento y política de represión) y los desplazamientos forzados a que hoy se ven sometidos los pobres del campo de parte del estado, y muy particularmente con su política paramilitar así se intenten velar sus nexos orgánicos existentes.
• Generalmente este elemento fundamental de la historia social colombiana no se ha abordado en su dimensión y se oculta tras el plateo de problemas mas genéricos como el de las migraciones y el de la "Violencia".
• Es importante destacar el vinculo indisoluble entre el mercado mundial imperialista y la orientación agro exportadora del país, a través de su historia de desarrollo capitalista, la cual ha llevado a la acentuación de nuestra dependencia.
• La división internacional del trabajo como es llamada la selección que hacen los países imperialistas de los países oprimidos en cuanto a su producción y por ende ante sus posibilidades de comercio, determina un país sin posibilidades de desarrollo moderno, cerrándole las puertas para solucionar el gran problema agrario de una forme democrática, en aras del fortalecimiento de la nación y particularmente del pueblo trabajador colombiano. La implementación de dicha División del Trabajo se efectuó primero a través de la ubicación de Colombia como agro exportador del monocultivo (café); y hoy en día se perfila como portador de energéticos (Energía eléctrica y fósil petróleo, carbón y gas natural), lo cual incentiva el latifundismo como patrón en cuanto a tenencia y explotación de la tierra y agudiza la política de saqueo de recursos no renovables, los cuales, son explotados con base en concepciones de extensos territorios.
• Por ultimo se destaca la táctica paramilitar como la mas afín al estado colombiano en función de ajustarse a las condiciones del desarrollo aquí expuestas, y particularmente a los intereses del imperialismo. Todo ellos porque: Hace la limpieza social necesaria en tierras con grandes proyectos de inversión nacional e imperialista "Megaproyectos" para que los oligarcas, luego de apropiarse de hecho a precios mínimos se beneficien con su especulación ante su inminente valorización. Tierras que en ultimas son sustraídas a la producción agrícola, disminuyendo el área sembrada de productos, aumentando la dependencia agroalimentaria del país, mientras aumenta la deficiente ganadería extensiva de latifundio.
• El paramilitarismo combate toda base social progresista así no sea revolucionaria.
• Es una fuerza de choque alterna y complementaria al ejercito (Segundo Ejercito- Álvaro Uribe Vélez) que amplia sus posibilidades de maniobra "operaciones encubiertas" ilegales e inscritas dentro de la doble moral del proceso de "Humanización de las FF.AA." pues presenta tanto nacional como internacionalmente a la represión oficial como la legitima, ajena e incluso opositora de la pugna, "Ilegitima, Irracional y de control de la droga" entre paras y guerrilla. De paso posibilitando la obtención de recursos para aumentar la represión (Como en el caso de mas de U$ 1000 millones aprobados por EE.UU.). De allí que busquen una reconocimiento propio de beligerancia "Alejados del Estado", apoyados por los medios de comunicación.

Queda claro como a lo largo de la historia colombiana la violencia ha promovida y acompañada por las diferentes elites locales nacionales e internacionales, respaldada incondicionalmente por los medios masivos de comunicación social e impulsada por el Estado y sus instituciones, la guerra sucia ha sido el pan diario de millones de colombianos sin su participación voluntaria en la misma. La avaricia por la tenencia de la tierra y su sobreexplotación a hecho que unos pocos concentren en sus manos la riqueza, para que millones carguen a cuestas la miseria y la muerte injusta. El paramilitarismo entonces es una estrategia de Estado con fines socio político, macro económico, y militar definidos. No son fruto de la casualidad, ni nacen solo como expresión de ofensiva contraguerrillera; no es un fenómeno accidental o espontáneo, surge y se desarrolla en el proceso de lucha de clases y sirve a los intereses de los sectores dominantes; es diseñado estratégicamente con el fin asegurar la obtención y mantenimiento del statuo quo para el Estado, conteniendo por el uso de la fuerza irracional y la barbarie toda manifestación social que sea reivindicativa y por ende opositora de las practicas y dictaduras de Estado.

Queda, además, ampliamente demostrado a través del texto como el Estado ha utilizado diferentes mecanismos no solo meramente bélicos para la implementación de su proyecto paramilitar; es así como desde la legislación, hasta la utilización de figuras políticas que buscan la legitimación de dicho proyecto y garantizan la impunidad sobre el mismo con el fin de no versen involucrados públicamente en dicho proyecto.

Pero a la par de dichas estrategias asesinas queda un pueblo que se resiste a la muerte lenta e indigna, y se levanta en aras de construir proyectos autónomos, reivindicativos y de vida. Sectores poblacionales continúan elaborando su tejido vital a base de solidaridad, verdad y colectivo. La esperanza sigue siendo impulsora de expresiones de vida. Es la RESISTENCIA desde diversas expresiones armadas o no alzadas en armas la manera que tiene el pueblo de defenderse y contrarrestar la ofensiva por años impuesta desde el estado nacional, las elites dominantes, las macroeconomías internacionales y sus fuerzas militares oficiales y extraoficiales.

Recién instalado el gobierno de Samper y nombrado como ministro de defensa Fernando Botero, a finales de 1994, en el Congreso de la Federación de Ganaderos en Cartagena, anuncio públicamente la creación de Cooperativas de seguridad Social, para entrar a satisfacer las demandas sobre seguridad que exigían los terratenientes, ganaderos y otros sectores de la oligarquía nacional.

Este anuncio, hecho por Fernando Botero, sobre la creación de las CONVIVIR, tuvo el aval incondicional de la extrema derecha del país. Pero mucho antes de que a Fernando Botero Zea se le ocurriera la idea de las CONVIVIR, en muchas partes del país ya existían cooperativas de seguridad rural, para combatir los hurtos en las fincas, boleteo, extorsión y secuestros y sobre todo como una estrategia de guerra para combatir a los opositores sociales de la oligarquía y los dueños de las multinacionales.

Las CONVIVIR, son una de tantas figuras a través de las que se encubre las autodefensas o grupos paramilitares, que tienen sus antecedentes en el desarrollo histórico de la confrontación de clases, solo que su operaciñon y existencia legal han ido evolucionando paralelamente al desarrollo del modelo de estado de nuestro país.

Durante el Gobierno de Guillermo León Valencia 1962-1966 se trajo al país una misión militar Norteamericana, encabezada por el General William Yarborougth; quienes recomendaron crear organizaciones nuevas de tipo antiterrorista y en 1969 se empiezan a desarrollar estos grupos. En 1920 cuando se desarrollaban significativas luchas obreras a la cabeza de Torres Giraldo y María Cano, ya operaban escuadrones de muerte, que sembraron el terror entre los dirigentes populares en las huelgas bananeras y cementeras.

En 1948 se generaron grandes disputas por la tenencia de la tierra, sindo desatada una fase de violencia que lleva mas de cinco décadas, cuyo origen es la forma desigual en la que se ha distribuido el territorio, para este mismo periodo se agudiza la violencia bipartidista y se recurrió a figuras paramilitares como los Pájaros Conservadores y Cachiporros liberales que servían desde la clandestinidad a la burguesía para recuperar o ganar territorio, aumentar sus tierras y consolidar poder en esas regiones.

Durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo se expidió la ley 48 de 1968 que protegía los dominios territoriales de los terratenientes y sustentaba como principio natural que estos fueran los verdaderos y únicos dueños de la tierra.

En 1979 bajo el gobierno de Turbay Ayala se incrementaron los grupos paramilitares con el auge del narcotráfico logrando configurarse el narcoparamilitarismo, que ha tenido su mayor acción delictiva en las décadas del ochenta y noventa, con varias masacres siendo protagonistas principales narcos como: Fidel y Carlos Castaño, Victor Carranza y Orlando Henao Zapata. Los narcos han extendido su poder económico político y militar, a zonas como Urabá, donde convergen grupos insurgentes como las FARC EP, ELN, los grupos de Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, disidencia de estos grupos, comandos populares y Autodefensas de Necoclí con la declaratoria de zona especial de orden público (25 Junio de 1996), lo único que se ha conseguido es el incremento de la mas cruenta violencia que haya soportado región alguna en Colombia en los últimos años (1987 a 1997).

Durante el Gobierno de cesar Gaviria se crearon las CONVIVIR, mediante decreto 336 de 1994 y se institucionaliza y formaliza mediante la ley 68 de 1994 y el decreto 368 de 1995.

Las CONVIVIR fueron oficializadas por el superintendente de esa época, Hernán Arías Gaviria, quien las define como:

"El servicio especial de vigilancia que opera en zonas de alto riesgo para devolver la tranquilidad y convertirse en aliadas de la fuerza publica. Se crearon unas redes de información que permitan denunciar los hechos de alteración del orden publico, Son mas que todo una actitud frente a los problemas de seguridad del área rural".

Como podemos analizar las CONVIVIR tienen un sustento en la normatividad con los decretos 356 de 1994 y la resolución 368 de 1995 que las incorpora al ordenamiento jurídico pretendiendo con esto ir avanzando en la legalización del paramilitarismo, con sus argumentos de necesidad y seguridad ciudadana; es por ello que las legaliza; sin embargo el origen verdadero de estas convivir esta en el ceno de las luchas de clases.

Según el decreto 356 de 1994 en su articulo 39 las define como: " Servicio Especial de Vigilancia y Seguridad Privada, como aquel que en forma expresa, taxativa y transitoria puede autorizar la Superintendencia de vigilancia y seguridad privada, a personas jurídicas de derecho publico o privado, con el objeto exclusivo de proveer su propia seguridad para desarrollar actividades de alto riesgo o de interés publico, que requieren un nivel de seguridad de alta capacidad. Parágrafo. Se considera especial un servicio de vigilancia y seguridad privada, cuando debe emplear armas de fuego de uso restringido y actuar con técnicas y procedimientos distintos a los establecidos para otros servicios de vigilancia y seguridad privada debiendo obtener aprobación del comité de armas del Ministerio de Defensa Nacional".

Esta definición dada por la ley y sustentado como un servicio especial que pueden ejercer personas de derecho publico o privado, para desarrollar actividades de interés publico, encierra ciertas contradicciones tácticas. Por ejemplo: Cual es su responsabilidad y ante quien?, Cual es el fin?, Quienes la conforman?, Cuales son consideradas actividades de interés publico?, al ser este decreto tan ambiguo, se puede interpretar como una desviación de la responsabilidad del Estado frente a su accionar criminal.

Esta ambigüedad de orden jurídico obedece a la estrategia por la cual el mismo Estado crea las normas para sostener y perpetuar su dominio sobre la población y sus bienes.

Los tramites a seguir según el articulo 40 del decreto 356 del dos de febrero de 1994 son:

• Póliza de manejo, diligencia de formulario y presentación de una hoja de vida de los socios, fotocopia de las cédulas, certificados judiciales, y la delimitación de la zona de operación. Luego de estudiar estos documentos por funcionarios de la Secretaria de Gobierno Departamental se otorga el permiso. De esta forma cualquier que llene los requisitos pueda conformar su propio ejercito paramilitar o de "seguridad privada".

En relación con lo anterior algunos alcaldes se quejaban sobre la creación de dichas cooperativas en su jurisdicción sin previo conocimiento, a lo cual se refiere la ex alcaldesa de Apartadó Gloria Cuartas "Las Convivir se han convertido en un factor mas de violencia en la zona de Urabá y estas han sido creadas sin consultar a los alcaldes", a lo cual respondió el Secretario de Gobierno Departamental para 1994 Pedro Juan Moreno Villa " No tenemos legalmente que consultar a los alcaldes para su creación, no hay necesidad de comprometerlos, pues las autoridades departamentales se limitan a cumplir la ley y esta establece que después de que los grupos de vigilancia privada reciban la personería jurídica, los interesados en conformar las Convivir deben solicitar la licencia de funcionamiento ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para finalmente pedir la aprobación ante la Brigada Militar"^_

Según esto no es necesario informarle a los alcaldes sobre la creación de las Cooperativas Rurales de Vigilancia CONVIVIR. Ocurriendo lo contrario al informar de manera oportuna a la Policía y al Ejército para que operen coordinadamente ciertas tareas de " violencia privada, de lucha contra la subversión y la delincuencia común. ¿ a caso no son estas funciones exclusiva de los militares?, ¿ Serán estas funciones de vigilancia privada?.

La mayoría de sus miembros son reservistas del Ejército y de la Policía o han sido soldados profesionales, también se le paga a varios informantes, gente común del Municipio o del barrio, que se han caracterizado por ganarse la confianza de los opositores, ya sean porque hayan sido milicianos, excombatientes de la subversión, delincuentes o sicarios al servicio del narcotráfico. Lo importante es que son Militares que pasan por civiles desapercibidos, bien diferente es la configuración de los vigilantes rasos de Empresas de Vigilancia Privada a las características o perfil psicológico que debe cumplir el integrante de las CONVIVIR, donde necesariamente tiene que actuar como sicario a sueldo para cumplir tareas de alto riesgo Militar.

Otra es la configuración de quienes la organizan, dirigen y financian, estas son personas adineradas como terratenientes, industriales, empresarios, narcotraficantes y dirigentes políticos, todos ellos defendiendo un mismo interés de clase.

Los miembros de las CONVIVIR son jóvenes capacitados para ejercer la violencia, para matar, atropellar, desterrar, amenazar, aterrorizar, están adiestrados para sembrar terror, de ahí que se explica que los más corruptos y perversos de los Militares en servicio se presten para la configuración de estos grupos.

Bajo un contrato laboral donde los empleados se le distribuye turno de trabajo, durante las 24 horas del día; hay contactos por radio y un vehículo ubicado en cada punto estratégico; reportan por radio cualquier actividad que consideren sospechosa .

Esto es la parte de seguridad, pero en algunas regiones se han dedicado a la promoción de actividades sociales, como en de Urabá, donde han impulsado a la población para que conjuntamente reparen escuelas, formen cooperativas de limpieza y monten cultivos de pescado. En otros lugares han promovido torneo deportivo, de capacitación y de autoconstrucción de cooperativas de cañicultores y caficultores como en Quindio y Caldas.

¿Son a caso estas tareas preocupación cotidiana de la vigilancia privada?. Es coincidente la estrategia utilizada por las CONVIVIR, con la estrategias que utiliza el ejército donde combina tareas de vigilancia y represión, con campañas cívico - militares, tratando de ganar con esto imagen positiva ante la población y lograr legitimar sus actos opresores. Operan conjuntamente con el ejército, en zonas donde hay presencia subversiva, como lo demuestran las denuncias hechas por la Organizaciones de Derechos Humanos. Ejemplo de lo anterior las brigadas medicas y de recreación promovidas y/o realizadas por la Armada Nacional en algunos municipios y veredas del bajo Atrato durante el año de 1997, dichas poblaciones fueron posteriormente aniquiladas por el paramilitarismo a través de continuas masacres, desapariciones y asesinatos selectivos obligando a que los habitantes se desplazaran hacia Quibdó o diferentes cabeceras municipales cercanas.

En el Magdalena Medio y Urabá, la Guagira, Cesar, Sucre, Chocó, Sur de Bolívar, Cundinamarca, Meta, Vaupes, Santanderes, Nariño, Valle del Cauca, Putumayo y Antioquia. Las CONVIVIR son un mecanismo que dota de legitimidad a los grupos de particulares armados bajo la dirección y asesoría de la fuerza pública. tal política de estdo aviva la violencia en la región.

"La imposibilidad de generalizar las CONVIVIR coloca las acciones paramilitares como "ilegitimas", pero, al propio tiempo, los paramilitares reconocen abiertamente buscar "recuperar espacio territorial y control político para el Estado". Y no es gratuito que la búsqueda de control territorial por parte del Estado sea una prioridad actual para posibilitar la implementación de los diversos Planes de Desarrollo".

Para el año de 1998 según reporte de la Superintendencia de Seguridad y Vigilancia Privada, se hablaba de 507 y el Director Nacional de la Confederación Nacional de las CONVIVIR Carlos Alberto Díaz, establece que son 700 en todo el País y con un número aproximado de 9633 armas lo que equivale a un arma por cada hombre. Cuantos millones de dólares hay que invertir para sostener estas Cooperativas?

Esto explica su presencia en zonas ricas, donde hay control del narcotráfico y el capital monopólico.

En Antioquia operan las siguientes CONVIVIR, entre otras: SantaFé de Antioquia, Anzá, San Pedro, Bello, Ebejico, Betulia, Heliconia, Concordia, Salgar, Bolivar, Hispania, Betania, Andes, Jardín, Támesis, Valparaiso, Jericó, Tarso, Turbo, Frontino, Amalfi, anorí, Fredonia, Venecia, Armenia, Titiribí, Santa Bárbara, Amagá, Caldas, El Retiro, La Unión, El Carmen, Rionegro, Girardota, Santa Rosa, Santo Domingo, Puerto Berrío, Pueerto Triunfo, Segovia, Guadalupe, Puerto Nare y Medellín.

Un estudio de la universidad Nacional sobre las CONVIVIR ubica de esta 48 Cooperativas en los 88 municipios Antioqueños, donde los narcotraficantes han iniciado una contrarreforma agraria. Esto indica que las CONVIVIR, se han configurado en zonas donde el narcotráfico ha comprado terrenos, y el vínculo estrecho entre el paramilitarismo con la lucha por la tenencia de la tierra, a persecución y exterminio a la oposición social.

En denuncias reciente de los habitantes de las Comunidades Etnicas del Choco y el Bajo Atrato ante Organismos de Derechos Humanos declararon:

El Decreto 359/94 en su articulo 42 establece las siguientes funciones:

1. Estas entidades fundamentarán sus funciones en el uso de las comunicaciones.
2. Tendrán una función de carácter defensivo y preventivo.
3. Guardarán estrecha relación con la Fuerza Pública y con las Autoridades civiles y proporcionarán información e inteligencia a las instituciones Estatales.
4. Tendrán un ámbito de acción delimitada claramente por la autoridad y preferencialmente actuarán a nivel veredal.
5. En forma excepcional y desarrollo de las normas vigente sobre porte y tenencia de armamento será posible entregar armas de defensa personal a los miembros de ñas asociaciones, en los casos que sea necesario, previo concepto del Comando de las Fuerzas Militares.

Si analizamos estas funciones, frente a las explicaciones dadas por los gobernantes encontramos contradicciones en su accionar:

En lo que respecta a las comunicaciones : Se debe informar de forma preventiva sobre los hechos sospechosos de la delincuencia común; sin embargo. Serias denuncias demuestran los atropellos y abusos de las CONVIVIR; por ejemplo en la Defensoría del Pueblo se conoció un comunicado de las Cooperativas Rurales de la Seguridad del Norte del Cauca. Dentro de los objetivos que se trazan. Dice lo siguiente:

" Construir redes de información locales que nos permitan recopilar la inteligencia suficiente para suministrar a las autoridades antiguerrilleras de cada región, para que estas las lleven a feliz término...eliminar físicamente a las personas de la siguiente lista, reconocidos delincuentes por nuestros informantes locales (aparecen los nombres de 100 personas con la ubicación a la región a que pertenecen), y terminan diciendo "continuaremos informando a la población de nuestros operativos y de los nombres de otros peligrosos elemento en nuestra lista. (De esta lista han fueron asesinados hasta 1998, diez personas)".

Igualmente para el caso de sectores como Manrrique Oriental de la ciudad de Medellín las CONVIVIR se convirtieron en "reguladoras sociales" imponiendo a los habitantes horarios de entrada y salida del sector, control sobre los alimentos y el uso de vestimenta de los pobladores; en esta medida han cometido asesinatos contra pobladores que no se ajustan a sus normas de represión o que desarrollan actividades como la prostitución y la mendicidad; actividades que a criterio de las CONVIVIR ponen en "riesgo la armonía y la sana convivencia de la comunidad".

Estas denuncias, demuestran que las CONVIVIR no son tan solo canales de información y comunicación con las Autoridades sobre la presencia de delincuencia común y de la subversión en las zonas rurales y urbanas. No, las CONVIVIR, se abrogan el derecho de señalamiento y ajusticiamiento, inclusive desbordando sus funciones de carácter defensivo y preventivo ya que su forma de actuar es a través de : Señalamientos, amenazas, chantajes, homicidios, masacres, desapariciones y han generado desplazamiento de comunidades enteras; donde la información al Ejército sobre la presencia de subversión es solo el pretexto para que implanten el terror.

Las funciones de las CONVIVIR están trazadas dentro de lineamientos de la doctrina de la seguridad nacional para ejercer control sobre la población, combatir la oposición y generar acumulación de tierras para el desarrollo de megaproyectos, consolidare como poderes locales, los cuales buscan desde una posición de extrema derecha a nivel ideológico, sostenerse en el poder y acumular muchas más riquezas.

Los miembros de las CONVIVIR están más preocupados por combatir al enemigo interno, que genera estrategia de seguridad a la ciudadanía. Para ello, opera sobre la población civil, el perfil de sus víctimas es en su gran mayoría son campesinos, humildes trabajadores, delincuentes con algún antecedente penal, prostitutas, homosexuales , drogadictos y gamines, es decir, los más llamados desechables sociales.

"Resulta curiosa la coincidencia entre el inicio de hechos de limpieza social con la entrada en funcionamiento de las CONVIVIR en Medellín, varios de los asesinatos de indigentes y homosexuales en los últimos meses, han ocurrido en el radio de acción de la CONVIVIR , ejemplo de anterior lo ocurrido durante entre los años 2000 y 2001 en la etapa previa a la construcción de la Ciudad Botero, construcción que se realizó con el fin de " embellecer" y "dar a la ciudad un rostro de cosmopolita" siendo su efecto la exclusión y aniquilamiento de grandes masas humanas que en su entorno se dedicaban a actividades como las ventas ambulantes, el reciclaje y la prostitución entre otros.