María Urruzola, Brecha

Una de las acusaciones más sugestivas que pesan sobre el Fondo Monetario Internacional es su política de secreto. Los acuerdos con los países no se dan a conocer o, en caso de ser publicados, a veces lo son después de haber sido "limpiados" de informaciones importantes, como algunos criterios de medición del éxito de un programa o de su suspensión, o los plazos reales.
De la misma forma se mueven los gobiernos concernidos por la firma de cartas de intención, lo que es peor aun porque ocultan información a la ciudadanía en nombre de la cual actúan y que sufrirá los acuerdos realizados. Violan así, esos gobiernos, uno de los derechos humanos básicos establecidos en prácticamente todas las constituciones: el derecho a la información. El ya famosísimo Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía 2001, ex asesor de Bill Clinton y ex economista jefe del Banco Mundial y su vicepresidente hasta 2000 -al que renunció empujado por sus discrepancias con el Tesoro estadounidense- escribió que "en el estilo de acción del FMI, los ciudadanos (un fastidio, porque demasiado a menudo se resisten a apoyar los acuerdos y más a compartir las percepciones sobre lo que es una buena política económica) no sólo fueron marginados de las discusiones de los acuerdos, sino que ni siquiera fueron informados sobre su contenido. (...) En algunas ocasiones me encontré con directores ejecutivos (como se llama a los representantes que las naciones nombran conjuntamente para el FMI y el Banco Mundial) que no sabían nada".
El asunto viene a cuento porque desde el mediodía del miércoles 21 hasta las 16 horas de ayer jueves, casi al cierre de esta edición, BRECHA protagonizó un involuntario "sainete teléfonico" en pos de la versión oficial de la carta de intención firmada por Uruguay, que resultó no estar publicada formalmente en absolutamente ningún sitio web: ni en el del FMI, ni en el de Presidencia de la República, ni en el del BCU. En el Banco Central manifestaron sorpresa, en la oficina del FMI en Montevideo -ubicada en el propio BCU- también, aunque en una segunda conversación (ayer) con el propio representante del FMI, el suizo-chileno Andreas Bauer, adujeron "complicaciones técnicas" para explicar el retraso en la publicación, mientras que en la Secretaría del ministro de Economía el miércoles contestaron que Alejandro Atchugarry acababa de dar la orden de publicación y el jueves informaron que la autorización al FMI había sido firmada el miércoles 14 y que "en breves minutos" la carta sería publicada en la página web del BCU.
Parece de mínima responsabilidad que los actores sociales -entre los cuales la prensa- no pierdan de vista esa tendencia al "secretismo" del FMI y el antecedente de la reciente actuación del gobierno uruguayo en el caso del Banco Comercial, sobre el cual la ciudadanía se desayunó bien tarde de que la capitalización de los socios privados era en realidad un préstamo al gobierno, recuperable en diez años; es decir que se mintió oficialmente. La suspicacia no está de más cuando los acuerdos con el FMI penden de realidades que varían semana a semana o mes a mes -el realizado en junio murió antes de ser implementado-, y cuando toda carta de intención conlleva de oficio la elástica frase de que "el gobierno permanece preparado, en consulta con el Fondo, para tomar cualquier medida adicional necesaria para asegurar el éxito del programa".
(Siendo las 15.01 del jueves, la página web del BCU no registra novedades, y siendo las 15.10 tampoco el anexo Uruguay de la página del FMI.)
Sobre la necesidad de un acuerdo con el FMI se pueden tener muchas opiniones, pero algunas francamente no, salvo que el objetivo sea tomarle el pelo a la ciudadanía. Que el jefe de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía, Isaac Alfie (uno de los negociadores con el Fondo y sospechoso de tráfico de influencias por haber retirado sus ahorros antes del feriado bancario) diga, para desmentir que hubiese intenciones políticas por parte del FMI, que esos "funcionarios, encabezados por Aninat, tuvieron una actitud profesional, como siempre" y sentencie "son técnicos" como gran explicación, movería a risa si no fuese por las lágrimas que dicho acuerdo le costará al país todo, en particular a los más débiles.
Esos "profesionales", meros técnicos, no supieron intuir la crisis de México de 1994, tampoco la del sudeste asiático de 1997 (poco antes el FMI había pronosticado un fuerte crecimiento), ni menos la de Rusia, en 1998, la de Brasil en 1999, y ni que hablar de la de Argentina, amiga "carnal" de Estados Unidos, hace tan sólo unos meses. Y se supone que ésa es justamente su función: prever, en base al análisis de la situación macroeconómica de cada país. Resulta que se trata de gente que sabe de recetas ideológicas y de números pero no de economía, que concierne a seres humanos en actividad, con sus tripas y sus sueños.
"¿Qué podía hacer yo para concretar el sueño de un mundo sin pobreza? Sabía que la tarea era ardua, pero jamás imaginé que uno de los mayores obstáculos que afrontan los países en desarrollo se debía a seres humanos y estaba justo al otro lado de la calle, en mi institución 'hermana', el FMI", escribió Stiglitz. "Al FMI la falta de conocimientos detallados (sobre cada realidad) le parece poco importante, puesto que tiende a adoptar el mismo enfoque ante cualquier circunstancia", agregó, lamentándose que los funcionarios del FMI no tengan prácticamente formación sobre temas de desarrollo, capítulo esencial para los países que necesitan de su ayuda. "Profesionales", en el sentido que establece el diccionario, no hay duda que los funcionarios del Fondo lo son: "actividad permanente que sirve de medio de vida". Pero eso no es sinónimo de sapiencia, ni de eficiencia, ni de creatividad. "Al FMI no le interesa especialmente escuchar las ideas de sus 'países clientes' sobre asuntos tales como estrategias de desarrollo o austeridad fiscal. Con demasiada frecuencia el enfoque del Fondo hacia los países en desarrollo es similar al de un mandatario colonial", agregaba Stiglitz.
Los burócratas internacionales ("símbolos sin rostro del orden económico mundial"), egresados de las mejores universidades de los países desarrollados y a menudo oriundos de esos países o hijos dilectos de las burguesías periféricas, responden en general a sus intereses personales, en el sentido de preservar un puesto que les permite vivir estupendamente en las principales capitales -enviando a sus hijos a las grandes universidades- y no lo arriesgarían jamás por defender el libre albedrío de los pobres del mundo. Por eso responden a las teorías de quien les paga el sueldo: el Tesoro estadounidense. Como reveló en Le Monde diplomatique Isabelle Grunberg, ex economista senior del pnud, "durante y después de la crisis asiática de 1997, el Departamento del Tesoro norteamericano saboteó en varias oportunidades las propuestas de creación de un Fondo Monetario regional para Asia, financiado por Japón, que habría facilitado la recuperación del continente. Los directores ejecutivos (representantes de los estados) en el FMI reconocen sin dificultad que sus decisiones sobre préstamos siguen al pie de la letra las recomendaciones de Washington".
Es que los Stiglitz, o los Ravi Kanbur -hindú, profesor de economía y de asuntos internacionales que también renunció en 2000 al Banco Mundial después de que su informe anual sobre el desarrollo cuestionara que el crecimiento por sí solo redujera la pobreza o la desigualdad y fuera vetado bajo presión de Washington- son la excepción por su valentía intelectual.
"Los ministros de Hacienda y los gobernadores de los bancos centrales suelen estar muy vinculados con la comunidad financiera; provienen de empresas financieras y, después de su etapa en el gobierno, allí regresan. Estas personas ven naturalmente el mundo a través de los ojos de la comunidad financiera" (Stiglitz).
Cualquier similitud con el caso del ex ministro de Economía uruguayo Alberto Bensión es pura realidad, que prueba que el equivocado es el prosecretario de la Presiencia Leonardo Costa (véase la última edición de BRECHA): el ministro no traicionó, porque siguió fiel a su comunidad original, la bancaria y financiera.
(Siendo las 16 horas la carta de intención aparece en el sitio web del Banco Central -11 páginas, con ausencia de una parte importante: el "Technical Memorandum of Understanding"-. La firman Julio de Brun -presidente del Banco Central- y Atchugarry. Y está sólo en inglés.)
El otro argumento que no es de recibo, porque es falaz, fue el esgrimido por el senador quincista Alberto Brause, para quien el acuerdo no debe asombrar porque son las condiciones que cualquier banco impondría a "una empresa en dificultades que necesita una ayuda adicional". El FMI no es un banco cualquiera. No es privado, su objetivo no es el lucro, funciona con el dinero de los ciudadanos del mundo y su nacimiento se debe al convencimiento internacional de que los mercados, justamente, necesitan "ayudas exteriores" que los mantengan dentro de cierta banda de flotación "socialmente necesaria" e impidan "ajustes disfuncionales". El FMI no debería estar para cuidar los intereses de los prestamistas privados, al menos si uno se guía por su declaración de principios e incluso por declaraciones de sus jerarcas. El 26 de noviembre pasado, Anne Krueger, número dos del Fondo e integrante de la administración Bush, anunció que el FMI estaba estudiando un nuevo mecanismo que permitiese a los países en dificultad financiera suspender los pagos de la deuda por un período considerable. El FMI podría obligar, en ciertos casos y para evitar el estallido de una crisis, a algunos acreedores privados a renunciar a parte de sus pretensiones. La verdad es que entre 1982 y 2002, México, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil y Argentina interrumpieron el pago de la deuda externa por períodos más o menos cortos, y el fantasma de la moratoria colectiva quita el sueño a más de un burócrata internacional, menos por la plata que por el ejemplo. Aunque según Krueger el nuevo mecanismo necesitaría una discusión que no llevaría menos de tres años, su enunciado público indica que el Fondo está viviendo una andanada de cuestionamientos mundiales producto de sus enormes errores y que necesita refundarse una nueva legitimidad, lo que está bastante alejado del razonamiento simplista de Alberto Brause. Tal vez el senador debiera leer el informe Meltzer, realizado a pedido del Congreso estadounidense y publicado en marzo de 2000, en el que se recomienda no reformar el accionar del FMI y el Banco Mundial sino acotar drásticamente sus cometidos, y por ende, reducir sus efectivos.
(Siendo las 18 horas del jueves, la página web del FMI sigue sin novedades, y la del BCU continúa sin incluir el "Technical Memorandum of Understanding". ¿Por qué será?)