Latinoamérica

MEXICO: MATAR O MORIR COMO FORMA DE VIDA.

Jorge Lofredo .
("Resumen Latinoamericano")

Me veo descubriendo descalzo un buen río de plantas ahogadas, me veo claramente lejano de aquí.
Silvio Rodríguez, 'Me veo claramente' (1997).

Si el problema de la tenencia de la tierra en Chiapas se constituye como una de las razones más urgentes a resolver ya por el nivel de enfrentamiento que suscita, en Oaxaca la disputa de origen agrario entre comunidades recrudeció hasta convertirse en una de las consideraciones más importantes que el gobierno estatal, y ahora también nacional, deberán afrontar pues, el pasado 31 de mayo, en una emboscada en Agua Fría se cobró la vida de por lo menos veintiséis campesinos. Junto a sus vecinos Chiapas y Guerrero, el estado de Oaxaca forma parte del enclave costeño bañado por las aguas del océano Pacífico en el sureste mexicano; una región rica en conflictos agrarios, guerrillas, cacicazgos, grupos paramilitares, disputas fronterizas, hambre, miseria, rezago, exclusión social con su población indígena y masacres.

I

Desde 1995 todas las masacres consumadas en la región sucedieron durante el mandato de un gobierno priísta, ubicadas geográficamente en estados del sureste donde está confirmada la presencia de grupos guerrilleros, los que cuentan con la más alta población indígena a nivel nacional; en cambio, la emboscada de Agua Fría se ejecuta bajo una administración federal de signo distinto. Esta no es una cuestión menor, pues pone en duda hasta la misma transición democrática post-priísta; al menos en lo que refiere a la 'cuestión indígena', su pobreza, marginalidad, rezago y vulnerabilidad al desenlace violento que asume cada disputa.
Como señala Lorenzo Meyer, la masacre del 31 de mayo "está siendo interpretada en otra clave: como una muestra y prueba del fracaso del nuevo orden democrático mexicano para enfrentar a las herencias negras de su antítesis, el viejo orden." ("El otro México profundo", en: Reforma, 13 de junio de 2002, pág. 13A). Magdalena Gómez ofrece una interpretación similar: "Ciertamente esta problemática forma parte de la herencia priísta; sin embargo, no se observa cambio significativo en la estrategia para enfrentarla." ("Focos rojos", en: La Jornada, misma fecha.) Ambas consideraciones abordan la cuestión desde el sistema político y la democracia, en particular desde el post-priísmo, como clave explicativa de la matanza; pero es cierto también que no se perciben cambios sustantivos entre el México actual y el priísta, pues no han variado las formas de dominación ni tampoco puede sostenerse que la cultura política mexicana haya variado cualitativamente.
La violencia es, también, una de las expresiones más descarnadas de la pobreza y que asuma la dimensión de matanza explica una realidad que no es compatible con ningún ideario político que se comprometa íntimamente con los ideales de igualdad, justicia y desarrollo. Pero si las masacres encuentran su desenlace con la impunidad de los asesinos, entonces toda respuesta encuentra una justificación, aún cuando la justicia se imponga a través de la venganza.
La forma en que se produjo la masacre, tanto porque fue planeada como así también por la inusitada crueldad desencadenada, es similar a las que ejecutan las bandas paramilitares o de guardias blancas, que son financiadas por autoridades locales o caciques. Pero como en esos grupos no está presente ningún compromiso ideológico sino que responden a intereses faccionales u operan según el mejor postor, todo se subsume a una situación predeterminada, como puede ser un conflicto de larga data, y que en este caso se enmascara de disputa agraria.
Como acota Iván Retrepo: "Quienes conocen y trabajan en tareas de investigación social, manejo de recursos naturales y organización de las comunidades de la sierra sur de Oaxaca se resisten a tomar como ciertas explicaciones tan vagas y simplistas. Para diversas organizaciones indígenas y de derechos humanos, la masacre no encaja dentro de los patrones comunes a los conflictos entre los pueblos rurales. En Agua Fría estuvieron presentes el profesionalismo y la impiedad de que hacen gala grupos expertos en cometer crímenes que luego quedan en el olvido. Y que se sepa, no había entre las dos comunidades involucradas visos de enfrentamiento por la explotación del bosque." ("Agua Fría: quién y por qué", en: La Jornada, 10 de junio de 2002.) Con esto no se pretende desdeñar el conflicto intercomunitario, sino que éste no puede reducirse a la disputa por la propiedad de la tierra. Adelfo Regino Montes aclara que "contrario al pensamiento comunal, los conflictos agrarios se originan fundamentalmente por la concepción individualista y mercantilista de la tierra, que exige que ésta debe tener un dueño, conocedor de sus límites y mojoneras.(...) En consecuencia, la masacre de Agua Fría no es producto de la casualidad, sino de graves vicios que desde su constitución viene arrastrando el Estado en su relación de subordinación y colonialismo interno con los pueblos indígenas de México." ("Agua Fría: espejo de la realidad indígena", en: La Jornada, misma fecha.) Esta situación no privilegia, necesariamente, el espacio geográfico del sureste mexicano sino que se hace extensivo hacia todo el país. Según el informe periodístico de Cecilia González (Reforma, 9 de junio de 2002, pág.4A), existen más de veintidós mil conflictos intercomunitarios de los cuales treinta y seis están catalogados como de 'alto riesgo', pero se registran en Oaxaca el 59 por ciento de las microrregiones que soportan 'pobreza extrema' (La Jornada, 8 de junio de 2002). Similar diagnóstico ofrece Carlos de Jesús, coordinador general de la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía (La Jornada, 7 de junio de 2002); lo que indica que cada uno de los cincuenta y dos grupos lingüísticos se encuentra involucrado en este tipo de conflicto.
Indefectiblemente, las masacres vuelven a las víctimas en inocentes pues sus ejecutores responden a un poder: quien la ejecuta forma parte de una imposición extrema, donde no siempre puede vislumbrarse un responsable real y que trastoca una realidad que hasta el momento anterior no tiene distinto desenlace y que, al final, se expresa en clave de tragedia. A la vez premeditado, supedita la muerte a la vida de un interés antagónico, que sustenta la idea de matar y morir sólo como una traducción de la dialéctica que no reconoce ya retorno al momento anterior; supone, eso si, trastocar todo lo que con anterioridad guardaba un cierto orden establecido y una forma de dominación, sean éstas cuales fueran.
Dada la "incapacidad de los pueblos indios para ejercer un dominio legal, constitucional, como sujeto de derecho público de tierras", Carlos Montemayor afirmó que "estamos ante ataques y masacres derivados de un largo método de hostigamiento y racismo empleados por los grupos de poder político y económico en México desde hace ya mucho tiempo." Para el especialista, una legislación "que reconozca las autonomías indígenas -abundó- significaría el fin de esas condiciones peligrosas, lesivas y racistas para esas culturas." (La Jornada, 19 de junio de 2002.) Los intereses económicos que permanecen latentes detrás de la tragedia no reconocen los mismos límites que toda relación humana guarda, por ello abreva y exacerba las contradicciones sociales existentes a su favor, encauzando a cada una de ellas exclusivamente de acuerdo a sus proyectos. La realidad que invade Montes Azules se explica en parte por ello como así también el Plan Puebla Panamá. En este aspecto, Agua Fría adquiere una lógica similar: con la garantía de la 'pax foxista', la que se ejecuta a cualquier precio, los grandes capitales trasnacionales ambicionan la región; y, tanto como en Chiapas con la 'guerra de Baja Intensidad' -aunque en este caso no es necesaria la intervención directa del ejército federal-, requieren de un 'territorio liberado' de comunidades indígenas.

II

Por otra parte, la denuncia del arzobispo de Antequera, Héctor González Martínez, acerca de que el Ejército Popular Revolucionario (EPR) conserva células que operan en la región Loxicha, también en la sierra sur de Oaxaca.
"Ahora, -afirma el arzobispo- yo denuncié con mucha oportunidad la existencia de algunos grupos armados en la zona de Loxicha, y lo comuniqué a las autoridades federales, a la misma PGR, pero fueron dos veces, y dijeron que no encontraron nada, pero posteriormente se dieron esos enfrentamientos." (El Imparcial, 10 de junio de 2002).
El arzobispo elige como contexto para sus palabras la matanza de Agua Fría, lo que hace suponer que existe, para él, una íntima relación entre el EPR y el suceso. Sin embargo, este tipo de declaraciones están en un todo de acuerdo con el plan sistemático que se ejecutó desde el gobierno de Diódoro Carrasco Altamirano contra los zapotecos y que no se detuvo ante muertes, ejecuciones sumarias, secuestros, torturas, etcétera; lo que terminó rasgando el tejido social en la región.
Nunca fue confirmada la presencia del EPR, como ejemplo basta considerar que la mayoría de los presos fueron alcanzados por distintas medidas absolutorias pues no ha sido posible comprobar la participación de los inculpados en el grupo armado. En cambio, fue la excusa recurrente que dio sustento a los planes contrainsurgentes practicados por la anterior administración, y que, debido a ello, Loxicha sufrió la etapa más terrible de toda su historia como pueblo.
Pero esta no es la primera vez que se afirma un reagrupamiento del EPR en Loxicha. A principios de año, fue divulgado un informe de inteligencia, reproducido en dos partes por el periódico oaxaqueño Tiempo, firmados por Misael Hernández el 15 y 16 de enero de 2002 respectivamente, donde se afirma esta hipótesis. Aunque aparenta ser exacto ya que refiere a nombres, lugares y fechas, como así también operatividad, modo de reclutamiento y objetivos del eperrismo, en él se incluyen muchas inexactitudes que rayan la perversidad. El ejemplo más claro refiere a que varios de los mencionados como integrantes del EPR son desaparecidos de los años de sangre y fuego.
En todo caso, dicho informe se inscribe en los mismos argumentos de la represión, al igual que las palabras del arzobispo, que no por casualidad se genera con el retorno de indígenas liberados a sus lugares de origen. Una de las razones puede resultar de una especie de amenaza proveniente del interior de las corporaciones de seguridad involucradas en el escenario contrainsurgente.
Pero también debe ponerse atención a que no concluya en una nueva avanzada contra el lugar, pues hay que recordar que todo este proceso inicia con la expulsión de las familias más ricas y poderosas de Loxicha, interesadas en la explotación y exploración de minerales, especialmente uranio, en los cuales existe sumo interés por parte de varias empresas de capital nacional y también foráneo.
La región aún no sabe de una paz justa y duradera y es por eso que la existencia de la guerrilla en Loxicha se asemeja más a una fantasía útil para la represión indiscriminada, como ya sucedió, que a una realidad social y política, que supone poner en riesgo la 'seguridad nacional'.
A pesar que el gobernador de Morelos, Sergio Estrada Cajigal, denunció un presunto acercamiento entre grupos armados y organizaciones estudiantiles (Milenio, 12 de junio de 2002), para el presidente Vicente Fox no representan ningún riesgo. En su estrategia de minimizar el conflicto social y político en México, señaló ante la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos que la guerrilla en Guerrero no constituye amenaza, sino que "son células muy pequeñitas, para salir en la fotografía una vez al año con un solo comunicado. Estamos vigilantes y hay tranquilidad en la materia." (La Jornada, 13 de junio de 2002).
Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, criticó fuertemente las declaraciones presidenciales. Indicó que los grupos armados existen por las matanzas, violencia e impunidad y se constituyen en el rostro de la pobreza y la violación de derechos. Según el reporte de Angeles Cruz, Barrera sostuvo que los operativos militares apuntan, precisamente, a desmovilizar y mermar a los insurgentes; e hizo hincapié en que menosprecia las demandas de la población indígena y que el presidente mexicano revela "desconocimiento y desinterés" en estos problemas. (La Jornada, 14 de junio de 2002.).

III

En este contexto de inconformidad y masacre, y luego de un largo silencio, se registró una acción del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) con la colocación de una manta en la cercanías de la escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Guerrero, con la proclama: "Presos políticos. No están solos. ERPI"; en obvia referencia a la huelga de hambre que vienen llevando a cabo Jacobo Silva Nogales, el comandante Antonio, y la misma, aunque recientemente abortada por Gloria Arenas Agis, la coronel Aurora. La reciente liberación de Ericka Zamora Pardo, también inculpada de pertenecer al grupo armado, puede resultar un indicador de dar pronta respuesta a la cuestión de los presos políticos, al menos en el estado de Guerrero.
Otro grupo insurgente también dio a conocer sus posturas mediante la divulgación de sus escritos: se trata de Tendencia Democrática Revolucionaria (TDR) que, junto al ERPI, constituyen dos de los desprendimientos que vino sufriendo el EPR.
En un primer comunicado fechado el 7 de junio, TDR exige la liberación de los presos políticos y la reivindicación de las víctimas de la masacre del 10 de junio de 1971.
Señalan que "cuatro años después de su detención (de Ericka Zamora Pardo y Efrén Cortés Chávez) están libres porque nunca pudo demostrarse que los cargos que el Estado les imputó fuesen verdaderos. Tal evento muestra que el Estado mexicano y su gobierno, impulsarán acciones contra el pueblo de México, sean mediante los asesinatos, los encarcelamientos o la misma amenaza de ser objeto de tales políticas y acciones del Estado." Y concluyen refiriendo a que "bástenos recordar que los hermanos Cerezo Contreras (estudiantes de la UNAM) se encuentran detenidos por una acción que no les fue demostrada y que según declaraciones de las FARP (Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo) y del EPR no fueron realizadas por ellos." En el segundo comunicado, fechado el 10 de junio, consignan que "el asesinato de los que piensan diferente, el encarcelamiento de quienes no mueren en las acciones homicidas y genocidas, el terror hacia los sectores populares que se propongan transformar las condiciones de vida lacerantes y miserables en que se condena a vivir a la mayoría de nuestro pueblo, fueron la respuesta y el signo de lo que proponía el Estado mexicano a los diferentes sectores de la sociedad que no formaban parte de la burguesía." Seguidamente afirman: "los diferentes gobiernos que representan al Estado burgués mexicano, como lo han hecho todos los gobiernos priístas y como hoy lo hace, de manera corregida, aumentada y mejorada, el gobierno de Vicente Fox y del PAN, se empeñan en continuar por el sendero señalado el 10 de junio de 1971." Y concluyen: "Las masacres que perpetran fuerzas paramilitares en contra de nuestro pueblo no dejan de mostrarse; las masacres de Acteal, de Aguas Níveas, de El Charco y ahora la de Agua Fría en Oaxaca, confirman el signo de los tiempos. El 31 de mayo, en Agua Fría Oaxaca, fueron asesinados a mansalva 26 campesinos; como consecuencia de ello fueron detenidos y encarcelados otros 17 campesinos. El Estado mexicano y los gobiernos federal y estatal, como Poncio Pilatos, pretenden lavarse las manos y cargar la responsabilidad de tal crimen en los campesinos pobres de nuestro México." En el tercer comunicado del 20 de junio, señalan que la cuestión de los presos políticos debe resolverse: "Han tenido que ayunar más de cincuenta días el Comandante Antonio y la Coronel Aurora (dirigentes del ERPI), al lado de otros cinco presos políticos, para denunciar que el Estado y gobierno mexicanos encierran en las cárceles -en las condiciones infrahumanas más despreciables y violatorias de los más elementales derechos humanos- a los luchadores sociales y presos políticos; trátese de militares, estudiantes, campesinos, obreros o indígenas.

IV

Los móviles de la masacre pretenden diluirse de la misma manera que la responsabilidad de las autoridades, tanto nacionales como estatales. Y aunque el origen fundacional del conflicto puede resumirse en la negación y el rezago al que son sometidas las comunidades indígenas, no explica sólo la pobreza estos hechos de violencia extrema, como concluye el trabajo de Guillermo Trejo y Rolando Ochoa publicado en Reforma ("Los rostros del conflicto", en: suplemento Enfoque, 16 de junio de 2002, pp. 6-9.) Cierto es que los conflictos intercomunitarios son una constante en la geografía nacional pero no por ello adquieren estas características; prueba de ello resultan los casos de Aguas Blancas, Acteal, El Charco, El Bosque, Loxichas, etcétera, enmascarando el desenlace en una disputa que, aunque real, no es el verdadero contexto de la pugna de intereses que subyace escondido.
Mientras tanto, otros conflictos que ya han cobrado notoriedad, como Montes Azules en Chiapas y Los Chimalapas en la frontera con Oaxaca, siguen desarrollándose sin que los gobiernos demuestren otra cosa que no sea impotencia, incomprensión y desinterés acerca de los mismos.
Las autoridades declaman a viva voz, eso sí, actos de condena y repudio a la violencia y ensayan explicaciones que poco tienen que ver con un profundo y real conocimiento de las causas; menos aún de medidas que den sustento a verdaderas y perdurables soluciones. En tales casos, el enfrentamiento tiene rédito político, infame por cierto, cuando se entiende en clave partidaria o de intereses sectoriales, económicos o políticos, da lo mismo para el caso.
Esto, y no otra cosa, han demostrado hasta ahora; mientras los indígenas siguen ofrendando la sangre de sus hermanos en un enfrentamiento que no es el suyo. ¿Hasta cuándo será así?.
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