 Latinoamérica
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13 de junio del 2002
México: "Asistimos a una
transición del neoliberalismo hacia un mercantilismo corporativo"
Montes Azules
Carlos Fazio
La Jornada
Bajo la pantalla de un conflicto ambiental protagonizado por un puñado
de comunidades y ejidos indígenas irregulares, precapitalistas y depredadores,
que en el reparto del guión oficial se enfrentan a las fuerzas del progreso,
defensoras del rico patrimonio biológico de Montes Azules - encarnadas
por la multinacional Pulsar, de Arturo Romo, la ONG californiana Conservation
International (acusada de biopiratería), el Banco Mundial, el Banco Interamericano
de Desarrollo e instituciones gubernamentales-, se esconde una variada gama de
intereses contrapuestos que convierten a esa región del sureste mexicano
en el foco de un haz de contradicciones, algunas antagónicas, y por lo
tanto irreconciliables y excluyentes.
A partir de la realidad -no de la propaganda del régimen- ha quedado expuesta
en Chiapas y México la centralidad del país imperialista hegemónico
y de su socio subordinado, el nuevo Estado interventor foxista -con aspiraciones
de satélite subimperial-, en el establecimiento de mejores condiciones
para la expansión del capital corporativo, mayoritariamente con casa matriz
en el Estado-nación que concentra el poder económico mundial y lo
territorializa: Estados Unidos.
Asistimos a una transición del neoliberalismo hacia un mercantilismo corporativo
muy similar al antiguo sistema mercantilista, donde la potencia imperial controlaba
los sectores estratégicos de la economía de sus colonias, dominaba
los mercados y la mano de obra, y dictaba la política económica,
ejecutada a través de un conjunto de estructuras asimétricas, monopolistas,
que facilitaban el flujo de los beneficios en una sola dirección.
Washington utiliza hoy una estrategia de doble vía: el Area de Libre Comercio
de las Américas (ALCA) y el Plan Colombia-Iniciativa Andina. Esa estrategia
ha sido diseñada para aumentar el control monopólico de las corporaciones
estadunidenses y apoderarse de la mayor parte del mercado latinoamericano, sus
empresas y recursos naturales, canalizando las ganancias y rexportaciones de capital
hacia la metrópoli por medio de subsidiarias.
Eslabón estratégico del ALCA -que como plan de recolonización
de América Latina está destinado a acabar con los últimos
vestigios de soberanía nacional-, el Plan Puebla-Panamá marcará,
de consumarse, el inicio de una nueva fase de saqueo de los recursos naturales
de la nación (petróleo, gas, agua, biodiversidad, maderas preciosas)
y abrirá una nueva etapa de superexplotación de mano de obra, que
será empleada en maquiladoras y en las obras de infraestructura necesarias
para consumar el robo (corredores carreteros, gasoductos, represas, redes de electrificación).
Dentro de ese haz de contradicciones, en Montes Azules y el militarizado sureste
mexicano se mueven algunos contrarios irreconciliables y excluyentes, que en la
actual fase de neomercantilismo pueden ser sintetizados en las antiguas contradicciones
imperio-nación y oligarquía-pueblo. De lo que se deriva que la disyuntiva
gubernamental, "indígenas invasores depredadores" versus "salvadores conservacionistas
progresistas", es falsa.
Como administrador del Estado neocolonial que ha sido denominado México
S.A., el "gran patriota" Fox -George Bush dixit- debe intervenir para imponer
mayor austeridad a los trabajadores y eliminar conquistas sociales, subsidiar
el capital en bancarrota (Tribasa) y a trasnacionales (Monsanto), financiar inversiones
extranjeras para que los capitales no emigren al sureste asiático, extraer
ganancias y las rentas de los trabajadores para pagar la deuda externa y garantizar
las reformas constitucionales que deriven en la privatización y entrega
del petróleo, la electricidad, el agua y otros recursos estratégicos
a las multinacionales del área.
Pero el papel de "capataz" de Fox se da también en función de los
intereses de sectores oligárquicos colaboracionistas locales, entre ellos
algunos multimillonarios que financiaron su campaña, con intereses específicos
en Chiapas, como Arturo Romo (Grupo Pulsar y Savia) y Lorenzo Zambrano (Cemex),
ambos eslabonados a la silla imperial.
Se trata de una nueva clase capitalista trasnacional, conectada a los circuitos
internacionales como socios, administradores o socios conjuntos, que comparte
los mismos intereses, ideología y políticas con la potencia imperial.
Esa elite, que incorpora a la cadena de poder y explotación a cuadros gubernamentales,
legisladores y a una vasta red de intermediarios de toda laya, representa uno
de los polos de una contradicción que tiene en el otro extremo, como enemigo
mortal, a los indígenas y campesinos del sureste mexicano.
Desde 1994, los barones del dinero han venido echando mano de un ejército
de soldados, policías, paramilitares y espías en el marco de una
política contrainsurgente que combina la represión selectiva con
matanzas tipo Acteal, Aguas Blancas y El Charco.
Recubiertos con un celofán conservacionista, los planes de represión
violenta para el desplazamiento de las comunidades en resistencia de Montes Azules,
vigentes desde 2000, son el complemento de una política de Estado de muchas
aristas, destinada a erradicar de la geografía chiapaneca la experiencia
autonómica de los municipios zapatistas y el modelo alternativo al actual
sistema de dominación.
A nivel micro, Montes Azules sintetiza la contradicción oligarquía-pueblo.
A su vez, el cipayismo de Fox hacia el imperio exhibe la contradicción
antagónica entre los intereses de Washington y los de la nación
mexicana.
