Latinoamérica

Marlon Carrión C.
Servicio Informativo "alai-amlatina"

Luego de tres semanas ininterrumpidas de movilizaciones y protestas sociales en todo Paraguay, el gobierno del Presidente Luis González Macchi intenta retomar equilibrio y orden público.
Paso a paso el mandatario ha ido retrocediendo en sus propuestas, con el ánimo de mantenerse en el poder. En primera instancia retiró del Congreso el proyecto de Ley Antiterrorista reclamada por la embajada estadounidense en Asunción; el proyecto de Ley de Fusión de las entidades públicas de crédito (privatización de la banca pública), elaborada entre el gobierno y el Banco Interamericano de Desarrollo; el proyecto de IVA para los productos agrícolas, impulsado por el Ministerio de Hacienda; y de la concesión de las rutas paraguayas a empresas privadas.
Ante esta decisión, el Congreso Democrático del Pueblo dispuso que se ponga fin a los bloqueos de caminos y carreteras, pero con la advertencia de que estarían vigilantes y en permanente movilización para exigir el cumplimiento de los dos últimos puntos de su pliego de peticiones: la eliminación de la ley de privatizaciones generales 1615 y la no venta de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones, Copaco.
Los sectores campesinos decidieron por cuenta propia trasladar su protesta hasta Asunción, para lo cual organizaron diferentes caravanas hacia la capital. Esto no fue bien recibido por el gobierno, quien dispuso la salida de los militares de sus cuarteles, en apoyo a la Policía Nacional.
Los enfrentamientos fueron inevitables. La tarde del martes 4, unos cuatrocientos policías dispararon contra los campesinos a las afueras de la ciudad de Coronel Oviedo, unos 150 kilómetros al este de Asunción, causando la muerte del campesino Calixto Cabral, la herida de gravedad de un segundo, varios heridos leves de bala y decenas de detenidos.
La reacción de la población y de las organizaciones aglutinadas en el Congreso Democrático no se hizo esperar. Se profundizaron las protestas y exigieron la destitución del ministro del Interior, Francisco Oviedo, y del Fiscal general, Oscar Latorre, por ser los responsables directos de la represión por parte de las fuerzas de seguridad en contra de los marchantes.
Nuevamente Macchi da un paso atrás y ordena la suspensión sin fecha límite de la venta de la telefónica nacional. Ello le sirvió únicamente para que sus propios colaboradores lo consideren como un mandatario débil, fácil de ceder a las presiones, e incluso, incapaz de gobernar en situaciones críticas.
El mismo presidente del Banco Central de Paraguay se lamentó por la decisión del mandatario pues señaló que la no venta de Copaco hará fracasar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo cual agravaría aún más la crisis económica iniciada en 1995.
Ya hay un pedido de juicio político y de destitución en contra de González Macchi. La propuesta impulsada por el opositor Partido Liberal Radical Auténtico, del vicepresidente Julio Franco, es respaldada por legisladores de la oficialidad colorada, y de los partidos País Solidario y Patria Querida.
Centenares de campesinos, indígenas, docentes, estudiantes, obreros, trabajadores públicos y delegados de organizaciones populares y sindicales, se tomaron definitivamente la plaza ubicada frente al Congreso Nacional en Asunción, para exigir también la salida del presiente colorado, a quien acusan de corrupto e inepto en la conducción de las riendas estatales.
Por otro lado, y ante los hechos de sangre de la tarde del martes, la Central Nacional de Trabajadores del Paraguay, CNT, resolvió sumarse activamente a las protestas con la convocatoria a una huelga general por tiempo indeterminado, hasta que el gobierno y el Congreso pongan fin a los intentos de privatizar lo que resta de empresas en manos del Estado, el cese a la represión, la sanción a los culpables de la muerte del campesino Calixto Cabral y la sanción a quienes intentaron feriar con la Compañía Paraguaya de Comunicaciones, Copaco.
De todas maneras, los obreros esperarán la votación del Senado de este miércoles, sobre la ley 1615, que faculta la venta de la telefónica, el sector sanitario y de trenes, para concretar o no la huelga nacional. Analistas consideran que el Senado le dará una mano política al Presidente y derogaría dicha ley, para evitar que los campesinos avancen hacia la capital y que la huelga nacional termine sin haber empezado.