Resumen Latinoamericano

La mayor movilización social desde el levantamiento de marzo de 1999, que se produjo durante tres semanas contra el plan de privatizaciones del gobierno paraguayo, se saldó con una contundente victoria.

Después de tres semanas de movilizaciones en contra de la política neoliberal del desgastado gobierno de Luis González Macchi se consiguió el aplazamiento por tiempo indefinido de la venta de la empresa telefónica estatal Copaco. El anuncio fue realizado el martes pasado por la noche en cadena de televisión, cuando el presidente paraguayo aseguró que no se procederá a la apertura de sobres con las ofertas de la licitación pública internacional.

La dramática decisión de González Macchi se produjo en medio de una fuerte oleada de movilizaciones populares, sobre todo campesinas, que mantienen bloqueos de rutas en todo el país. Simultáneamente, miles de campesinos arribaron a la capital para aguardar la decisión de la Cámara de Senadores sobre la anulación de la ley 1.615 de privatizaciones, que ya contaba con media sanción de la cámara baja.

Durante diez días hubo bloqueos de las principales rutas del país que culminaron con un acuerdo parcial con el gobierno sobre cinco de los seis puntos levantados por el Congreso Democrático del Pueblo (cdp), pero seguía pendiente la derogación de la ley de privatizaciones, así como la libertad de un centenar de manifestantes que fueron detenidos en San Patricio, departamento de Misiones, a 230 quilómetros de la capital.

Ésta es la mayor movilización de protesta del movimiento popular en lo que va del período de transición iniciado en 1989. La profunda crisis económica y política que vive el país junto al descrédito del gobierno por su corrupción y su incapacidad rompieron los diques de contención de la protesta popular, encabezada por el movimiento campesino organizado.

La explosión social se vio agudizada por la aguda crisis en que entró el Estado por la falta de recursos para solventar sus gastos, y las graves consecuencias de la crisis argentina que redujo en un 80 por ciento el intercambio comercial mientras las exportaciones paraguayas en general bajaron en un 50 por ciento. Además se siente el fuerte impacto que está teniendo en la economía local el aumento de la cotización del dólar y la suba en los precios de los combustibles.

El cdp, convocante de las movilizaciones, está compuesto por los dos más importantes bloques de organizaciones populares surgidas después de la crisis y casi desaparición de las centrales sindicales destrozadas por la corrupción y el burocratismo: la Plenaria Popular articulada tras el secuestro por grupos parapoliciales de los activistas del Movimiento Patria Libre (mpl) Juan Arrom y Anuncio Martí, y el Frente contra la Enajenación de los Bienes Públicos, que comenzó su lucha contra la reforma de la banca pública. Estas dos organizaciones cuentan en sus filas a las dos principales organizaciones campesinas del país, la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (mcnoc) y la Federación Nacional Campesina (fnc).

Este conjunto de organizaciones levantó la bandera del rechazo a la ley antiterrorista, al proyecto de reforma de la banca pública, a la privatización de las rutas, a la aplicación del iva agropecuario, la derogación de la ley de privatizaciones y la lucha en contra de la corrupción y la impunidad Los representantes del gobierno en la mesa de negociaciones aceptaron todos los puntos, menos el referido a las privatizaciones. El 14 de junio debía realizarse la apertura de ofertas para la venta de Copaco, tras lo cual está prevista la privatización de la empresa de servicios sanitarios Essap.

UN NUEVO BOTÍN

En los últimos años fueron privatizadas la empresa aérea lapsa, la siderúrgica Acepar, la empresa de alcoholes Apal, la flota mercante del Estado, Flomerpasa y, siguiendo el ejemplo argentino, después de la venta de la empresa telefónica se encarará la del servicio sanitario y el agua potable, la electricidad, el seguro social, el correo y la aduana, además de las rutas nacionales. Es la forma de satisfacer las exigencias del capital trasnacional, el fmi y sus operadores locales a los que se denuncia como probadamente corruptos.

Uno de los elementos por los cuales la campaña a favor de las privatizaciones tuvo un tropiezo importante en Paraguay es la absoluta falta de claridad y la corrupción con que se la manejó por parte de funcionarios del gobierno. La Secretaría de la Reforma está intervenida por la Contraloría General de la República a raíz de hechos ilícitos comprobados.

En el parlamento también surgieron denuncias de coimas y prebendas para favorecer la venta de Copaco.

El tema central de la privatización de la telefónica, que fue prorrogada ya tres veces a lo largo de este año, es que tiene un precio base de apenas 400 millones de dólares, cifra considerada irrisoria tanto por diputados oficialistas como opositores. Según el criterio de los legisladores, Copaco debería venderse a un mínimo de 600 millones de dólares. Algo similar ocurrió con el programa de privatización de la empresa de servicios sanitarios, Essap, cuya licitación también fue postergada por las denuncias de irregularidades.

La profundización del deterioro económico a un nivel nunca visto -el desempleo y el subempleo llegan al 34 por ciento, el 25 por ciento de la población campesina está en la pobreza extrema-, la presión de Estados Unidos y el fmi para la aplicación de los planes de ajustes y privatizaciones, la absoluta incapacidad e inmoralidad del gobierno de González Macchi y las consecuencias de la crisis argentina hacían prever un estallido en Paraguay.

Varias organizaciones de la izquierda paraguaya sostienen que la crisis actual forma parte de las dificultades de los sectores dominantes por encontrar caminos de gobernabilidad después del estallido social de marzo de 1999, cuando se produjo el asesinato del vicepresidente Luis María Argaña, que desarmó a la cúpula dirigente del país y llevó al gobierno al actual presidente. La movilización en curso logró la unidad del movimiento popular y de la izquierda, desbordando al gobierno y las fuerzas represivas.

Uno de los ejes de la movilización es la zona de San Pedro, 250 quilómetros al este de Asunción, donde miles de campesinos mantienen cortes esporádicos, atrincherados cerca de la ruta. Las fuerzas antimotines quemaron ranchos y apresaron a decenas de campesinos, mientras el gobierno dispuso a comienzos de semana el acuartelamiento de las tropas y la movilización de efectivos militares que intentaron, sin éxito, desbloquear las rutas.

La crisis política, agravada por el anuncio de una inminente huelga general, generó una corrida bancaria a partir del martes de la semana pasada, que ahora el anuncio de González Macchi intentó frenar. Varios bancos debieron enfrentar retiros millonarios y alguno llegó incluso a pedir plazo para hacer frente a las demandas, lo que supone de hecho un default, según informó La Nación de Buenos Aires en su edición dominical.

(A partir de informaciones del periodista Adolfo Giménez, dirigente de Convergencia Popular Socialista, y de agencias de noticias.)