Latinoamérica

Ileana Alamilla
Servicio Informativo "alai-amlatina"

A pesar de que la Misión de Verificación de los Acuerdos de Paz -MINUGUA- le recordó al gobierno del General Efraín Ríos Montt que el acuerdo sobre el fortalecimiento del poder civil y el papel del ejército en una sociedad democrática estableció únicamente la desmovilización y el desarme para las Patrullas de Autodefensa Civil -PAC, El Ministro de Economía hizo una insólita propuesta que finalmente fue aceptada por el gabinete económico.
Se trata de crear un nuevo impuesto para financiar la indemnización de los ex-PAC y buscar financiamiento internacional con el mismo objetivo.
Insólito desde del punto de vista económico pues en Guatemala ocupa primeros lugares en pobreza y pobreza extrema en América Latina y por lo tanto, el apoyo internacional urge para otros objetivos.
Insólito también desde el punto de vista lógico, ya que no se puede argumentar el aspecto humanitario ante un gobierno, cuyos principales dirigentes han sido señalados de violación a los derechos humanos, tanto por organismos nacionales como internacionales. En lugar de recompensar a las víctimas, se hará a los victimarios.
Naturalmente que la reacción de las organizaciones sociales ha sido no solo de asombro sino de rechazo a tan cínica decisión de favorecer a uno de los poderes paralelos del estado señalados por la Comisión del Esclarecimiento Histórico (CEH) de más de 10 mil violaciones a los derechos humanos, además de ejecuciones, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes y de violaciones sexuales.
El Comité de Unidad Campesina CUC, representativo del sector, señaló que la creación de un nuevo impuesto constituye una burla a la población guatemalteca que sufrió las atrocidades cometidas por el ejército, en coordinación con grupos paramilitares, los cuales hoy el gobierno quiere indemnizar.
Entidades defensoras de los derechos humanos como Familiares de Detenidos Desaparecidos (Famdegua) consideraron injusto e inmoral que el gobierno otorgue una compensación económica a quienes se encargaron de masacrar y ejecutar a miles de personas inocentes.
Las dirigentes de Famdegua señalaron que la única razón que encuentran para el Frente Republicano Guatemalteco (FRG) partido en el gobierno, asuma esa determinación de resarcir a los Ex PAC por el genocidio cometido junto al ejército y otras fuerzas paralelas, es ganar votos para el siguiente proceso electoral y continuar en el poder.
Conavigua, una entidad de las viudas indígenas, a través de su dirigente, Rosalina Tuyuc, al lamentar que se vaya a indemnizar a los ex patrulleros dijo que las víctimas del genocidio y de la represión se oponen esa decisión cuya intención es congratularse con los paramilitares para asegurar una gran cantidad de votos.
Estos argumentos son compartidos por muchos otros sectores que además han comentado que la determinación gubernamental constituye una violación a los acuerdos de paz y a las recomendaciones de la Comisión del Esclarecimiento Histórico que establecen que debe otorgarse un resarcimiento a las víctimas directas de las violaciones a los derechos humanos.
Recientemente, el departamento norteño de Petén, colindante con México y el más grande de Guatemala, fue paralizado por 25 mil ex patrulleros civiles que tomaron carreteras, sitios arqueológicos, retuvieron turistas, bloquearon el aeropuerto y el acceso a una refinería, exigiendo una indemnización por su colaboración con las fuerzas armadas durante el conflicto armado interno.
Inmediatamente el gobierno propició el diálogo y una negociación cuyo resultado fue la decisión de otorgar la indemnización y un plan de reparación moral y material para los afectados.
La solución a este problema difiere de la forma como se han abordado las protestas populares del resto de la ciudadanía, sin duda alguna por la importancia estratégica que para el partido del general, tienen estos paramilitares.
Hay expectación en Guatemala, ya otros grupos de PAC, avalados por organizaciones de militares, han anunciado que harán su reclamación. Se ha especulado en relación con el número de personas involucradas en estos grupos. Probablemente llegan al millón y según ellos, todos deberán recibir el mismo tratamiento, mientras que miles de guatemaltecos claman por tierras, vivienda y empleo sin encontrar respuesta de las autoridades.
Cerigua