26 de junio del 2002

La grave situación ambiental del relleno Santa Marta, en Lonquén, ha encendido una nueva luz de alarma. Tras una serie de obscuras negociaciones del intendente de Santiago se determinó no cerrarlo pese a que, de acuerdo al Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente (SESMA), estaba recibiendo una cantidad de basura superior a la autorizada y presentaba filtraciones de líquidos percolados que contaminaron los cultivos aledaños. Así se creaba una nueva emergencia ambiental. En la continuidad del votadero Santa Marta pesaron más los intereses políticos que los estudios técnicos, según los cuales era necesario su cierre. Hecho de suma gravedad. Se ocultó que los estudios indicaban que las instalaciones no soportarían fenómenos climáticos como el que azotó recientemente al país. Así, adquieren fuerza las denuncias de alcaldes y habitantes de la zona, que han cuestionado la capacidad de Santa Marta para resistir el volumen de residuos que acumulará en los próximos años. El temor de la comunidad que dichos desechos terminen contaminando las capas subterráneas y dañando los cultivos de la comuna, se ha confirmado.
¿Quién asume la responsabilidad por esta situación fraudulenta?. El consorcio Santa Marta debe responder por el deficiente manejo de un relleno que debiera soportar estos imprevistos. Pero también son responsables los municipios que integran la Empresa Metropolitana de Residuos Sólidos (EMERES) que realizaron la licitación y escogieron a la empresa que se haría cargo de los desechos, sólo por su mejor oferta económica. Tambien son responsables el intedendente y los organismos estatales de proteger la salud y el medio ambiente. ¿Pueden confiar los pobladores en un relleno que presenta problemas antes de dos meses de su inauguración? ¿Debieran estar tranquilos los agricultores, que han realizado inversiones confiados en la seguridad ambiental de la zona?
El SESMA ordenó el cierre temporal del vertedero Santa Marta a los 45 días de iniciarse la recepción de la basura del sector sur de la Región Metropolitana. Tal determinación la adoptó luego de tres sumarios que indicaron que, producto de las últimas lluvias, hubo filtración de líquidos percolados y que el recinto estaba recibiendo más basura de la que estaba autorizada. En efecto, Santa Marta tiene un límite de recepción de hasta 60 mil toneladas mensualmente, pero estaba recibiendo más de 70 mil toneladas. Sus falecias están registradas oficialmente (30.05.2002). En ellas se incluye, además "que no se ha construído el sistema de captación de gases; se han generado malos olores persistentes producto del mal manejo de los líquidos lixiviados y la no cobertura diaria de los residuos; y no se retiró ni trató los líquidos lixiviados acumulados en la piscina interna". Además se suman otras fallas: "el avance de la obra no fue gradual y se deforestó proporcionalmente una gran superficie que generó un mayor aporte de escurrimiento superficial y erosión de suelos y aporte de sedimientos y revenimiento de terreno; tampoco se revegetó los taludes, ni se ha creado un área de protección de fauna en la Quebrada Aguilar o Quebrada Tres Piedras; no se ha realizado un estudio de línea base en área donde se establecerá el área de protección de fauna. Como si esto fuera poco, se detectó faltas de señaléticas para que los vehículos disminuyan la velocidad a 30 km/hr, ni se ha cuantificado la relación entre los niveles variables de ruido ambiente, producto de las obras de construcción".
ORDEN IMPERATIVA DE LA MONEDA
La posición del gobierno era imperativa: no se podía ordenar su cierre porque ello contradecía lo que Lagos había dicho el 21 de mayo, en cuanto a que el tema de la basura estaba resuelto. Sergio Galilea (PR), Francisco Vidal (PPD) y José Miguel Insulza (PS), que así lo estimaban, señalaron a Trivelli que debía imponer un acuerdo en tal sentido para evitar poner en riesgo la credibilidad del gobierno.
Trivelli encabezó varias reuniones destinadas a cumplir con las órdenes recibidas. Se entrevistó con los ejecutivos de KDM (propietaria de Loma Los Colorados, el vertedero ubicado en Titil). Posteriormente lo hizo con el director del SESMA, José Concha; el director de la CONAMA de Santiago, Guillermo Díaz; el presidente de Emeres, Alejandro Almendares; y representantes de Santa Marta. Así Trivelli, por determinación del gobierno, tomó el liderazgo del escándalo dejando en segundo plano al director del SESMA, que había sido el denunciante de las fallas del vertedero, y rechazó las declaraciones que éste había emitido horas antes, en las que aseguraba que sólo se aceptarían arreglos totales de las fallas del vertedero. Después del encuentro e impuesta la orden gubernamental, Concha apareció con una actitud conciliadora. Afirmó que los problemas que horas antes eran de magnitudes, ahora eran subsanables a corto plazo y que no correspondía cerrar el vertedero. El giro del jefe del SESMA se produjo en la reunión de las autoridades gubernamentales, en donde se impuso un consenso para evitar que el gobierno siguiera en el banquillo de los acusados. Se le recordó a José Concha que fue él quien autorizó el funcionamiento de Santa Marta. Además, que permitió la entrada en operaciones del relleno en abril y, por lo tanto, quien pasó por alto las falencias, que ahora criticaba.
Trivelli anunció la determinación oficial. Santa Marta seguirá recibiendo basura, pero 15 mil toneladas menos de las que se estaba depositando. Además deberá evacuar los líquidos percolados a razón de 500 metros cúbicos por segundo al día a la planta de tratamiento El Trebal de Aguas Andina y construir una piscina de percolados con capacidad para 10 mil metros cúbicos. Mientras, los alcaldes de Emeres evaluarán si los municipios de La Cisterna, Estación Central, Peñalolén y Cerrillos dejarán la basura en Tiltil por un tiempo, esperando que los municipios no socios hagan lo mismo. Es decir, las comunas rurales dejan el relleno sanitario con el objetivo de rebajar el tonelaje de desechos que se arrojan en Santa Marta. Ante lo cual, los municipios de Calera de Tango, El Monte, Buin Paine, Peñaflor Padre Hurtado y Pirque se declararon en "emergencia sanitaria": suspendieron la recolección de basuras por no poseer recursos para destinarla a otro acopio. Enviar las basuras a Tiltil les significaba un costo adicional. Por ejemplo, a Puente Alto, la empresa de camiones recolectores Kiasa Demarco (de propiedad de KDM) informó que el costo extra superaba los 50 millones de pesos al mes. Ante el rechazo, Trivelli demandó "voluntad política" de los alcaldes del oficialismo para superar el problema. Además, recordó la existencia del código sanitario que permite la intervención del SESMA. "Por suerte tenemos el código sanitario y si es necesario se le va a entregar poderes al SESMA para que haga la asignación de camiones de basura en las distintas estaciones de transferencia", afirmó.
Lagos firmó el decreto supremo que reconoce el riesgo de emergencia sanitaria y faculta al director del SESMA a ordenar el destino de la basura de las comunas de la zona sur de la Región Metropolitana. "Ante la imposibilidad absoluta de que los alcaldes se pongan de acuerdo, el Presidente decidió cursar el decreto de emergencia sanitaria…", dijo el ministro Insulza. En efecto, los alcaldes de Emeres reiteraron su postura de no abandonar Santa Marta. Según ellos, los que debían irse a Tiltil eran las comunas rurales. Esta posición implicó que Santa Marta no pudiera recibir la basura de esas comunas y se paralizaran decenas de camiones con desechos frente a la estación de transferencia de San Bernardo.
La primera medida del SESMA para superar el colapso de la basura en Santa Marta, de acuerdo a las facultades asignadas, fue derivar los desechos de Estación Central, Cerrillos, Peñalolén y Pedro Aguirre Cerda a Lomas Los Colorados. Mientras que las comunas de Cerrillos, Pedro Aguirre Cerda, Estación Central y Peñalolén trasladarán sus desechos al vertedero Lomas Los Colorados de Til Til, propiedad de KDM, en lugar del relleno de Santa Marta.
ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL CONTRA INTEDENTE
Ante el problema del vertedero y las consecuencias derivadas, la derecha anunciaba la presentación de una acusación constitucional contra el intendentente Trivelli por notable abandono de funciones, al permitir el funcionamiento del vertedero Santa Marta. En el libelo lo acusan de violar la legislación existente al alterar "sistemática y reiteradamente" las resoluciones de calificación ambiental que dieron origen a los vertederos de Santa Marta de Lonquén y La Rinconada de Maipú. El ministro José Miguel Insulza (PS) fue al Congreso para impedir que diputados de la Concertación se sumaran a la acusación que preparaba la UDI. Existía preocupación en el gobierno. Tenían antecedentes de que al menos dos diputados de la DC, uno del PS y otro del PPD habían prometido su respaldo a la acusación. Insulza convenció a los parlamentarios concertacionistas que no se sumaran a la acusación. Al día siguiente, la UDI y RN presentaron el libelo sin firmas oficialistas.
Los diputados DC apoyaron a Trivelli. El diputado Zarko Luksic, a nombre de la bancada DC, calificó la acusación como "un pasquín que no tiene otro objeto que hacer política barata y un show a lo cual la UDI nos tiene permanentemente acostumbrados". Además, presionaron a los demás partidos oficialistas: si algún parlamentario socialista o PPD se sumaba a la acusación, presentarían un libelo contra el ministro de Obras Públicas, Javier Etcheberry (PPD). En La Moneda estaban preocupados a pesar de que la derecha no cuenta con los votos para concretar la acusación. Temen que al poner a Trivelli en tela de juicio se afecte la imagen del gobierno, a pesar que la acusación era una oportunidad para encubrir el conflicto entre el director del SESMA y el intendente de Santiago. La UDI no acepta este argumento y asegura que la acusación se arrastra desde la realización de una comisión investigadora de la Cámara en que se acordó rechazar la instalación de los dos vertederos: Santa Marta y Rinconada de Maipú. Y agrega que hubo varios diputados oficialistas dispuestos a apoyar el libelo acusatorio, entre ellos los DC Jaime Jiménez y Cristián Pareto, el PPD Leopoldo Sánchez y el PS Iván Paredes.
Pese al éxito que tuvo el lobby desplegado por La Moneda para evitar que parlamentarios del oficialismo se sumaran a la acusación constitucional, las gestiones gubernamentales no han logrado neutralizar la tentación que existe en sectores de la Concertación de respaldar el libelo. En efecto, si bien con sus gestiones Insulza logró que el libelo quedara "etiquetado" como una maniobra política de la derecha, aún le queda evitar que diputados de la Concertación se tienten y den su voto favorable a la acusación o no asistan a la votación. Temor fundado porque todas las acusaciones, salvo las dirigidas contra el Presidente, tienen un quórum de mayoría simple y por tanto, requiere de 61 votos para ser aprobada en la sala en caso que estén presentes los 120 miembros de la Corporación. Cualquier inasistencia baja automáticamente el quórum, acercándolo a los 57 escaños que tiene la derecha.
EL NEGOCIO SUCIO CON LA BASURA
Aunque se ha remarcado que el libelo tiene escasas opciones de prosperar, su futuro es incierto. Existen dudas que impiden un criterio de bloque. Las aguas están revueltas en la Concertación. Sectores de la DC han salido en defensa del intendente, reforzados por voces del PPD que advierten que la Concertación tiene que terminar con las actitudes antropofágicas que debilitan al gobierno. En cambio, para Jiménez, diputado DC de Melipilla, la basura ha dado origen a un "cartel mafioso". Afirma que ha recopilado antecedentes y que presentaría una acción judicial contra EMERES y su presidente, el edil de Cerrillos Alejandro Almendares. "Tenemos información que aquí las medidas se empiezan a tomar por presiones y por tráfico de influencias económicas, hay que escudriñar para ver que hay en el fondo de este conflicto. Tenemos antecedentes que KDM habría presionado a parlamentarios y funcionarios de gobierno para cerrar Santa Marta y que la basura se llevara a Chacabuco. Quiero chequear estas informaciones si son efectivas, pero los datos apuntan a que son creíbles, por las fuentes que nos han informado".
Las acusaciones de negociados con la basura no provienen exclusivamente del parlamento. Para Manuel Gavilán, secretario general de Emaus Chile, "los basurales están colapsados. Si bien es indispensable el sistema de los vertederos, no todos los desperdicios deben ser incinerados o enterrados bajo tierra. Muchas cosas pueden ser reutilizadas. Sin embargo, no existe una cultura del reciclaje en nuestra sociedad, el gobierno no ha implementado políticas públicas que incentiven esta iniciativa y, por último, el actual sistema representa un lucrativo negocio para algunos sectores empresariales (…)… Acá lo que interesa es la ganancia, no el bienestar de la gente. El Estado no gasta en información sobre el reciclaje porque así se ahorra dinero, el sector privado tampoco hace nada porque tiene inversiones comprometidas, algunos municipios también están involucrados en este negocio. Existe un círculo de intereses en torno a este tema…".