Latinoamérica

¿El suicidio de la procuración de justicia?
Jesús Ramirez Cuevas
Masiosare
La noticia de la muerte de Digna Ochoa conmocionó a la opinión pública nacional e internacional y se convirtió en un dolor de cabeza para dos gobiernos. Siete meses después, aún no se conocen las conclusiones de la Procuraduría capitalina. Pero desde hace meses sus funcionarios realizan cabildeos con organismos civiles y líderes de opinión para convencerlos de su "hipótesis más fuerte": que Digna se suicidó. Se trata, dice el subprocurador Renato Sales Heredia, a cargo del caso, de la línea menos "políticamente correcta" y más "difícil" para el gobierno perredista porque lo "enemista" con sus aliados naturales. Se trata, contrapuntea la abogada de la familia de Digna Ochoa, Bárbara Zamora, de una hipótesis sustentada en un trabajo marcado por "el desaseo, la ineficacia y la irresponsabilidad". Lo que sigue es ver si peritos internacionales se animan a venir a evaluar las conclusiones de los investigadores. Si en el terreno de los hechos se demuestra lo contrario, dice Sales, ellos lo aceptarán: "No estamos casados con la hipótesis"
LA PROCURADURÍA General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) aún no da a conocer la conclusión de sus investigaciones en torno al asesinato de la abogada Digna Ochoa y Plácido, ocurrido el 19 de octubre del año pasado. Sin embargo, es sintomático que desde hace varios meses tanto el procurador capitalino, Bernardo Bátiz, como el subprocurador encargado de las investigaciones, Renato Sales Heredia, han apuntalado en declaraciones públicas la tesis del suicidio.
En las más recientes, Bátiz afirmó que "sólo quedan tres de las cuatro líneas de investigación que tenía la Procuraduría capitalina, respecto a la muerte de Digna Ochoa, aunque la que mayor fuerza mantiene es la del suicidio" (26 de mayo). En términos teatrales, a eso se le llama "vender la trama".
Desechada la tesis del crimen pasional quedan, además de la señalada, las que apuntan a los afectados por el trabajo de la luchadora por los derechos humanos: integrantes del Ejército mexicano y caciques de Guerrero. A su vez, Bátiz informó que esperan de los organismos de derechos humanos la propuesta de un perito extranjero que revise la investigación. Es decir, se busca un aval internacional antes de divulgar las conclusiones.
Así las cosas, activistas y familiares consultados por Masiosare expresan que en tanto no se conozcan los resultados de la PGJDF y no se pruebe contundentemente, no se sabrá si Digna Ochoa se suicidó o no, si no se esclarece el nivel de profesionalismo en la investigación. En este contexto, destacan la actitud del mismo Bátiz y del subprocurador Sales, que en lugar de rendir un informe con las conclusiones de sus indagatorias, han hecho múltiples declaraciones y han "filtrado" informaciones del expediente para apuntalar la tesis de la autoinmolación, como si fuera un hecho consumado.
Jesús Ochoa, hermano de Digna, se muestra contrariado con las declaraciones del procurador capitalino, "ya sabemos a dónde van y no estamos de acuerdo", ataja. "La familia está esperando que se den a conocer las conclusiones –informa– para pedir peritos independientes que verifiquen la investigación, porque tenemos dudas".
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La postura de la Procuraduría capitalina sobre el caso ha sido contradictoria. En sus primeras declaraciones, Bernardo Bátiz afirmó que se trataba de un crimen político ordenado y cometido "por las fuerzas oscuras del Estado" pues en los casos que Digna Ochoa tuvo en sus manos están involucrados elementos del Ejército (20 de octubre).
De esos casos, los más relevantes son la defensa legal de miembros del EZLN y del ERPI; las matanzas de Aguas Blancas y del Ejido Morelia, Chiapas; el de los campesinos ecologistas Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel; y el de los hermanos Cerezo Contreras, acusados de los bombazos en Banamex.
Días después, Bátiz dijo que el crimen era "un signo de terrorismo de extrema derecha" (25 de octubre). Luego, el procurador aseguró que no se quería "inventar un culpable", por lo que analizarían a fondo todas las líneas de investigación (4 de noviembre).
En diciembre pasado, después de la filtración a la prensa de una fotografía de la escena del crimen, la PGJDF cambió al equipo investigador y nombró a Renato Sales como fiscal para el caso.
A partir de enero de este año, sin agotar las líneas de investigación que podrían conducir a centros de poder afectados por el trabajo profesional de Ochoa y sus compañeros (por el que sufrió amenazas y secuestros), en la PGJDF fue prosperando la tesis del suicidio, rechazada al principio. Coincidentemente, entonces se vuelven insistentes las versiones que "desde arriba" había "presiones" para que la PGJDF "bajara" el perfil a la investigación.
Primero fueron rumores entre el círculo más cercano a las investigaciones (se señala con frecuencia a personajes cercanos al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro como los que sostienen desde el primer momento la hipótesis del suicidio). Sin embargo, fue hasta la primera semana de marzo, cuando se "filtró" a algunos medios la información de que la PGJDF estaba manejando esta tesis.
Como si fuera parte de una estrategia, Bátiz y el fiscal Sales, en lugar de detener las especulaciones, confirmaron que esa era la principal línea de investigación y más aún, dieron a conocer otros elementos para fortalecerla. "Parecía un ensayo para medir la reacción de la opinión pública", dice Bárbara Zamora, abogada de la familia Ochoa.
En esa ocasión, Bátiz afirmó no había sido una filtración. Que el tema lo había tocado el Centro Pro durante una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington. Y que ahí los medios habían recogido esta versión.
Por esos días, Pedro Díaz Romero, consultor de la CIDH, recién había vuelto a Washington tras visitar el país para evaluar el expediente y el trabajo de la PGJDF. En su informe ante la CIDH, el especialista advierte que "buena parte de la actividad investigativa", "se ha dirigido" a la hipótesis sobre "la situación personal de la víctima, su entorno social, familiar y profesional", "enlazada con las circunstancias en que se presentaron los hechos (la tesis del suicidio basada en las pruebas técnicas realizadas a la escena del crimen)".
Al respecto, Díaz Romero señala que "las circunstancias materiales que rodearon el deceso de la licenciada Digna Ochoa, como la escena del crimen, fueron prediseñadas por su autor con la intención de causar confusión y error en la investigación oficial de los hechos".
El consultor internacional revisó las amenazas de muerte que Digna recibió tres días antes de su deceso (16 de octubre), otras recientes (17 de agosto y 10 de septiembre) y la hallada en el lugar de los hechos. Todas, dice, "fueron textos que obedecen a un mismo patrón de contenido, distribución de espacios y tipo de letra de computador".
Pedro Díaz recomendó a la PGJDF investigar la identidad de tres hombres sospechosos que fueron vistos cerca del despacho de la abogada un día antes de su muerte.
Sobre la línea de investigación del "perfil de la víctima y su entorno social, familiar y profesional", en la que "se viene profundizando", Díaz recomienda "ampliar algunos aspectos de la vida de Digna Ochoa que no se han abordado a plenitud" (sus actividades y su estado de ánimo en los días previos a su muerte, sus viajes a Washington y Guerrero).
De las sospechas que apuntan a Guerrero, el consultor de la CIDH propuso que los interrogatorios a testigos se realicen fuera de la región dado que la presencia del Ejército interfiere en las diligencias. También indica que se debe continuar con la identificación de los militares que estuvieron en la zona durante el último viaje de Digna a ese estado.
Acerca de la línea de investigación de los casos que Digna Ochoa conoció, Pedro Díaz recomienda analizar su papel en los mismos "y establecer si la abogada actuó en ellos".
El especialista colombiano indica que la información aportada por la Secretaría de la Defensa Nacional sobre las fichas de inteligencia de la víctima "es incompleta". Y agrega: "Es de vital importancia conocer estos archivos que permitan evaluar y explicar de ser el caso, si hubo relación con las anteriores amenazas en contra de Digna Ochoa o los demás miembros del Centro Pro".
El consultor internacional reconoció que la investigación penal, especialmente a partir de la entrada del equipo de Sales Heredia, se ha apegado al Código de Procedimientos Penales para el DF. Sin embargo, recomienda a la PGJDF tratar todas las líneas de investigación, "con igual énfasis y dedicación".
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A contrapelo de estas recomendaciones, desde hace dos meses los responsables de la investigación iniciaron un intenso cabildeo para convencer a sus interlocutores de la línea del suicidio. En esas reuniones se descarta la posibilidad del crimen político.
En tales esfuerzos participan el procurador Bátiz, el fiscal Sales y el asesor de la investigación, Enrique Flota, quienes argumentan ante grupos de derechos humanos, diputados, periodistas y amigos de la abogada, para convencerlos del suicidio.
Asistentes a dichas reuniones, aseguran que a un lado del despacho del procurador capitalino se montó un set con los muebles de la oficina donde murió Digna Ochoa como escenografía (incluso los libreros se simulan dibujados sobre la pared). Allí se hace pasar a los invitados para "la representación teatral del suicidio". Así sucedió el 19 de abril con una comisión de diputados de la Asamblea Legislativa del DF.
Al margen de la anécdota, lo más delicado de esas reuniones es que se explican las supuestas motivaciones que habría tenido la abogada veracruzana para suicidarse. En este capítulo, tanto Sales como el abogado Flota dan extensas explicaciones que ponen en cuestión la personalidad conocida de Digna Ochoa y resaltan rasgos de su carácter ajustados a la tesis de la PGJDF. También alimentan la idea del "martirio cristiano". "Para sostener esta versión se requiere asestar una segunda muerte a la abogada, privarla de la fama pública", escribió hace días el periodista Miguel Angel Granados Chapa.
La abogada de la familia Ochoa, Bárbara Zamora –quien recibió amenazas de muerte el 19 de marzo pasado–, sostiene que "la labor de cabildeo de la Procuraduría para convencer a la gente de que Digna se suicidó es deshonesta y antiprofesional. No están cumpliendo su labor de investigar delitos y procurar justicia. Cabildean para que cuando presenten sus conclusiones reciban el apoyo de todo mundo. Eso da qué pensar. Es un elemento de sospecha, ¿por qué hacen eso?"
"La Procuraduría –continúa Zamora– no ha hecho un trabajo cuidadoso ni profesional. Ha habido filtraciones y no se ha sancionado a nadie. El mismo fiscal Renato Sales da información del expediente a la gente que se reúne con ellos. Esto es indebido".
Según Zamora –quien coordinó los últimos casos que asumió Digna–, "todo parece indicar que no se trata de una investigación imparcial. La actuación de las autoridades pone en riesgo la credibilidad de las mismas investigaciones. Por qué en lugar de dar conclusiones se reúnen con gente en lo oscurito para convencerla de sus hipótesis. Con ello, está claro que no están madurando la investigación sino afinando su propia explicación. Sólo están indagando en una sola dirección y no investigan la línea del crimen político".
"¿Por qué desmantelaron el lugar de los hechos?, ¿qué va a verificar algún perito independiente si la 'escena del crimen' está alterada?", se pregunta la abogada del bufete jurídico Tierra y Libertad. Sobre ello, hay otros hechos graves: la "desaparición" de evidencias en el despacho, como las manchas de sangre, los rastros de almidón y otras posibles huellas. Entregaron la oficina limpia y hasta aspiraron la alfombra.
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No todo le ha salido bien a la PGJDF en su estrategia. En abril pasado, una delegación estadounidense se entrevistó con el procurador Bátiz para saber de los avances de la investigación. En ella participaron integrantes de Global Exchange, que hace unos días hizo público un informe en el que señala que "la investigación del asesinato de Digna Ochoa se ha caracterizado por el intento de denigrar la reputación de la víctima y la falta de objetividad".
Global Exchange rechazó las tesis presentadas por la Procuraduría por estar "contaminadas" con una "postura política" y porque "no ha sido una investigación criminal seria". "La indagatoria ha estado enfocada en su salud mental y sus relaciones personales y profesionales antes que en las amenazas previas a su muerte y el secuestro que sufrió", alega la organización estadunidense.
Para este organismo, como para activistas de los derechos humanos en México, "una investigación competente tiene que centrarse en las personas, instituciones e intereses que más amenazaron la vida de trabajo en los derechos humanos de Digna Ochoa".
En el mismo sentido, Jesús Ochoa señala que su hermana sufrió durante los últimos cinco años de su vida amenazas de muerte, secuestros, torturas psicológicas y atentados en su contra. "Todo eso se tiene que analizar y dar con los responsables, los que es muy probable tienen que ver con su muerte. Digna señalaba a miembros de la policía y del Ejército", subraya.
En entrevista, Ochoa cuenta de algunas irregularidades que ha presenciado durante el proceso: "Tuvimos que hacer un plantón en el Zócalo para tener acceso al expediente. Luego, el 11 de enero nos entregaron el departamento de Digna. Allí encontramos algunas cosas que los agentes no vieron, como fotografías de los casos del Ejido Morelia, Chiapas y de campesinos ejecutados en Veracruz; los boletos que usó Digna en su último viaje a Guerrero. El 22 de enero entraron gentes extrañas, movieron todo y apareció un frasco en el tocador. La PGJDF nos dijo que ellos no fueron".
Preocupada "por el desaseo, la ineficacia y la irresponsabilidad de la Procuraduría", Bárbara Zamora, también defensora de los acusados en la masacre de El Charco, Guerrero (1998), advierte que "las mismas autoridades están minando la credibilidad de sus resultados. Pero lo más grave es que están poniendo en cuestión la misma causa de los derechos humanos que Digna defendió y la autoridad moral de los defensores de derechos humanos. ¿Quién les va a creer cuando denuncien alguna amenaza? La impunidad de este caso alentará a los enemigos de los derechos humanos".
"¿A quién beneficia esta hipótesis?", se pregunta la abogada. "Obviamente a los violadores de derechos humanos, a los gobernantes en turno porque con ello eluden su responsabilidad de procurar justicia", se responde. A ellos, y en vista de las fallas de la investigación con todo y filtraciones, a todos los interesados en que así los investigue la Procuraduría para quedar impunes.