Edgar Ruiz Díaz, Clarín

Las tropas procuran evitar que miles de campesinos movilizados en el interior del país continúen el bloqueo de rutas. Las protestas se realizan por la crisis económica y contra el plan gubernamental de privatizaciones de sectores claves del país.

Fuerzas militares apoyados por helicópteros de guerra comenzaron a tomar posiciones ayer frente a miles de campesinos que desde hace una semana realizan manifestaciones y bloqueos de carreteras en el interior de Paraguay, cuyo gobierno sufre un marcado debilitamiento, mientras realiza el intento de sobrevivir y convencer a la población de que todo está bien en un país donde la moneda local, el guaraní, sufre una depreciación diaria frente al dólar del uno por ciento.
Los campesinos reclaman la suspensión del programa de privatizaciones de empresas públicas que se propone llevar a cabo el gobierno del cada vez más acorralado presidente Luis González Macchi, sospechado de graves denuncias de corrupción, rechazan un proyecto de ley antiterrorista en estudio y también se oponen a la aplicación del impuesto al valor agregado a las actividades agropecuarias.
El dirigente sindical Eduardo Ojeda, líder de la Central Nacional de Trabajadores de Paraguay, denunció ayer que las tropas tomaron posiciones en la zona de San Pedro, una localidad situada a 250 kilómetros al este de Asunción, donde un millar de campesinos se mantienen pertrechados realizando esporádicos o "intermitentes" cortes de rutas.
A su vez, fuerzas policiales antimotines quemaron ranchos y apresaron a una veintena de campesinos en una colonia del Departamento de Itapúa, a unos 400 kilómetros al sur de la capital paraguaya, según denunció el dirigente rural Pablo Ojeda, quien señaló que entre los detenidos se encontraban niños y mujeres. "El procedimiento forma parte de un plan represivo para persuadir a los campesinos del sur y evitar que prosigan con los bloqueos de carreteras", añadió Ojeda.
Por su parte, voceros policiales confirmaron que desde el viernes siguen detenidos más de un centenar de campesinos en la localidad de San Patricio, ubicada a 180 kilómetros al sur de Asunción, donde se produjeron bloqueos de caminos.
La movilización militar se produjo 48 horas después de que el Poder Ejecutivo dispusiera el acuartelamiento de las tropas ante los cortes de carreteras. Y en un agitado clima político donde circulan todo tipo de versiones, incluida la renuncia de González Macchi y su posible sustitución por el vicepresidente Julio César Franco, del opositor Partido Liberal.
La ola de rumores también afectó al sistema financiero del país. El martes, miles de ahorristas realizaron retiros masivos que llegaron a los 50 millones de dólares en una empresa de inversiones vinculada con el Banco Alemán, que debió ser auxiliado con una capitalización de 15 millones de dólares por parte del Grupo Velox .
Es en el contexto de este panorama que líderes campesinos, sindicalistas y docentes anunciaron el inicio de una huelga general indefinida a partir de la próxima semana en protesta por la crisis económica y la corrupción gubernamental.
La semana pasada se conocieron nuevas denuncias de fraude por cuya causaestá siendo procesado el otrora ex poderoso ministro de la Reforma Juan Ernesto Villamayor, acusado por una fiscal del crimen de "apañar escandalosos robos" en el programa de venta de la empresa Copaco, la telefónica estatal guaraní.
La licitación de esta compañía debió haberse realizado el 7 de marzo pasado, pero González Macchi la postergó hasta el 30 de abril; luego volvió a suspenderla para el 30 de mayo y, ante un nuevo pedido de los legisladores, prorrogó la apertura hasta el 14 de junio.
El tema central con esta privatización es que la telefónica tiene un precio base de 400 millones de dólares, cifra considerada irrisoria tanto por diputados oficialistas como opositores, quienes resolvieron anular la vigencia de la ley de privatizaciones ante sospechas de corrupción en el Poder Ejecutivo. De acuerdo con el criterio de los legisladores, Copaco debe ser vendida en por lo menos 600 millones de dólares.
Algo similar ocurrió con el programa de privatización de la ESSAP, la empresa de servicios sanitarios, cuya licitación también fue postergada hasta el mes de setiembre, a raíz de denuncias de irregularidades. La venta de esta compañía estaba prevista para el 27 de junio.