Latinoamérica

Enrique Hernández
Prensa AN

En el informe presentado a los medios de comunicación social por los representantes del Grupo del Cambio, conformado por los parlamentarios del MVR, MAS, Conive, Puama y OFM, se establecen responsabilidades políticas por los hechos ocurridos del 11 al 14 de abril del presente año, de cuatro militares, tres alcaldes, el gobernador de Miranda, así como del presidente de la CTV y el ex presidente de Fedecámaras.
Así lo dio a conocer el diputado Tarek William Saab (MVR/Anzoátegui), vicepresidente de la Comisión Especial designada por la Asamblea Nacional para investigar los hechos y circunstancias políticas e institucionales que dieron origen y desarrollo a los acontecimientos de los días 11, 12, 13 y 14 de abril, al señalar que el informe comenzará a ser discutido en el seno de la comisión a partir del próximo miércoles 31 de julio.
El diputado Saab expresó que entre las personas a quienes se les establecerán las responsabilidades políticas están: el general de división (GN) Luis Alberto Camacho Kairuz; general retirado Guaicaipuro Lameda; general retirado Ovidio Poggioli; vicealmirante retirado Carlos Molina Tamayo; alcalde metropolitano, Alfredo Peña; alcalde de Baruta, Henrique Capriles Radonski; alcalde de Chacao, Leopoldo López; gobernador del estado Miranda, Enrique Mendoza; Carlos Ortega, presidente de la CTV, y Pedro Carmona Estanga, ex presidente de Fedecámaras.
Se describen así: al general Camacho Kairuz, quien en su condición de viceministro de Seguridad Ciudadana, no cumplió con su función de coordinador de las policías, por encontrarse notoriamente comprometido con el alzamiento militar, dirigido al derrocamiento del gobierno democrático.
Al vicealmirante Molina Tamayo y al general Guaicaipuro Lameda, por asumir directamente la conducción de la marcha del 11 de abril y darle un carácter militar de ataque y asalto a la acción de los manifestantes que encabezaban por la vía de El Calvario, avenida Sucre y Pagüita, tal y como se evidencia en los videos expuestos en la comisión.
Al general Poggioli, quien se encuentra presuntamente incurso como director de la Disip, designado por el gobierno de facto de Carmona, en la detención del diputado Tarek William Saab, entre otros dirigentes gubernamentales.
El alcalde Alfredo Peña, por desobedecer el mandato que le corresponde de conformidad con el artículo 8, ordinal 3, de la Ley Especial sobre el Régimen del Distrito Metropolitano de Caracas, como es "preservar el orden público y la seguridad de las personas y propiedades".
Los alcaldes Capriles Radonski y López, de los municipios Baruta y Chacao, respectivamente, por ser quienes dirigieron a las policías municipales mencionadas contra el Gobierno nacional, desconociendo el artículo 333 de la Constitución vigente.
El gobernador Enrique Mendoza, a quien le correspondía tanto disuadir o persuadir la disolución de la marcha en su jurisdicción, como tomar las medidas de contención necesarias para evitar que se transgrediera el permiso obtenido para la realización de la marcha sólo hasta Chuao. Promovió e instigó a los manifestantes a la desobediencia del marco jurídico vigente.
Carmona Estanga, ex presidente de Fedecámaras, y Carlos Ortega, presidente de la CTV, quienes no sólo se negaron a disuadir a los manifestantes de transgredir el trayecto permisado, sino que instigaron a los manifestantes a la comisión de delitos. En el caso de Pedro Carmona, su responsabilidad política incluye el haber usurpado la Presidencia de la República Bolivariana Venezuela, de manera inconstitucional y al margen de la legalidad vigente.
Así mismo, podemos señalar que entre las conclusiones del informe está que el 11 de abril de 2002 se produjo un cruento golpe cívico militar que puso en vigencia, por espacio de 48 horas, un régimen autocrático revestido de todas las formas de un verdadero totalitarismo.
Saab indicó que el golpe de Estado surge en una trama de variables, "que como hemos analizado, van desde la conflictividad mediática hasta el secuestro del Presidente, la imposición de un régimen de facto, la abolición de todos los poderes públicos y diversos hechos caracterizados por una serie de elementos que determinan responsabilidades de diferente grado".
Agregó, que uno de los elementos del golpe que ha producido más consternación entre los ciudadanos, ha sido la comisión de 17 homicidios y casi un centenar de heridos el día 11 de abril, más otro número aún no determinado de homicidios durante los días subsiguientes.
Se señala en el informe que se ha determinado, a través de testimonios personales, videos, interpelaciones y los aportes hechos en la exposición del ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, la certeza de los hechos.
También se ha debatido ampliamente la participación o no de los medios de comunicación social como elementos facilitadores del golpe de Estado, mediante campañas difamatorias y desestabilizadoras.
Entre las recomendaciones que hace el Grupo del Cambio están: que los sucesos acaecidos del 11 al 14 de abril deben ser esclarecidos por las autoridades competentes, con la finalidad de consolidar la propuesta de diálogo nacional y reconciliación que han presentado las autoridades del Gobierno nacional.
Encontrar la veracidad de los hechos y la sanción de los responsables constituye el éxito del presente informe para lo cual se hace necesario que la búsqueda de la verdad sea el norte de las investigaciones realizadas.
Consideran que la paz, la unidad y el diálogo son las vías idóneas para consolidar la estabilidad del país y para poder resolver la crisis social y política que vive la Nación, cuya máxima expresión fueron los trágicos hechos de abril.
En tal sentido, esta Comisión Parlamentaria Especial Para Investigar Los Sucesos de Abril de 2002, recomienda:
El seguimiento e investigación de los hechos acaecidos los días 11 al 14 de abril por parte de las autoridades competentes, y de los órganos jurisdiccionales, con la finalidad de establecer las sanciones a que haya lugar.
La investigación exhaustiva de las violaciones y transgresiones a los derechos humanos durante los sucesos del 11 al 15 de abril por parte de los organismos gubernamentales y no gubernamentales dedicados a la materia, con la finalidad de colaborar con las autoridades competentes en el esclarecimiento de los hechos.
Se exhorta a las autoridades competentes asegurar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de nuestra Carta Magna, el principio del debido proceso frente a las persecuciones, detenciones, allanamientos y excarcelaciones realizados los días 12,13 y 14 no obstante, las evidencias colectadas y las experticias que se realizaron.
Al Ministerio Público Recomendamos la oportuna investigación de las presuntas responsabilidades penales y el consecuente ejercicio de las acciones que correspondan, contando para ello con apoyo de los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, además de los expertos nacionales e internacionales que sean necesarios para tal fin.
Iniciar el respectivo procedimiento disciplinario a los funcionarios que durante los días 12 y 13 de abril realizaron los allanamientos sin la debida orden judicial previa, y sin el debido cumplimiento de las circunstancias establecidas en la ley para actuar en ausencia de la respectiva orden.
Al Ministerio de Interior y Justicia
Sugerimos que inicie las averiguaciones administrativas necesarias para precisar la eventual comisión de actos irregulares por parte de efectivos de los cuerpos de seguridad bajo su autoridad.
Incluir como materia obligatoria, dentro del programa educativo para la formación de los cuerpos policiales nacionales, la cátedra de Derechos Humanos.
Actuar como ente rector en la coordinación de los organismos de seguridad para el resguardo de la ciudadanía en cualquier manifestación o actos de esta naturaleza.
A la Defensoría del Pueblo
Asesorar a las víctimas de los sucesos acaecidos los días 11 al 14 de abril, en la defensa y ejercicio de los derechos que constitucional y legalmente le corresponden.
A la Asamblea Nacional
Remitir el presente informe, una vez aprobado, a los organismos internacionales, a los cuales les competa el conocimiento de este análisis, y a las embajadas diplomáticas con sede en nuestro país, con la finalidad de confirmar el interés de la Asamblea Nacional en el esclarecimiento de los sucesos del 11 al 14 de abril.
A los Medios de Comunicación
Recomendamos la reflexión de los distintos actores involucrados, sobre la importancia del papel de los medios de comunicación en el sistema democrático, y la influencia que pueden tener sobre la sociedad. Proponemos la instalación de unas mesas de diálogo entre los representantes y dueños de los diversos medios de comunicación y el Gobierno nacional para la discusión de este tema, con el objeto establecer el equilibrio necesario entre ambos sectores.
A la Sociedad Venezolana
La salida política es el diálogo, es el entendimiento, es el respeto por la democracia y la legalidad, el ordenamiento jurídico establece las reglas de juego y bajo esas reglas debemos actuar. Irrespetar las disposiciones constitucionales y legales equivale a un desenlace fatal que la sociedad no debe permitir. Todos tenemos cabida en el sistema democrático y participar activamente en el ejercicio de nuestros derechos para poder alcanzar la unidad, la convivencia y la paz social es la manera idónea de solucionar las actuales diferencias.