Latinoamérica

Jaime Caycedo Turriago
Servicio Informativo "alai-amlatina"

Al concluir el gobierno de Pastrana parece que se cierra una fase de la crisis de la sociedad colombiana. La de los gobiernos que creyeron que podían edificar, al lado de la columna vertebral de su política fondomonetarista, un remedo de paz y solución política, sin lograr modificar los términos del conflicto sociopolítico y armado que perdura en la realidad actual. Un enfoque que se pretende nuevo y que, en verdad, reverdece la vieja idea reaccionaria y militarista de una salida de fuerza bajo apariencias institucionales asume la dirección del Estado, en medio de no pocas contradicciones internas en el bloque de poder y presiones intensas del aliado estratégico de la vetusta oligarquía colombiana: el Estado norteamericano.
Sin que se hayan modificado los parámetros de la confrontación entre el régimen sociopolítico bipartidista y la sociedad, nuevas combinaciones presenta la baraja. Frente a este hecho, conviene, entonces, reafirmar algunos referentes de la lucha democrática y popular.
En primer término, hay que hallar una vía política de resolver el conflicto interno colombiano. No hay duda de que a esta conclusión se puede llegar desde distintas posiciones. La razón de este planteamiento es que el conflicto armado existente en Colombia tiene un contenido social y político. Ese contenido lo constituyen a) las desigualdades permanentes que han fragmentado la Sociedad y b) la estrechez política del Sistema para aceptar las reformas. Tales han sido y son sus características históricas, hasta ahora no modificadas.
La experiencia ha mostrado que este conflicto no tiene solución militar posible. Hasta el momento no ha existido disuasivo alguno que haga cambiar los objetivos de la guerrilla. Esta es una verdad comprobable: el endurecimiento de la guerra por una política contraguerrillera como orientación del Estado tiende a ser respondido por un endurecimiento correspondiente del campo contrario. El resultado no ha sido, hasta ahora, la derrota de la guerrilla sino la degradación de la guerra, su agravamiento, su extensión a nuevas regiones y campos, el crecimiento de sus costos, incluidos los económicos que preocupan tanto a algunos empresarios.
Este conflicto no tiene solución militar posible por otra razón comprobable. Si cesaran las operaciones militares insurgentes y contrainsurgentes, lo más probable es que pronto estaríamos abocados al estallido social y a la insurrección. Por efecto de la propia guerra, pero también, hay que decirlo, de la crisis del modelo socioeconómico neoliberal y del sistema capitalista dependiente dominante en Colombia, está creciendo la pobreza mientras se agrava la miseria de quienes son la mayoría de nuestros compatriotas. Dicho de otra manera, el conflicto contrainsurgente, poco a poco se ha ido convirtiendo en el factor fundamental de contención de un cambio social, político y económico inevitable.
En segundo término, esto significa que la solución política no tiene sustituto desde el punto de vista de la racionalidad más elemental. Ahora, cuando no existe un proceso de paz y es probable que no lo haya en el mediano plazo, pueden mirarse con menos prevenciones las consecuencias de la ruptura del Caguán. De hecho, el proceso de diálogo con el ELN en Cuba se marchitó en la agonía del gobierno de Pastrana, cuando éste ya no tenía ni la fuerza ni el tiempo para pactar una tregua, pero tampoco el ambiente favorable para ello.
Si la solución política no tiene sustituto su búsqueda representa una postura realista de cara al presente y al futuro. Pero los dueños del capital y los gobernantes que los representan se han ido alejando del realismo, alentados por los espejismos del apoyo militar de los Estados Unidos, el fortalecimiento y la reingeniería del Ejército, la inteligencia militar y el despliegue rápido helicotransportado. En el fondo, toman sus sueños por la realidad. Sus sueños verdaderos se resumen en la resistencia a los cambios sociopolíticos necesarios y, seguramente, inevitables. La prédica de reclamarle a la élite gobernante que demuestre "voluntad política" de cambiar, de hacer concesiones para concertar la paz, ha sido infructuosa.
Seguirá siendo inútil mientras la "sociedad civil" vinculada al pueblo mayoritario, empobrecido, discriminado y descontento no se convierta en una fuerza poderosa y movilizada, dispuesta a contribuir a imponer las transformaciones necesarias para la paz con justicia social.
El rompimiento del proceso de paz nos ha enseñado otra cosa. La búsqueda de la paz no puede estar desligada de la lucha política. Si en 1998 la elección presidencial la dirimió la promesa de la paz, el presidente compromisario de tal promesa no logró cumplirla. La desilusión y el desengaño frente a un pacto inefectivo influyeron ahora, en la elección de un presidente vinculado a la legitimación de la guerra como política permanente del Estado. Reflexionemos. Tenemos pleno derecho de pensar que también será inefectiva la promesa de la guerra con todos sus horrores, con todos sus costos, con la mayor militarización y paramilitarización de la sociedad.
Hasta ahora vimos como posible la solución política únicamente por la vía del diálogo y la negociación del gobierno y la insurgencia. Esta vía no puede desaparecer nunca del horizonte de las posibilidades. En toda circunstancia la salida requerirá diálogo, negociación y acuerdo con la insurgencia, es decir, su reconocimiento como un factor componente del nuevo país.
También es pensable un cambio político y un gobierno con fuerte apoyo popular dispuesto a realizar reformas profundas en la estructura socioeconómica, con un programa cercano o compatible con los objetivos proclamados por los movimientos guerrilleros en torno a la reforma agraria, la reforma política y social, una nueva política económica alejada del dogma neoliberal, un enfoque social sobre los derechos fundamentales a la salud y la educación, sobre los servicios públicos domiciliarios, una actitud soberana frente a los recursos naturales, una política ambiental, una aproximación a la integración latinoamericana, etc. Esta vía puede parecer utópica hoy, tras unas elecciones con los resultados conocidos.
Sin embargo esta propuesta puede marcar un rumbo. El objetivo de una política de paz no puede reducirse a deslegitimar la lucha armada, porque sería un empeño inútil en un país cuya historia, para bien o para mal, ha estado marcada por ese fenómeno histórico con fuerte arraigo en capas significativas de la Sociedad. Existe también el horizonte de desestimular la resistencia a los cambios y de crear condiciones para atacar las causas profundas de la desigualdad, la miseria, la exclusión y la ausencia de libertad política. Para avanzar hacia allá se necesita ganar conciencia en la necesidad de una gran convergencia social, política y cultural, con una perspectiva de poder. El movimiento por la paz puede hacer parte de este propósito, con sus propuestas y proyectos.
Otro objetivo tendría que ser el de reafirmar la soberanía para resolver entre compatriotas las graves confrontaciones que nos enfrentan con la cooperación de la Comunidad internacional y sin la intervención militar de los Estados Unidos.
Las ideas puestas ya en circulación por el nuevo gobierno alrededor de una mediación deben ser vistas en una mirada crítica. ¿Mediación de quién? ¿En relación con cuál propuesta de solución política? Si no la hay, entonces quizás la mediación ahora no sea más válida que la búsqueda de un acuerdo humanitario que facilite la liberación simultánea de retenidos, secuestrados y presos políticos, como un gesto de acercamiento.
Podrían proponerse algunos pasos destinados a pasar de la utopía a la utopística, como bautiza Wallerstein esa prospección de posibilidades tendientes al cambio necesario.
1) generar un amplio movimiento por el cambio democrático para la paz con justicia social que contribuya a crear la conciencia en torno a este propósito junto con el apoyo a la búsqueda del diálogo para la solución política;
2) asumir como referente de trabajo el documento de recomendaciones de la Comisión de Personalidades, convenida entre el gobierno y las FARC en 2001, además de las Agendas acordadas, las propuestas y documentos producto de los procesos de diálogo;
3) pensar en un gran Encuentro popular pro Constituyente que profundice en los contenidos de una reforma política y social enfocada hacia una amplia apertura democrática y un gobierno para la paz;
4) apoyar las iniciativas hacia el acuerdo humanitario con el aporte de los buenos oficios de diversos sectores nacionales e internacionales tendientes a insistir en la vía de la solución política por el método de los compromisos, las concesiones mutuas, el mutuo reconocimiento y la recuperación de la confianza entre las partes del conflicto histórico que ha marcado el último medio siglo en Colombia.
Jaime Caycedo Turriago Profesor Asociado, Universidad Nacional