VOLVER A LA PAGINA  PRINCIPAL
Latinoamérica

14 de julio del 2002

El otro escándalo energético de Harken

Petróleo, escuadrones de la muerte y corrupción en Colombia
Sean Donahue
Counterpunch
Traducido para Rebelión por Germán Leyens

Las irregularidades financieras en Harken Energy durante la estadía del Presidente Bush en la compañía petrolera de Texas han dominado los titulares en los días pasados. Pero la prensa ha ignorado un escándalo mucho más grande: cómo Harken Energy se benefició con la guerra y el terror en Colombia.
George W. Bush fue a trabajar en Harken Energy en 1986 cuando la compañía compró Spectrum 7, una compañía que antes había comprado la compañía petrolera Arbusto, la empresa fracasada de Bush. Harken le dio a Bush 2 millones de dólares en opciones, un puesto de consejero por 122.000 dólares anuales, y un asiento en su consejo de directores.
Mientras Bush trabajaba para Harken, Rodrigo Villamizar, un antiguo amigo que Bush había conocido en una fiesta de una asociación estudiantil en 1972 llegó a ser director de la oficina de Minas y Minerales de Colombia, el ministerio que supervisa la venta de concesiones petroleras por la compañía petrolera estatal, ECOPETROL. Según un informe de diciembre de 2001 en Counterpunch, Bush le había ayudado a Villamizar en los años 70 consiguiéndole un trabajo con el comité de Desarrollo Económico del Senado del estado de Texas, y después un asiento en la Comisión de Servicios Públicos del estado. Hacia el fin del período de Bush en Harken, Villamizar le devolvió el favor otorgándole a Harken una serie de contratos petroleros en Colombia.
La mayor parte de los contratos petroleros eran para el Valle Magdalena, donde oficiales militares, traficantes de drogas y rancheros ganaderos se habían juntado para formar grupos paramilitares derechistas que combatían a las guerrillas, asesinaban dirigentes sindicales y activistas de los derechos humanos, y aterrorizaban a los campesinos para obligarlos a abandonar tierras codiciadas. La mayor parte de las compañías petroleras que operaban en la región aceptaban tácitamente o buscaban activamente la protección de esos escuadrones de la muerte. Un informe de 1996 de Human Rights Watch documenta el hecho de que los militares colombianos armaban y apoyaban a estos grupos y que, bajo la orientación de la CIA, los integraban en sus redes de inteligencia. La estrecha cooperación entre los militares y los paramilitares continúa en la actualidad – y tiende a ser más desenfrenada en las áreas donde hay mucha producción de petróleo. El Departamento de Estado colocó a los paramilitares en la lista de organizaciones terroristas, pero miró a otro lado cuando el ejército colombiano "financiado por EE.UU." ha continuó apoyándose en ellos para que hagan su trabajo sucio en su guerra contra los disidentes. Harken aún sigue activa en el Valle Magdalena, gracias en parte al financiamiento de la Corporación de Finanzas Internacionales del Banco Mundial, y los paramilitares continúan aterrorizando a todo el que amenace los intereses corporativos en la región.
Nadie pretende que el Presidente Bush haya ordenado personalmente a los paramilitares que maten campesinos e intimiden a dirigentes sindicales para mejorar los resultados de Harken. Pero al mismo tiempo, considerando sus estrechos lazos con Villamizar, y el hecho de que su padre era Presidente en esa época, es altamente improbable que Bush haya ignorado los aspectos de derechos humanos relacionados con las exploraciones petroleras en Colombia.
Todo esto tiene una relevancia muy inmediata en la actualidad porque Villamizar, que abandonó Colombia para escapar de acusaciones por corrupción y que ahora es un convicto fugitivo de la justicia, elaboró la política colombiana para la campaña de Bush en el año 2000, y sigue manteniendo estrechas relaciones con el Presidente. Counterpunch informó que Villamizar, que debiera estar cumpliendo su condena de cuatro años en una prisión colombiana, fue la primera selección de Bush para el puesto de Secretario Adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, pero que rechazó el nombramiento.
Las recomendaciones de Villamizar para la expansión de la ayuda militar de EE.UU. a Colombia han sido ampliamente aceptadas por la administración Bush, y un nuevo Presidente en Colombia, con lazos con los escuadrones de la muerte, se orienta a utilizar más ayuda de EE.UU. para escalar dramáticamente la guerra civil de cuarenta años del país contra las guerrillas izquierdistas. Cientos de consejeros militares de EE.UU. se encuentran actualmente sobre el terreno en Colombia. Oficialmente no participan en los combates, pero es probable que esto cambie cuando las guerrillas comiencen a tratar a los consejeros como objetivos militares. La vieja doctrina de Colin Powell de asegurarse de que EE.UU. tenga objetivos militares claros y una estrategia que asegure una retirada viable antes de implicarse en una guerra, parece haber sido completamente olvidada.
La piedra angular del nuevo paquete de ayuda militar de Bush es un subsidio de 98 millones de dólares para ayudar al gobierno colombiano a que establezca un nuevo batallón de la Brigada 18 de su ejército para proteger un oleoducto contra ataques de las guerrillas. La Brigada 18 tiene una prolongada historia de lazos con los paramilitares, y su propio historial de ataques contra civiles –anteriormente, durante este año, los soldados mataron a un adolescente por caminar demasiado cerca del oleoducto. Irónicamente, el primer beneficiario de este programa será la Occidental Petroleum, la compañía que ayudó a que la familia Gore hiciera su fortuna. Pero la embajadora de EE.UU., Anne Patterson, ha dicho que a largo plazo el Pentágono está considerando programas similares para otros activos económicos cruciales en Colombia. Estos probablemente incluirían a oleoductos mantenidos por la subsidiaria de Harken, Global Energy Development, un gasoducto operado por Enron, y proyectos que involucran a la antigua compañía de Dick Cheney, Haliburton, así como activos de propiedad o utilizados por Texaco, Exxon-Mobil, y BP.
Los conflictos de interés de la administración Bush en Colombia deben ser investigados, denunciados, y examinados exhaustivamente, antes de que EE.UU. sea arrastrado aún más profundamente a la sangrienta guerra en Colombia.
12 de julio de 2002
Sean Donahue es co-director de New Hampshire Peace Action y ha escrito y hablado ampliamente sobre la política de EE.UU. hacia Colombia. Está a la disposición para entrevistas y conferencias. Su correo es wrldhealer@yahoo.com.